MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Sorprende el triunfalismo con el que los distintos
actores políticos asumen los resultados del proceso electoral. Para
Enrique Peña Nieto, se trató de un referéndum aprobatorio de su
gobierno y de los resultados positivos en la economía nacional tras las
reformas estructurales, por lo que el PRI logró una mayoría en la
Cámara de Diputados, lo que no ocurría desde 1991, en momentos en que
las expectativas de crecimiento económico para este año han caído a
2.2%, en tanto el desempleo y la desigualdad crecen y los salarios
continúan depreciándose.
Para Lorenzo Córdova, los
comicios fueron un éxito. Se logró –dijo– ‘‘exorcizar la amenaza del
boicot” y el entorno adverso llevó a ‘‘la delicada circunstancia de
tomar como rehén de las demandas sociales al Estado” a través de las
elecciones’’.
Las afirmaciones de ambos personajes denotan el divorcio
entre las instituciones públicas y la sociedad. Quien evade la realidad
respecto a la precaria situación económica que enfrenta la inmensa
mayoría de los mexicanos no impulsará la reorientación de la economía
nacional; y quien asume que las demandas de los movimientos sociales
limitan el desarrollo democrático del país, representan el principal
obstáculo para alcanzarlo. Qué son las elecciones sino la disputa entre
distintos proyectos políticos por el poder público; la disputa por la
Nación por la vía democrática.
Si bien los comicios trajeron consigo resultados que
impactarán la vida política nacional y superaron las expectativas de
participación ciudadana, no es posible perderse en el laberinto del
triunfalismo oficial que elude los graves problemas que acompañaron
este proceso.
Las campañas se caracterizaron por su escasa intensidad.
Ningún partido planteó una propuesta clara; se limitaron a la
mercadotecnia, promoviendo la imagen de candidatos o dirigentes, y
todos plantearon el combate a la corrupción. Lejos de erigirse en una
arena política para la confrontación de ideas y plataformas
partidistas, se convirtieron en un mercado por los votos.
Las elecciones fueron ajenas a la normalidad democrática.
A la violencia de la delincuencia organizada, se sumó el
cuestionamiento al bajo nivel de credibilidad y legitimidad de los
partidos e instituciones públicas; la militarización y la violencia
política. Durante la campaña electoral fueron asesinados 28 candidatos
y dirigentes en 12 estados del país; 16 ciudadanos más muertos en un
enfrentamiento en Acapulco el día previo a la elección; tres asesinatos
más se registraron durante la jornada electoral (Antonio Vivar en
Tlapa, José Alfredo Jiménez en Oaxaca, y Carlos García, en Puebla). Dos
días después fue asesinado Francisco López Liborio, en Iguala. A lo
anterior se sumaron conflictos agrarios y de los pueblos indígenas en
defensa de sus recursos naturales.
La quema de casillas se extendió en los estados de
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y posteriormente en el Estado de
México, de los que resurgió el viejo México mágico, como ocurrió en el
Distrito XI de Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde se incendiaron 103
casillas que posteriormente aparecieron computadas en favor del PRI.
Como lo denunció el exdirigente de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca,
Erangelio Mendoza Vargas, quién cuestionó el llamado boicot electoral
operado por el grupo llamado Los Pozoleros, vinculado con el
exgobernador Ulises Ruiz y Eviel Pérez Magaña, y por el grupo Los
Pelones, relacionado con José Nelson Murat Casab, “los que sirvieron
sólo para encumbrar a los candidatos a diputados federales del PRI”.
Durante el proceso prevaleció la anomalía democrática, se
mantuvieron las viejas prácticas de coacción, intimidación, compra del
voto y desvío de recursos públicos. La violencia y otros incidentes
graves representaron para estos actores políticos, un daño colateral.
El INE descepcionó en su desempeño. A la impunidad que
otorgó al Partido Verde en sus recurrentes violaciones a la ley,
incluida la promoción del voto durante la jornada electoral, hasta por
el “Piojo” Herrera, que implicaban la cancelación de su registro, se
sumó su renuencia a fiscalizar los recursos utilizados por los
partidos, su origen, la contratación ilegal de espacios en los medios
de comunicación; la distribución de artículos utilitarios prohibidos
por la ley (útiles escolares, monederos electrónicos, materiales de
construcción), así como el eventual rebase del tope de gastos de
campaña.
Destaca la contradicción de criterios de interpretación y
adopción de resoluciones con los órganos locales electorales, donde
siguió predominando el control de los gobernadores. Por ejemplo, en
Colima se aceptó el recuento voto por voto en la elección de
gobernador, mientras que en la delegación Gustavo A. Madero se negó el
mismo a pesar de que la diferencia entre los candidatos punteros es
menor a 1%.
La falla en los sistemas informáticos del INE son un
indicador más. En el Estado de México a las 18 horas del domingo 14 de
junio, la diferencia entre los votos emitidos para diputados federales
y diputados locales, era superior a 1 millón 200 mil votos, lo que a la
vieja usanza mexiquense se ajustó a las dos de la mañana del día
siguiente.
Los resultados de la elección ponen en evidencia la
profunda crisis de legitimidad de un agotado sistema de partidos y de
los órganos de representación en el país. La predominancia
tripartidista sufrió un revés. Pese a que la votación entre 2009 y 2015
se incrementó en 2.5 millones de votos, el PRI perdió 1.2 millones de
votos y el PAN 1.3 millones. Con ello, la concentración de votos en los
tres principales partidos cayó de 77% en 2009 a 61% en 2015,
beneficiando esta redistribución de los votos a los nuevos partidos:
Morena que alcanzó 8.4% de la votación y el PES con 3.3% y a los
partidos pequeños (con excepción del PT), en especial Movimiento
Ciudadano que superó 6% de la votación.
Un comportamiento especial se acreditó en las zonas
metropolitanas donde se registró la mayor libertad del voto, en
especial de jóvenes y sectores medios de la población, favoreciendo el
triunfo del primer candidato independiente a gobernador en Nuevo León;
el de Movimiento Ciudadano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y
la emergencia de Morena en el Distrito Federal, donde las encuestas se
colapsaron, demostrando que no se puede inventar la realidad.
Si bien el PRI y sus aliados electorales tendrán (con
apenas 19% de los electores en el listado nominal) mayoría simple en la
Cámara de Diputados, y con sus aliados del Pacto por México una cómoda
mayoría calificada, estas elecciones no pueden asumirse como un
refrendo al actual gobierno, ya que el factor determinante lo
conformaron los procesos locales, en el que concurrieron por primera
vez tres elecciones más de gobernador (Campeche, Colima y Guerrero); un
importante número de jóvenes que votaron por primera vez, así como la
participación de candidatos independientes, quienes llegaron para
quedarse, e impondrán un nuevo sello en nuestro sistema electoral, ya
que si bien algunos de estos candidatos provienen de la militancia
partidista o contaron con el apoyo de estructuras partidarias
disidentes o de grupos económicos, obligarán a los partidos a imprimir
perfiles ciudadanos en sus candidaturas, con mayor identidad por causas
locales, como lo demuestra la experiencia de Enrique Alfaro en Jalisco.
Si bien la participación de los ciudadanos fue superior a
lo previsto y el voto nulo descendió, se registró un comportamiento
desigual en el territorio nacional. Por ejemplo, mientras en Yucatán se
presentó una votación atípica con la participaron de 72% de los
electores; en Baja California concurrió apenas 31.4%; en tanto que los
votos nulos que a nivel nacional sumaron 4.7%, en el Distrito Federal
alcanzaron 7.3 %.
Desde la izquierda, los dirigentes del PRD han pretendido
minimizar su colapso electoral y la fractura causada por Morena
restando peras con manzanas, al querer comparar la votación obtenida
por el nuevo partido con los votos alcanzados por las coaliciones
electorales de 2006 y 2012 que postularon a López Obrador en una
elección presidencial.
A lo largo del proceso, la izquierda, fragmentada,
debatiéndose entre el pragmatismo y el sectarismo, y compitiendo entre
sí, obtuvo resultados desiguales. El PRD sufrió su mayor colapso
electoral, y si bien aumentó su votación en más de 100 mil votos y ganó
la gubernatura de Michoacán sin tener mayoría en el Congreso local, cae
10.8% de la votación nacional; pierde el gobierno de Guerrero y la
mayoría en el Distrito Federal y en el estado de Morelos. Incluso se
desploma al décimo lugar en Nuevo León.
Morena alcanza su registro y se constituye en el nuevo
centro de gravitación de la izquierda, tendrá un importante grupo
parlamentario y alcanza el primer lugar en el Distrito Federal; el
segundo lugar en Quintana Roo, y en 17 entidades se coloca por encima
del PRD.
El proceso electoral ha puesto en evidencia la profunda
crisis de credibilidad del Estado mexicano y sus instituciones, las
cuales se encuentran entrampadas en medio de estructuras corrompidas
incapaces de responder al interés de los mexicanos. El saldo que
arrojan las urnas demuestra cuán lejanos se encuentran los partidos
políticos de las causas ciudadanas, y cuan arraigada prevalece la
cultura política de la corrupción y del engaño construida desde la
época del partido hegemónico.
No existe un escenario de normalidad democrática. Es
necesario construir uno nuevo. El inicio de una nueva época, con una
visión crítica y con iniciativas que induzcan una ruptura cultural para
edificar un nuevo pacto social entre los mexicanos. Ello no provendrá
del gobierno ni de los partidos políticos.
Si se pretende construir un frente político electoral
hacia 2018, éste debe emerger de la sociedad. Construir candidaturas
vinculadas a los movimientos sociales para recuperar los vínculos con
las luchas sociales y la disputa territorial que permitieron a los
movimientos sociales convertirse en gobierno, y a la izquierda en una
fuerza nacional. Las fuerzas progresistas deben dejar atrás el
pragmatismo y el sectarismo que las han aniquilado. Aprender a escuchar
y actuar con inteligencia para coadyuvar a articular el enorme
archipiélago de indignación en que se ha convertido nuestro país. l
*Senador de la República
