Gobierno federal y de BC, sin intención de cumplir acuerdos
Las
y los jornaleros del Valle de San Quintín, al sur de Ensenada, en el
estado de Baja California (BC), dicen desconocer cuándo el Gobierno
federal iniciará inspecciones en los centros de trabajo agrícolas, dará
seguridad social a toda la población jornalera, y cumplirá con el resto
de compromisos para garantizar atención médica especializada y
guarderías para las trabajadoras.
Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones
Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social, dijo a
Cimacnoticias que para la primera semana de este mes de julio está
prevista una reunión con autoridades federales y de BC, para que rindan
cuentas sobre los avances en los acuerdos con la población jornalera.
El pasado 4 de junio se celebró la tercera reunión entre el movimiento
jornalero de San Quintín, autoridades federales y estatales y un grupo
de legisladores, entre ellos la senadora por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña Gómez, para concretar
compromisos por el respeto a los Derechos Humanos (DH) y laborales de
las y los trabajadores del campo.
Como resultado de esas reuniones, se estableció un aumento salarial de
150, 165 y 180 pesos (según la capacidad de producción de cada centro
agrícola); así como dar continuidad a los 13 acuerdos del 24 de mayo
sobre realizar inspecciones para recoger denuncias sobre violencia
sexual contra jornaleras; inscribir a toda la población trabajadora de
San Quintín al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y crear un
fideicomiso para la construcción de un hospital de especialidades y
guarderías, entre otros.
No obstante, hasta el cierre de esta edición la Secretaría de
Gobernación (Segob) y el gobierno de BC no se habían comunicado con el
movimiento jornalero, para definir fecha exacta de la próxima reunión
en la que se habrían de exponer los avances.
Sánchez Gabriel se mostró preocupado porque hasta ahora no hay avances
visibles en el cumplimiento de ninguno de estos puntos, en especial
para integrar a toda la población de San Quintín al IMSS, ya que varias
personas trabajadoras le han expresado que aún no cuentan con este
registro.
El jornalero detalló que tampoco se han iniciado las inspecciones en
los centros de trabajo –para detectar violaciones a DH y violencia de
género–, las cuales realizaría la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social en compañía de integrantes de la Alianza.
Al respecto, informó que el movimiento jornalero ya acudió
personalmente a la subprocuraduría del Trabajo en San Quintín, para
cuestionar qué día se realizarán las inspecciones; pero ahí se les dijo
que no había información al respecto.
Las y los voceros también acudieron ante la Procuraduría del Trabajo de
BC, en Ensenada, donde se les negó la posibilidad de hablar con
autoridades de la dependencia.
Las y los jornaleros también señalaron que desconocen los avances para
la creación de un fideicomiso con el que se costeará la construcción de
un hospital de especialidades médicas y de guarderías para las madres
jornaleras.
A ello se suma que el gobierno de BC incumplió –según dijeron– el
compromiso de realizar una reunión el pasado 15 de junio con las y los
jornaleros para detallar los avances en la construcción de obras
públicas, para el abasto de servicios básicos para la población
indígena de la región.
Sánchez Gabriel calificó los incumplimientos como una “falta de
comunicación y coordinación” por parte de las autoridades estatales y
federales, que –consideró– están atrasando el proceso por el que las y
los jornaleros tendrían derecho a una pensión y a la atención médica
gratuita.
IGNORAN INTIMIDACIÓN A VOCERA
En otro tema, Lucila Hernández, integrante del movimiento jornalero y
vocera de las demandas de la población femenina, dijo a esta agencia
que el Ministerio Público (MP) de San Quintín no ha mostrado avances
sobre la denuncia que ella presentó el pasado 19 de mayo, luego de que
un día antes desconocidos lanzaron piedras de gran tamaño contra las
ventanas de su casa.
La denuncia consta en el expediente 809/15/306/AP. Hernández detalló
que a más de un mes de los hechos aún se desconoce el origen de la
agresión y no se han señalado responsables, además de que peritos del
MP tardaron más de 24 horas en llegar a su domicilio tras la denuncia.
A lo anterior se agrega que ayer la vocera de las mujeres jornaleras
tenía prevista una cita en la subprocuraduría de zona de la
Procuraduría General de Justicia de BC, para que se le informara de los
avances de su caso, pero nunca se le atendió, contó.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Cimacnoticias | México, DF.-
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