Al menos entre 4 y 7 por ciento de 5 mil empresas
verificadas hasta la fecha por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social no han cumplido con los lineamientos de seguridad sanitaria, por
lo que ya fueron denunciadas ante la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y serán sancionadas, informó
Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al participar en el ciclo de te-leconferencias Aprendiendo a vivir
con el coronavirus: la gestión a la nueva normalidad, organizado por el
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), señaló que estamos
preocupados porque en las industrias esenciales siguen con cadenas muy
importantes de transmisión y están surgiendo miles de casos, lo anterior, indicó, luego de analizar el número de incapacidades generadas en fechas recientes.
Estudiamos, explicó, la cifra de solicitudes de cobertura por ausencia laboral por enfermedad en la industria esencial. Teníamos
la hipótesis de que iban a disminuir al aplicar los protocolos de
seguridad, pero aumentaron y siguen contribuyendo con la epidemia.
Crece la cifra de incapacidades
También mencionó el caso de los espacios de trabajo no esenciales, los cuales deberían
haber estado sin generar incapacidades porque los trabajadores no se
reunieron; no obstante, también creció la cifra de reportes de ausencia
laboral por enfermedad, lo que quiere decir es que no hay un
cumplimiento ni una conciencia de evitar contagios.
Destacó que si logramos interrumpir la transmisión del virus en
los espacios laborales, estaríamos quitando cadenas de contagio
extraordinariamente amplias.
Hernández Ávila destacó que los científicos e investigadores deben
colaborar más con datos que permitan la toma de decisiones, como evaluar
las barreras para el espacio físico que se deben aplicar en las
empresas; el uso de tapetes para la desinfección de calzado, los
mecanismos de protección personal y los filtros sanitarios.
En tanto, Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, director general adjunto del
Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP, llamó a romper
la discusión estéril sobre hacer o no más pruebas de detección,
pues destacó que es necesario generar otros indicadores tales como
considerar las experiencias internacionales que han optado por
estrategias más colectivas que permitan conocer la magnitud de
laepidemia, como el estudio sobre la carga viral en aguas residuales
realizado en Holanda. El especialista exhortó a la comunidad científica
no sólo a aportar resultados y datos, sino a emplear la imaginación para la solución de problemas, principalmente en un país con enormes desigualdades sociales.
Ciudad de México. El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) dará un crédito de 25 mil pesos en apoyo a las
trabajadoras del hogar durante la COVID-19, pero esta medida no podrá
beneficiar ni al 1 por ciento de quienes se dedican a esta labor.
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Zoé Robledo, anunció en conferencia de prensa de este 10 de mayo, que a
partir del 13 de mayo el Instituto apoyará a más 21 mil 300 trabajadoras
del hogar para acceder a un Crédito Solidario a la Palabra por 25 mil
pesos, a pagar en tres años, con una tasa de interés del 6 por ciento.
Este apoyo sólo podrá beneficiar a las trabajadoras registradas en el
IMSS hasta el 30 de abril. “Llevamos 21 mil 300 trabajadoras del hogar
ya inscritas en este programa piloto, además hay mil trabajadoras
vigentes del esquema de aseguramiento anterior que no había tenido tanto
éxito, y por eso para ellas lo que hemos definido es que también puedan
ser solicitantes y beneficiaras de este crédito solidario”, detalló el
funcionario.
Este 31 de marzo, el Programa Piloto para incorporar a trabajadoras
del hogar al IMSS cumplió un año de estar activo. Hasta esa fecha, se
logró registrar a 19 mil 648 trabajadoras, un total de 21 mil 592
personas aseguradas tomando en cuenta a sus hijas e hijos. De esta
cifra, 73 por ciento son mujeres con edad promedio de 49 años y el resto
son hombres de 55 años. Se les registró con 5 mil 176 pesos de sueldo.
Las 21 mil 300 trabajadoras (entre las inscritas en el Programa
Piloto y las registradas en el sistema anterior) que podrían ser
beneficiadas con estos créditos para hacer frente a la crisis económica
derivada de la nueva pandemia, representan apenas 0.96 por ciento de las
2.2 millones de personas (98 por ciento mujeres) que se dedican al
trabajo del hogar remunerado en todo el país.
De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 44 ciento de las
trabajadoras del hogar ganaba menos de un salario mínimo; mientras que
las que percibían más de uno o hasta 2 salarios mínimos representaron 36
por ciento. Por ello, 38 por ciento de las trabajadoras que viven en
las zonas urbanas no puede acceder a la compra de la canasta alimentaria
y no alimentaria urbana calculada por el Coneval.
La convocatoria para recibir el crédito se abrirá el próximo 13 de
mayo. Las trabajadoras del hogar que deseen sumarse para recibir un
crédito por 25 mil pesos deben ingresar a www.imss.gob.mx, verificar su
validez con el CURP, llenar su registro con su nombre, teléfono, correo
electrónico y cuenta bancaria.
A través de la página del IMSS se indicará si la persona es sujeto al
crédito solidario y se le informará sobre los plazos del mismo y la
tabla de amortización, la cual al igual que los empresarios, es del 6
por ciento interbancario.
En conferencia matutina
(10/3/20) la doctora Gisela Lara, titular del Programa IMSS-B, exhibió
un cuadro con su cobertura: 12.3 millones de beneficiarios (4.5 en
comunidades indígenas), atendidos con 20 mil 335 médicos, enfermeras y
paramédicos, así como 318 mil 747 voluntarios de las comunidades.
También afirmó que cuenta con 15 mil 775 voluntarios rurales.
El programa activa un ejército de recursos humanos en 17 mil
localidades. De ellas, casi 3 mil 500 disponen de una Unidad Médico
Rural de primer nivel o alguno de sus 80 hospitales de segundo nivel.
Las localidades restantes atienden sus necesidades con el auxilio de los
voluntarios rurales de salud. Son, como consignó la doctora Lara, casi
16 mil, que en los pasados 18 años apenas recibieron capacitación. Ellos
atienden intervenciones sanitarias de baja complejidad. Pero carecen de
las facultades, entrenamiento y equipo mínimo para hacer frente a una
pandemia.
Los trabajadores de varias entidades del programa externan serias
inquietudes sobre algunas decisiones que sus autoridades podrían estar
evaluando para enfrentar el Covid-19. Ellos mencionan una
videoconferencia para activar el Plan de Intervención Covid-19
(celebrada el 30 de marzo 2020) en la que esas autoridades ordenan que
los voluntarios rurales de salud hagan búsquedas intencionadas de
sospechosos o enfermos, casa por casa, dentro de las localidades bajo su
responsabilidad. Según ese plan, cada uno de los 80 promotores
(presentes en los 80 hospitales rurales) deberían gestionar –con sus
respectivas presidencias municipales– una carpa para improvisar, con
ella, una sala de espera en la calle y, desde ahí, contener los posibles
casos detectados por los voluntarios rurales de salud, para
posteriormente, ser revisados en urgencias hospitalarias.
Ocurre, también, que la canti-dad de 15 mil 775 voluntarios rurales
de salud no es estática. Porque al movilizarse en cada localidad, ellos
activarán un determinado número de promotoras de salud y amas de casa
que, consuetudinariamente, participan en sus callesy barrios controlando
–cada una– al menos 13 familias.
Además, quienes operan desde abajo el programa indican que él debe su
éxito mucho más a la dinámica que despliegan las comunidades que por el
estilo decisorio de sus autoridades y responsables sexenales. Y que las
presuntas órdenes recibidas podrían contradecir la Jornada Nacional de Sana Distancia,
recomendada por las autoridades sanitarias federales. A decir de los
operadores, se podría estar ordenando a los voluntarios rurales de salud
salir a identificar posibles casos. Pero, lógicamente, se preguntan: y, si alguno de ellos se contagia ¿quién resulta responsable? ¿Dónde quedarían las garantías de su derecho a la salud? Y concluyen: “con esas acciones no se estaría aplicando una epidemiología simplificada. En suma: se podría estar enviando un valioso recurso humano a posibles contagios directos.
El problema de fondo consiste en que, con esas presuntas órdenes, las
autoridades del programa podrían estar transmitiendo un mensaje que
desborda las tareas cotidianas de promoción de la salud, y que además no
corresponden a la estrategia federal para enfrentar el Covid-19.
Lamentablemente, respecto a esta singular manera de tomar decisiones,
el PIB cuenta con un antecedente no precisamente ejemplar. Se trata de
aquella estrategia –implementada durante el calderonismo– para obligar a
las comunidades a hacerse cargo –ellas mismas– de embarazos y partos.
Así, las y los voluntarios rurales de salud recorrían –casa por casa–
levantando censo de embarazos, para, luego conducir a las mujeres hasta
donde recibirían atención de sus partos, lo cual ciertamente, distaría
mucho de tener las características deseables tal y como lo constató el Informe sobre Violencia Obstétrica (Inegi, 2017).
Hoy, de confirmarse las ya referidas órdenes, no se buscarían
embarazadas, sino eventualmente personas sospechosas o enfermos, para
evitar la propagación del Covid-19, a pesar de que la estrategia federal
es precisa: quédese en casa.
En el contexto del modelo de atención Insabi (SSA, 2019 “APS-I Mx: la
propuesta metodológica y operativa“), la 4T debe urgentemente
transparentar el PIB, caracterizado, durante el entero periodo
neoliberal (1982-2018), por una singular estructura de mandos decisorios
que no siempre obró en favor de fortalecer el concepto de salud que le
dio origen: Salud para Todos: la icónica declaración de Alma Ata,
de la Organización Mundial de la Salud (1978). Consúltese al respecto:
Sánchez, Leal, Escobar y León (2020). IMSS-Bienestar. 40 Años. Visiones operativas: ¿más salud o más medicalización?, por aparecer.
Zoé Robledo presentó frente al Presidente su primer informe de labores
▲ El presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el director del IMSS,
Zoé Robledo, encabezaron la 110 asamblea nacional del IMSS, en Centro
Médico Siglo XXI. En el acto entregaron premios a la competitividad.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está listo
para participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
en el diseño de la reforma integral de los sistemas de pensiones y de
ahorro para el retiro, afirmó Zoé Robledo, director del organismo.
El funcionario presentó ayer su primer informe de labores ante la 110
Asamblea General Ordinaria del Seguro Social, la cual estuvo encabezada
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante quien reiteró que
en esta nueva etapa se mantendrá el cuidado de las finanzas del
instituto. Reconoció que no hay una situación de bonanza, pero también
hay otras maneras de hacer frente a la situación.
Subrayó la importancia de garantizar el acceso pleno y efectivo a los
servicios porque también se debe hablar de la salud de los
derechohabientes.
Hay las condiciones para ello mediante acciones como el aumento del
salario base de cotización, que en este año ha generado un incremento de
6 por ciento en los ingresos del IMSS respecto de 2018, lo que equivale
a más de 21 mil 785 millones de pesos.
Subrayó que es importante la creación de empleos, tanto en cantidad, como de calidad.
Robledo comentó las acciones urgentes que se pondrán en marcha como
corregir el déficit de personal con la contratación de 10 mil 794
médicos y enfermeras, de los que 5 mil 196 se ubicarán en los hospitales
de tiempo completo, con la finalidad de aprovechar la infraestructura
al máximo.
El objetivo es disminuir los tiempos de espera para las consultas de
especialidad y atender a 10 mil pacientes que están pendientes de una
cirugía. El programa iniciará en 36 unidades de medicina familiar (UMF)
que darán consulta los siete días de la semana, y en 37 hospitales para
las cirugías.
La meta para 2020 es subir de 19 mil a 64 mil cirugías, y de 521 mil a
898 mil consultas en primer nivel de atención. Este incremento es
equiparable a la productividad que se tendría con 60 nuevas UMF de 10
consultorios y ocho hospitales de 144 camas.
Otro tema prioritario es la construcción de infraestructura para
resarcir la caída en indicadores como el de camas disponibles. En 1980
había una por cada mil derechohabientes; ahora la tasa es de 0.67 por
mil.
La 110 Asamblea General se realizó en la Unidad de Congresos del
Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde también se dieron cita los
secretarios de Salud, de Hacienda, del Trabajo, de Economía, del
Bienestar, de Comunicaciones y Transportes, de Cultura y de la Función
Pública. También asistieron las presidentas del Senado y de la Cámara de
Diputados, entre otros.
Robledo hizo un recuento de las diversas actividades que realiza en
colaboración con cada una de esas dependencias del gobierno federal,
como la que tendrá con Hacienda para la próxima reforma al sistema de
pensiones y de ahorro para el retiro.
Más tarde, en breve entrevista, Robledo explicó que la próxima semana
habrá una reunión. Los trabajos serán encabezados por Hacienda y durará
las horas que sean necesarias para que salga bien.
Resaltó que este tema le urge al país porque cada año se suman miles
de personas que cumplen requisitos para jubilarse pero no van a tener
una pensión que corresponda a lo que trabajaron durante su vida laboral.
Una opción para la reforma es la aportación voluntaria. Dijo que
durante un tiempo era deducible de impuestos. Ahora podría retomarse
como un incentivo para los trabajadores.
Puntualizó que no aumentará la edad para la jubilación, como lo ordenó López Obrador. En cambio, el outsourcing
debe terminar, en específico aquel que incumple con los registros de
los trabajadores o que los afilia al IMSS con salarios por debajo de los
que realmente cobran.
Estimó que a causa de la evasión fiscal, el IMSS deja de recibir
alrededor de 21 mil millones de pesos al año, pero podría ser más,
sostuvo.
Respecto de la compra consolidada de medicamentos y material de
curación que durante el sexenio pasado lideró el IMSS, el funcionario
reconoció que se obtuvieron ahorros, pero también hubo una peligrosa concentración en la distribución.
Por eso ahora se impulsa un modelo de agencia consolidadora externa,
tarea que le corresponde a la Secretaría de Hacienda, no al IMSS,
apuntó.
▲ El director del IMSS, Zoé Robledo, habla con La Jornada, el 12 de agosto.
En 2019 se reduce la acumulación de reservas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con base en un esquema de disciplina administrativa, la viabilidad financiera del organismo se podrá extender más allá de 2030. Por lo pronto, dos años más, afirmó el director general, Zoé Robledo Aburto.
Consideró que el secreto está en evitar gastar más de lo que ingresa. Un apoyo relevante será una meta menor en la acumulación de reservas, porque el ritmo que en años pasados se imprimió a esta obligación era excesivo.
Prácticamente se duplicó en 2018, cuando se agregaron 34 mil millones de pesos, mientras en 2016 fueron 17 mil millones, explicó. En tanto, la calidad de los servicios no mejoró y existe un rezago en la construcción y remodelación de clínicas y hospitales.
Por acuerdo del Consejo Técnico, para este año la acumulación de reservas será por 28 mil 954 millones de pesos.
Lo que queda de margen respecto del año pasado, alrededor de 5 mil millones de pesos, se invertirán en infraestructura y el plan de hospitales de tiempo completo.
En entrevista, el funcionario resaltó que de nada sirve tener grandes reservas financieras, si al mismo tiempo no apostamos por mejorar la prestación de servicios médicos.
En unidades de medicina familiar (UMF) y hospitales la queja principal de los derechohabientes radica en los prolongados tiempos de espera para una consulta o una cirugía.
Para ello se pondrá en marcha una estrategia de hospitales de tiempo completo, con base en los resultados de un programa piloto.
No obstante, lo primero será completar las plantillas de personal médico y enfermería. Si los equipos de cirugía están incompletos o si los quirófanos sólo funcionan por las mañanas, la estrategia estará incompleta.
Robledo Aburto planteó que se debe reforzar el programa de consultas médicas y operaciones quirúrgicas en fines de semana. Es una alternativa viable para ampliar la capacidad de operación de la infraestructura ya instalada. Se construirán inmuebles sólo donde haga falta, indicó.
Sobre la viabilidad financiera del Seguro Social, tema que se mantiene como pendiente desde hace décadas, el director comentó que el secreto está en la disciplina; no gastar más de lo que ingresa. Creemos que podemos subirle dos años, teniendo finanzas sanas.
El plazo adicional es respecto a las previsiones hechas en la anterior administración, de que si se mantiene el esquema de operación administrativa, la viabilidad del instituto está garantizada hasta 2030.
Robledo comentó sobre la decisión adoptada por el Consejo Técnico del IMSS, para que en 2019 la meta de acumulación de reservas se sitúe en 28 mil 954 millones de pesos.
Dijo que las reservas son enormes y cada año se incrementaban más. En 2016 la meta fue de 17 mil 126 millones de pesos; para 2017 se agregaron 25 mil 317 millones y en 2018 la meta fue de 34 mil 416 millones de pesos, con lo que se llegó a un total de 215 mil 535 millones de pesos.
Mantener ese ritmo de incremento era excesivo, además de que una parte importante de los recursos enviados a las reservas se originaron de subejercicios en la construcción de infraestructura física. Así lo determina la Ley del Seguro Social: lo que no se ejerza en este rubro se va a las reservas.
1. Se dijo en 2012 -como si fuera una victoria por prolongar su vida- que “Le dan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) -Institución de salud con 69 años de vida- tres años más de vida artificial”. Daniel Karam, quien fuera su director general dijo que durante su administración se logró darle “aliento” (IMSS) mediante el uso de la reserva estratégica para hacer frente al pago del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) y con el ahorro en la compra de medicamentos, equivalentes a dos años de presupuesto, que se han llevado a cabo “acciones orientadas a aliviar las presiones financieras históricamente acumuladas en la institución”. ¿Debe esperarse que los cientos de miles de empleados y derechohabientes se pongan a llorar como cobardes cuando pueden meter a la cárcel a expresidentes de la República, a exdirectores y exdirigentes sindicales del IMSS?
2. Se aseguró que se requiere una cirugía mayor porque los funcionarios del IMSS “desde hace tres años no han ahorrado, sino gastado de sus reservas para enfrentar los diferentes servicios… de no actuar con prontitud provocará a más tardar en 2015 el quebranto total de nuestra institución”; se señaló que hay que “revisar el contrato colectivo de trabajo” de 230 mil empleados en 2011, a fin de evitar caer en una “insuficiencia crónica” que afecte a más de 50 millones de derechohabientes. ¿Es que acaso la contribución tripartida comprometida mediante la ley del IMSS (trabajadores, patrones, gobierno) se ha dejado de entregar lo que le corresponde para asegurar las finanzas del IMSS? ¿Por qué los altos funcionarios (presidentes y directores) han permitido ese desplome que se ha registrado por el desbalance entre ingresos y egresos?
3. El IMSS, como otras secretarías de Estado, nunca ha tenido funcionarios honrados. No me olvido que desde los tiempos de Echeverría Álvarez ya se hablaba de procesos de corrupción con Gálvez Betancourt, como director del IMSS. Luego ya Farell Cubillas –el churumbel- se envolvió en la corrupción lopezportillista. García Sainz se enredó en el neoliberalismo privatizador de De la Madrid y –junto a Gamboa Patrón- en la gran corrupción del presidente Salinas. Luego Zedillo impuso en el IMSS a Borrego Estrada. El panismo coronaría el desplome total del IMSS con las administraciones de Santiago Levy, Fernando Flores, Juan Molinar y Daniel Caram. Ninguno de los anteriores directores del IMSS salió limpio en su gestión porque esta gigantesca institución era un “barril sin fondo” en negocios de medicinas, médicos, personal administrativo.
4. La realidad es que todos ellos –en vez de estar gozando de sus riquezas fraudulentas- deberían estar en la cárcel por ser causantes del desplome de una institución de salud que debe atender a casi la mitad de los habitantes de México. Y que no repitan los panistas que los gobiernos del PRI dejaron quebrados, sin salvación, al IMSS; porque los 12 años de gobierno de PAN fueron suficientes para enderezar la administración. Los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón (a este le faltan tres semanas) pudieron hacer muchísimo para rescatar o por lo menos frenar el desplome del IMSS que ha sido sin duda desde hace siete décadas, la principal institución de salud del país. Aunque también deberían estar en prisión varios dirigentes sindicales por lo mismo.
5. Sin embargo, esos exdirectores cínicamente echaban la culpa del desplome del IMSS a los trabajadores, a los médicos, a los jubilados y pensionados, porque “el IMSS gasta mucho en salarios y prestaciones”. ¿Sabías que los directores y altos funcionarios cobran mensualmente arriba de 300 mil pesos mientras los trabajadores obtienen 10 mil pesos como promedio? ¿Estás enterado que en el negocio de la compra de medicinas y materiales, en las guarderías (¿recuerdas los 46 niños de Hermosillo?), en las tiendas de servicio, en los hospitales y clínicas, en los autsourcing, subrogados, etcétera, se mueven millones de pesos en beneficio de los más altos funcionarios? Si por el desplome del IMSS no van a la Cárcel, por lo menos deben ser investigados para que devuelvan lo robado.
6. Declarar que le quedan tres años de vida al IMSS debería provocar una sublevación de sus trabajadores y, al mismo tiempo, de sus derechohabientes. Ya Daniel Caram había declarado a Adela Micha de Televisa hace en 2010 que por el cambio demográfico y el epidemiológico y la crisis financiera del IMSS, se despediría a 319 mil (¿o 19 mil?) trabajadores. ¿Cómo es posible que ante un problema tan grave no haya movilizaciones nacionales? Pero Felipe Calderón siguió diciendo que México tenía el 100 por ciento de cobertura de salud mientras el IMSS, ISSSTE, Salubridad, están en proceso de cierre por falta de lo más elemental: medicamentos, médicos, consultas y especialidades cuando se requiere. ¿Qué decir de las pensiones dignas desplomadas por no alcanzar las semanas necesarias de cotización?
7. Todavía en el sexenio foxista –antes que los dirigentes del IMSS se vendan a Felipe Calderón y al PAN por alguna diputación y senaduría, así como por algunas monedas- los trabajadores del sindicato del IMSS, afiliados a la UNT, salían masivamente a las marchas de protesta junto a Telefonistas, Trabajadores de la UNAM, electricistas del SME y otros núcleos importantes de trabajadores; más aún, fue siempre el contingente más numeroso de las marchas. Sin embargo, al entregarse por un plato de lentejas perdieron la vergüenza y se dedicaron a reprimir a los trabajadores que reaccionaron contra ellos. Pienso que se debe recuperar la dignidad para que mañana no se pongan a llorar su desgracia. ¿No vale acaso luchar por los hijos y para reivindicar la dignidad? (8/VII/19)
Según Germán Martínez, director general del IMSS, una de las más grandes corrupciones institucionales es la subvaluación, subestimación y subpago de cuotas obrero-patronales, infinitamente más grande que la compra de medicamentos. Un abogado, sostiene, sí puede estar al frente del IMSS: a eso vine, a cobrar para revertir lo que está mal. No cobrar lo justo impacta en las listas de espera, en los pasillos llenos. ( El Universal, 16/4/19). Llegar sólo para cobrar parece, a todas luces, una muy corta visión –incluso para un abogado– frente al tamaño y responsabilidad que conlleva conducir la principal institución de seguridad social.
Y cuando se le solicita que aclare cuántas empresas recurren a esas
prácticas y a cuánto ascienden los daños institucionales la respuesta de
Martínez es: sí, tengo cifras y no las digo porque estoy en proceso de investigación.
¿Qué clase de abogado puede proferir tales despropósitos? Pero,
inmediatamente y sin pausa –haciendo gala de dispersión metal– brinca a
detallar la lamentable situación de los hospitales atiborrados de todos
más que conocida y padecida.
De la misma manera, cuando se le pregunta si el IMSS tiene contratos
con algunas de las firmas farmacéuticas vetadas por el presidente López
Obrador el pasado 9 de abril (Fármacos Especializados; Distribuidora
Internacional de Medicamentos y Equipo Médico y Maypo), Martínez
responde: creo que sí, pero lo que hacemos es investigar si cubren sus cuotas obrero-patronales. ¿No entendió, o de ese modo se zafa del compromiso de responder con precisión?
Al decir de Germán Martínez, el IMSS tiene actualmente 7 mil actos de
revisión de empresas que no han cumplido de manera reglamentaria con el
pago de cuotas obrero-patronales y han omitido la inscripción salarial
de sus trabajadores. Se les ha permitido –acota– registrarlos con
un salario mucho menor al que reciben, lo que se traduce en menores
aportaciones para su seguro médico, crédito en Infonavit y pensión. Se han hecho –señala– fortunas de manera indebida, injusta e inhumana con el esfuerzo de muchos trabajadores: es una cadena de privilegios, de huachicoleo de cuotas obrero-patronales y eso se debe acabar. Todos los problemas por los que actualmente atraviesa el instituto pueden tener como origen este permiso dado a las empresas ( Sinembargo, 16/4/19).
Y agrega: el IMSS es muy bueno para determinar, incluso tenemos más datos que el SAT. Sabemos exactamente
el número de trabajadores de las empresas y conocemos los registros
patronales con un esquema de vigilancia mayor. El problema es cuando se
empiezan a hacer excepciones. Y sobre la lista de los 7 mil actos de revisión, precisa, que no la puede hacer pública, por ahora, pero sí hay casos de resistencia se podrían iniciar procesos legales en la Fiscalía General de la República. A quienes están subestimando, se les manda una carta invitación y se sigue en todo un proceso de revisión.
Ese es el caso de los partidos políticos a quienes, según Germán Martínez, el IMSS no
perdonará, ni exentará del pago de la cuotas: todos han incurrido en
alguna omisión, subestimación o error en cálculos. Pero deberán ponerse al corriente ( La Jornada, 14/5/19).
Frente a este inquietante cuadro ¿cómo explica Martínez la presencia
en el IMSS de la 4T de su cercana colaboradora, Norma Gabriela López
Castañeda, funcionaria peñista ratificada –con buena parte de su equipo–
por él mismo y quienes podrían haber encubierto la presunta evasión que
ahora declama a voz en cuello? En efecto, el problema es cuando se
empiezan a hacer excepciones. ¿Por quién y beneficiando a quién?, cabe preguntar, sobre todo a un abogado que llegó a cobrar.
En diciembre 2018, Martínez ofreció una gran auditoría, rápida y oportuna que deberá estar lista en enero 2019
con el propósito de “evitar simulación sindical, vía contratos de
protección, o en la entrega de las cuotas obrero-patronales ( La Jornada,7/12/18). Cinco meses después, sigue sin cumplir la oferta y, sin embargo, afirma que no importa el superávit financiero institucional si hay
hospitales en ruina. Entonces: ¿sí hay superávit en el IMSS? ¿Cómo
puede soportarlo sin haber cumplido aún con mostrar la referida gran auditoría, rápida y oportuna?
Y agrega: no tenemos problema de fondeo, es de administración, de operación, de gasto inmediato. En ese sentido hay un superávit, pero hay hospitales en ruinas. ¿Cuál sentido?
La afirmación resulta increíble si, como informado abogado después de
cinco meses al frente de la responsabilidad, ya dispone del conocimiento
adecuado sobre las debilidades del IMSS. Martínez enfatiza que una de
sus prioridades es que haya hospitales de tiempo completo.
Alguien en su equipo lo engaña porque, acaso, ¿hay hospitales de medio
tiempo? ¿Llegar sólo para cobrar? Es el momento de cumplir con esa gran auditoría!
En 2018 los consorcios expendieron a IMSS e Issste 62.4% de las compras oficiales totales
Almacén de fármacos destinados al Issste.
Imagen de archivo.
A petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) vetó a tres empresas
que durante el sexenio pasado concentraron 62.4 por ciento de las ventas
de medicamentos al gobierno. Mediante un oficio, solicitó que se
impida la participación o adjudicaciones directas a dichas empresas
hasta que sepamos si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico
de influencias.
En el oficio Presidencia-009/03/2019 del 20 de marzo –dirigido a
la oficial mayor de la SHCP, Raquel Buenrrostro, encargada ahora de las
compras gubernamentales–, López Obrador refiere que las empresas Grupo
Fármacos Especializados SA; Distribuidora Internacional de Medicamentos y
Equipo Médico SA, así como Maypo vendieron en 2018 tan sólo al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) un total de
34 mil 280 millones de pesos, casi las dos terceras partes de las
adquisiciones totales, sin incluir las realizadas por la Secretaría de
Salud y los gobiernos estatales.
Para el Presidente, según señala el documento, este hecho resulta,
a todas luces, inmoral y violatorio del artículo 28 de la Constitución
que prohíbe la existencia de monopolios, con lo que justifica la determinación de excluir a dichas empresas de futuras licitaciones hasta aclarar los hechos.
En rueda de prensa, aunque precisó que se trata de una medida
temporal, el Presidente destacó que debe esclarecerse si el volumen de
ventas no se efectuó mediante prácticas monopólicas favorecidas por
corrupción o el influyentismo. Mencionó que las indagatorias están a
cargo de la Secretaría de la Función Pública y de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP, que determinarán las razones de tal
nivel de concentración.
No sería viable lanzar la licitación y participaran estas empresas,
particularmente si se confirmase la irregularidad en las ventas en el
sexenio pasado. Hay que estar pendientes de las inercias, porque lo
nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, por lo que
adelantó que si de esto se desprendiera que no tenemos abasto de
mercancías, si es necesario se abren las fronteras y se compra en el mundo lo que se requiera.
Por ello señaló que se tiene que empujar, de forma conjunta para quitarle
la reuma al elefante y lo mañoso, para limpiar al país de corrupción de
todas estas prácticas. Ahí vamos, se va avanzando.
Personal
del servicio de salud se manifestó el pasado 22 de junio contra la
privatización del sector
Las y los trabajadores de los laboratorios clínicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, salieron a las calles para manifestarse en
contra de la licitación LA-019GYR988-T3-2015, con la que se aprobó el
pago a laboratorios privados, para trabajar con 240 muestras que antes
procesaba personal del instituto.
La tarde de este lunes, las trabajadoras y trabajadores de los
laboratorios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), salieron
de sus labores vistiendo filipinas blancas y portando cartulinas y
mantas, para manifestarse en contra la de licitación
LA-019GYR988-T3-2015 “Servicio Integral de Laboratorio Clínico”, que
entró en vigor el pasado 1 de julio.
Salieron desde la plaza “El Jaguar” del Centro Médico Nacional Siglo XXI
y caminaron hasta las oficinas centrales administrativas del IMSS
ubicadas en Paseo de la Reforma, con la finalidad de entregar un
pronunciamiento dirigido al Director General del IMSS, Mikel Andoni
Arriola Peñalosa.
Durante el trayecto gritaron consignas como: ¡No hay gasas, no hay
alcohol, pero si hay corrupción! Y es que las y los laboratoristas
reportaron desabasto de reactivos, lo que ha servido de justificación
para que las autoridades administrativas puedan subrogar 240 muestras de
laboratorios, entre ellas 15 muestras del laboratorio de gineco obstetricia,
39 pruebas especiales que se realizan en las Unidades Médicas de Altas
Especialidades (UMAES) y un catálogo de estudios de 32 muestras que
antes procesaba el personal de los laboratorios del IMSS de medicina
familiar y de urgencias de los diferentes hospitales del país.
El grupo de manifestantes estuvo integrado por contingentes de
pensionadas, jubiladas, trabajadoras y trabajadores de los laboratorios
clínicos de Puebla, Oaxaca, Estado de México y de la Ciudad de México.
En el pronunciamiento dirigido al Director General del IMSS, Mikel
Andoni Arriola Peñalosa, señalan que siempre estuvieron en contra de la
licitación LA-019GYR988-T3-2015 y que al acudir al Sindicato Nacional de
los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para manifestar su
inconformidad, obtuvieron una respuesta poco apegada a la realidad,
debido a que las autoridades sindicales han emitido comunicados en donde
exponen acciones que no se han cumplido.
Como ejemplo está el comunicado emitido el pasado 19 de julio por el
SNTSS que destaca tres puntos: la incorporación de 38 pruebas en los
laboratorios de estudios que se procesaban en áreas de especialidad como
oncología, pediatría y ginecología; la actualización de los equipos de
laboratorios en un plazo no mayor de 30 días; y se negó que habría
reducción de plazas, reubicaciones así como la privatización de los
servicios institucionales.
Sin embargo la realidad que vive el personal del IMSS es muy distinta,
ya que el plazo de 30 días para el cambio de equipo se ha extendido,
además el equipo que les llevaron a los laboratorios, en algunos casos,
es más viejo al que utilizaban anteriormente, es decir que existe un
rezago tecnológico.
Además, denunciaron que han disminuido las responsabilidades de
laboratoristas de algunas unidades y por ello continúan en incertidumbre
laboral y algunos han recibido amenazas por parte de directivos, al
manifestarse en contra de la licitación.
La situación para los y las laboratoristas es distinta de acuerdo a la
unidad médica en la que trabajan, porque algunos dicen que se les ha
cargado el trabajo si laboran en una “Unidad Médica Concentradora” (de
muestras), mientras que a otros se les ha disminuido la responsabilidad,
como es el caso de los laboratorios de los hospitales de Puebla, que
envían las muestras a hospitales de Ciudad de México, por cuestiones de
la transición de los laboratorios subrogados.
El Frente Oaxaqueño de la Defensa de la Salud se hizo presente y la
médica que dio su testimonio a Cimacnoticias, dijo representar a
trabajadoras y trabajadores del IMSS, de la Secretaría de Salud y del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE).
Afirmó que los laboratorios clínicos tanto del IMSS e ISSSTE en Oaxaca,
reportaron una disminución en las responsabilidades laborales del
personal de esas áreas; que llegó equipo técnico y humano de
laboratorios particulares que operan dentro de las instalaciones
hospitalarias de ambos institutos de salud, y que la derechohabiencia
del ISSSTE, que requiere de hemodiálisis, ya tienen que pagar un costo
de mil 400 pesos a particulares.
De acuerdo al sitio oficial del IMSS, los primeros estados en adherirse
al “Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de
Salud” son Baja California Sur, Estado de México y Oaxaca, cuyos
gobernantes firmaron el plan piloto el 7 de abril del 2016.
El “Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de
Salud”, es impulsado por Enrique Peña Nieto, en coordinación con la
Secretaría de Salud (Ss), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), pero es parte del proceso de reforma y subrogación
de los servicios de salud en el país que inició desde la década de los
ochentas, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, el profesor de Salud
Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México
(UNAM), Rafael González.
Los y las manifestantes entregaron el pronunciamiento y dijeron que
continuarán las movilizaciones para mantener informada a la
derechohabiencia y al resto del personal médico.
(31 de julio,
2015, Revolución TRESPUNTOCERO).- La crisis del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) es una cuestión que se viene arrastrando desde
hace un par de años, e incluso en el panorama actual ha llegado a tal
grado que algunos especialistas han advertido un posible cierre de este
organismo por la poca liquidez financiera en la que se encuentra.
Aunado a lo anterior, en recientes
semanas la posible privatización del IMSS ha estado presente en el
panorama nacional. A estos dichos el director general del IMSS, José
Antonio González Anaya, ha salido a negar esta situación, aunque con
las acciones del organismo, como lo advierten diversos expertos, la
privatización parece avanzar.
Al respecto, trabajadores en activo,
jubilados y pensionados de este instituto de salud, denunciaron que la
crisis que atraviesa desde hace años el IMSS es resultado de los altos
niveles de corrupción en los que se encuentran involucrados, tanto
directivos del Instituto, como funcionarios del sector salud y el
propio Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
Este jueves, al anunciar la jornada de
lucha que se realizará este viernes 31 de julio con marchas tanto en el
Distrito Federal como en 19 entidades de la república, enfatizaron que
los niveles de corrupción en el IMSS son “exagerados”, por lo que con
estas movilizaciones inician una lucha por “la defensa de la seguridad
social”.
En conferencia, detallaron que la
jornada de lucha del viernes, es el inicio de la batalla, a través de
la cual expresarán su rechazo ante la iniciativa de universalización
del sistema de salud, propuesta por Enrique Peña Nieto, que “implica
nada más y nada menos que la privatización”. Además dijeron exigirán el
cese al “terrorismo sindical” que persigue a los trabajadores que se
han dado a la tarea de denunciar las irregularidades presentes en el
instituto de seguridad social.
En lo referente, Rafael Soto Cruz, ex
trabajador del IMSS rescindido hace un año luego de acusar la
corrupción presente en la unidad de Cardiología del Centro Médico
Nacional Hospital Siglo XXI, manifestó que lo que hoy vive el IMSS es
un saqueo, “un robo total”. Añadió que la situación de este instituto
no es culpa de los trabajadores sino “de los directivos corruptos”.
“En estos momentos tenemos más de 10
mil trabajadores rescindidos o sancionados que precisamente por pedir
los insumos necesarios para trabajar o denunciar los actos de
corrupción son embestidos de esta forma. Yo fui rescindido hace un año
por denunciar la corrupción del director de cardiología del Hospital
Siglo XXI. Es un saqueo, es un robo total lo que está viviendo el IMSS;
y mi caso es un botón de lo que está viviendo el IMSS sobre la
persecución contra trabajadores que levantamos la voz. No somos los
trabajadores los que estamos desfinanciando a la Institución, son los
directivos corruptos, que en anuencia con el sindicato está permitiendo
con la represión que las pocas voces que se levantan para decir que no
podemos seguir así sean rescindidos o sancionados”, expuso.
Al respecto habló su caso y dijo que
luego de denunciar la falta de equipo necesario para realizar las
actividades, el director en lugar de explicar el desabasto tuvo a bien
de correr a cinco de los compañeros que protestaban.
“Cardiología del hospital del Siglo
XXI, es el hospital de la especialidad más grande del país, imagínate
que no teníamos guantes, reactivos para poder checar el nivel de azúcar
de nuestros pacientes cuando el 50% de nuestros pacientes son
diabéticos. Esta situación nos llevó a una movilización espontanea de
los trabajadores en donde más de 100 trabajadores fuimos a la oficina
del director a que nos diera la cara y nos explicará que pasó con el
presupuesto, porque no teníamos medicamento como metoprolol,
glibenclamida, destorxtix, ¡ah! pero teníamos un reposet nuevo. El
ahora exdirector, Moisés Calderón Abbo, en lugar de darnos la cara, se
le hizo más fácil mandar a cinco de nosotros a Honor y justicia, y
luego entre la Institución y el sindicato se tardan en correrme menos
de 15 días, en lugar de atender mi demanda de saber dónde está el
presupuesto, que dijeran por qué el desabasto, nos corren. Pero luego
cayó una auditoria de la federación al director y comprobaron, 2 meses
después, un desvió por 70 millones de pesos del director”, comentó.
En este sentido, Soto Cruz reiteró que
la principal enfermad del Instituto es la corrupción de todos los
niveles, pero sobre todo la que está presente en directivos y en el
sindicato. Además demandó la existencia de una campaña mediática que
pretende culpabilizar a trabajadores de la situación que padece el IMSS
“A ellos no los pueden culpar, y le
echan la culpa al trabajador de que está desfinanciando a la
institución, porque son los que dan la cara. Nosotros somos los que
damos la cara. Y hay una campaña mediática para culpar a los
trabajadores, y esta va de la mano con el estrangulamiento financiero,
el desabasto, pero nadie voltea a ver a los delincuentes de cuello
blanco, esos que andan dando contratos de subrogación, de
subcontratación, porque todo es subrogado ya: ambulancia, farmacia,
laboratorios, guarderías, convirtiendo algo público en privado, ósea
privatizando. A ellos no les importa la salud de los mexicanos, lo que
les interesa es la máxima ganancia”, apuntó.
En este sentido reiteró que existe una
campaña para privatizar al IMSS, lejos del discurso oficial que trata
de negarlo. Al respecto explicó que “para la privatización están usando
el mismo manual que se ha aplicado con todos los sectores que desean
pasar de una empresa de estado a privada. Ya se usó con Luz y Fuerza,
que fue la campaña mediática previa de desvalorar a los trabajadores (y
poner en números rojos). Es el manual que se lleva con las empresas
para justificar el que sean privatizados y en el seguro social no
estamos exentos. En este momento el ataque es contra nosotros, porque
la reforma de salud viene sobre el IMSS y el ISSSTE”.
Reiteró que una de las cuestiones por
la que los trabajadores del IMSS iniciaran la lucha- a la cual se suma
trabajadores del ISSTE y de todo el sector salud, es para denunciar la
alta corrupción total que hay, así como la destitución de los líderes
sindicales, que lejos de proteger a los trabajadores se alían para
reprimirlos.
“Queremos denunciar la corrupción total
que hay en nuestro sindicatos, estos sindicatos no nos representan,
están ahí para llevar a cabo el trabajo que les encomendaron que es
acabar con nuestras instituciones de salud.
“Los puntos que nos sacan a la calle
(el 31 de julio) como primer paso de la lucha es rechazar la reforma de
salud, no la vamos a permitir ni trabajadores ni derechohabientes.
Además exigimos reversión de las subrogaciones, que no es más que otra
forma de privatizar. Exigimos aumento inmediato al presupuesto del
sector salud, no vamos a dejar que nos estrangulen financieramente
mientras mediáticamente dirigen una campaña para denostarnos; la culpa
no es de los trabajadores ellos no están ahorcando para justificar
privatización como el caso de Luz Y fuerza. Además exigimos el retiro
de las sanciones políticas por denunciar las irregularidades, además
que se hagan auditorías al IMSS”, señaló.
Cabe señalar que a la marcha de los
trabajadores del IMSS de este viernes 31 de julio se unirán
contingentes de la CNTE, así como del SME, de la secretaria de Salud
así como del IPN, “que se oponen a la reforma privatizadora del sector
Salud”.
El objetivo: salvaguardar la seguridad social y el derecho a la salud de nuestro pueblo
De acuerdo a Martha Medina Gómez,
enfermera en activo desde hace 24 años-también sancionada por denunciar
irregularidades- el sector salud mexicano está viviendo una etapa
difícil, misma que se generó desde la llegada de EPN.
“En 2012 con la llegada de EPN se firmó
el Pacto por México y con esto el sector salud no iba a estar exento
de esta embestida brutal, esa que se ha iniciado hacia nuestro pueblo.
Esta es la 12va reforma (la de salud). Ellos como poderes del país no
les interés que la gente muera, dejar a los pobres, a la sociedad en
general sin derecho a la salud, violando el artículo 4to de la
Constitución”, dijo.
Medina Gómez reiteró que el llamado a
la movilización este viernes, así como a iniciar la lucha es
fundamentalmente “la defensa de la seguridad social y el derecho a la
salud de nuestro pueblo”
“Existe un terrorismo sindical que está
persiguiendo a los trabajadores. Más de 10 mil trabajadores estamos
sancionados y muchos rescindidos. Sin embargo no es este el motivo de
la convocatoria para la marcha del viernes. El motivo de esta
convocatoria para salir a las calles mañana y empezar la lucha es uno:
la defensa de la seguridad social y el derecho a la salud de nuestro
pueblo”, apuntó.
En este sentido agregó: “ellos (los
directivo) quebraron al IMSS, ellos lo están desmantelando, son ellos
quien están subrogando los servicios. Ciertamente la ley del Seguro
Social marca que la Institución puede subrogar servicio, pero ellos lo
están haciendo de manera indiscriminada, están subrogando todo para la
privatización”.
Por otro lado, Eduardo Pérez, abogado
del IMSS, manifestó que EPN está entregando la soberanía de la nación y
entre estas acciones esta “entregando la salud. Dijo que las
autoridades tratan de negar la privatización, cuando existe una entrega
indiscriminada de subrogaciones.
“Están subrogando la salud. Ellos dicen
que no es privatiza, pero subrogar es lo mismos, es ceder los servicios
a empresas privadas. Y eso lo declara hace algunos días el director de
finanzas del Instituto. Él reconoce que están subrogando. La
subrogación está permitida pero hasta cierto grado. Esto existió cuando
no había infraestructura para dar algunos servicios, pero con el tiempo
el IMSS cuenta con una de las mejores infraestructuras, al grado que
hospitales privados vienen al IMSS a hacer estudios, sin embargo eso no
se dice, lo que se está poniendo en el centro es decir que es más
barato subrogar, pero es un discurso falso”, comentó.
Aunado a lo anterior aseguró que la
idea del gobierno con la reforma al sector, es implementar un modelo de
salud como el estadounidense, en donde la población sólo pueda
atenderse enfermedades básicas, pero los padecimientos crónicos
cobrarlos.
“Ahora lo que se intenta es adoptar el
modelos de EE.UU. donde hay una canasta básica de salud, y entonces los
derechohabiente solo podemos tratarnos enfermedades menores,
temperaturas, y esa clase de cuestiones, pero cuando hay padecimientos
crónicos degenerativos, entonces tendrá uno que pagar por los
medicamentos y estudios. Esas es la propuesta de universalización de la
salud. Aun no pude resolver el dilema con los maestros y ahora se mete
con la salud, una parte sustantiva contra la que atenta, porque la
gente que no tiene recursos no podrá atenderse, Tan sólo los
diabéticos, en México hay una cantidad importantes y si no tienen
recursos no podrán comprar un medicamento que le cuesta cerca de 900
pesos con lo que se condena a ya no sobrevivir y esa es parte de la
reforma en salud que quieren imponer”, manifestó.
Juicios contra el IMSS representan 31% del total de los recursos promovidos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Desde hace mucho el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha usado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) como pretexto para eludir sus responsabilidades y para alargar el pago de sus obligaciones. Trabajadores accidentados, viudas y familiares afectados, y hasta despedidos sufren las consecuencias de esta negligencia.
El paso del tiempo es la peor venganza contra los derechohabientes que sufren un accidente o una enfermedad y que el IMSS se niega a reconocerles. Son estos trabajadores los más vulnerables y obligados a acudir a largos juicios ante las autoridades laborales.
El último reporte oficial de la JFCA señala que los juicios contra el IMSS representan el 31% del total de los juicios. Para 2013 alcanzaban 122 mil 513 expedientes y para 2014 la cifra es creciente.
Los trabajadores que se ven en la necesidad de ir al IMSS tienen que esperar largas filas, atenciones tediosas, malas caras y de hastío de quienes los atienden, pero lo más grave el retraso en la calificación de su grado de riesgo. Cuando finalmente lo obtienen se percatan que es el más bajo en la tabla de clasificación. La respuesta es fría por parte de los empleados. Les responden que no hay nada que hacer, que si así lo desean tienen que presentar una inconformidad ante el IMSS o bien acudir ante las autoridades laborales.
Las recientes reformas laborales tuvieron como dedicatoria dificultar aún más las demandas de los trabajadores afectados o de las viudas o huérfanos para hacer reclamos ante el IMSS con motivo de la muerte de su familiar por un riesgo de trabajo. Se creó un capitulo denominado “Conflictos individuales de Seguridad Social” aplicable a los trabajadores que reclamen prestaciones en dinero o en especie de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del IMSS, INFONAVIT y las Administradoras de Fondo para Retiro como las previstas en los Contratos Colectivos de trabajo para sujetarlos a un procedimiento lleno de obstáculos.
Ya no será posible que los trabajadores acudan a la ciudad de México donde existen los mayores recursos para su atención sino que tendrán que presentar su demanda donde se encuentra su clínica más cercana o su último centro de trabajo.
La demanda pide a los trabajadores requisitos incomprensibles como el señalar el nombre y domicilio de las empresas en las que ha laborado, puestos desempeñados, actividades desarrolladas, antigüedad generada de toda su vida laboral.
Trabajadores que rebasan los 15 años de antigüedad o más, en muchos casos ya no recuerdan en los diversos centros donde laboraron ni sus domicilios. En muchos lugares ni siquiera contratos ni recibos de pago les dan. Tienen contratos temporales aquí y allá, que cuando deben responder a los requerimientos solicitados simplemente no los tienen.
Las viudas ante la autoridad tienen grandes penurias que les han impuesto los legisladores y los señores ministros del poder judicial. Deben recurrir a abogados especializados en materia de seguridad social que son muy pocos. Los procuradores federales de la defensa del trabajo, que otorgan un servicio gratuito, generalmente están saturados de expedientes y muchos de ellos no cuentan con la capacitación suficiente para atender estos casos.
Atender estos conflictos no es fácil para las viudas o familiares de los trabajadores fallecidos ya que se enfrentan con un panorama adverso. Generalmente no cuentan con papeles, contratos ni recibos de pago para acreditar la relación laboral y esto hace que su reclamo se vaya al archivo como asunto concluido.
Quienes logran rebasar este obstáculo, los familiares son quienes deben demostrar que la muerte o accidente de su familiar fue con motivo de un accidente de trabajo. Cuando ocurre éste, los patrones borran toda huella de responsabilidad. Las actas que se levantan son falsas, con hechos distintos para eludir responsabilidades con el IMSS.
Los trabajadores y sus familiares al final se dan cuenta que ni el Estado ni los patrones se hacen responsables de los accidentes de trabajo; que las leyes y sus instituciones son una burla.
Lo mismo pasa con los trabajadores que buscan rescatar el pago de sus Afores. Se ven obligados a demandar, a enfrentar a juicios largos y sin resultado cierto. La JFCA reporta la existencia 87 mil 473 hasta 2013 y para el presente año el número también es creciente.
El IMSS se ha servido de la JFCA para burlarse de los trabajadores. Sabe que esta instancia legal no tiene presupuesto suficiente para que atender los casos con rapidez y ello le permite cuando los resultados le son adversos pagar en el mayor tiempo posible y si es posible nunca.
Conozco de muchos casos de trabajadores que sufrieron un accidente o padecen una enfermedad laboral y que por lo prolongado de los juicios mueren por diversas causas y ya no alcanzan a ver los resultados de su reclamo laboral.
Ni siquiera está obligado el IMSS a pagar intereses legales o daños y perjuicios a los trabajadores mutilados o enfermos cuando ganan sus demandas laborales a pesar de los años que tarde el juicio. Está en México, es decir: en el reino de la impunidad.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pierde el 90% de los
juicios que enfrenta con los contribuyentes, de acuerdo con información
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA),
reporta el diario Reforma.
El
magistrado presidente del TFJFA, Juan Manuel Jiménez Illescas afirmó
que enfrentar una litigio contra el IMSS significa para los
contribuyentes, que en su mayoría suelen ser empresas, una victoria
casi garantizada.
“Lo que hemos visto es que los casos que
recibimos del IMSS en un 90% se resuelven a favor de los
contribuyentes, eso contrasta con el resultado que tienen otras
autoridades como el SAT", declaró Jiménez Illescas.
De acuerdo al último informe sobre la situación financiera y riesgos del IMSS, al cierre de diciembre de 2012, el Seguro Social tenía 19, 887 juicios en materia fiscal y administrativa.
El
hecho de que el IMSS sufra derrotas en los tribunales implica un costo
elevado para el organismo, ya que la mayoría de los litigios son
pasivos contingentes, lo cual significa que en caso de que el Seguro Social obtenga un fallo en contra, el instituto debe pagar el monto económico involucrado en el juicio.
El
IMSS, al cierre de 2012, estimó que tenía 26,043 millones de pesos de
pasivos contingentes por batallas legales, mismo que debían ser pagados
a la brevedad.
Sumido en una de las peores crisis financieras de su historia, con un pasivo creciente por las pensiones de sus trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social será el pivote de lo que el presidente Enrique Peña Nieto ha llamado una “reforma a la seguridad social”, que busca transformar el actual esquema fragmentado de medicina pública en un nuevo “seguro médico universal” que dé acceso a los beneficiarios a las distintas instituciones de salud en el país.
La tarea no será fácil; significa romper los actuales esquemas laborales, negociar con los sindicatos del IMSS y del ISSSTE, para resolver el problema financiero que enfrentan las dos instituciones, especialmente el Seguro Social que, a decir de su ex titular Daniel Karam, en su último informe financiero en noviembre de este año, sólo tiene recursos para cubrir el costo de las pensiones de sus sindicalizados hasta el año 2016, después de lo cual, sin una reforma de fondo, iría a la quiebra.
¿Quién es el hombre que Peña Nieto ha escogido para la que se antoja como una de sus más complicadas e importantes reformas estructurales? Un tecnócrata de segunda generación vinculado directamente al ex presidente Carlos Salinas de Gortari por dos vías: haber trabajado con José Córdova Montoya en Los Pinos en 1991, y tener un parentesco con la esposa del ex mandatario, Ana Paula Gerard, pues está casado con Gabriela Gerard.
José Antonio González Anaya, quien ayer fue designado director del IMSS, es doctor en Economía por la Universidad de Harvard y licenciado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde su asesor de tesis fue el premio Nobel de Economía, Paul Krugman. Aunque su carrera empezó durante el salinismo, cuando trabajó directamente bajo las órdenes de Córdova Montoya en proyectos como “la inversión privada en carreteras” o “el horario de verano”, este tecnócrata de 46 años tiene una larga trayectoria en el sector financiero y hacendario, incluido su paso por el Banco Mundial.
Agustín Carstens, de quien es cercano, lo incorporó a la SHyCP y lo hizo su coordinador de Asesores; Ernesto Cordero lo nombra encargado de despacho y José Antonio Meade lo hace subsecretario de Ingresos, cargo que ocupó hasta el 1 de diciembre. Se le considera el autor intelectual de la Ley del ISSSTE que reformó las pensiones de ese instituto; de hecho los sistemas de jubilaciones son parte de su especialidad.
Es hábil negociador y conoce el Congreso y le entiende a la política. Su carácter es nervioso, histérico por momentos, le gusta jugar tenis y es corredor de fondo. Este último deporte lo necesitará para lograr una reforma al sistema de pensiones del IMSS que lo salve de la quiebra técnica y modifique las pesadas prestaciones del sindicato.
NOTAS INDISCRETAS… El presidente Peña Nieto finalmente no asiste a la toma de protesta de Miguel Ángel Mancera “por razones de seguridad”, aunque eso no afecta la relación entre los dos gobernantes que mantienen buen nivel de comunicación… A propósito, el ya ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, en su prisa por tomarse la fotografía, entregó incompletas las obras de los segundos pisos, total algo más de las herencias que dejará a su sucesor, que incluyeron varios “recomendados” para el gabinete… Entre los aspirantes a consejeros del IEDF, el nombre de Jaime Escárzaga Quintanar suena como uno de los candidatos con más trayectoria en el ámbito electoral local, pues lleva 10 años de carrera en el instituto electoral. El egresado de Ciencias Políticas de la UNAM figura en la lista de los finalistas para el cargo… Por cierto que será este miércoles muy temprano, antes de acudir a la Asamblea, cuando se conozca el gabinete de Miguel Ángel Mancera, el cual fue mantenido con total sigilo por las fuertes presiones que enfrentó el gobernante capitalino por las cuotas que le exigían, por un lado las tribus, especialmente Los Chuchos y Bejarano, que juntos querían más de 10 secretarías locales, y por el otro Ebrard que nomás quería que Mancera metiera a 10 de los suyos en las carteras de gobierno. Dicen los cercanos al nuevo gobernante que ni unos ni otros, habrá espacios para los grupos pero también sorpresas porque “este será un gabinete mancerista y nada más”… Se agitan los dados. Segunda Serpiente.
De nueva cuenta me enfrento con la burocracia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Hace apenas un par de días me presenté en el área de Vigencia de Derechos de la Unidad Médica Familiar 5 para tramitar una nueva cartilla de salud –o carnet, como comunmente se le conoce–, y un servidor público me dijo: “Usted está dado de baja”.
Luis Adrián Quiroz*
Mi primer pensamiento fue: “No es posible, cuento con vigencia de un año, ya que mi seguro es una continuación de derechos que pago anualmente, es imposible que este dado de baja”. De hecho, el vencimiento será hasta el 28 de febrero de 2012.
Al preguntarle al servidor que atendía el área si me proporcionaba una impresión de dicha información, automáticamente me contestó que no se podía. Le pregunté la razón por la que me negaba el derecho a tener una copia, pero parecía que yo hablaba otro idioma; su cara mostraba un gesto de burla. Sólo se limitó a replicar: “¿Cuál derecho? Vaya mañana al Conjunto Colonia en Villalongin (subdelegación administrativa) para que ahí le resuelvan el problema”.
Al tratar de quejarme y solicitar hablar con un funcionario de mayor rango administrativo de la Unidad Médica Familiar 5, el mismo servidor me comentó: “No hay nadie. Bueno, sólo está el administrador, si quiere hablar con él”. En ese momento me cuestioné dos cosas ¿podría tratarse de una represalia por defender el derecho a la salud? ¿Es una coincidencia más?
Como defensor de derechos humanos no me puedo quedar callado ante este hecho. Si realmente quiero que las instituciones públicas cambien (primordialmente el IMSS) no me tengo por qué callar; hay que pasar de la indignación a la acción, del grito y pataleta a la documentación y queja correspondientes.
Al leer lo anterior, probablemente a muchas personas les vendrá a la mente un sinfín de preguntas: ¿habrán represalias por quejarme? ¿Realmente pasará algo? ¿Leerán mi queja?, entre muchas otras. La experiencia me da dicho: “Si no se queja, no se queje”, por lo cual decidí presentar la queja correspondiente. Les comparto algunos pasos que pueden ser muy útiles:
1. Las quejas están plenamente fundamentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 8 consagra el derecho de petición y el 102 B indica sobre las quejas que pueden ser interpuestas ante los organismos de defensa de derechos humanos. Además, el artículo 51 bis 3 de la Ley General de Salud señala: “Las quejas que los usuarios presenten por la atención médica recibida deberán ser atendidas y resueltas en forma oportuna y efectiva por los prestadores de servicios de salud o por las instancias que las instituciones de salud tengan definidas para tal fin, cuando la solución corresponda a su ámbito de competencia”.
En la Ley del Seguro Social el artículo 296 establece: “Los derechohabientes podrán interponer ante el Instituto queja administrativa, la cual tendrá la finalidad de conocer las insatisfacciones de los usuarios por actos u omisiones del personal institucional vinculados con la prestación de los servicios médicos, siempre que los mismos no constituyan un acto definitivo impugnable a través del recurso de inconformidad”.
Si uno revisa detalladamente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 8 se establecen las responsabilidades en las que incurren los servidores públicos, como omisión en el cumplimiento de las leyes y normas, negación de servicios; incluso en la fracción XXI se indica que ningún servidor público puede impedir, negar, no admitir las quejas correspondientes; además, se prohíben las represalias contra los quejosos.
Como podemos observar existe un marco jurídico que nos respalda para presentar las quejas correspondientes. Señalar lo que está mal es nuestro derecho. Si conocemos y utilizamos la ley a nuestro favor, estamos llevando a cabo el ejercicio ciudadano.
2. Las quejas deben presentarse por escrito y contener los siguientes datos: nombre completo de la persona agraviada, número de seguridad social, de expediente, número de carnet. Datos de contacto (dirección, correo electrónico, teléfono). Breve descripción de los hechos –o relatoría de hechos–Terminar la presentación de la queja con la rogativa “Quedo a la espera de respuesta y solución en términos del artículo 8 constitucional”. Y, finalmente, firma, lugar y fecha.
3. Antes de entregar la queja es necesario sacar una copia fotostática de ésta para que sea nuestro comprobante de admisión. Enseguida se debe entregar en la dirección del hospital, unidad médica familiar o clínica donde hayan ocurrido los hechos.
4. No se debe olvidar que es necesario exigir a los funcionarios que reciban la queja que le pongan el sello de recibido, fecha, hora de entrega, nombre y firma de quien recibe. Ésta será nuestra constancia de que se ingresó.
Si no queremos seguir viendo cómo se premia a la burocracia hay que ser parte del cambio; recuerden, “si no se queja, no se queje”.
*Defensor de derechos humanos, consultor en derecho a la salud y acceso a la información
