Flor Goche / @flor_contra
Las mujeres en México pagan con su vida la factura de una sociedad misógina y violenta; y de un sistema “impune” y “corrupto”.
De acuerdo con las estadísticas de mortalidad oficiales, para 2012, 2 mil 630 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, es decir, 7.2 cada día.
En el sexenio de Felipe Calderón sumaron 12 mil 16 de estos crímenes contra mujeres: 55.9 por ciento más que en el gobierno de Vicente Fox y 40.6 por ciento más que en el de Ernesto Zedillo
En México, diariamente son asesinadas
7.2 mujeres; es decir, una cada 3.3 horas, de acuerdo con los últimos
registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El número de homicidios dolosos de mujeres va en aumento. Los avances normativos, producto del constante empuje
de las organizaciones feministas y de derechos humanos, no alcanzan
para prevenir y erradicar el fenómeno que en 2007 fue incorporado por
primera vez a la legislación mexicana bajo el concepto de “violencia
feminicida”: la “forma extrema de violencia de género contra las
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas
misóginas que pueden conllevar impunidad social y de Estado y puede
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
El repunte de los asesinatos de mujeres
empezó a ser evidente a partir de 2008 cuando, en el marco de la
supuesta “guerra” contra el narcotráfico, se registraron 1 mil 440 de
estos crímenes, 32.5 por ciento más que en 2007. Desde entonces el
crecimiento es constante: 1 mil 935 casos para 2009; 2 mil 335, para
2010; 2 mil 590, para 2011; y 2 mil 630, para 2012.
Lo anterior se desprende del análisis
de las estadísticas vitales de mortalidad del Inegi para 2011 y 2012,
así como del estudio Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010.
Este último da cuenta de las defunciones femeninas con presunción de
homicidio durante 25 años como un primer acercamiento al fenómeno del
feminicidio. Y es que, según refieren las instancias coautoras –la
Cámara de Diputados, la ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)–, el Estado
mexicano carece de sistemas de información veraces, oportunos y
precisos sobre el número y características de los asesinatos de mujeres
por razones de género.
El estudio sobre violencia feminicida y
los indicadores del Inegi revelan el panorama completo de los
asesinatos de mujeres perpetrados durante el mandato de Felipe Calderón
Hinojosa. Los homicidios dolosos de mujeres durante su gestión sumaron
12 mil 16, es decir, 55.9 por ciento más que en el gobierno de Vicente
Fox Quesada, y 40.6 por ciento más que en el de Ernesto Zedillo Ponce
de León.
Durante el sexenio más violento para el sexo femenino, 12 entidades del país se constituyeron como los principales focos rojos
en la materia. De 2007 a 2012, el Estado de México registró 1 mil 672
homicidios dolosos de mujeres; Chihuahua, 1 mil 670; Guerrero, 839; el
Distrito Federal, 762; Nuevo León, 552; Veracruz, 542; Baja California,
541; Jalisco, 488; Tamaulipas, 468; Oaxaca, 452; Sinaloa, 423; y
Michoacán, 421.
Consultada respecto de las posibles
causas del incremento de los feminicidios en el país, Ana Güezmes
García –directora regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica,
Cuba y República Dominicana– alude a las observaciones que el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dirigió al
Estado mexicano en agosto de 2012.
Entonces, el órgano dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas externó su preocupación por la
intensificación de las pautas de discriminación y violencia
generalizadas contra las mujeres como consecuencia de “la estrategia de
seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada,
combinada con la impunidad y corrupción persistentes”. También por el
sometimiento de las “mujeres y muchachas”, a niveles mayores y diversos
de violencia, en particular el feminicidio, a manos de grupos de
delincuentes organizados e, incluso, de agentes estatales, incluidos
los encargados de hacer cumplir la ley y de procurar la seguridad.
En entrevista con Contralínea, Güezmes García refiere unos de los principales hallazgos de Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010:
que en comparación con los homicidios de varones, los medios empleados
para asesinar a las mujeres son más brutales, hecho que evidencia la
saña propia de los crímenes de género.
Detalla que casi una de cada cinco
mujeres muere en manos de su agresor; que los casos de muerte por
ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión son
tres veces más frecuentes para ellas; que el uso de objetos cortantes
es más común en los crímenes de mujeres, al igual que el empleo de
objetos romos; y que los asesinatos por envenenamiento o quemadura son
4.4 veces más frecuentes en las féminas que en los varones.
Para la representante de la ONU
Mujeres, resulta imperativo prevenir y eliminar la violencia y
discriminación contra las mujeres –“la más extendida violación de
derechos humanos en el mundo”–, en miras del desarrollo sostenible. Y
es que, asegura, ambas constituyen “uno de los principales obstáculos
para el desarrollo; generan inestabilidad en las sociedades; impiden el
progreso hacia la justicia y la paz; atentan contra la gobernabilidad
democrática”.
Logros a medias
A decir de las instancias oficiales,
uno de los grandes logros relativos a los crímenes de odio contra las
mujeres es la incorporación del tipo penal feminicidio en el Código
Penal Federal y en los códigos de 31 de las 32 entidades que integran
el país. La excepción es Chihuahua, no obstante los 1 mil 670
homicidios dolosos de mujeres que registró entre 2007 y 2012, y que la
colocan como la segunda entidad más violenta para las mujeres a nivel
nacional.
Cuestionada
respecto de las acciones emprendidas en materia de prevención y
erradicación de feminicidios, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del
Inmujeres, comenta que la instancia a su cargo ha trabajado en la
armonización legislativa del tipo penal feminicidio a nivel nacional,
así como en la impartición de talleres de capacitación, sensibilización
y generación de proyectos productivos a mujeres. Y es que, acota, “no
podemos acabar con el feminicidio ni con la violencia contra las
mujeres si ellas no están empoderadas económicamente y no son
autosuficientes”.
En el contexto del foro “Balance del
cumplimiento de la Plataforma de Acción de Pekín y de las Metas del
Milenio”, celebrado el pasado 20 de febrero en la Cámara de Diputados,
la funcionaria habló de los retos en la materia. Reconoció que aunque
31 entidades han incorporado el tipo penal feminicidio en sus código
penales, existe preocupación por las “variaciones en las definiciones y
penas que se imponen a los feminicidas”.
Margarita Elena Tapia Fonllem,
secretaria de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento
Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades
Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México,
comenta que durante la legislatura en curso los esfuerzos se han
centrado en tratar de sensibilizar y convencer a las cabezas de
los gobiernos locales de la tipificación del delito de feminicidio, con
base en los parámetros que ya establece el Código Penal Federal.
—¿Han detectado cuáles son obstáculos
que han impedido la tipificación de este delito para el caso de
Chihuahua? –se le pregunta.
—Creo que puede haber una resistencia
de legisladores y legisladoras, precisamente por tratarse de una
entidad reconocida e identificada por los feminicidios. No hemos podido
tener la entrevista con el gobernador. Seguimos pidiéndola. Es uno de
los pendientes.
Para María de la Luz Estrada Mendoza,
coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de
Feminicidio (OCNF) –alianza conformada por 43 organizaciones de
derechos humanos y de mujeres– “no basta con tener un tipo penal
objetivo si no obligas al operador jurídico a juzgar con perspectiva de
género”.
La representante de la sociedad civil
considera que el mayor reto, luego de que el feminicidio ha sido
tipificado en casi todo el país, recae en el Poder Judicial. Esto,
porque las instancias a cargo de la impartición de justicia en México
están teniendo serias dificultades a la hora de acreditar el tipo penal
feminicidio.
En este sentido, Estrada Mendoza da
cuenta de los principales errores en que incurren jueces y magistrados.
El primero recae en que aunque el tipo penal es objetivo, en el sentido
que enlista con precisión las circunstancias por la que debe
acreditarse el feminicidio, los juzgadores se aferran a demostrar, ante
todo, la intención de misoginia, es decir, “el odio del agresor hacia
la víctima, su naturaleza machista”.
La otra es la tendencia a considerar
como verdadero el dicho del agresor. Así por ejemplo, el hecho de que
justifique su crimen diciendo que sostenía juegos perversos o sado
masoquistas con la víctima puede sumarle puntos en el juicio. Finalmente, influyen estereotipos de género encaminados a cuestionar la conducta o vida sexual de la mujer.
Debido a que el fallo del juzgador
pasa, incluso, por elementos de carácter cultural, la también
integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, considera que los
impartidores de justicia necesitan, más que un curso de capacitación,
un intensivo proceso de concientización, de comprensión, de
deconstrucción.
—Tenemos que seguir caminando con el Poder Judicial, porque los jueces son muy machistas y porque se sienten que están arriba del bien y del mal.
El Poder Judicial debe ser consciente de sus sentencias; juzgar con
perspectiva de género; dejar de lado los elementos discriminatorios que
están poniendo en riesgo la integridad de las mujeres.
A decir de la coordinadora ejecutiva
del OCNF, otros retos son la homologación del tipo penal feminicidio
para, posteriormente, homologar también los protocolos de investigación
con perspectiva de género. Además, que la expedición y aplicación de
dichos protocolos sea de carácter obligatorio en todo el país con el
objetivo de que se sancione penal y/o administrativamente a las
autoridades que no los apliquen, pues, de lo contrario, la impunidad se
robustecerá.
Ana Güezmes García, directora regional
de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana,
considera que en los últimos años ha habido un importante avance
jurídico, así como mayores recursos para prevenir y eliminar la
violencia contra las mujeres en el país.
La reforma constitucional proderechos
humanos de 2011; las reformas al Código Penal Federal para tipificar y
sancionar los delitos de feminicidio y e incluir figuras jurídicas que
garantizan a las mujeres el acceso a la justicia y combatir la
impunidad; la tipificación del feminicidio en 31 entidades federativas;
y el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, formarían parte de este nuevo cuerpo
normativo de vanguardia.
“Sin embargo, no podemos estar
satisfechas. Falta mucho para hacer realidad una vida libre de
violencia para las mujeres y las niñas en México y en el mundo”. La
representante de la ONU Mujeres alude a una estrategia global para la
igualdad sustantiva que comprometa a todos y a todas y que promueva un
cambio estructural en el orden político, social, económico y cultural.
Güezmes García recuerda que en los
próximos días el Estado mexicano tendrá que responder a las 176
recomendaciones de las que fue objeto durante su segundo Examen
Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas. Un gran porcentaje de países (en
total, 27), “recomendó tomar medidas para prevenir y eliminar la
desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres,
especialmente en su forma más extrema que es el feminicidio”.
Es el caso, por ejemplo, de Paraguay,
que pidió al gobierno mexicano “unificar, sobre la base de criterios
objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los diversos
códigos penales del país”, o el de Eslovenia, que se pronunció por
“aplicar las políticas públicas que se han formulado y poner en marcha
una amplia campaña de sensibilización para poner término a la violencia
de género, que abarca la violencia sexual y el feminicidio”.
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