Por Laura Rosso. Latfem. Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2026
Con el cuerpo como campo de batalla y la escritura como herramienta de denuncia, esta investigación recorre los testimonios de mujeres rurales que sobrevivieron al plan de ligaduras sin consentimiento en el Perú de los 90. Bajo el gobierno de Alberto Fujimori, cerca de 300.000 mujeres peruanas —en su mayoría campesinas e indígenas— fueron sometidas a esterilizaciones forzadas. Tras años de un silencio impuesto por el trauma y el desprecio sistémico, hoy se organizan en una red de resistencia para transformar sus cicatrices en un reclamo colectivo de verdad, justicia y reparación.
¿Qué es un cuerpo? Un cuerpo es más que sólo un cuerpo. En él, late la curiosidad de la vida y respiran también las huellas del olvido y la violencia. El cuerpo guarda las memorias más íntimas, los pesares más profundos. Los lazos ancestrales anidan ahí. Es lugar para el encuentro con otres y a la vez campo de batalla del sistema patriarcal. Pero además, y sobre todo, un cuerpo es motivo de escritura.
El aire en el local de la Confederación Campesina del Perú se sentía distinto. Era un lunes de febrero en 2016, cuando esas mujeres se miraron a los ojos y se tomaron de las manos. Sudaban de emoción. Así empezaron a acompañarse. Venían de Cusco, de Piura, de Ayacucho, abrigadas en sus ponchos y faldas con rastros de polvo de la montaña, barro de las acequias y el silencio de años. Un silencio que se había instalado en sus cuerpos. La primera en romperlo fue una mujer de Cajamarca, con el rostro curtido por el sol. “A mí me dijeron que era por mi bien”, soltó con un nudo en la garganta. Luego las lágrimas se le escaparon. El salón se llenó de murmullos. “A mí me engañaron”, “A mí me obligaron”, “Yo sentí que me moría”. Juntas tejían una voz colectiva cuya urdimbre tramaba una red de escucha y empatía: el miedo que habían conocido solas se disolvió en ese espacio del salón que compartían. En los ojos de las otras veían sus propias heridas, también sus biografías. Se reconocieron como sobrevivientes. Se abrazaron. Estaban unidas por una historia que había marcado sus cuerpos, de ahí nacía la urgencia por contar la verdad enmudecida. Aquel día fundaron la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), una lucha forjada en el encuentro, la escucha y la resistencia colectiva. Venían de hacerlo solas y en esa ronda que las enlazaba se unieron para abrirse al mundo.
Verdad, justicia, reparación. Tres palabras que signaron el camino. Tres palabras que se oyen en quienes testimonian la violencia política vivida durante el gobierno de Alberto Fujimori, que fue presidente de Perú entre el 28 de julio de 1990 hasta su destitución por el Congreso el 21 de noviembre de 2000. Un gobierno que derivó en una dictadura cívico-militar tras el autogolpe de Estado que él mismo lideró en 1992.
Verdad, justicia, reparación. Tres palabras que empujan el dolor y lo transforman en resistencia, que unen lo vivido por mujeres de múltiples lenguas y mundos. Verdad, justicia, reparación. Tres palabras que se extienden como un manto sobre el cual caminar en las noches sin luna. Palabras que titilan y son respiro que orienta el recorrido de sus vidas, desde el grito hasta el abrazo.
Verdad, justicia, reparación, repiten juntas como un mantra que las calma.
“A mí me engañaron”, “A mí me obligaron”, “Yo sentí que me moría”. Juntas tejían una voz colectiva cuya urdimbre tramaba una red de escucha y empatía: el miedo que habían conocido solas se disolvió en ese espacio del salón que compartían. En los ojos de las otras veían sus propias heridas, también sus biografías.
¿Quiénes son estas mujeres que vienen de lejos con sus ropas de colores, sus cabellos largos, negros y trenzados debajo de sus sombreros? Traen sus nombres: Josefina, Esperanza, Demetria, Hilaria, Hermelinda, Maximiliana, Francisca, Gregoria. Nombres que nadie conocía. Traen sus rostros, de ojos oscuros y rasgados, que nadie había mirado. Traen los cielos de cada territorio donde sembraron y cosecharon sus alimentos. Son tantas, tantas más.
Josefina vivía con sus cinco hijos en el campo, en una casa de paredes de adobe, donde el frío de la mañana, aún hoy, se cuela por la puerta de chapa que queda entreabierta. Una mesa enclenque con alimentos de la tierra, maíz morado y papa amarilla, cacharros para el mate de coca y sillas de madera para el descanso de la tarde, cuando termina la faena en la chacra. Toda la familia cumple un rol en las labores. Los más pequeños aprenden. Afuera, el rebaño pastorea en el corral hecho de piedra, cerca del lugar donde las abuelas cultivan sus plantas medicinales, como la menta y el laurel. Cuando el sol indica que falta poco para el mediodía se cocina el almuerzo a través de un horno hecho en la tierra misma, donde las papas enterradas se calientan.
El día que se llevaron a Josefina había amanecido con sol. El camión llegó a la comunidad con las puertas cerradas. Al abrirse, se bajaron médicos y enfermeras. Prometían atención gratuita. Eran los “bata blanca” de los que se había oído hablar en la comunidad. ¿Venían a ayudarlas? ¿A revisarlas?
Josefina quiso saber. Pero enseguida la empujaron por la espalda, la agarraron de los brazos y la llevaron hasta la sala de un centro de salud improvisado. “¡¿Cuántos hijos tiene?!”, le gritó alguien.
“Tengo cinco”, respondió.
“¿Hasta cuándo vas a parir? ¡Como un chancho, como una cuy estás pariendo!”, se burló otro.
Las palabras crudas la confundieron. ¿Le hablaban a ella? No llegaba a comprender todo lo que le decían. Después la arrojaron sobre una camilla. Sintió el frío de la superficie y el pinchazo de una inyección en el brazo. La última imagen que recuerda es la del techo de esa clínica precaria. Despertó con un dolor que le quemaba el vientre. “¿Qué cosa me han hecho?”, preguntó. Nadie respondió. Desde una sala cercana escuchó el llanto de otras mujeres, eco del mismo miedo. “Nos han cortado nuestras barrigas”, decían. Casi de inmediato, el médico la obligó a caminar de regreso a su casa, con el cuerpo partido y el alma desdibujada. Josefina no era la excepción. Era el plan. Un plan con metas anuales, anotadas en registros nacionales, y cuotas asignadas a las personas encargadas de realizar la tarea.
Otra mujer quechua de la provincia de Anta lloraba junto a su marido. “¿Cómo me han hecho esto? ¿Y si me pongo mal?” El marido preguntó qué hacer si eso sucedía. “¡Ja!, agradece más bien esta ayuda para que no siga pariendo sin medida”, respondió la enfermera.
Fueron casi 300.000 mujeres, número que estalla en una imaginación política que pretende alcanzar, nombrar, traducir cada una de esas existencias. Hay numerosas imágenes de ellas, quizás el modo más transparente de decir sus vidas. Sentadas en el frente de sus chacras, con sus vestidos, sus polleras, sus sombreros tejidos y aguayos, sus pieles marrones y arrugadas por el sol, el trabajo y la edad. Sus cabellos largos. Ellas, le entregan a la fotografía sus cuerpos como testimonio de la violencia vivida. Un cuerpo diferente. ¿Qué se inscribe en esos cuerpos? ¿Qué se escribe sobre ellos?
“Al comienzo me dijeron: ‘Te llevaré hoy mismo a Limatambo para hacerte operar’. Yo no acepté, me escapé con el pretexto de salir a buscar dinero. Luego, cuando tuve que ir a llevar a mi hijo al médico, me riñeron: ‘Ajá mañosa, ¿dónde estabas qué volviste?’” A su esposo lo amenazaron y tuvo que firmar. “Desde ese día estoy mal, estoy inválida. Ya no sirvo para hacer ninguna fuerza”.
A Esperanza, de Huancabamba, Piura, le ligaron las trompas en el momento de dar a luz, sin su consentimiento. Como con sus hijos anteriores, deseaba parir en su casa, pero la placenta se atascó y tuvo que acudir al centro de salud. Estaba vulnerable y dolorida. “Muchas cometimos el error de confiar en los bata blanca que nos atendían”, recuerda Esperanza. “A otras se lo hicieron cuando iban a la posta con sus niños. Ahí nos decían que paríamos como animales y nos preguntaban si eso no nos daba vergüenza”.
El camión llegó a la comunidad con las puertas cerradas. Al abrirse, se bajaron médicos y enfermeras. Prometían atención gratuita. Eran los “bata blanca” de los que se había oído hablar en la comunidad. ¿Venían a ayudarlas? ¿A revisarlas?
Sangre en las batas, sangre en el piso, sangre en las sábanas. Y confusión después de la anestesia. Un frío que cala los cuerpos dolientes. Todas imágenes y sensaciones que permanecen en la memoria.
Al tiempo de estos hechos, María Esther Mogollón, una de las fundadoras del Movimiento Amplio de Mujeres, recibió en sus manos una carta en la cual mujeres rurales e indígenas expresaban con preocupación e incertidumbre las cirugías que les hacían. La carta estaba firmada con sus nombres o sus huellas digitales. Escribían desde los bordes del dolor. El texto decía: “Necesitamos ayuda, algo nos están haciendo en el cuerpo”. Así fue como lo supo. En ciertas poblaciones importantes de Perú, como Cusco, por ejemplo, pero también en todo el país, como Ayacucho y Huancavelica, mujeres campesinas e indígenas estaban siendo esterilizadas sin consentimiento. Una amalgama de tragedias atravesaba el territorio y convertía el lento caminar por el campo en una coreografía del horror que hacía crujir los cuerpos.
El plan se concentraba en las mujeres más vulnerables. Muchas no sabían leer ni escribir y no hablaban español, eran hablantes de lenguas andinas, como el quechua y el aymará y de muchas otras de origen amazónico. Un ataque a su autonomía reproductiva, una forma de violencia machista y colonialista que buscaba controlar sus cuerpos. El patriarcado se vestía de bata blanca.
Los hechos llegaron a oídos de otra mujer que utilizó la escucha, la investigación y la escritura como arma de lucha. Su nombre es Giulia Tamayo y fue una de las primeras activistas feministas en documentar estos crímenes. En 1999, publicó el informe Nada personal, con testimonios que revelaban la atrocidad: “Si levanto algo pesadito ya me está doliendo, si camino lejitos inmediatamente se me adormecen y entumecen mis piernas de la cintura para abajo”, “Al mes nomás me encogí totalmente”. “Más de tres meses estuve sin poderme levantar de la cama, sin poder estirar las manos para comer, dependiendo de otros para alimentarme”.
La valentía que tuvo Giulia en contar lo sucedido le costó caro. En el año 2000, tuvo que exiliarse de Perú para protegerse a sí misma y a su pequeño hijo, después de que asaltaran su casa y robaran los archivos de su investigación. Giulia, sin embargo, continuó acompañando el proceso desde el exilio. Falleció en 2014, sin ver la justicia que anhelaba.
Las mujeres de AMPAEF no se rinden. Su búsqueda por la verdad y la justicia se ha convertido en una lucha por la memoria histórica del Perú. “Fujimori se murió sin pagar reparaciones, ni decir la verdad de todo lo que él diseñó. Murió en total impunidad”, dijo Rute Zuniga, cusqueña y presidenta de AMPAEF. “La justicia peruana tiene que actuar, avanzar y responder. No puede seguir pasando el tiempo”.
La resistencia de estas campesinas es un faro, un recordatorio de que la justicia es un derecho humano. El Comité de la ONU ha instado a Perú a anular una ley de amnistía, a acelerar las investigaciones, a otorgar compensaciones económicas y apoyo psicológico a todas ellas. Es un llamado urgente a que el Estado peruano asuma su responsabilidad y repare el daño producido.
Las mujeres peruanas obligadas a la esterilización exigen justicia para que la historia no se repita. Para develar el maltrato y el olvido. Sus voces se levantan por la verdad y por la dignidad de todas las mujeres del mundo. Vestido con bata blanca o disfrazado de política de Estado, el patriarcado no elimina ni desteje esta urdimbre feminista.
Algo de justicia se produjo el miércoles 30 de octubre de 2024. Tras años de litigio y con el apoyo de la ONG chilena, Justicia y Reparación, en coordinación con Rute Zuniga y María Esther Mogollón, se presentó el caso ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El fallo fue histórico. El Comité de la ONU determinó que la política de esterilización forzada fue una “forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional”. Reconoció que fue un ataque sistemático y generalizado contra mujeres rurales e indígenas. Además recomendó al Estado peruano la entrega de reparaciones integrales para los cinco casos estudiados, y atención en salud mental para ellas y sus familias.
Las mujeres peruanas obligadas a la esterilización exigen justicia para que la historia no se repita. Para develar el maltrato y el olvido. Sus voces se levantan por la verdad y por la dignidad de todas las mujeres del mundo.
Para las sobrevivientes, la noticia fue emocionante. No hubo palabras hermosas. Hubo cuerpos que se abrazaban en un grito colectivo que les devolvía su dignidad. Después de años de no ser escuchadas, un comité internacional les daba la razón. Las lágrimas de frustración se convirtieron en lágrimas de alivio. Era un impulso para seguir la lucha y la certeza de que la unión colectiva y la escucha fortalecen sus caminos, que los siguen andando junto a esas tres palabras: verdad, justicia, reparación.
Otro logro llegó el miércoles 4 de marzo de 2026. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció en su sentencia que esta política de esterilizaciones masivas se implementó “mediante coerción y amenazas ejercidas por funcionarios públicos que recibían incentivos del gobierno para captar mujeres y esterilizarlas, quienes eran presionadas para someterse a procedimientos de anticoncepción definitiva”. El fallo de este tribunal indica que se ha constatado “que esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del Estado” y ordena al Estado peruano que se juzgue a los responsables de las esterilizaciones forzadas, un acto de perdón público y medidas de reparación económicas.
Ellas acuñaron el compromiso. Nunca más el silencio.
