¿Dónde está Mayela Álvarez?

R. Aída Hernández Castillo*

El 30 de agosto se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta conmemoración tiene su origen en una iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) y fue retomada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2010, ante el aumento de desapariciones involuntarias en distintas regiones del mundo. En México, donde la cifra oficial de desaparecidos es de 73 mil 201 personas, este día se ha convertido en una fecha emblemática para los familiares de desaparecidos, que, a través de distintas estrategias políticas, nos recuerdan que la impunidad y el silencio son una forma de complicidad, y que los y las desaparecidas nos faltan a todos.

Ante las dimensiones que ha tomado el problema de la desaparición de personas en el país, los científicos sociales mexicanos hemos formado equipos interdisciplinarios para analizar los contextos que posibilitan las desapariciones y el impacto que éstas tienen en el tejido social, acompañando desde la investigación-activista, a los colectivos de familiares. Este ha sido el caso del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), centro público de investigación de del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), donde hemos creado el Laboratorio de Antropología Social y Forense, y distintos equipos en las unidades desconcentradas, que abordan la problemática desde las perspectivas regionales. Paradójicamente, lo que era un problema de investigación prioritario, se ha convertido en una afectación directa a nuestra comunidad académica con la desaparición el 11 de agosto pasado, de Griselda Mayela Álvarez Rodríguez, secretaria técnica del posgrado del Ciesas Noreste, en Monterrey, Nuevo León.

Nuestra compañera Mayela, de 42 años, es madre de una niña de 17 años y un niño de 13, y como muchas mujeres, combinó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad Pedro de Gante, con su trabajo académico-administrativo en Ciesas. Es una atleta que había participado en las competencias de natación en los Juegos Panamericanos y ha formado a sus hijos también como deportistas de alto rendimiento. Maya y Marco, se han unido a los miles de niños y niñas mexicanas cuyas vidas están siendo afectadas por la desaparición de sus padres, madres, hermanos o hermanas.

Como muchos de las secretarías técnicas de nuestros posgrados, Mayela Álvarez es una persona clave para articular a los estudiantes con la institución, y ha contribuido a construir una comunidad estudiantil que ahora está conmocionada por su ausencia. Estamos viviendo en carne propia los impactos que documentan las tesis de maestría y doctorado de nuestras alumnas y alumnos, y la impotencia ante la incapacidad de una sofisticada burocracia estatal, que a pesar de contar ya con leyes, reglamentos, bases de datos, grupos especializados de búsqueda, comisiones estatales, fiscalías, siguen sin poder solucionar el problema de las desapariciones de personas.

El martes 11 de agosto, de camino a su trabajo, se comunicó por última vez con su hija y desde entonces nadie ha vuelto a saber de ella. Pasaron las 72 horas claves para encontrarla y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata no pudo dar con su paradero. Desde que supieron de su desaparición, los estudiantes del Ciesas Noreste crearon la página www.facebook.com/ DondeEstaMayelaAlvarez/ y nos han invitado a tapizar el país con su foto. Si la pandemia del Covid-19 ya había hecho difícil el desarrollo de las actividades académicas para los estudiantes de nuestros posgrados que enfrentan condiciones de estrés, limitaciones en infraestructura y conectividad, la desaparición de nuestra compañera afectó emocionalmente a los y las estudiantes del Ciesas Noreste. El coloquio de la maestría concluyó el viernes pasado con un ritual de solidaridad donde se compartieron anécdotas sobre Mayela, describiendo el carácter luminoso con el que los recibía cada mañana, y su compromiso para mantener dicha maestría dentro de los programas internacionales de excelencia de Conacyt.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, demandamos la aparición con vida de Mayela Álvarez y de las 73 mil personas desaparecidas, cuyas ausencias violentan cotidianamente a miles de familias y comunidades en México.

*Investigadora del Ciesas.

Desenterrar la verdad: fosas de Tetelcingo y Jojutla

R. Aída Hernández Castillo *

En las semanas recientes, las organizaciones de familiares de desaparecidos de Morelos, conjuntamente con algunas de las integrantes del Consejo Estatal de la Comisión de Búsqueda de Personas, han lanzado una campaña en los medios para demandar a las autoridades competentes que cumplan con los compromisos adquiridos para identificar los cuerpos encontrados en las fosas ilegales de Tetelcingo (2016) y Jojutla (2017).

Los 117 cadáveres sepultados en Tetelcingo de manera irregular por la Fiscalía General del estado de Morelos entre 2010 y 2013, exhumados en 2016 gracias a la presión de los familiares de desaparecidos, y los 84 cuerpos, sin carpetas de investigación, encontrados en el panteón de Jojutla, permanecen sin la debida identificación que permita sean entregados a sus familias. En ambas sepulturas masivas se encontraron cuerpos con huellas de tortura y/o con las manos atadas; había ropa y armas blancas que son evidencia forense la cual no debía haber enterrado. En el caso de Jojutla, los trabajos de exhumación se interrumpieron antes de recuperar todos los cuerpos, y se cree que puede haber otro centenar de restos mortales.

Bajo el lema #Desenterrarlaverdad, los deudos están demandando que se analice el material genético obtenido de los cuerpos exhumados y que se compare con las muestras obtenidas de las 45 familias que participaron en el desenterramiento de Jojutla, y con las de otros muchos que buscan a sus hijos e hijas.

Los comunicados y conferencias de prensa oficiales denuncian la ineptitud del coordinador de Servicio Forense dela Fiscalía, Sebastián Nava, quien, a tres años de las exhumaciones de Jojutla, no ha hecho absolutamente nada para validar los perfiles genéticos. Es importante recordar que ambas sepulturas masivas se encontraban bajo custodia del Estado; es decir, no eran fosas clandestinas, sino fosas comunes que fueron usadas, no sólo de manera irregular, sino criminal, al ocultar cuerpos torturados y encubrir homicidios. Sin embargo, a la fecha no se ha hecho ninguna investigación judicial, no hay funcionarios del servicio forense imputados ni ningún fiscal o funcionario público de las municipalidades correspondientes ha sido consignado penalmente.

Con el nuevo gobierno, la Comisión Nacional de Búsqueda acordó con el fiscal General del estado de Morelos (FGEM), Uriel Carmona Gándara, que se revisarían las carpetas de investigación de los y las desaparecidas en el estado, y que se harían los perfiles genéticos de unos 500 cuerpos no identificados que se encuentran en los servicios médicos forenses estatales. No obstante, todos esos compromisos han sido olvidados, pues incluso antes de la pandemia no se inició ningún proceso, y la fiscal especial de Desaparición Forzada de la entidad, Zaira Janet Lulo Juan, ha sido señalada por las organizaciones de familiares de obstaculizar la indagatoria penal y de negarles información sobre las víctimas.

La pandemia no ha detenido la lucha férrea de las organizaciones de familiares de desaparecidos que claman justicia y piden que la búsqueda de sus hijos e hijas sea considerada una actividad esencial.

Como parte de esta campaña, está el lanzamiento internacional del documental Volverte a Ver, de Carolina Corral (https://www.youtube.com/watch? v=KOEBQO6Vmkk ),el cual registra la participación de las integrantes del Colectivo Regresando a Casa en la exhumación de las fosas de Jojutla. Se trata de una denuncia contundente de las complicidades estatales con el crimen organizado, y de las múltiples responsabilidades por omisión o comisión de funcionarios de los distintos niveles de gobierno.

El documental muestra cómo las madres y hermanas de los y las desaparecidas se han convertido en especialistas forenses para desenterrar la verdad que los funcionarios estatales han ocultado. Ellas son nuestra conciencia, y ahora nos llaman a hacer eco de sus denuncias y a exigir al gobierno actual el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

* Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Casas de la Mujer Indígena: recortes a proyectos que salvan vidas

R. Aída Hernández Castillo*

El anuncio en días pasados de un recorte de 75 por ciento al presupuesto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) despertó la preocupación de activistas de los pueblos originarios que dependen de dichos recursos para sostener proyectos que salvan vidas, como es la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena (Cami), dependiente del Programa de Derechos Indígenas de esa institución. Ante esta noticia, las integrantes de la organización enviaron una carta a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidiéndole su apoyo para mantener el financiamiento de las 34 Casas de la Mujer Indígena instaladas en territorios náhualt, mayo, mephaa, purhepecha, maya, totonaco, tsotsil, otomi, ayuujk, ikoots, mazahua, y ñu saavi. Los recortes ponen en serio peligro el funcionamiento del único proyecto de salud sexual y reproductiva creado y manejado exclusivamente por mujeres indígenas y afrodescendientes.

En un contexto de cuarentena, donde la violencia de género tiende a profundizarse, el recorte presupuestal a las Cami deja a las mujeres indígenas de regiones en extrema pobreza doblemente vulnerables: sin los recursos de atención médica que estos espacios les ofrecen y sin las redes de apoyo que representan ante experiencias de violencia. Si bien las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador minimizan la importancia de la violencia doméstica como problema social, argumentando la excepcionalidad mexicana al respecto, por la existencia de una cultura de mucha fraternidad en la familia. Los diagnósticos ofrecidos por las propias Cami y los datos presentados por múltiples estudios académicos sobre el tema, documentan que es en los espacios familiares fraternales donde tienen lugar los feminicidios íntimos, la violación sexual a menores y la violencia física y sicológica contra las mujeres. En las regiones indígenas, estas violencias se encuentran profundizadas por otras violencias estructurales, por el racismo y por las del crimen organizado. Es en estos contextos que las Casas de la Mujer Indígena representan unas de las po-cas opciones de apoyo que tienen las mujeres en regiones con poca o nula presencia estatal.

Este proyecto, surgido hace 17 años dentro del aparato indigenista, ha sido apropiado por las mujeres indígenas, convirtiéndose en espacios comunitarios fundamentales para la formación, acompañamiento y atención a mujeres indígenas, en regiones con poca o ninguna presencia institucional. Si bien en diversas ocasiones el Presidente de la República ha anunciado que los programas sociales y de salud serán prioritarios en esta crisis, el recorte presupuestal al INPI y a las Cami afectará de manera directa a población indígena que se encuentra ya de por sí en contextos de extrema vulnerabilidad. En una de las conferencias de prensa recientes del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respondió al periodista Ernesto Ledezma que las condiciones de desnutrición y pobreza de un alto porcentaje de la población indígena del país pueden influir en que sus sistemas inmunológicos estén menos preparados para enfrentar al virus.

Si consideramos que según el Banco Mundial 80 por ciento de la población que vive en extrema pobreza en la nación radica en municipios indígenas, y que las enfermedades infecciosas son sus principales causas de muerte (intestinales, influenza y neumonía), sería prioritario no sólo no recortar los presupuestos dirigidos a esta población, sino adjudicar fondos especiales para su protección. El mismo Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas ha instado a los estados miembros y a la comunidad internacional a incluir las necesidades y prioridades específicas de los pueblos indígenas para abordar el brote global de Covid-19. En vez de aprovechar los conocimientos de salud de las mujeres de las Cami, su sensibilidad intercultural y de género y su manejo de los idiomas indígenas para apoyar en las campañas de prevención contra el Covid-19, estos recortes ponen en peligro la continuidad de proyectos construidos con el trabajo de cientos de mujeres indígenas por casi dos décadas. En el documento enviado a la secretaria de Gobernación, la Red Nacional de Cami señala las capacidades que se están desperdiciando al debilitar presupuestariamente este proyecto y señalan: queremos hacer patente que en este contexto de la pandemia que enfrentamos, las Cami pueden ser aliadas muy importantes para todas las políticas de contención y de atención no sólo a la pandemia, sino también en sus efectos en la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, como puede ser en la detección y acompañamiento de casos deviolencia, incluso en la transmisiónde mensajes en nuestras lenguas y contexto de prevención e información sobre el Covid-19.

Estamos ante una crisis de salud que requiere de todos los recursos humanos con los que cuenta la sociedad mexicana y las Cami han demostrado ser proyectos de vida en regiones marcadas por la pobreza, el racismo estructural y la violencia de género. Esperemos que los sectores más sensibles dentro del gobierno actual hagan eco de estas demandas y presionen para que se respete el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se incluye el financiamiento de las Cami.

*Investigadora del CIESAS

El ¡ya basta! de mujeres diversas ante violencias múltiples

R. Aída Hernández Castillo*

México-Tenochtitlan fue sede del 26 al 29 de febrero del octavo Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, donde se reunieron unas 300 integrantes de los pueblos originarios, cuyos territorios han quedado bajo el control de 22 estados-nación, desde Alaska hasta la Patagonia. Durante cuatro días compartieron sus estrategias de lucha ante las violencias coloniales, patriarcales, racistas, que han experimentado en sus cuerpos y en sus territorios. Sus experiencias son tan diversas como sus idiomas, sus historias y sus geografías, pero todas coincidieron en que para desestructurar las violencias que marcan sus vidas, no pueden limitar sus análisis a las violencias de género.

En este momento en que el ¡Ya basta! universitario ha puesto en el centro del debate nacional el tema del hostigamiento sexual y la violencia de género, estas voces vienen a recordarnos que las violencias que marcan las vidas de las mujeres indígenas y de millones de mujeres pobres y racializadas del continente, son violencias estructurales y coloniales más complejas, que no se limitan al maltrato de hombres machistas. Desde su creación en 1993, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas (Ecmia), que articula a organizaciones de mujeres de pueblos originarios de todo el continente, ha señalado que los feminismos urbano-centrados, que no confrontan la violencia racista y la continuidad del despojo colonial de sus pueblos, no incluyen sus voces, ni sus experiencias y, por tanto, no las representan. Si bien algunas de las mujeres reunidas en este espacio, reivindican un feminismo indígena anticapitalista y antirracista, otras han rechazado el término, por sentir que ha sido secuestrado, por mujeres que no las escuchan, ni incluyen sus demandas en sus agendas de lucha.

En las mesas de trabajo de estos cuatro días el tema de las múltiples violencias que afectan sus vidas –que incluyen el despojo territorial, desplazamiento forzado, feminicidio, violencia de los megaproyectos que contaminan sus ríos y destruyen sus bosques y desaparición forzada– fueron analizadas como violencias patriarcales coloniales que destruyen el tejido social de sus comunidades. Para la mayoría de ellas, la necesidad de crear espacios propios de lucha, no está reñido con la construcción de alianzas con los hombres de sus comunidades en defensa de la vida, porque las violencias patriarcales del colonialismo, también los están matando a ellos. Aun reconociendo que estas violencias han sido internalizadas y reproducidas por los hombres de sus pueblos, su llamado es a reconstruir la casa común, a trabajar con los niños y niñas para que no sean secuestrados física y culturalmente, por la violencia del narco que está arrasando sus territorios o por el consumismo capitalista que destruye sus valores ético-culturales. Teorizaron desde un conocimiento encarnado: las compañeras de Cherán, compartieron sus experiencias alrededor de las fogatas, pasando por sobre las diferencias comunitarias para defender su territorio y expulsar a los narcotraficantes y talamontes de la región. Las hermanas misquitas de la Costa Atlántica de Nicaragua nos hablaron con desencanto de las limitaciones del reconocimiento constitucional de sus autonomías, cuando los colonos siguen avanzando con la complicidad del Estado nicaragüense, matando a la población indígena para arrebatarle su territorio. Las mujeres innu, de Canadá, nos compartieron sus luchas contra el feminicidio de mujeres indígenas, en ese país que se ostenta como el ejemplo de la democracia multicultural. Si bien, la mayoría de los testimonios fueron desgarradores, siempre iban acompañados con la fuerza de la organización colectiva que han venido desarrollando contra estas múltiples violencias. Somos mujeres-medicina, clamaban en sus cantos, porque nos estamos curando y curando a nuestros pueblos de estas violencias.

Hoy el encuentro de estas mujeres-medicina en tierras mexicanas, coincide con la efervescencia de una movilización feminista, a la que han querido montarse partidos políticos, organizaciones de derecha e izquierda que nunca habían priorizado las demandas de las mujeres y que en muchos casos se habían caracterizado por sus políticas misóginas y sus prácticas machistas. Para algunos de estos sectores ha resultado fácil apropiarse de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, porque la ven como un problema de hombres violentos, que agreden a mujeres vulnerables. Pero se trata de un problema estructural, sistémico, que reproducen los partidos políticos, no sólo cuando hostigan a las mujeres de su partido o las excluyen de puestos de dirección, sino también cuando aprueban leyes que posibilitan el despojo, la contaminación o la destrucción de la vida de las comunidades indígenas. El ¡ya basta! de las mujeres indígenas es por la defensa de la vida de ellas, de sus comunidades, y de la Madre Tierra.

*Investigadora del Ciesas.

Guerrero y la violencia del narco contra los pueblos indígenas

R. Aída Hernández Castillo*

La masacre de 10 indígenas del municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero, y la incineración de sus cuerpos por los agresores el 18 de enero pasado, es parte de la pedagogía del terror que se ha profundizado en los últimos meses en territorios indígenas del estado de Guerrero. Estas formas de violencia extrema están siendo utilizadas contra poblaciones indígenas que se han caracterizado por sus procesos organizativos contra la violencia y las economías ilegales del narcotráfico. Quemar los cuerpos es una estrategia necropolítica que busca ir más allá de acabar con la vida de los asesinados, busca afectar a sus familias, a las comunidades, sembrar el miedo y usar los cuerpos para mandar un mensaje a quienes se oponen al control territorial de los c á rteles de las drogas. Los indígenas asesinados, aparte de pertenecer a un grupo musical, eran integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), sistema de seguridad y justicia que por más 25 años había logrado mantener al crimen organizado fuera de los territorios bajo su jurisdicción.

La llamada policía comunitaria de Guerrero fue por muchos años ejemplo de la capacidad de los pueblos indígenas para reconstituir sus sistemas de justicia y fortalecer el tejido comunitario, ante la incapacidad de las instituciones del Estado para cumplir con sus funciones de seguridad y justicia. Los múltiples estudios antropológicos y sociológicos que se han hecho sobre este sistema de justicia –creado hace 25 años por comunidades me’phaa, nahuas, na savi, afrodescendientes y mestizas– lo habían mostrado como ejemplo de formas de justicia restaurativa, mucho más efectivas que la justicia punitiva del Estado. La CRAC había sido también un caso etnográfico para mostrar las posibilidades de la gubernamentalidad indígena para contener la violencia del crimen organizado.

Si bien en administraciones pasadas hubo varios intentos de debilitar el sistema criminalizando y encarcelando a varios de sus integrantes, y utilizando la cooptación para causar fracturas internas, nunca habían vivido el nivel de violencia y terror que se ha desatado contra ellos en los últimos meses. El 10 de diciembre el comandante y consejero regional del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez, fue asesinado en la puerta de su casa, sin que hasta la fecha se haya consignado a nadie por el homicidio. Las autoridades de la CRAC denunciaron en esa ocasión que desde la creación de ese Comité de Enlace, cinco policías comunitarios habían sido asesinados, en el marco de lo que denominaron proceso de limpieza del crimen organizado contra las policías comunitarias. Entre los coordinadores ejecutados, se encuentra Julián Cortés Flores, uno de los titulares de la CRAC en San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero, asesinado en abril pasado.

Estos homicidios y la impunidad en torno a ellos han sembrado un clima de terror en los territorios indígenas bajo jurisdicción de la CRAC, debilitando el sistema y abonando al desplazamiento forzado de la población. Guerrero, ocupa hoy el primer lugar nacional con población desplazada: más de 5 mil casos, según cifras oficiales, que aumentan diariamente.

La violencia del narco provoca nuevas formas de desposesión de los pueblos indígenas de Guerrero, que al desplazarse dejan sus territorios libres para la entrada del gran capital. Urge documentar y analizar el nexo entre las violencias extremas del narcotráfico en territorios indígenas y los procesos de desposesión y apropiación de sus recursos naturales. Según informes gubernamentales, en Guerrero se encuentran 42 yacimientos mineros listos para ser explotados, algunos de los cuales coinciden con 200 mil hectáreas de los territorios en los que habitan miembros de las comunidades indígenas nahua, me’phaa y na savi. Estos pueblos de la Montaña y la Costa Chica no han sido consultados para el otorgamiento de esas concesiones y en lugares como San Miguel el Progreso han dado una lucha contra la explotación minera en sus suelos.

La embestida de violencia contra la CRAC debe entenderse en el marco de procesos más amplios de desposesión y ocupación de territorios indígenas por redes de macrocriminalidad, cuyas complejidades aún no alcanzamos a entender, pero cuyos impactos están afectando de manera profunda el tejido social de sus comunidades.

* Investigadora de Ciesas

La Ley de Amnistía, sólo el comienzo

R. Aída Hernández Castillo*

El pasado 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley de Amnistía que se propone liberar a personas presas cuyos contextos de vulnerabilidad influyeron en su criminalización: indígenas que no contaron con apoyo de traductor, mujeres encarceladas por delitos de drogas que fueron coaccionadas para cometerlos, primo-delincuentes presos por robo, presos políticos acusados de sedición, mujeres en prisión por aborto y personas con adicciones sentenciadas por delitos contra la salud.

Simbólicamente la Ley de Amnistía reconoce, lo que desde el activismo y la academia venimos diciendo reiteradamente, que las cárceles en México son habitadas por mujeres y hombres, morenos y pobres, que no pudieron pagar el precio de la justicia. Se trata de un reconocimiento de las arbitrariedades de un sistema punitivo, que no contextualiza el delito y no busca formas alternativas de justicia.

Las críticas a la iniciativa han venido de quienes apuntan a sus limitaciones por el poco impacto que tendría en el número de personas excarceladas, ya que se restringe a presos y presas del fuero federal. Paralelamente, desde la derecha quienes defienden el punitivismo, continúan repitiendo sus discursos estigmatizantes contra cualquier persona que haya habitado las cárceles de la nación, oponiéndose a la amnistía.

Desde perspectivas más matizadas, organizaciones feministas y de derechos humanos como AsiLegal, Equis Justicia para las Mujeres, la Colectiva Hermanas en la Sombra y Mujeres por la Libertad, han emitido un comunicado en el que señalan que si bien la Ley de Amnistía reconoce la deuda histórica que se tiene con diversos sectores vulnerables, la propuesta debe acompañarse de reformas al sistema de justicia y de una estrategia integral en materia de reinserción social con una perspectiva de género e intercultural.

Sacar a las personas de la prisión, sin un programa que les permita encontrar una vivienda y un trabajo dignos, es regresarlas al contexto de vulnerabilidad que posibilitó su criminalización. A la fecha en la mayor parte del país, las personas excarceladas no cuentan con ningún apoyo en el difícil reto emocional, social y económico que implica el regreso a la vida en libertad. Paralelamente, se necesitan reformas legislativas que eviten la criminalización de la pobreza, legalizando las drogas y el aborto, entre otros delitos.

Esta propuesta de Ley de Amnistía, puede ser el inicio de transformaciones más profundas en el sistema de justicia y en el sistema penitenciario que desestructuren las prácticas racistas, clasistas y misóginas que se siguen reproduciendo en México, y que han convertido a las cárceles en centros de tortura o en negocios articulados al complejo industrial penal.

El desarrollo de políticas públicas que traten el problema de las drogas como un asunto de salud pública, mediante programas de prevención y rehabilitación, en vez de políticas punitivas y criminalizadoras, evitaría el encarcelamiento de miles de hombres y mujeres pobres, cuyas vidas se han visto truncadas primero por las drogas y luego por el encarcelamiento. El respeto a las jurisdicciones indígenas y a la justicia comunitaria, evitaría el uso colonial del derecho estatal para encarcelar a población indígena, desarraigándola y alejándola de sus comunidades.

El desarrollo de medidas alternativas, como el arresto domiciliario, para las madres de niños y niñas menores de edad, evitaría que las vidas de miles de menores se pusieran en peligro, al quedar sin la supervisión y el cariño de sus madres.

La semana pasada, cientos de mujeres de todo el continente americano nos reunimos en Quito, Ecuador, en el Congreso Críticas de los sistema penal y penitenciario hacia una justicia feminista, y compartimos reflexiones sobre la necesidad de justicias alternativas y transformadoras, que no pasen por la segregación y el castigo de las más pobres y excluidas. Investigadoras, activistas feministas y ex internas, coincidimos en que los sistemas penitenciarios en América Latina, han sido una forma más de violencia colonial contra la población pobre y racializada.

Las cárceles han demostrado ser parte del problema y no la solución para las mujeres. Se necesitan formas creativas de enfrentar la conflictividad social, que no pasen por el castigo y la segregación, escuchar las voces de quienes han vivido en carne propia las violencias múltiples de nuestros sistemas carcelarios, es un primer paso para buscar alternativas a la justicia punitiva del Estado.

*Investigadora de Ciesas

María Luisa Villanueva: 21 años demandando justicia

La Jornada

R. Aída Hernández Castillo*

La semana pasada el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas requirió al Estado mexicano la libertad inmediata de un preso que fue torturado para autoinculparse en un delito que no cometió. Esta historia parece repetirse en muchas de las prisiones mexicanas, que están pobladas por personas que no pudieron pagar el precio de la justicia y donde la tortura ha sido una parte integral de susprocesos legales. Este es el caso de María Luisa Villanueva, quien fue encarcelada el 6 de enero de 1998, acusada de un secuestro que no cometió, después de pasar cuatro días en una casa de seguridad y ser torturada sexualmente. Lo que hace diferente el caso de María Luisa, es que durante los 21 años en los que ha estado presa, ha dado una lucha férrea por probar su inocencia, enviando cartas a las autoridades, escribiendo su testimonio, realizando tres huelgas de hambre demandando la revisión de su caso. A dos décadas de su detención, podría pedir su libertad anticipada haciendo efectivos sus beneficios, pero ella exige que se reconozca su inocencia.

Cada lunes desde hace 10 años me encuentro con ella en el contexto del Taller de Escritura Creativa que impartimos con las compañeras de la Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra en el Cereso Femenil de Atlacholoaya, Morelos. A lo largo de esta década, he aprendido de su férrea resistencia, de su determinación para no dejarse aniquilar por un sistema que reivindica la reinserción, pero práctica el castigo y el aislamiento. Mediante la poesía, la crónica y el cuento, María Luisa ha narrado su memorial de agravios, la manera en que fue inculpada de un delito que se cometió en Cuernavaca, a kilómetros de distancia de donde ella estaba amamantando a su hijo recién nacido, en el rancho El Ocotillo en la Sierra de Guerrero. Su testimonio de los cuatros días de tortura que vivió en manos del Grupo Antisecuestro de Morelos, fue registrado en el Dataton de la organización civil Documenta, y ha tomado forma de denuncia poética en muchos de sus escritos.

Su agudeza crítica y su escritura poética han alimentado este proyecto en el que las internas han escrito, diseñado y publicado 21 libros, en muchos de los cuales ha participado María Luisa. Es una lectora empedernida, y pasa de la poesía de Rosario Castellanos y Virginia Woolf a los libros de filosofía de Friedrich Nietzsche. Sin embargo, en más de dos décadas, no ha tenido la posibilidad de estudiar una carrera, porque esas opciones no existen en los Ceresos de Morelos, donde los proyectos educativos y culturales son casi nulos.

Su pasión por la escritura la ha hecho escribir múltiples cartas a la senadora Nestora Salgado García y al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante su insistencia, ambos le han respondido por escrito. La visita de Nestora Salgado a Atlacholoaya en diciembre del año pasado, la primera que realiza una senadora de la República a ese centro de detención, conmovió a María Luisa hasta las lágrimas, despertando muchas esperanzas. Sin embargo, la espera continúa.

En los pasados tres años el abogado de derechos humanos Eutiquio Damián Santiago retomó su caso, reconstruyendo la genealogía de errores y arbitrariedades judiciales que se han cometido contra María Luisa, que incluyen no sólo la tortura, sino la fabricación de pruebas falsas, el chantaje, la pérdida de expedientes, etcétera. Con esta historia de vejaciones reunidas en un amplio expediente, el licenciado Santiago ha tocado múltiples puertas, encontrando muchas promesas y pocas respuestas. La periodista Sanjuana Martínez hizo un amplio reportaje sobre su caso en 2017, documentando las múltiples arbitrariedades y violencias de las que ha sido víctima.

Cada lunes, sufro la vergüenza e impotencia de no poder hacer nada por ella. Sirvan estas letras para hacer eco a su denuncia, cerrando con una estrofa de un poema escrito por María Luisa que será publicado en el próximo libro de la Colectiva, intitulado La esperanza es un epicentro:

Me declaro inocente de mi nacimiento

Soy inocente de tener un padre pájaro

Soy inocente de no soltar la mano de mi madre,

Inocente por arrastrar un pasado que no pedí

Inocente de los delitos que se me imputan

Inocente por no hablar, por mi silencio

por las palabras atoradas por mis ideas que el viento se llevó…

* Investigadora de Ciesas

Madres en búsqueda, remueven conciencias

R. Aída Hernández Castillo*

Este 10 de mayo por octavo año consecutivo las madres de las y los desaparecidas toman las calles de la Ciudad de México y de muchas otras ciudades del país, para recordarnos a todos que no hay nada que celebrar mientras nos sigan faltando 40 mil mexicanos, mientras la impunidad y la corrupción sigan caracterizando a nuestro sistema de justicia, y mientras 27 mil cuerpos sigan esperando ser identificados y tener una sepultura digna.

Estas mujeres que toman las calles del país, entre quienes se encuentran también madres de migrantes centroamericanos, han politizado sus identidades maternas para convertir a todos los desaparecidos y desaparecidas, en sus hijos e hijas. Las camisetas rotuladas usadas en las marchas o en las jornadas de búsqueda han cambiado de Te buscaré hasta encontrarte por Los buscaremos hasta encontrarlos. Sus voces vienen a desestabilizar los significados tradicionales de la celebración del Día de las Madres, para convertirlo en un día de lucha por la verdad y la justicia.

Estas madres se han convertido en la conciencia de nuestra sociedad, son quienes han roto el silencio de la indiferencia y con picos y palas han develado la verdad oculta en las más de dos mil fosas clandestinas. Si contamos hoy con una Ley General en Materia de Desaparición, es porque ellas se apropiaron de las legislaciones internacionales y las adaptaron a nuestra realidad nacional, hicieron marchas, plantones y no pararon hasta que fueron escuchadas por los diputados y senadores.

El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas dado a conocer en febrero pasado, retoma muchas de las propuestas que las madres y familiares de desaparecidos han venido elaborando por muchos años. #Sin las Familias No! Es el reclamo del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que aglutina a más de 70 colectivos en todo el país. En el papel sus voces al parecer estar siendo escuchadas; sin embargo, en las múltiples reuniones que se empiezan a realizar en torno a la implementación de dicho plan, las familias siguen siendo tratadas exclusivamente como víctimas a las que hay que auxiliar y no como poseedoras de conocimientos fundamentales en la búsqueda de los desaparecidos.

Estas mujeres campesinas, maestras rurales, amas de casa, comerciantes, han tenido que dejar sus espacios laborales y familiares, para buscar a las orillas de los ríos, en los canales, para marchar en la capital, para tomar la palabra en el Congreso de la Unión. Ha sido un aprendizaje doloroso, pero ahora son nuestras maestras y resulta fundamental escucharlas y aprender de ellas. Se han convertido en especialistas en el análisis de los contextos de desaparición forzada, en técnicas forenses para la exhumación de cuerpos, en la documentación de hallazgos y en las legislaciones nacionales e internacionales, en torno al problema de la desaparición. No son sólo víctimas secundarias o fuentes de información forense, son un actor clave en cualquier programa de Justicia Transformadora que se implemente en el país. Las madres que hoy toman las calles, son nuestra conciencia y esperan que este nuevo gobierno las escuche y ponga sus experiencias y saberes en el centro de cualquier política pública que busque verdad, justicia y reparación.

* Investigadora del Ciesas

¿Dónde están los migrantes desaparecidos?

R. Aída Hernández Castillo*

El 7 de marzo pasado hombres armados bajaron de un autobús de pasajeros a 19 personas en las inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas, se presume se trata de migrantes centroamericanos de tránsito por México. Según información del propio subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, hubo un hecho similar el 21 de febrero en la carretera Monterrey-Ciudad de México, cuando dos autobuses de pasajeros fueron detenidos por organizaciones criminales y se llevaron otros 25 migrantes. Hasta el momento estos 44 migrantes desaparecidos no han sido localizados.

Este evento desató una serie de declaraciones justificando por un lado el retraso en las fuentes oficiales para reportar la noticia y por otro la incapacidad del gobierno para dar con el paradero de los desaparecidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó la hipótesis de que los hombres armados que se llevaron a los migrantes a punta de pistola, podrían haber sido contratados por los propios migrantes para cruzar la frontera. En una de sus conferencias matutinas declaró: Hay una hipótesis de que esta es una forma de llegar al territorio de Estados Unidos. No es que desaparezcan, sino que es así como cruzan la frontera. Esta declaración minimiza el peligro en el que se encuentran los secuestrados, sobre todo considerando los antecedentes de las masacres de 245 migrantes precisamente en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 y abril de 2011.

Los familiares de migrantes desaparecidos, las organizaciones de derechos humanos y los especialistas en el tema de migración han rechazado la hipótesis presidencial y urgido al gobierno a que encuentre a los desaparecidos con vida antes de que sea demasiado tarde. El hecho de que un retén militar haya parado el autobús antes de la desaparición, también hace pensar en las redes de complicidades que muchas veces se tejen alrededor de las desapariciones. Con respecto a los recientes secuestros Stephanie Leutert profesora de la Universidad de Texas en Austin, autora de un informe sobre migrantes desaparecidos, señaló: “Para hacer un secuestro en masa, es mucho más complicado que simplemente arrojar a dos personas en la parte trasera de un auto… requiere un nivel diferente de sofisticación y corrupción. No hemos visto ningún caso de alto perfil como este en un tiempo”.

Atravesar México rumbo a la frontera norte se ha convertido en una experiencia aterradora en la que miles de migrantes han dejado la vida. En 2016, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes había registrado la existencia de 30 mil migrantes desaparecidos, dos años más tarde el Movimiento Migrante Centroamericano hablaba de 70 mil desaparecidos. La numeralia del terror sigue siendo imprecisa y nadie conoce el número exacto de migrantes desaparecidos, masacrados, asesinados. Sin embargo, los mexicanos no hemos tomado las calles con este genocidio de migrantes como lo hicimos cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ni la crueldad extrema con la que fueron tratados los cuerpos de los 49 migrantes asesinados en Cadereyta, Nuevo León el 12 de mayo de 2012 nos movilizó. ¿Cómo nos hemos acostumbrado a tanta crueldad? ¿Qué vidas son consideradas valiosas para conmovernos y cuáles son sólo noticias perdidas en la prensa?

Este contexto de extremas violencias ha detonado procesos organizativos como las caravanas migrantes, considerados como una acción colectiva sin precedentes en el mundo de la movilidad humana, y la formación de organizaciones de familiares de migrantes desaparecidos como el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (Cofamipro), la Caravana de Madres Centroamericanas, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh) y la Unión Nacional de Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos en Honduras (Uncomideh).

Estos hombres y mujeres campesinos, maestros, comerciantes, lencas, garífunas, mestizos, que perdieron a sus hijos en la masacre de Cadereyta o que los siguen buscando por medio de las fronteras, se han convertido en la conciencia social de muchos hondureños y mexicanos y en los principales defensores de los migrantes. Han hecho de su dolor una fortaleza y están decididos a seguir luchando por encontrar la verdad con justicia y a confrontar la criminalización y el estigma que se ha tejido contra los migrantes a raíz de las caravanas y que posibilita nuestra indiferencia ante la reciente desaparición de los 44 migrantes en Tamaulipas. No dejemos que el silencio y la indolencia nos vuelvan cómplices de estas desapariciones.

* Investigadora del Ciesas

La sentencia del caso Alvarado y los peligros de la Guardia Nacional

R. Aída Hernández Castillo*

En los recientes recorridos del presidente Andrés Manuel López Obrador por Chihuahua, la sociedad civil organizada tomó las calles para protestar contra de la iniciativa presidencial de crear una Guardia Nacional integrada mayoritariamente por militares que cumpla funciones de seguridad pública. Según la iniciativa de ley propuesta por Morena ante el Congreso Los institutos militares nacionales son los únicos que tienen el personal, la capacidad, el espíritu de cuerpo y las instalaciones requeridas para empezar a conformar la Guardia Nacional. Esta propuesta contradice una de las principales promesas de campaña del actual presidente que se comprometió a sacar al ejército de las calles, reconociendo que no estaba preparado para esas funciones.

Las memorias de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en el contexto del llamado Operativo Conjunto Chihuahua cuando 2 mil 500 efectivos federales (2 mil 26 militares y 425 policías federales), tomaron en sus manos la seguridad pública de ese estado, estableciendo retenes militares, allanando casas y deteniendo ilegalmente a personas, han influido en la formación de colectivos contra la militarización que rechazan la creación de la Guardia Nacional. Tan sólo cuatro días antes de que el nuevo presidente elogiara el desempeño de las instituciones castrenses en su discurso de toma de posesión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) daba a conocer una sentencia paradigmática en contra del Ejército Mexicano, la primera emitida por desaparición forzada en el contexto de la llamada guerra contra el narco.

El 28 de noviembre pasado la CoIDH declaraba al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos-desaparecidos por efectivos del Ejército Mexicano el 29 de diciembre de 2009 en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua. La sentencia de 118 páginas documenta el contexto de militarización, impunidad y graves violaciones a los derechos humanos que posibilitaron la desaparición forzada de los primos Alvarado. En el análisis del contexto cita los datos oficiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que documentó 10 mil 930 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional entre 2007 y 2017. No es la primera vez que esta Corte documenta la sistematicidad de la violencia militar contra la población civil, el Estado mexicano ya había sido declarado culpable de usar violencia institucional castrense en los casos de la violación sexual de dos mujeres me'phaa, Inés Fernández y Valentina Rosendo, por parte de efectivos del Ejército, en una sentencia emitida en octubre de 2011.

La sentencia del caso Alvarado cuestiona los efectos negativos que ha tenido la participación de militares en funciones de seguridad pública, haciendo eco a las recomendaciones de informes presentados por el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Un argumento importante de la sentencia, es que su análisis no focaliza las responsabilidades en algunos efectivos indisciplinados como insinuó el discurso presidencial, sino en una estrategia de seguridad que compromete los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos. Retomando las recomendaciones planteadas por los informes de la ONU, la sentencia señala la necesidad de desmilitarizar las estrategias de combate contra el crimen organizado y adecuar el marco constitucional interno para permitir un abordaje estatal de la defensa de la seguridad ciudadana conforme a estándares internacionales.

Muchos de quienes votamos por Andrés Manuel López Obrador pusimos nuestras esperanzas en que su estrategia de construcción de una paz digna con justicia, incluiría la desmilitarización. Voces como las de Nestora Salgado García, representante por Morena en el Senado de la República, hacen eco a esta demanda. Ella ha vivido en carne propia las arbitrariedades cometidas por el Ejército y sabe que la respuesta para la construcción de la paz no puede estar en las manos de una institución que tiene una historia negra de violaciones a los derechos humanos. Los militares han sido formados para vencer al enemigo y ganar guerras, no para proporcionar seguridad ciudadana, y esta cultura militar no puede ser revertida con un curso de capacitación. Esperemos que el nuevo Presidente escuche a las voces más lúcidas dentro del Senado y recuerde las promesas de campaña que incluían el sacar al Ejército de las calles.

*Investigadora del Ciesas