La CEPAL explicó que la expansión de los sistemas de
pensiones no contributivos representan uno de los principales hitos en
el proceso de fortalecimiento de los sistemas de protección social en
la región, especialmente si se consideran los altos niveles de
informalidad laboral y las amplias brechas y desigualdades en los
sistemas de pensiones.
Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- El impacto de las llamadas Pensiones No Contributivas y de los programas sociales, como las pensiones a personas mayores de 65 años,
becas para niños y adolescentes, apoyos para mujeres trabajadoras o
para personas que enfrentan alguna discapacidad, sí contribuye a la
erradicación de la pobreza y a la reducción de las desigualdades,
advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe denominado “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024” que empezó a ser difundido la semana pasada.
La CEPAL, una comisión regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
explica en su informe 2024 que “la expansión de los sistemas de
pensiones no contributivos representan uno de los principales hitos en
el proceso de fortalecimiento de los sistemas de protección social en
la región, especialmente si se consideran los altos niveles de
informalidad laboral y las amplias brechas y desigualdades en los
sistemas de pensiones. De esta forma, se ha identificado que su
cobertura ha crecido del 3.4 por ciento de las personas de 65 años y
más en 2000, equivalente aproximadamente a un millón de personas
mayores, al 31 por ciento de esta población en 2022, equivalente a 19.6
millones de personas”.
Esta comisión regional de las Naciones Unidas advierte en su informe
2024 que “el patrón de desarrollo de América Latina y el Caribe,
aunque diverso entre países, tiene numerosas características comunes
en materia de desequilibrios económicos, sociales y ambientales, que se
manifiestan en tres trampas del desarrollo: una baja capacidad para
crecer, una elevada desigualdad con baja movilidad y débil cohesión
sociales, y una baja capacidad institucional y de gobernanza poco
efectiva para abordar los desafíos del desarrollo. Estas tres trampas y
los círculos viciosos que las alimentan hacen que no sea exagerado
decir que los países de la región se encuentran en una crisis de
desarrollo”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe considera
que “esta crisis del desarrollo interactúa con un conjunto de nudos
críticos para el logro del desarrollo social inclusivo en la región.
Estos incluyen la persistencia de la pobreza y de la vulnerabilidad a la
pobreza; las desigualdades estructurales, injustas e ineficientes; las
brechas en el desarrollo de capacidades humanas (educación, salud y
nutrición) y de acceso a los servicios básicos; los déficits de
trabajo decente y las incertidumbres asociadas con los cambios
tecnológicos en el mundo del trabajo; un acceso aún parcial y desigual
a la protección social; una institucionalidad social en construcción,
y un nivel de inversión social insuficiente”.
Convoca la CEPAL a “fortalecer los sistemas de protección social en
la región, ya que dichos sistemas contribuyen directamente a la
erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades al
buscar garantizar el acceso a ingresos adecuados para el logro de un
nivel de bienestar suficiente de manera universal, a servicios sociales
básicos y vivienda, y a las políticas de inclusión laboral y social y
el trabajo decente”.
En el informe 2024 de la CEPAL se explica que “los sistemas de
protección social se componen de prestaciones contributivas y no
contributivas. Las políticas contributivas vinculan las contribuciones
realizadas por las personas a lo largo de su vida activa en el mercado
laboral con el acceso a las prestaciones (tanto para el titular como
para sus potenciales beneficiarios). Pueden financiarse con aportes de
las personas empleadas y empleadoras, así como contar con
financiamiento público o de otras fuentes. Por otra parte, las
políticas no contributivas desvinculan el acceso a las prestaciones de
los aportes realizados y se financian principalmente con recursos
públicos (impuestos u otros ingresos del Estado), o incluso con
donaciones o préstamos externos”.
Pensiones no contributivas en México
¿Cuáles son las principales pensiones no contributivas en México?
Están garantizadas por el Artículo 4º. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
La Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de
una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente
menores de sesenta y cinco años, en los términos que fije la Ley.
Las personas adultas mayores de sesenta y cinco años tienen derecho a
recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los
términos que fije la Ley.
A las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco
años les corresponde la pensión no contributiva por discapacidad, y a
todas las personas mayores de esa edad les corresponde la pensión no
contributiva de adultos mayores.
El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes
de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con
prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en
condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la
educación.
El Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios
suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para
garantizar los derechos establecidos en este artículo que impliquen la
transferencia de recursos directos hacia la población destinataria. El
monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos
reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal
inmediato anterior.
En 2019, en el marco de la Tercera Reunión de la Conferencia
Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe -señala
el estudio de la CEPAL-, se aprobó la Agenda Regional de Desarrollo
Social Inclusivo, en la que se define que el objetivo de la protección
social es “garantizar el acceso a ingresos adecuados para un nivel de
bienestar suficiente de manera universal, servicios sociales (como
salud, educación, agua y saneamiento), vivienda, políticas de
inclusión laboral y trabajo decente”. A pesar de que los países de la
región han realizado importantes avances en la ampliación y el
fortalecimiento de sus sistemas de protección social, en especial, en
las políticas de protección social no contributiva, aún persisten
importantes brechas y desigualdades que deben atenderse con urgencia.
Sistemas de pensiones no contributivos
Pone énfasis la CEPAL en explicar que “la expansión de los sistemas
de pensiones no contributivos representa uno de los principales hitos en
el proceso de fortalecimiento de los sistemas de protección social en
la región, especialmente si se consideran los altos niveles de
informalidad laboral y las amplias brechas y desigualdades en los
sistemas de pensiones. De esta forma, se ha identificado que su
cobertura ha crecido del 3.4 por ciento de las personas de 65 años y
más en 2000, equivalente aproximadamente a un millón de personas
mayores, al 31 por ciento de esta población en 2022, equivalente a 19.6
millones de personas”.
En virtud de la información incluida en la Base de Datos de
Programas de Protección Social No Contributiva en América Latina y el
Caribe de la CEPAL, el 27.1 por ciento de la población de América
Latina y el Caribe, es decir, una de cada cuatro personas en la región,
residía en hogares receptores de estas prestaciones en 2022. La
expansión de los sistemas de pensiones no contributivos representa uno
de los principales hitos en el proceso de fortalecimiento de los
sistemas de protección social en la región, especialmente si se
consideran los altos niveles de informalidad laboral y las amplias
brechas y desigualdades en los sistemas de pensiones.
La cobertura de los sistemas de pensiones no contributivos aumentó
más de 27 puntos porcentuales entre las personas de 65 años y más en
los últimos 20 años, periodo en el que la pobreza en esta misma
población se redujo 14.3 puntos porcentuales.
La crisis de los cuidados
En el informe 2024 de En esta línea, avanzar hacia una sociedad del
cuidado en el marco de sistemas de protección social universales,
integrales, sostenibles y resilientes supone reconocer la necesidad de
ampliar la provisión de los cuidados para evitar reproducir y
profundizar las desigualdades derivadas de la división sexual del
trabajo y garantizar el derecho al cuidado a todas las personas (CEPAL,
2022a).
Esto exige contar con sistemas de protección social que ofrezcan una
protección adecuada a todas las personas trabajadoras y reconozcan el
trabajo de cuidados no remunerado se resalta que “el derecho al cuidado,
que incluye el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, es un
aspecto esencial de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Este derecho supone reconocer el valor del trabajo de cuidado, asegurar
los derechos de quienes lo realizan y desafiar la asignación
estereotipada de estas responsabilidades a las mujeres, promoviendo una
corresponsabilidad social y de género. Para garantizar su ejercicio, es
imperativo fortalecer los sistemas de protección social con políticas
de cuidados orientadas a una nueva organización social de los cuidados
y que apunten a la reducción de la pobreza y las desigualdades.
“América Latina y el Caribe -juzga la CEPAL- están experimentando
una crisis de cuidados exacerbada por los procesos demográficos que
tienen lugar en la región, particularmente el envejecimiento
poblacional y los cambios en las tendencias epidemiológicas, que
muestra una brecha creciente entre la demanda de cuidados y la
disponibilidad de personas para satisfacerla en las condiciones
actuales”.
Las estimaciones en el estudio de la CEPAL son que en el año 2050
habrá 138 millones de personas de 65 años y más, que pasarían del
9.9 por ciento en 2024 al 18.9 por ciento de la población total en
América Latina. La población de 65 a 79 años alcanzará su mayor
número en 2077, con 126 millones de personas, y la población de 80
años y más seguirá creciendo hasta 2100.
Por lo tanto, advierte la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, en esta línea, avanzar hacia una sociedad del cuidado en el
marco de sistemas de protección social universales, integrales,
sostenibles y resilientes supone reconocer la necesidad de ampliar la
provisión de los cuidados para evitar reproducir y profundizar las
desigualdades derivadas de la división sexual del trabajo y garantizar
el derecho al cuidado a todas las personas. Esto exige contar con
sistemas de protección social que ofrezcan una protección adecuada a
todas las personas trabajadoras y reconozcan el trabajo de cuidados no
remunerado”.
El informe denominado “Panorama Social de América Latina y el Caribe
2024” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), también habla sobre la pobreza y la desigualdad en nuestra
región. Ese asunto lo veremos en el Puntos y Comas de mañana.
Pedro Mellado Rodríguez
Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y
crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las
fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades
posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio,
televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha
publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental,
Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por
la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de
periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor
del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller
Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).
