3/25/2014

Los periodistas pal café . . .



Con la idea de dar continuidad a sus agresivos planes de expansión, el gerente general de la experimentada firma tricolor genéricamente llamada PRI, César Camacho Quiroz, propuso y consiguió inmediata aceptación de algunos de sus socios comerciales, las empequeñecidas empresas autodenominadas PAN y PRD, para inaugurar en fecha por confirmar el novedoso sistema de mercadeo partidista casuístico conocido como pago por evento.
Luego de una exitosa temporada de ganancias para accionistas extranjeros y nativos (con especial reparto de utilidades para los ejecutivos a cargo de las operaciones, los empleados del año, G. Madero, J. Zambrano y el propio C. Camacho), la fórmula del Pacto por México parecía agotada, pero el marchante de tres colores propuso a sus colegas de blanco y azul, y de negro y amarillo, la adopción de una treta salvadora, al estilo del cliente que desde su casa decide el espectáculo que desea disfrutar, pagando por evento, uno por uno y no por suscripción anual obligatoria.
La propuesta priísta recibió entusiasta aprobación inmediata de los minoristas Madero y Zambrano, quienes han recibido peculiares incentivos de sus compañías, pues el primero está en vías de ser designado para un nuevo periodo de cuatro años al frente de la empresa especializada en conservadores, mientras el segundo recibió una sorpresiva prórroga del consejo tribal del sol azteca para que en cuatro meses de bono por buenos resultados pueda apuntalar las políticas comerciales en favor de la matriz, Los Pinos, donde tienen especial interés en que la fase de las leyes secundarias por aprobar ayude a disolver o erradicar ciertas concesiones de mercadotecnia que el año pasado se hicieron a título de muy importantes reformas constitucionales pero que ahora entre todos los pactados deberán atenuar o, de plano, volver poco viables en la reglamentación secundaria.
Para esas faenas de simulación y retroceso servirán las contrataciones mediante el sistema de pago por evento, con la oferta a los concurrentes de que, de esta manera, podrían acumular más ganancias de las que conseguirían en una sola transacción general. Los temas a negociar mediante esa adaptación del pay per view son muy importantes. Entre otros, los relacionados con lo energético y con las telecomunicaciones. En este último rubro, la letra chiquita de las normas secundarias pretende eludir en lo práctico los planteamientos pretenciosos de reforma profunda, combate a los monopolios y algunos otros clichés de sexenio.
Pagando por evento, la empresa preponderante, Los Pinos SA, podrá conseguirse un libreto legislativo emocionante, actuaciones partidistas apasionadas (ayer mismo, los actores de reparto, Madero y Zambrano, ya alertaban sobre riesgos que han detectado en la iniciativa peñista relacionada con telecomunicaciones e incluso se habló de que había una aplicación deficiente, ¡oh, será una telenovela muy emocionante!), figuraciones ideológicas contradictorias y desenlaces felices con el dedo en alto.
El sonorense Zambrano, conocido en el medio como Chucho, explicó las razones de su pasión escénica: La construcción de acuerdos hay que seguirla haciendo, el PRD ni se va a arrinconar ni va a permitir que lo arrinconen en el debate de los grandes temas nacionales, vamos a esperar evento por evento lo que resulte. Gracias a esa comprensiva vocación PPE algunos ciudadanos podrán dormir con tranquilidad (por ejemplo, aquellos que se apelliden Azcárraga Jean o Slim), sabiendo que sus empresas de colosales ganancias habrían sido reformadas en lo constitucional pero protegidas en las leyes secundarias. Buen negocio. Por evento.
En otra pista de la Carpa México, la intitulada Instituto Nacional Electoral, se negociaba una contratación multianual, con compromisos específicos a desahogar, denominados elecciones. Los mismos intereses pactados para sacar adelante pomposas reformas en un año, para que sean descafeinadas o francamente traicionadas al siguiente, están en proceso de adquisición de nueva plantilla laboral que se encargará de realizar el bonito espectáculo de farsa que hace que el pueblo crea que elige a autoridades y representantes populares.
El juego de ilusionismo electoral requiere especialistas, y por ello se ha aparentado que se ha abierto una convocatoria amplia para seleccionar a los ejecutores apropiados, pero desde ahora se sabe que cuatro de los supervivientes de la anterior compañía de malabares, el Instituto Federal Electoral, serán vueltos a adquirir para que el espectáculo pueda continuar. De ese puñado de consejeros e incluso funcionarios del anterior órgano electoral se elegirá al nuevo consejero presidente (las versiones de pasillo hablan de que está en primera línea Lorenzo Córdova), de tal manera que todo cambie (a INE) para que nada cambie (del IFE fraudulento).
Astillas
Que nadie acuse al gobierno peñista de no atender las demandas populares. Allí está, por ejemplo, el caso del arraigo judicial, que tan criticado es en foros internacionales y en el ámbito interno. Por ejemplo, en el caso de Amado Yañez, el dueño de Oceanografía, ahora se le da un toque hogareño, dejándolo en amabilísimo arraigo domiciliario. Ya nomás falta que para evitarle posteriores problemas, desde ahora le preparen expedientes acusatorios fofos de los que pueda salir más delante con problemas, pero no en demasía. ¡Ah!, la nueva procu del bondadoso Murillo Karam… El tema de la línea 12 del Metro ha entrado en el túnel de las motivaciones políticas, con Joel Ortega y las empresas constructoras sosteniendo versiones confrontadas; el jefe de gobierno, Mancera, jugándose el futuro; el anterior, Ebrard, tratando de no quedarse en el pasado, y los usuarios de los tramos suspendidos de ese servicio entrampados entre tiempos políticos y guerras de bandos… Y, mientras Cecilia Romero y Jesús Zambrano daban conferencia de prensa a la hora en que esta columna cerraba, ¡hasta mañana!



Durante la mayor parte del siglo XX, la telefónica AT&T usufructuó un monopolio casi total de los servicios de larga distancia y local en Estados Unidos. Ejercía su poder por conducto de 22 compañías operativas Bell, las cuales eran proveedoras de servicio a gran parte del país. Aunque había otras empresas independientes, el Sistema Bell era la mayor de todas. El monopolio telefónico finalizó el 8 de enero de 1982, cuando se resolvió una demanda promovida por el Departamento de Justicia. AT&T seguiría prestando servicio de larga distancia, pero se desprendería de sus compañías de servicio local y serían creadas siete empresas Bell, independientes unas de otras, que serían conocidas como Baby Bells. Ya pueden respirar tranquilos Carlos Slim y Emilio Azcárraga Jean. Ni remotamente el gobierno de Peña Nieto tiene la intención de desarticular sus respectivos monopolios. Envió al Congreso la legislación que complementa la reforma constitucional surgida del Pacto por México, y en la práctica los protege. Eso sí, contiene amenazas de darles unas buenas nalgadas cuando se porten mal. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, podrá aplicar multas hasta por 10 por ciento de los ingresos a los operadores o concesionarios que reincidan en la violación de normas. La sanción se aplicaría si fueran reincidentes, no en la primera falta; 10% de los ingresos equivale a las utilidades netas de un año. Sin embargo, para llegar a ese punto tendrían numerosos recursos para defenderse. Quedó en el camino el propósito de desmembrar a los poderes fácticos. Eso sólo podría lograrse mediante la partición de las empresas, como sucedió el siglo pasado en Estados Unidos. Por ejemplo, que Televisa fuera obligada a desprenderse de sus negocios de televisión por cable y satélite. Sin embargo, eso no está contemplado ni de lejos. Así que la reforma constitucional y las leyes secundarias finalmente serán para proteger los intereses sustanciales de los ‘‘agentes preponderantes’’, nombre nuevo y raro para denominar a los monopolios.
El Instituto Aspen
Reunió Juan Ramón de la Fuente a personajes destacados en el consejo del flamante Instituto Aspen, sección México: Luis Berrondo, de Mabe; Eduardo Dondé y de Teresa, de la Fundación Rafael Dondé; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; Arturo Fernández Pérez, rector del ITAM; Angélica Fuentes Téllez, del Grupo Omnilife; J. Ramiro Garza Vargas, del Grupo R; Francisco Garza Zambrano, de Cementos Mexicanos; Dieter Holtz Wedde, de Laureate México; Pedro S. Pueyo Toldrá, de Oasis Hotels&Resorts, y Scot Rank, de Walmart México y Centroamérica. El Instituto Aspen, con sede en Washington, es una organización internacional no partidista que promueve la educación. Ayer hizo su debut.
El Oceangate
Titubeó algunas horas la Procuraduría General de la República antes de admitir que el Señor de los Gallos Blancos, Amado Yáñez, se había presentado voluntariamente a hacer su defensa frente a los presuntos delitos que se le imputan en el Oceangate. Fue una buena jugada de sus abogados, pero sólo una jugada inicial. De alguna manera repite el esquema que siguió la defensa del ex gobernador Andrés Granier: regresó de Miami y se presentó por su propia decisión en la PGR; sin embargo, no ha vuelto a quedar libre. El Oceangate, aunque diga el procurador Murillo Karam que no tiene coloratura política, ya que se trata de un conflicto de empresas privadas –Banamex vs. Oceanografía–, está marcado por presencias como los hermanos Bribiesca, Marta Sahagún y los ex presidentes Fox y Calderón. Es más, hay más de una comisión investigadora en el Congreso. Si eso no es color político, ¿qué es? Amado Yáñez quedó arraigado por 40 días y Murillo Karam todavía no encuentra un delito preciso por el cual acusarlo formalmente.



El elevadísimo precio del limón trae de cabeza a un país en el que ese fruto se utiliza prácticamente en todo y para todo. Quienes pagan el desbarajuste son los consumidores, desde luego, pero las autoridades se dicen preocupadísimas por esta situación y utilizan cualquier cantidad de justificaciones para explicar por qué el cítrico se expende carísimo (alza cercana a 600 por ciento en apenas tres meses, de acuerdo con la CNC), al tiempo que lanza feroces amenazas en contra de los productores –los que obtienen la rebanada más delgada del negocio–, aunque trata con pinzas a las grandes comercializadoras, las cadenas de supermercados.
Es tan sólida y está tan bien organizada la autoridad del ramo, que el incremento en el precio de un solo producto la ha puesto a parir, y transcurridos tres meses no da pie con bola. Las justificaciones van desde la presencia de una plaga (dragón amarillo la llaman) hasta la violencia en Michoacán, uno de los principales estados productores del cítrico, pero lo cierto es que las organizaciones de productores lo han dejado en claro: son los grandes especuladores los que han presionado el precio al alza, y no sólo lo han hecho de manera exitosa sino en las narices de la siempre vigilante autoridad.
Cierto es que Michoacán es uno de los principales productores del cítrico (el tercero en orden de importancia), pero no es para tanto, pues el volumen que aporta representa alrededor de 22 por ciento del total nacional. De hecho, por arriba de esta entidad se encuentran Veracruz y Colima, y por debajo, aunque no muy alejados, Oaxaca y Yucatán. En conjunto concentran 80 por ciento de las más de 2 millones de toneladas anuales que de sus dos variedades se producen en territorio nacional. Y aún si fueran correctas las versiones de la violencia y/o de la citada plaga, ellas ni de lejos justifican un aumento de 600 por ciento en el precio.
Como bien ha señalado El Barzón, el incremento en el precio del limón es provocado; se debe a la especulación del producto que se ha desatado en el mercado, que podría extenderse a otros alimentos, como la manzana y el frijol, por lo que se debe frenar esta burbuja inflacionaria. Los comercializadores y distribuidores han querido justificar esta situación con mentiras, pues no son las condiciones de producción del limón lo que ha disparado su costo al consumidor.
En fin, el país vuelto loco y con el grito en el cielo por el cada día más elevado precio del limón, mientras nadie hace caso o de plano finge demencia sobre la creciente cuan peligrosa importación de alimentos, que sólo en 2013 significó una salida de divisas cercana a 24 mil millones de dólares (equivalente al presupuesto anual de la SEP y un pico más), en una nación que no hace mucho producía prácticamente todo lo que ahora adquiere en el exterior, cítricos incluidos.
Es entendible el enojo por el elevadísimo precio del cítrico y la enorme dependencia que el gusto mexicano tiene del limón –entre ellos el de quien esto escribe–, pero sin duda alguna más peligroso resulta que cada vez se produzcan menos alimentos internamente y se importen más. Un dato que ilustra de qué se trata es que poco antes de que entrara en vigor el TLCAN, México importaba 10 por ciento de los alimentos que se consumían en el país. Poco más de dos décadas después, esa proporción creció a, cuando menos, 50 por ciento de lo mucho o poco que se sirve en las mesas de los mexicanos.
Y algo más: en 1994, año de arranque del TLCAN, México importó alimentos por alrededor de mil 800 millones de dólares; en 2013, por igual concepto, la adquisición en los mercados internacionales se aproximó a 24 mil millones de dólares, un incremento cercano a 300 por ciento entre una fecha y la otra. El año previo (1993) a la entrada en vigor de dicho tratado, México importó maíz por un total de 70 millones de dólares; en 2013, casi 2 mil 100 millones, o lo que es lo mismo, alrededor de 3 mil por ciento de diferencia.
Con la intención, según dicen, de atemperar la actual crisis del limón, las siempre atentas autoridades mexicanas han amenazado con importar el producto, aunque cierto es que de tiempo atrás se adquiere en los mercados internacionales. Sin embargo, no se abocan a encontrar soluciones tangibles y de largo plazo para rehabilitar al campo mexicano y lo que en él se producía, porque todo lo arregla con importaciones (allí está el caso del maíz), mientras el campo nacional se mantiene postrado.
En este contexto, sólo en el primer año del nuevo gobierno se erogaron alrededor de 24 mil millones de dólares para adquirir alimentos en los mercados internacionales, monto que debe sumarse a los cerca de 200 mil millones de billetes verdes que salieron, por igual concepto, durante la docena trágica panista (Fox y Calderón, por si alguien lo ha olvidado). Lo mejor del caso es que de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, todos los inquilinos de Los Pinos han prometido rescatar al campo, hacerlo productivo y beneficiar a los campesinos. Obvio es que lejos de ello, cada vez importamos más alimentos, el campo mexicano produce menos y los campesinos sobreviven en la miseria.
Las cifras más recientes del Inegi (cierre de 2013) revelan que México importó alrededor de 4 mil millones de dólares en carnes y despojos comestibles; 2 mil millones en leche, lácteos, huevo y miel; cerca de 600 millones en pescados, crustáceos y moluscos (en un país con 11 mil kilómetros de litorales); mil 100 millones en frutas y frutos comestibles; 4 mil 300 millones en cereales; 3 mil 600 millones en semillas y frutos oleaginosos; mil 500 millones en grasas animales o vegetales; mil millones en azúcares y artículos de confitería, y así por el estilo.
Espeluznante balance, pero ¡cuidado!, que según los enterados lo único que está en crisis (por plagas y/o violencia, pero nunca por especulación) es el asunto del limón (precio y producción), porque en Michoacán algo pasa, con todo y que el cítrico se cultiva y se cosecha en otros 26 estados de la República.
Las rebanadas del pastel
¡Felicidades!, mexicanos aguantadores, que la tasa oficial de desocupación abierta en el país se redujo de 4.85 a 4.65 por ciento entre febrero de 2013 e igual mes de 2014. En números cerrados lo anterior quiere decir que en ese año en promedio se generaron 14 puestos de trabajo por día, contra los no menos de 3 mil 300 requeridos. A ese paso, tal vez para el siglo 300 quede resuelto el lacerante problema de la desocupación en el país.
Twitter: @cafevega



El gobierno del estado inició una averiguación previa para dar con los responsables de que en la zona oriente de Acapulco se haya producido una severa inundación durante el paso de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre pasado.
Se trata de una indagatoria de tipo penal, en respuesta al compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de sancionar a quienes dieron licencias para construir en zonas inundables.
Sin embargo, la averiguación de la procuraduría guerrerense sólo se está enfocando en los funcionarios municipales que otorgaron licencias en los 12 años recientes, sin que hasta ahora se sepa que se esté investigando a algún funcionario estatal o federal.



La reconstrucción de las costumbres del pasado a través de diversos vestigios ha permitido conocernos mejor y evidenciar la continuidad cultural que existe entre los antiguos mexicanos y sus descendientes.
El Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó en 2011 el libro Vida cotidiana: Xochitécatl y Cacaxtla. Días, años, milenios, de Mari Carmen Serra Puche y Jesús Carlos Lazcano Arce. Es resultado de los trabajos arqueológicos realizados en la zona de 1996 a 2008 por un equipo de arqueólogos e investigadores de otras áreas del conocimiento; recogen también datos de trabajos previos de arqueólogos como Ángel García Cook, quien desde 1972 publicó resultados de sus observaciones en la zona.


 

Sistema financiero disfuncional
Según Adolfo Albo, funcionario de BBVA Bancomer, sólo 12.7 millones de adultos realizan alguna modalidad de ahorro en las instituciones financieras formales, mientras una cantidad muy parecida de personas físicas recurren al crédito en el sector financiero formal. En contraste, 18 millones ahorran (en tandas y en guardaditos) y otros 16 millones obtienen financiamento (en casas de empeño y usureros) en el sector informal.

Silencio del Instituto Italiano de cultura ante muerte de Campbell
La muerte de Federico Campbell, escritor estupendo y alma noble y generosa sin igual, ha sido una pérdida enorme para la cultura mexicana, y un dolor inmenso para sus amigos que lo van conmemorando sin cesar.

Lujo, refinamiento y calidad son el sello de los vehículos Rolls Royce. Los tableros de varios de sus modelos están hechos con sangualica, una madera preciosa, dura y pesada, también conocida como granadillo, que crece en las costas michoacanas. Por su calidad y color, se utiliza también para elaborar paneles de yates y fabricar bisturíes e instrumentos musicales.

Paul Krugman es un economista neokeynesiano peculiar: algunas veces ha sido ácidamente crítico de visiones o análisis de sus colegas de esta corriente de pensamiento alejada del pensamiento neoclásico (o neoliberal, en términos más periodísticos). Un alejamiento originado no en grandes avances neokeynesianos, sino en el empobrecimiento brutal del pensamiento neoliberal. No obstante lo dicho, el neoliberalismo se convirtió en el mainstream económico internacional ya por algo más de cuatro décadas; la buena noticia es que aquí y allá, en la práctica, sus directrices son cuestionadas incluso por no pocos de quienes han vivido instalados en ese catecismo que se ve a sí mismo como la verdad única revelada. No es extraño que ello esté ocurriendo: el mundo está como está, siguiendo las directrices de tan menesteroso pensamiento.

En febrero de 1913 un cuartelazo derribó al gobierno legítimo presidido por Francisco I. Madero, quien intentaba conducir una transición hacia formas políticas modernas y mitigar los abismos sociales que caracterizaban al país. El golpe, preparado por la combinación de los ambiciones de los políticos porfiristas y los latifundistas representados en el Senado, y por el embajador de Estados Unidos en representación de sus mezquinos intereses particulares y de los de la muy poderosa Standard Oil Company (a cuyas hijas el actual gobierno pretende devolver sus fueros, olvidando su pasado y su presente), abrió la puerta a la revolución que liquidaría las instituciones y la clase política forjadas durante el porfiriato. Y si a lo anterior –a la breve y casi incruenta rebelión maderista– también lo llamamos revolución es porque el propio Madero así la llamó, como revoluciones se llamaba a los cambios de gobierno, motines y asonadas del siglo XIX mexicano.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recibió la semana pasada la respuesta de México a las recomendaciones formuladas en 2013 por su mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU). Formalmente se aceptaron casi en su totalidad, con reservas en temas claves, como la figura del arraigo y la desaparición forzada. Seguramente al revisar en detalle el sentido de las respuestas concretas se encontrarán inconsistencias. Me referiré a una de ellas, que resulta crucial para los pueblos indígenas y que se convierte en un autorretrato de Estado. En primer lugar no se logra asumir la particularidad de los pueblos indígenas como sujetos de derecho; en los hechos se les excluye. En el documento oficial se dice que se mantuvo un diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, en el que se intercambiaron puntos de vista sobre las preocupaciones y prioridades en torno a las recomendaciones. Si entendemos a la llamada sociedad civil como las organizaciones sociales y de derechos humanos, éstas no pretenden sustituir a los pueblos con cuyas demandas incluso se solidarizan y respaldan. Queda así un tema clave: dialogar con los pueblos mediante sus instituciones representativas; ello tampoco se resuelve con la presencia de un conjunto de personas indígenas, como suele confundirse en el forismo oficial.

Todos tienen lo suyo. Es intolerable que durante los gobiernos de Fox y de Calderón se hayan otorgado concesiones y contratos corruptos a un puñado de empresarios del sector petrolero para enriquecimiento de propietarios y parientes políticos presidenciales. Más escandaloso es que Peña se haya encaramado a la Presidencia con recursos tan ilegales como la superación –en mil 300 por ciento– de los topes de gastos de campaña permitidos y que las instituciones electorales del país hayan decidido mirar hacia otro lado y declarar que el proceso de 2012 fue más o menos impoluto. Y es materia de indignación, también, que el gobierno del Distrito Federal haya gastado casi 27 mil millones de pesos en una obra pública que, básicamente, no sirve, como vino a enterarse la ciudadanía capitalina a poco más de un año de que la línea 12 del metro fue inaugurada.

Fue un ascenso muy vertiginoso y espectacular, al que siguió de inmediato la caída.

Foto
Trine Ellitsgaard, junto a su obra Capullos de oro, durante una entrevista con La Jornada en la galería Myl, ubicada en la calle Durango 75, colonia Progreso Tizapán, donde exhibe sus obras textiles Foto María Meléndrez Parada


Posted by
Labels:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)