La decisión de los ministros de la Corte por sus alcances negativos en contra de los maestros será impugnada ante instancias internacionales.
lasillarota.com
A pocos ha sorprendido el vergonzoso papel que está jugando la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para avalar la anulación
de los derechos laborales de los docentes en nuestro país con el
pretexto de la mal llamada reforma educativa.
Sin pudor alguno esa Corte de la vergüenza, valida que los
trabajadores del magisterio nacional carezcan de los derechos más
elementales. En otras palabras, los considera mexicanos fuera del marco
constitucional en protección a sus derechos porque su actividad es la
de educar y por ello, según esos ministros, deben ser borrados de la
legislación laboral. Ni los peores delincuentes se encuentran en ese
estatus.
Para los ministros de la SCJN, los docentes son objetos sin
derechos. No existe bilateralidad en sus relaciones laborales sino
imposición unilateral del patrón gobierno. No tienen derecho a ser
representados colectivamente sino a enfrentar todo el aparato estatal
en soledad.
No hay limitación en las causales de despido en su contra, ya que
todas ellas estarán bajo el criterio unilateral del patrón-gobierno que
las podrá aplicar e interpretar a placer, por lo que su estabilidad en
el empleo desaparece a pesar de sus nombramientos de base.
Según la Corte no tienen derecho los maestros a la defensa en
audiencia abierta para conocer las acusaciones en su contra. A las
pruebas en su perjuicio se impide las conozcan de manera directa para
objetarlas.
Es válido según los ministros que el patrón sea juez y parte para
aplicar sanciones y no hay autoridad imparcial que intervenga antes de
la pérdida de los derechos de los maestros como antes ocurría.
El despido será inmediato sin juicio previo, cuando así lo decida el patrón.
Son decisiones de la Corte que borran la esencia del derecho laboral en un acto sin precedentes en la historia de nuestro país.
Para realizar un estudio completo habrá que esperar que la Corte
publique las ejecutorias para conocer sus alcances jurídicos de esos 26
amparos seleccionados que tendrán impacto para todos los docentes en el
país, hayan presentado o no amparos antes, o les haya desechado sus
recursos en alguna etapa anterior del proceso.
Los abogados que participamos en su elaboración de los amparos
tuvimos que esperar año y medio para la Corte resolviera, pero nunca se
esperó que esos ministros que se supone imparciales y supuestos
garantes de los derechos humanos guardaran tanto rencor contra el
magisterio de nuestro país.
Esa decisión de los ministros de la Corte por sus alcances negativos
en contra de los maestros será impugnada ante instancias
internacionales, pero se espera, como ya sucede, que cientos de miles
de maestros en todo el país se organicen y con movilizaciones
inteligentes logren recuperar sus derechos.
El magisterio nacional, más allá de sus siglas deberá impulsar la
unidad de las acciones de todos los sectores. Deberá revisar la
constitución de un Frente en Defensa de la Educación en el que estén
involucrados todos los sectores de la sociedad de manera plural, padres
de familia, incluidos los propios maestros de todos los grupos o
corrientes. Deberá entenderse que la defensa de la educación no solo es
tarea de los docentes.
Evitar acciones que afecten a la sociedad (por no ser parte del
pleito) para evitar que medios de comunicación afines al gobierno
denosten al magisterio nacional y se facilite su ataque.
Usar movilizaciones que propicien la concientización y organización
de la sociedad no el hastío social. Visitar puerta por puerta, calle
por calle, cada sector para que la sociedad conozca la propuesta
magisterial de mejora de la educación y evaluación contra la que
propone el gobierno. Sustituir esas estrategias anticuadas que usan
algunos que enfrentan, en vez de sumar aliados.
Impulsar una campaña para evitar que los maestros se sigan jubilando
de manera anticipada. Es inadmisible que 300 docentes se jubilen día a
día en lugar de enfrentar la defensa de la educación. La jubilación no
se pierde con los procesos de evaluación educativa por ser un derecho
irrenunciable ligado a la generación de antigüedad y no al capricho de
un funcionario.
Debe entenderse que la Suprema Corte de Justicia no tiene capacidad
legal ni histórica para validar la desaparición de los derechos humanos
de las y los maestros, y que estás acciones propias de una dictadura
serán revertidas con una organización social amplia que logre un cambio
del mando político. Estamos seguros que así ocurrirá.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx twitter: @Manuel_FuentesM
No hay comentarios.:
Publicar un comentario