Sólo 8 países de América tienen ley integral contra violencia

Incumplimiento generalizado de Convención de Belém do Pará

Los Estados de América Latina y el Caribe mantienen incumplidas las recomendaciones emitidas en 2012 por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Mesecvi), en materia de feminicidio, y salud sexual y reproductiva.

Ello se desprende del “Segundo Informe de Seguimiento a la implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertas del Mesecvi” –publicado ayer–, y que da cuenta de que “todavía queda mucho camino por recorrer para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Cabe recordar que el Mesecvi tiene como propósito promover la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada en Belém do Pará, Brasil, en 1994.

En 2012, al encontrar que los objetivos de la convención “no se estaban cumpliendo”, el Comité de Expertas emitió 42 recomendaciones a los Estados firmantes del tratado hemisférico, agrupadas en seis ámbitos: legislación; planes nacionales; acceso a la justicia; servicios especializados; presupuesto; e información y estadísticas.

Al medir los avances de las naciones en el cumplimiento de tales recomendaciones, el Comité reconoce que si bien los Estados “tienen un alto grado de compromiso para reconocer formalmente la violencia contra las mujeres como hechos sancionables en la legislación penal y otro tipo de normativas”, algunos de ellos aún no reconocen legalmente todos los tipos de violencia que enfrentan las mujeres.

De acuerdo con el análisis, todos los países sancionan la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres en su marco legislativo, aunque algunos sólo la castigan en el ámbito privado.

La gran mayoría (25 Estados) sanciona la violencia patrimonial o económica, con excepción de siete países (Antigua y Barbuda, Chile, Ecuador, Haití, Jamaica, Paraguay y Santa Lucía).

El 75 por ciento de las naciones no cuenta con leyes integrales de violencia contra las mujeres, que abarquen todos los tipos y ámbitos de violencia (sólo ocho de los 32 países del continente americano cuentan con una ley integral).

A ello se añade que la prohibición de la “mediación” entre víctimas de violencia y sus agresores aún no está contenida en los códigos penales y de procedimientos penales de cada nación, y únicamente 18 países penalizan la violación sexual en el matrimonio.

Un punto de preocupación para el Comité es que sólo siete Estados han tipificado el feminicidio en sus códigos penales o legislaciones, aunque cada uno define el delito de forma diferente.

En el informe, el Mesecvi reitera que el control de los derechos reproductivos de las mujeres “es un medio por el cual se mantiene la dominación masculina y la subordinación de las mujeres, y constituye una forma de discriminación y violencia institucional contra ellas”.

Postura a partir de la cual se elaboraron siete recomendaciones para que los Estados protejan el derecho a la vida, integridad física, psíquica y moral de las mujeres, así como el derecho a no ser sometidas a tortura.

En esas recomendaciones se encuentra legalizar la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos y en casos de violación, tipificar la violencia obstétrica, la inseminación y esterilización forzadas, y realizar la distribución gratuita de anticoncepción y tratamientos de profilaxis de emergencia.

El Comité anota que de los 32 Estados Partes de Convención Belém do Pará, 27 han despenalizado el aborto por diversas causales, pero le “preocupa” que El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana prohíben el aborto de manera absoluta, y “continúan penalizando a las mujeres que interrumpen su embarazo sin tomar en cuenta las circunstancias”.

También crítica que la mayoría de los Estados continúan sin contar con protocolos o guías de atención para la aplicación efectiva de las causales de aborto en los centros de salud, y sólo ocho reportaron contar con normas para realizar el reparto gratuito de la anticoncepción oral de emergencia.

Mientras que sólo Argentina, Surinam y Venezuela tipifican la violencia obstétrica, pero no se recibió información de estos países sobre el número de sentencias judiciales o dictámenes por este delito.

Reportaje - El reto, que Belém do Pará se traduzca en acciones

   Feministas demandan que Convención no sea letra muerta

La Convención Interamericana para Erradicar la Violencia contra la Mujer generó leyes, pero no incidió en políticas públicas a favor de la población femenina.

La políticas de prevención y atención de la violencia carecen de mirada de género, como lo establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), afirman expertas.

De acuerdo con Circe López, directora de la organización civil Humanas sin Violencia, asentada en Michoacán, el tratado continental es histórico y uno de los pocos instrumentos exigible que marca pautas claras para prevenir, atender y castigar las agresiones contra las mujeres.

Sin embargo, advierte que Belém do Pará no se toma en cuenta a la hora de implementar estrategias de seguridad. Por ejemplo, explica que no fue considerada en Michoacán, entidad marcada por un alto flujo migratorio y una presencia importante del narcotráfico que deriva en graves violaciones a los Derechos Humanos (DH).
López dice que el hecho de que en la entidad la estrategia de seguridad no contemple los derechos femeninos es una forma de violentar a las mujeres, pues según los postulados de Belém do Para la violencia también ocurre por omisión, “lo que implica no prevenir que las michoacanas estén en medio del fuego cruzado”.

La consecuencia, añade, es que el conflicto entre narcotráfico, gobierno y autodefensas ha dejado más de 300 mujeres desplazadas por la violencia.

“Lo que representa –apunta– una creciente ola de nuevas jefas de familia, además de jornaleras agrícolas que ya venían desplazadas en su mayoría de la sierra de Guerrero, y ahora forman un cinturón de pobreza extrema”.
Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, coincide en lo anterior al resaltar que ahora las mujeres están vulnerables ante formas más brutales de violencia.
Para Cruz Sánchez, dos décadas de Belém do Pará sólo sirvieron para que el Estado pusiera en la ley el derecho a una vida libre de violencia. El máximo logro –advierte– es la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007.

LEYES QUE NO SE APLICAN
La activista considera que el gobierno mexicano pensó que la estrategia era armonizar legislativamente, “pero ya en la práctica ni siquiera aplica la ley y no hemos logrado que entienda que no se trata de realizar acciones aisladas o sexenales, sino que es una política pública de Estado”.
El más claro ejemplo del incumplimiento de la Convención –indica Cruz– es la Alerta de Violencia de Género (AVG), pues pese a las reiteradas solicitudes para que se declare este mecanismo de emergencia, lleva siete años sin ser activada.

A decir de la defensora, al no prevenir las muertes de mujeres mediante la AVG, México incumple gravemente su compromiso con Belém do Pará.
La activista asegura que el Estado signó esa y otras convenciones sin tener la voluntad política para ejecutarlas, ya que “le apostó a que éramos una ciudadanía que no iba a exigir nada y que las mujeres somos seres inferiores, pues piensan que si no invierten en educarnos en derechos, no los conoceremos y por tanto no los exigiremos. Pero las feministas y defensoras hemos demostrado que no es así”.
La abogada Andrea Medina Rosas –quien litigó el caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez, el cual derivó en una condena a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)–, recuerda que durante el desahogo de ese juicio México demostró que tiene “una forma muy sofisticada de incumplimiento de sus obligaciones y una política bastante efectiva de simulación, porque no es que mienta completamente, el hecho es que hace o crea cosas, pero no las usa para transformar la realidad”.

“Por ejemplo, –relata– como argumento para decir que estaba haciendo algo presumió sus constantes capacitaciones a funcionarios y ministerios públicos, pero cuando ellos fueron consultados sólo supieron prácticamente recitar las convenciones, pero no supieron decir en que se traducían y como las aplicaban”.

Medina Rosas destaca que la sentencia de Campo Algodonero –por el asesinato de mujeres en la urbe fronteriza– es un parteaguas para Belém do Pará, ya que fue la primera vez que la CoIDH la retomó para emitir un fallo y definió que su cumplimiento es obligatorio para las naciones.

“Eso ocurrió porque México se atrevió a decir que sí la había ratificado, pero que no lo obligaba”, narra la abogada.

En ese contexto –abunda la defensora– es que la Convención debería ser retomada, no sólo para crear las políticas públicas necesarias, sino en los casos de acceso a la justicia para las mujeres.

PERSONAL DESCONOCE CONVENCIÓN

Encuestas e investigaciones realizadas por instancias como la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM han detectado que tanto impartidores de justicia como personal de las comisiones de Derechos Humanos, desconocen la Convención de Belém do Pará.

Andrea Medina aclara que una Convención o una ley “no transforman mágicamente la realidad, pues son acuerdos políticos que se consolidan formalmente para establecer nuevas formas de relaciones sociales”
En tanto la ley “no transforma mágicamente la realidad, los Estados tienen que hacer las acciones que permitan que la sociedad entienda esas nuevas concepciones y las integre de tal forma que se traduzcan en nuevas actitudes cotidianas; en eso es en lo que ha fallado el gobierno y en esa exigencia de cumplimiento ahora más que nunca debemos ser más puntuales”, subraya la abogada feminista.
 

Reportaje - Belém do Pará: a 20 años de creada, persiste violencia de género

   México simula acatar medidas de Convención Interamericana

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.-

Lejos de ser acatada, la Convención Interamericana contra la Violencia hacia la Mujer dio pie al Estado para que implementara una política de simulación e incumpliera las acciones contra esta problemática.

A 20 años de que el movimiento feminista del continente lograra que 35 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaran la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), México se ha visto rebasado en el combate a esta problemática.

Académicas, defensoras de Derechos Humanos (DH) y activistas sostienen que el Estado mexicano lejos de acatar las obligaciones emanadas del acuerdo continental, mantiene una “simulación sofisticada de cumplimiento”.

Esto se evidencia –explican– con las agresiones cada vez más frecuentes y más brutales que a diario enfrentan las mexicanas.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), instancia encargada de velar por la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, recientemente reconoció que los homicidios dolosos de mujeres van en incremento, ya que hasta 2012 eran asesinadas al día en promedio 6.4 mexicanas, mientras que actualmente el promedio es de 7.1.

En un diagnóstico sobre la violencia de género en México, las especialistas Irma Saucedo González y Lucía Melgar Palacios detectaron un aumento constante en las tasas de violencia intrafamiliar y que el feminicidio se ha incrementado de manera progresiva desde 2004.

Las expertas afirman que también hay un aumento de la violencia sexual en todo el país, ya que en promedio se presentan 15 mil denuncias por año y existe un considerable número de mujeres que no acuden ante el Ministerio Público.

Igualmente, ambas destacan que también hay un alto número de mujeres y niñas víctimas de trata de personas. Según grupos civiles, se estima por ejemplo que más de 20 millones de personas (la mayoría de entre 12 y 24 años de edad) pueden ser víctimas de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado.

Aunado a lo anterior, en los últimos años se ha visibilizado que las mujeres migrantes también viven agresiones.

CONVENCIÓN DE PAPEL

El 9 de junio de 1994, durante el XXIV periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizada en Belém do Pará, Brasil,  los 35 Estados miembro reconocieron que todas las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, por lo que se comprometieron a garantizar ese derecho y aprobaron la Convención Interamericana que lleva el nombre de esa localidad.

Y es que durante los años 70 y 80, feministas del continente buscaron incidir en el Derecho y en los sistemas de impartición de justicia para que se incluyera una visión de género, y se acabara con la idea de que los delitos contra las mujeres eran parte del ámbito privado.

“Por ejemplo, en las discusiones que se mantenían en torno a la violencia sexual, se consideraba que el bien protegido por el derecho debía ser la moral y no el cuerpo y la dignidad de las mujeres”, recuerda Saucedo, maestra en Sociología y experta en temas de género, quien testificó la creación de la Convención.

Es por ello que ahora resalta que Belém do Pará no fue una dádiva de los gobiernos, y que ayudó a crear un “paraguas continental” para proteger a las mujeres y obligar a los Estados a hacer cambios en su visión de hacer justicia.

Sin embargo, al conmemorarse el vigésimo aniversario de la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un comunicado que pese a la existencia del tratado continental la violencia contras las mujeres sigue siendo un problema “de proporciones epidémicas” que requiere acciones urgentes,

“La voluntad política para priorizar los derechos de las mujeres es insuficiente, y los recursos públicos destinados a este tema son escasos”, consideró la CIDH.

Al abordar el caso de México, Saucedo González y Melgar Palacios observan que a muchos casos de violencia de género no se les da la importancia que tienen y hay una tendencia a fragmentar la situación.

Explican que cada conducta delictiva se considera individual y aún existen visiones de que son agresiones que corresponden al ámbito privado. Esto –insisten– pese a que existen múltiples estudios que señalan que la violencia contra las mujeres forma parte de una estructura más compleja de discriminación y misoginia.

A decir de ambas académicas, la “fragmentación de la violencia” repercute en la investigación no adecuada de los casos y con ello se crea un ambiente de impunidad de hasta el 98 por ciento de los delitos, así que aseguran que el gran reto es reconocer el grado de violencia y de impunidad.

De acuerdo con su investigación, las especialistas advierten que en el país “hay un problema grave” de incumplimiento de Belém do Pará, pues no se ha acatado el mínimo indispensable: garantizar la justicia expedita a las víctimas y la existencia de datos sobre delitos de violencia de género.

“Si México cumpliera al menos con ello estaríamos dando pasos agigantados para detener, sancionar y erradicar la violencia”, aclaran.

Irma Saucedo y Lucía Melgar critican además que el Estado mexicano ha creado políticas públicas y programas “desmembrados” que pareciera que fueron hechos para fracasar, pues los múltiples mecanismos (agencias especializadas y servicios de salud), hasta hoy instaurados para atender y sancionar la violencia derivan en una revictimización de las mujeres.

Explican que las sobrevivientes de todos los tipos de violencias deben de transitar de una instancia a otra y contar una y otra vez su caso sin que se les resuelva nada.

Ante este escenario, conceden que México tradujo la Convención Belém do Pará en leyes, instituciones e incluso presupuesto, pero nada de ello ha impactado realmente en un cambio de los patrones socioculturales que perpetúan la violencia de género.

Belém do Pará se aplica de acuerdo a “gustos y creencias”

   Deben cambiar patrones socioculturales: Alda Facio

Aunque la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) ha derivado en logros sustanciales para las mujeres –como la creación de leyes o centros de atención a víctimas– los derechos femeninos aún no son prioritarios, su trabajo sigue sin valorarse y persiste una idea de dominio sobre su cuerpo.

De acuerdo con Alda Facio Montejo, jurista feminista y experta en temas de género y derecho, a veinte años de la aprobación de la Convención Belém do Pará su aplicación en el mundo es discrecional porque persisten los roles de género y el trabajo de las mujeres es menos valorado que el de los varones.

Así lo sostuvo la también integrante del Grupo de Trabajo sobre el tema de discriminación contra las mujeres en la Ley y la Práctica, al inaugurar el “Seminario-Taller Convención Belém do Pará a veinte años”, que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados desde ayer y hasta el próximo miércoles.

De acuerdo con la costarricense uno de los puntos de la Convención con más desafíos pendientes y que requiere urgente cumplimiento es la modificación de los patrones socioculturales que definen los roles de género, toda vez que al no modificarlos se perpetúa la discriminación y la violencia de género.

Facio Montejo sostuvo que a pesar de logros como el reconocimiento de la violencia sexual como tortura, la existencia de al menos un centro de atención a víctimas en todos los países americanos y las diversas reformas legislativas, el trabajo de las mujeres continúa siendo menos valorado que el de los varones y persiste la idea del dominio sobre su cuerpo.

Al impartir su conferencia, explicó a activistas, legisladores y funcionarios públicos que hace veinte años los Estados acordaron definir la violencia de género lo que ofreció un manto protector a la vida y seguridad de todas las mujeres porque el cumplimiento de estos principios es obligación de todos los integrantes del Estado.

Ante ello lamentó que actualmente muchos jueces y Ministerios Públicos desconozcan la existencia de dicho acuerdo y además que cuando lo conocen decidan aplicarlo a discreción, es decir, que la apliquen de acuerdo con sus criterios “y hasta sus gustos y creencias” y no lo utilicen como una herramienta para respetar los Derechos Humanos.

Sobre este tema, dijo que hace algunos años, cuando participó en un curso similar con impartidores de justicia mexicanos se percató de que ninguno de los asistentes había incorporado la Convención en sus resoluciones y que incluso algunos desconocían que existiera.

El encuentro en la Cámara de Diputados tiene el objetivo de difundir las obligaciones que los Estados tienen en el cumplimiento y garantía de los derechos de las mujeres, así como el reconocimiento de que esta y otras convenciones son un instrumento para lograr el adecuado acceso a la justicia.

El Seminario también fue organizado por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres.

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.-

Actualizar leyes ante incumplimiento de Belém do Pará

   Inmujeres y Congreso, incapaces de afrontar violencia de género

A 20 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), funcionarias y legisladoras federales dijeron que se repensarán y revisarán las políticas públicas y legislaciones creadas para cumplir con ese acuerdo regional.

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Así lo sostuvieron Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, quien tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir la política pública en materia de equidad de género, y la senadora por el PRI Diva Hadamira Gastélum, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara alta. 

Al participar en el foro “Belém do Pará, 20 años. Legislemos para cumplir. Retos y perspectivas desde la sociedad civil” –realizado en el Senado–, Lorena Cruz y Diva Gastélum convocaron a las organizaciones civiles a que presenten sus posturas ante el incumplimiento de las normas vigentes para combatir la violencia de género.

En la inauguración del evento, la titular del Inmujeres reconoció que aún existe un amplio camino por recorrer para erradicar la violencia contra las mujeres, principal objetivo de Belém do Pará y que a 20 años de distancia se deben plantear nuevas leyes, pues muchas de las acciones y retos los padecen los grupos civiles.

La senadora Gastélum sostuvo que “las organizaciones siempre tienen una mirada distinta y más amplia sobre la realidad de las mexicanas y que es posible que las legisladoras no vean”.

Luego de tres horas de discusión en cuatro mesas de trabajo, se formularon diversas propuestas legislativas y de política pública.

En cuanto a la reducción de la muerte materna, las asistentes denunciaron que la violencia obstétrica es una de las más recurrentes agresiones contra las mujeres, por lo que demandaron una legislación integral que no se reduzca a la actuación médica.

Las participantes criticaron la falta de infraestructura y de personal médico para atender las emergencias obstétricas. También propusieron se defina claramente cuál es el proceso y quiénes son los responsables de asegurar el acceso a la justicia en casos de violencia obstétrica y muerte materna.
En materia de acciones inmediatas contra la violencia, se propuso que las órdenes de protección de emergencia tengan vigencia mientras persista la situación de violencia intrafamiliar o de pareja y no se reduzcan a 72 horas.
Se pidió igualmente sensibilizar a la autoridad que debe aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues aún se desconoce la normatividad.
Las especialistas señalaron que es necesaria una sola ley contra la violencia, para evitar que cada entidad federativa haga sus propias interpretaciones en el tema.

En otra mesa de trabajo se hicieron propuestas para atender a las niñas migrantes no acompañadas, y se demandó que sea el DIF la instancia rectora en el tema y que en todas las acciones que emprenda pondere el principio del interés superior de la niñez.

Es necesario –observaron las participantes– crear protocolos de atención a la niñez migrante, fortalecer el Instituto Nacional de Migración (INM) para que pueda proteger a las y los niños independientemente de su condición migrante, e implementar programas alternativos a la detención.
En el tema de refugios para mujeres víctimas de violencia, las organizaciones asistentes señalaron la necesidad de garantizar un presupuesto anual que garantice la operatividad de estos espacios.
Diva Gastélum se comprometió a recopilar todas las aportaciones ciudadanas para evaluar cuáles corresponden a cada poder y definir cuáles pueden ser presentadas en puntos de acuerdos, exhortos o iniciativas “a la brevedad posible y con toda la esperanza en el próximo periodo de sesiones”.
 

Convenio de Estambul: Europa coopera en erradicar violencia contra las mujeres

Escrito por Sara Lovera y Gloria Analco

Pachuca, México, mayo (SEMlac).- Europa está abierta para aprender de estos 20 años de la Convención de Belém do Pará, declaró aquí Carolina Lasen Díaz, una de las principales impulsoras del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia Doméstica. Más conocido como "Convenio de Estambul", acordado en esa ciudad turca en 2011, ese tratado será vinculante a partir de agosto próximo. Ahora que la convención latinoamericana y del Caribe ya es mayor de edad, la de Estambul "extiende su mano abierta para que haya una fluida cooperación", dijo Lasen Díaz durante el Foro Hemisférico del vigésimo aniversario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en esta ciudad, capital del estado mexicano de Hidalgo, los días 14 y 15 de mayo. Europa no ha dejado de reconocer la violencia contra las mujeres, pero la violencia sexual sigue subestimándose Investigaciones en ese continente indican que solo entre dos y 10 por ciento de las violaciones son denunciadas. Igual ocurre con otros hechos de violencia contra las mujeres en el viejo continente, que hacen pensar, según Lasen Díaz, si la existencia de mitos y estereotipos hacen que ellas rechacen denunciar y obtener justicia. La Convención de Estambul tiene como objetivo proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, a la vez que prevenirla, perseguirla y eliminarla, lo mismo que la Convención de Belém do Pará, creada hace 20 años. También persigue contribuir a la eliminación de toda forma de discriminación y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, mediante la autonomía de las primeras, para lo cual apoya a las organizaciones civiles y las fuerzas y cuerpos de seguridad a fin de que cooperen de manera eficaz en un enfoque integral. "¡Actúa contra las violaciones! ¡Utiliza la Convención de Estambul!". Con esta campaña en 33 países de Europa, celebrada en diciembre del año pasado, se dio a conocer ampliamente el Convenio del Consejo de Europa, con el cual ese continente ha abierto el camino para establecer un marco jurídico propicio que proteja a las mujeres contra todas las formas de violencia. Lasen Díaz, oficial de Programas del Consejo Europeo, adscrita a la Unidad de Igualdad de Género y su Dirección de la Democracia, precisó que el Convenio de Estambul --ratificado por 11 países y abierto a la adhesión de naciones no europeas-- se ha inspirado en el modelo de la Convención de Belém do Pará y define y criminaliza varias formas de violencia contra las mujeres. Sobresalen, entre ellas, el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina, el acoso sexual y la violencia física y psicológica contra las mujeres. A la par, establece un mecanismo de seguimiento específico para garantizar la aplicación efectiva de sus disposiciones por los Estados comprometidos, así como la creación de un grupo de expertos independientes para examinar si los países ratificantes cumplen o no sus compromisos. La funcionaria europea afirmó que la Convención de Estambul se ha propuesto atacar las causas que originan la violencia contra las mujeres y aboga por cambiar estereotipos, perseguir a los culpables. Pero, sobre todo, impulsa que los Estados criminalicen de forma jurídica, con duras penas, todas las formas de violencia que atentan contra las mujeres, lo que ya ha empezado a acontecer. Lasen Díaz señaló que al Consejo Europeo se le conoce más como "Tribunal Europeo", lo cual le otorga manga ancha para establecer disposiciones jurídicas preventivas sobre la base de convenios en contra de la trata de mujeres y, en general, prevenir y combatir cualquier expresión de violación de los derechos humanos que atenten contra las mujeres. Durante la mesa de trabajo " Prácticas promisorias en la prevención: desde el ámbito internacional", dijo que la Convención de Estambul propone diferentes tipos de prevención, incluidas campañas de concientización, modelos y programas específicos para atacar a los agresores, y el buen uso de los medios de comunicación. El artículo 17 de la Convención de Estambul es específico sobre el papel del sector privado y los medios de comunicación, así como su participación en el desarrollo de políticas y directrices a fin de modificar los actuales modelos que promueven la violencia contra las mujeres con contenidos degradantes sobre violencia sexual, muy perjudiciales a la sociedad. Frente a un auditorio muy atento, Lasen Díaz, de nacionalidad española, se refirió a los papeles positivo y negativo de los medios de comunicación. Este último hay que tratar de controlarlo y minimizarlo, sobre todo porque perpetúa mitos, estereotipos y favorece prácticas usuales entre los varones como el acoso sexual, señaló. En tanto Internet, dijo, con cierto sentido de anonimato, facilita la impunidad de delitos sexuales contra las mujeres. Hizo hincapié en el papel positivo de los medios de comunicación y su enorme potencial para favorecer un verdadero cambio de los estereotipos de la sociedad, e hizo referencia a dos proyectos del Reino Unido, vigentes en más de 20 países europeos, que utilizan webs donde las mujeres se atreven a hablar sobre las agresiones del sexo masculino que padecen. Esas webs, agregó, han tenido un gran impacto y constantemente se están abriendo nuevas páginas en Internet con ese propósito. Pero hay que concientizar al público europeo sobre las obligaciones que tienen los medios de comunicación públicos y privados para ampliar sus mensajes en función de iniciativas con los objetivos de la Convención de Estambul, señaló. Añadió que Internet y los medios de comunicación pueden ser socios en aumentar las campañas con contenidos de igualdad de género, con buen periodismo, videos y mensajes sin costo, trabajando mano a mano con asociaciones civiles y con los gobiernos que tienen la obligación de perseguir el irrespeto a los derechos humanos. No se trata, dijo, de satanizar a los medios de comunicación, sino de convertirlos en aliados para que, por ejemplo, difundan los actos de violencia con un sentido constructivo, que desaliente esas prácticas. Lasen Díaz dio a conocer que el Consejo de Europa adoptó la medida de prohibir la discriminación, combatir la incitación al odio o cualquier acto de violencia contra las mujeres dentro de los medios de comunicación. Con ello, agregó, se anticipó a la fecha en que dicha convención será vinculante, a partir del primero de agosto próximo, para que sea promovida una imagen no estereotipada de las mujeres en relación con los hombres, se tomen medidas de autorregulación como códigos de conducta, y se propicie una imagen de la mujer enaltecedora, para irse adaptando a los marcos legales que se establecerán en el futuro. Entre estos, citó mecanismos de vigilancia a los medios de comunicación para detectar contenidos estereotipados ligados con causas que originan la violencia, así como propiciar una formación de periodistas que tenga nuevos instrumentos. La funcionaria europea señaló que, como parte de la Convención de Estambul, a finales de 2013 se adoptó una estrategia con objetivos relevantes, como combatir los estereotipos de género y el sexismo, diseminar e intercambiar medidas para dar visibilidad a prácticas de igualdad de género, con la participación de los medios. Un total de 17 países enviaron sus sugerencias y campañas mediáticas sobre el tema, especialmente en los Estados donde se están autorregulando y contrarios a la publicidad sexista, los cuales son potenciales futuros miembros. La elaboración del Convenio de Estambul le valió al Consejo de Europa el VIII "Premio de Reconocimiento a la labor más destacada en la Erradicación de la Violencia de Género 2012", concedido por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Ese es el primer tratado europeo que aborda específicamente la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Los países que lo ratifiquen deberán establecer, además, servicios como líneas de asistencia telefónica, centros de acogida, servicios médicos, orientación y asistencia legal.

Convención de Belém do Pará: Veinte años después

Escrito por Sara Lovera y Gloria Analco

Pachuca, México, mayo (SEMlac).-A 20 años de adoptarse la Convención interamericana de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, todavía una de cada tres mujeres en América Latina y El Caribe es víctima de este flagelo. No obstante, la falta de cifras precisas y evaluaciones confiables --no todos los casos de violencia de género se denuncian o registran como tales-- dificulta elaborar programas efectivos y que se conozca el verdadero tamaño del problema. Así se reconoció durante la celebración del Foro Hemisférico Belém Do Pará +20, inaugurado en esta ciudad, capital del estado mexicano de Hidalgo, por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. En el encuentro, celebrado los días 14 y 15 de mayo, participaron panelistas de organismos interamericanos y europeos, así como titulares de instituciones de la mujer de varios países y funcionarios del gobierno de México. Andrew Morrison, jefe de la Unidad de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue muy explícito cuando dijo que si su exposición hubiera sido en torno a las buenas evaluaciones sobre la violencia contra las mujeres en la región, le hubieran bastado dos minutos. "Me hubiera gustado hablar de medidas de prevención y sus bondades sobre la base de 58 excelentes evaluaciones, pero puedo asegurar que, si acaso, habrá unas cuatro para América Latina", afirmó. En el Foro Hemisférico +20 de la "Convención de Belém do Pará", la asesora regional de ONU-Mujeres para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Adriana Quiñones, dijo que la Convención es una promesa por cumplir y apuntó que en la prevención es donde menos se ha avanzado. En la misma mesa de trabajo sobre "Oportunidades y desafíos en la prevención", Barbara Evelyn Bailey, experta del Comité CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada en 1979 por la ONU), señaló que el tema medular para abatir las tasas de violencia hacia las mujeres es la educación. Abundó en que son los estereotipos de género los que perpetúan la discriminación. Consideró importante destacar el esfuerzo realizado por el Comité de la CEDAW para desmontar los estereotipos de género perjudiciales en todos los ámbitos en la vida de las mujeres y llamó a enfocar más la atención en el sistema de educación desde la niñez, como la política más eficaz de prevención. Bailey añadió que la falta de recursos suficientes para registrar debidamente los actos de violencia en contra de las mujeres ha provocado la carencia de estadísticas oficiales y la consecuente falta de programas, con lo cual el problema ha quedado minimizado frente a la sociedad, que ignora sus verdaderas dimensiones. Consideró que es sumamente importante hacer visible y punible la violencia contra las mujeres en el continente americano para implementar programas que realmente logren prevenir toda forma de violencia de género. José Manuel Azpiroz Bravo, director general adjunto de Participación Ciudadana en la subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Gobernación, de México, sostuvo que esa dependencia ha implementado un programa focalizado en 99 municipios y 1.200 colonias catalogadas como muy peligrosas. Allí han introducido la perspectiva de género, contribuyendo a mejorar la situación de las mujeres y las niñas de esos lugares, al poner énfasis en su seguridad, educación y procurar trato de iguales entre hombres y mujeres. Agregó que ese programa, diseñado con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, académicos, organismos internacionales y la iniciativa privada, contiene cuatro estrategias, entre ellas la prevención. Se trata, dijo, de recuperar los espacios públicos que están en manos de la delincuencia, crear bibliotecas, talleres, escuelas de tiempo completo, impartir cursos especiales, otorgar créditos a las familias, darles atención esmerada a niños y niñas, jóvenes y mujeres, todo ello con enfoque comunitario y de perspectiva de género, y con un megacentro deportivo en cada municipio y colonia elegidos. Explicó que los diputados definieron los recursos, se eligieron las demarcaciones y se hizo una intervención focalizada en cada uno de esos lugares, en el entendido de que no puede trabajarse de esa manera en todo el país. En materia de prevención, Paloma Soria, abogada de Women's Link Wordwide, una organización internacional de derechos humanos, dijo que ningún marco legal servirá para prevenir las violaciones de los derechos humanos de las mujeres si los Estados no ofrecen una respuesta integral al problema. Hizo ver la gran importancia de una política de prevención, ya que "las consecuencias de los actos de agresión pueden redundar en otras nuevas agresiones" y destacó que si no se buscan verdaderas medidas de prevención, se estaría entonces vulnerando nuevamente los derechos de otras mujeres. Ejemplificó con el caso de las migrantes: el Estado ya sabe qué ocurre con ellas, entonces tiene que prevenir que otras mujeres se arriesguen a sufrir esos mismos patrones sistemáticos de violencia. En materia preventiva, dijo Azpiroz, es factible invertir en los lugares donde se ocurren delitos con frecuencia, pero advirtió que "si queremos combatir la violencia, tenemos que invertir en los hombres, educarlos de una manera distinta; que diputados y senadores empiecen a hablar de otros temas que han sido exclusivos de las mujeres", indicó. "Los políticos tenemos que tomar esos temas de ellas, que esos hombres tengan perspectiva de género y empiecen realmente a cambiar esos paradigmas", insistió. Morrison, por su parte, informó que actualmente el BID está invirtiendo en evaluaciones de impacto en programas con perspectiva de género que se aplican en varios países de América Latina y adelantó que ONU-Mujeres ha empezado conversaciones con varios gobiernos para trabajar proyectos sobre "ciudades seguras", especialmente en países centroamericanos. Cada equipo, dijo, contará con expertas en violencia de género para impulsar los programas, centrados en lograr la autonomía económica de las mujeres, que es el principal factor de protección, además de propiciar espacios seguros para mujeres y adolescentes, enfocado en este último caso a la prevención de violaciones en colegios de bachilleres. Dijo que en estos momentos están evaluando varios programas en El Salvador, Perú y Paraguay, dirigidos a la creación de centros de emergencia para mujeres, servicios especiales de vigilancia de la policía, médicos para atender cualquier emergencia y otros servicios de auxilio, cuyos resultados habrán sido ya evaluados en el próximo mes de septiembre.

México: Un enorme pendiente a 20 años de la Convención de Belém do Pará

Escrito por Sara Lovera y Gloria Analco

Pachuca, México, mayo (SEMlac).- Dos décadas después de que 32 países del hemisferio americano signaron la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hay avances y un enorme pendiente: que realmente las mujeres sean libres y que sus derechos humanos sean respetados. En palabras de Carmen Moreno Toscano, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, es "la práctica cultural que concibe a las mujeres como objeto, que sigue pensándonos como entes que pueden emplearse para cualquier fin: lo que abre la puerta al abuso y el asesinato". Hoy el feminicidio está tipificado en México, pero las cifras son dolorosas. En el estado de Hidalgo, a 90 kilómetros de la capital de México, se realizó el Foro Hemisférico Belém do Pará +20. Durante dos días y en más de 100 intervenciones de panelistas, se escucharon análisis y relatos de acciones, programas y legislaciones. Peo se escuchó también, una y otra vez, una palabra ensordecedora: resistencia. Resistencia en la sociedad, los jueces, policías, en el magisterio, el personal de salud, el aula, los medios de comunicación, entre líderes y gobernantes, financieros y legisladores. Resistencia para dar a las mujeres un lugar digno y humano. Belén do Pará, en 1994, fue una piedra de toque para reconocer la violencia contra las mujeres y comprometer a los gobiernos a prevenir, sancionar y erradicar todo acto de violencia y humillación contra las mujeres, una lacra que asesina, en palabras de la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Grynspan enfatizó que, en este lapso, aparecieron claramente otras formas asociadas a esa violencia, como la trata con fines de explotación sexual, los asesinatos y la tortura. Además, diría la exfuncionaria del Consejo Económico para América Latina y el Caribe (Cepal), se pierde productividad, hasta dos por ciento del producto interno bruto en el continente. Tras reconocer a la Convención como una herramienta fundamental y aplaudir avances significativos --nuevas legislaciones, planes, programas, modelos de atención--, Grynspan dijo que es necesario dar centralidad al empoderamiento de las mujeres, poner en el centro de nuestras naciones y de la democracia, la libertad de las mujeres. Veinte años después "estamos en el principio. Reconozcamos de nuevo que es inadmisible la persistencia de este flagelo". Al final del foro, en una declaración general, las representaciones de los países signantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificaron la Convención y, mirando al futuro, pusieron al centro dos tareas para cumplir con la prevención --el más escaso de los avances--: educación y transformación de los medios de comunicación. Dos puntas de una solución. El Foro Hemisférico Belém do Pará +20 fue organizado por el gobierno local mexicano de Hidalgo y la Comisión Interamericana de Mujeres. José Miguel Inzulza, secretario general de la OEA, recordó a los gobiernos su obligación de cumplir con todas las partes de la Convención y dijo que la desigualdad entre hombres y mujeres; la violencia, que va de la humillación verbal al asesinato, hacen aparentemente inalcanzable la democracia. "Una democracia solo para la mitad de la población no es democracia", enfatizó. Beatriz Ramírez Abella, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, planteó uno de los asuntos menos analizados en estas dos décadas: el acoso y la humillación sistemática contra las mujeres en todas sus actividades, no considerado delito grave y cuya dimensión está horadando en la salud mental de millones de americanas. Una violencia escondida que produce miedo y está legitimando, día a día, la discriminación y exclusión de las mujeres, agregó. Durante el foro se hizo un recuento de acciones y programas desplegados en cada país y frente de acción, particularmente en el proceso jurídico. En solo 16 países hay leyes de igualdad y contra la violencia; una creciente denuncia de las afectadas, fiscalías especializadas, planes nacionales, consejos, cientos y miles de personas han recibido información y capacitación, se ha convocado a la reflexión; se han hecho estudios y diagnósticos, encuestas y campañas. Sin embargo, se reconoce que la prevención no es exitosa y la persistencia del flagelo y la impunidad conspiran sistemáticamente contra esas acciones y las políticas públicas. La Declaración de Pachuca, signada por delegadas titulares y alternas ante la Comisión Interamericana de la Mujer, compromete a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente para actuar con debida diligencia, trabajar por modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, contrarrestar prejuicios y costumbres. Ratificaron los acuerdos de la 58 sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, así como el compromiso de invertir recursos para transversalizar la perspectiva de género y trabajar profundamente en la prevención de la violencia, empezando por la escuela, los medios de comunicación y las agencias publicitarias. También, vigilar que los gobiernos concluyan cambios legislativos para que los medios de comunicación se conviertan en aliados y no en promotores de la violencia y la discriminación femenina. Firmaron cuatro compromisos específicos: fortalecer el enfoque en la prevención, como una respuesta integral; luchar contra la cultura de la impunidad y la utilización de estereotipos discriminatorios, coordinar las instancias de los gobiernos para asegurar que las acciones cuenten con apoyo político a todos los niveles. Especialmente, contar con recursos financieros y humanos para obtener resultados en el corto, mediano y largo plazos. La declaración final incluyó la demanda de que los gobiernos rindan cuentas sobre sus acciones y las aceleren, se cumpla y armonice la legislación y se propicie en todos los campos la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. El encuentro permitió, además, el intercambio de personas, agencias oficiales y funcionariado de 25 entidades de las 32 de la nación mexicana y 14 países representados. También la presentación de lo que ahí se llamó programas piloto, que dan cuenta de acciones exitosas, pero en poblaciones reducidas, específicas y limitadas. Por ejemplo: en México existe un millón 500.000 personas del profesorado de la educación básica a la profesional y no ha sido posible más que capacitar a algunos miles, menos del 25 por ciento. Situaciones similares ocurren en Chile, El Salvador y Honduras.

Foro Hemisférico Belém do Pará + 20: “Se debe enfatizar más el combate a los estereotipos culturales”

Pulicado por Sandra Chaher 

La pasada semana se realizó en Pachuca, México, el Foro Hemisférico Belém do Pára + 20, organizado por la OEA, focalizado en educación y medios de comunicación. El mismo concluyó con la aprobación por parte de las personas participantes de la Declaración de Pachuca, en la que se acordaron estrategias para prevenir la violencia en estas áreas y en la de políticas públicas.

Por Sandra Chaher, desde Pachuca

COMUNICAR IGUALDAD- El 14 y 15 de mayo se realizó en Pachuca, Hidalgo, el Foro Hemisférico Belém do Pará + 20: La Convencion de Belém do Pará y la prevención de la violencia contra las mujeres: Buenas prácticas y propuestas a futuro, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA) con apoyo del Estado de Hidalgo, en México.

El objetivo del mismo fue reflexionar en torno a estrategias de prevención de la violencia, particularmente en el ámbito de la educación y los medios de comunicación, de tal forma de identificar buenas prácticas y líneas de acción a seguir en el futuro, a partir del diagnóstico de que la prevención es el área en la que menos se ha avanzado en el combate de la violencia hacia las mujeres.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, conocida como Belém do Pará, fue aprobada en 1994 por la OEA y hasta la fecha ha sido ratificada por 34 países. Los únicos dos que no lo han hecho son Estados Unidos y Canadá.

Para hacer el seguimiento y evaluación de la Convención, fue creado en el 2004 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), integrado por un Comité de Expertas/os de cada país y del que también participan los estados partes y la sociedad civil. A partir de los informes publicados por ese organismo, la CIM evaluó que, a 20 años de sancionarse la Convención, aún falta mucho por hacer en el área de prevención de la violencia, razón por la cual el evento se focalizó en cómo la educación, los medios de comunicación y las políticas públicas pueden colaborar en la deconstrucción cultural de la violencia hacia las mujeres.

En esta línea, hubo paneles dedicados a evaluar cuánto se avanzó en el combate en general a la violencia en la región, 20 años después de la aprobación de la Convención; la aplicación de normas de segunda generación en algunos países; y estrategias de buenas prácticas de prevención en el ámbito jurídico, en la educación, las políticas públicas y los medios de comunicación.

En la tarde del segundo día, se realizaron grupos de trabajo específicos sobre políticas públicas, educación y medios de comunicación de los cuales salieron los lineamientos que integraron la Declaración de Pachuca, que próximamente hará pública la OEA.

El Foro estuvo presidido por Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la CIM, y representantes de los 32 países que ratificaron la Convención, además de especialistas en cada tema de las Américas y de Europa.

Por parte de Argentina participaron en los paneles la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano, y Flora Acselrad – integrante de la oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, ambas refiriéndose al trabajo que llevan adelante desde los organismos que presiden.

Veinte años después

“Según el último informe MESECVI, tenemos en nuestra región la legislación más fuerte y contundente vinculada a la violencia de todo el mundo y también planes nacionales. Sin embargo, tanto la legislación como los planes adolecen de sistemas de medición. Es como quedarse en mitad de camino y eso está dificultando saber con claridad qué tanto avanzamos en la erradicación de la violencia” señaló Flor María Díaz Chalarca, presidenta del Comité de Expertas/os del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESCVI) de la OEA.

Alessandra Guedes –asesora regional de Violencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuyo organismo realizó en el 2012 un estudio fundamental para la prevención de la violencia en la región, La violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe- Un análisis comparativo de los datos poblacionales provenientes de 12 países- observó también la necesidad de que los países realicen encuestas de prevalencia que den insumos para investigaciones comparativas entre naciones. “Necesitamos encuestas poblacionales con metodología de alta calidad y que se repitan a lo largo del tiempo. Varios países de la región están avanzando en esto: Colombia, Perú y México.” Argentina no tiene, hasta la fecha, ninguna encuesta de prevalencia sobre violencia.

Luz Ángela Melo –asesora regional de Género de UNICEF- y quien trajo al evento la sensibilidad sobre la vulnerabilidad de género específica de las niñas, observó: “Las niñas comparten las mismas causas de discriminación que las mujeres. Pero hay que agregarles que viven en mundo de adultos, manejado por adultos. Pensemos en la gran invisibilidad de las niñas cuando son víctimas de violencia, porque sus padres son quienes la infligieron, ellas están totalmente desprotegidas”.

Estereotipos sociales y culturales

Bárbara Bailey, experta del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación sobre la Mujer (CEDAW), expuso sobre la forma en que tanto esa convención como Belém do Pará abordaron la dimensión cultural de la violencia hacia la mujeres y, para ello, revisó los reportes de los dos comités.

“Descubrí, y esto es desafortunado, que los comités realizaron hasta ahora muy poco énfasis sobre la prevención de la violencia –observó-. Se centraron en la protección de las víctimas, el castigo y la reparación de daños, pero no encontré ningún indicador que se fijara específicamente en los modelos de conducta. Lo que encontré parte de la suposición de que las mujeres seguirán siendo víctimas. Pero debemos pensar en detener el hecho antes de que ocurra. Ambos comités deben enfatizar más el combate a los estereotipos culturales.”

Varones

Cómo debe ser el abordaje de la violencia en los victimarios fue un tema que sobrevoló varios paneles del Foro. “Debemos hablar con los varones jóvenes sobre las ventajas de redefinir  sus masculinidades, cómo mejoraría esto su calidad de vida. Un colega escribió un blog diciendo que los varones no sexistas tienen mejor sexo, yo creo que un argumento así puede interesar a varones jóvenes” señaló Andrew Morrison, jefe de la Unidad Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la misma línea, Alice Taylor –integrante del Instituto Promundo de Brasil, dedicado a la resocialización de los varones en vínculos igualitarios- señaló: “Hemos hecho nueve evaluaciones de impacto que nos muestran una relación positiva entre las actitudes equitativas de género y los comportamientos menos riesgosos y violentos. Hacia el futuro, debemos trabajar en la transferencia intergeneracional del cuidado entre los varones, más que en la violencia. Sería un cambio de actitud importante hacia el problema”.

En breve más notas sobre el tema.

Gran pendiente de Belém do Pará, autorregulación de los medios

   Contenidos sexistas fomentan violencia de género: experta

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Uno de los grandes rezagos de los Estados americanos en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) está en la regulación de los medios de comunicación, los cuales además de difundir imágenes sexistas de género, muestran ejemplos de cómo violentar a las mujeres.

Así lo sostuvo Patsilí Toledo Vásquez, doctora en Derecho Público y experta en género durante su participación en el Foro Hemisférico Belém do Pará+20 –realizado la semana pasada en Pachuca, Hidalgo–, quien agregó que a nivel mundial los medios no contribuyen a erradicar la violencia contra las mujeres tal y como se acordó hace 20 años.

Cabe recordar que la Convención Belém do Pará definió por primera vez el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y en su artículo octavo definió que los Estados deben “alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer”.

En su ponencia, Toledo Vásquez expuso –con base en informes, datos y análisis de medios de comunicación en América Latina y Europa– que la realidad de muchas mujeres no se refleja en la información mediática, pues los medios toman decisiones a partir de los criterios de los dueños que buscan ganancias económicas, lo que deriva en que el sexismo ya presente en la sociedad se incremente en los contenidos que reproducen estereotipos de género.

Es así que “las malas noticias para las mujeres son buenas noticias para los medios”; la especialista sostuvo que los asesinatos de mujeres “son ganchos de noticias y noticiarios”.

Las víctimas de violencia –a decir de Patsilí Toledo– están sobrerrepresentadas en los medios de comunicación pese a que “las mujeres sufrimos violencia pero no la mayoría”, lo que además de no contribuir a detener la violencia de género tiene ciertas consecuencias para las mujeres y el resto de la sociedad.

Uno de estos efectos –explicó– está relacionado con que la mayoría de los asesinatos de mujeres se presenta como un acto de violencia aislado, un problema individual o de pareja, lo que dificulta la comprensión de la violencia de género “como una problemática estructural, social y cultural”.

A lo que se suma el “efecto imitación” de la violencia que se da cuando a raíz de un caso se registra un repunte de crímenes similares.

Puso como ejemplo hechos ocurridos en países como Uganda, donde luego de que se dio a conocer que una cantante fue quemada con ácido, aumentaron los asesinatos cometidos con este método “aunque también se puede deber a un interés de la prensa por informar” al respecto.

Por otro lado, Toledo Vásquez comentó en España un estudio encontró que el hecho de que aparecieran los asesinatos de mujeres en los medios podría incrementar entre un 32 y 42 por ciento el riesgo de muerte por este tipo de violencia.

La experta aclaró que no se trata de afirmar que los medios provoquen la violencia, “pero se debe reconocer que al hacer una repetición de este tipo de noticias, en algunas ocasiones se convierten en recetarios para informar cómo se mata a una mujer”.

Resaltó que otro efecto de este tipo de contenidos es la difusión y propagación del miedo entre las mujeres, ya que a través de las noticias se les hacen amenazas veladas con frases como “presta atención, no te vaya a pasar lo mismo” o “ya ves lo que les pasa por andar haciendo cosas”.

Patsilí Toledo agregó que está sobrerrepresentación de las mujeres como víctimas hace que se sientan constantemente expuestas a los riesgos, “lo que permite la subordinación de las mujeres y contribuye a aumentar la sensación de vulneración o desprotección”.

Finalmente la experta señaló que a 20 años de distancia se debe hacer una revisión de la Convención y pugnar por la autorregulación de los medios, ya que las noticias, incluso sobre asesinatos de mujeres, pueden ser difundidas de otras formas, por ejemplo agregando información sobre las leyes, recursos y medidas que ellas pueden tomar para acceder a la justicia.

A 20 años de Belém do Pará, Estados no saben prevenir violencia de género

   No hay medidas efectivas ni datos sistematizados, dicen en foro

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 

En 20 años los gobiernos no lograron traducir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) en beneficio de las mujeres del continente, y tampoco cumplieron con el objetivo de modificar los patrones socioculturales que perpetúan la violencia de género.

Lo anterior lo reconocieron los Estados firmantes de la Convención al concluir el Foro Hemisférico Belém do Pará+20 –realizado los días 14 y 15 de mayo en Pachuca, Hidalgo– y adoptar la “Declaración de Pachuca. Fortalecimiento de la prevención de la violencia contra las mujeres”, con la que se crea una plataforma regional de acción en la que la perspectiva de género sea un eje transversal e interinstitucional de los gobiernos.

En tanto, organizaciones civiles del país –entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)–  criticaron en un comunicado una “clara violencia institucional en la organización del foro”, pues afirmaron que se imposibilitó la participación e interacción de activistas en el planteamiento de sus propuestas durante las mesas de trabajo (en las que se definió el contenido de la “Declaración de Pachuca”).

Ayer, tras dos jornadas de ponencias y largas discusiones en mesas de trabajo, se leyó el documento que busca la interacción entre diversas instancias de gobierno de las naciones firmantes, así como la participación de los medios de comunicación en la promoción de un lenguaje incluyente y no sexista.

La declaración reconoce que la violencia contra las mujeres “constituye una ofensa a la dignidad humana y una violación a los Derechos Humanos, socava el desarrollo de los países, genera inestabilidad en las sociedades, e impide el progreso hacia la justicia y la paz”.

Enfatiza que el objetivo en el que menos se ha avanzado es en la prevención de la violencia, pues existe un desarrollo aún incipiente en la materia y poco conocimiento sistematizado de cómo prevenirla y cómo medir los impactos, a lo que se suma que la violencia de género todavía es considerada un “asunto privado”.

La declaratoria establece 20 puntos que deberán ser asumidos por los Estados asistentes al foro, y en los que se destaca el compromiso de reafirmar la vigencia y urgencia de las disposiciones de Belém do Pará, así como de la plataforma de acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995.

También sobresalen los compromisos de luchar contra la impunidad; promover que las políticas sean de Estado y no de gobierno para garantizar su continuidad con los cambios de administración (tal y como ocurre actualmente), e incluir en las políticas y programas un componente de evaluación para medir el impacto real de las acciones en la vida de las mujeres.

En materia de comunicación, los Estados deberán impulsar la eliminación de la estereotipos de género, imágenes sexistas y discriminatorias, tanto en contenidos como en publicidad, y por otro lado fomentar el lenguaje incluyente. Además de impulsar la autorregulación de los medios a través de mecanismos ciudadanos como las defensorías de audiencias.

Por separado, grupos civiles como la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Todos los Derechos para Todas y Todos, Católicas por el Derecho a Decidir y el OCNF denunciaron que sus propuestas no fueron incluidas en la declaración final del foro.

En el comunicado firmado también por personalidades como la investigadora Josefina Hernández Téllez y Enma Obrador Garrido, consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, se exige que se fomenten “los mecanismos de participación de la sociedad civil en la integración de los resultados de los subsecuentes foros”, y el cumplimiento de las leyes y convenciones que prohíben los estereotipos de género e imágenes sexistas y discriminatorias en la publicidad.

A lo anterior agregaron que en el estado de Hidalgo, sede del Foro Hemisférico, “el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho que dista mucho de ser garantizado por las autoridades responsables”.

Documentaron que en 2013 hubo 17 casos de feminicidio y en lo que va de 2014 van 12 casos. Cabe recordar que el año pasado se presentó una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), que fue negada por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM).

Las activistas y las organizaciones civiles aprovecharon el Foro Hemisférico para exigir al Estado mexicano que más allá de los nuevos compromisos asumidos, asuma la responsabilidad de crear protocolos de investigación del feminicidio, la violencia de género y la desaparición de mujeres y niñas.

Igualmente demandaron la creación de una Subprocuraduría Especializada en Delitos contra las Mujeres y Feminicidio, y que se hagan efectivos los mecanismos de investigación de la AVG.
 

Belém do Pará es insuficiente para proteger a defensoras

NACIONAL

VIOLENCIA

   A 20 años de Convención, ellas son más vulnerables que nunca

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.-

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) no se tradujo en mejores condiciones legislativas, económicas, sociales o de acceso a la justicia para la población femenina, especialmente para las defensoras de Derechos Humanos (DH).

Dentro de su 150 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró ayer la audiencia “Retos y desafíos para la protección de las mujeres contra la violencia a 20 años de la Convención de Belém do Pará”.

Defensoras de DH del continente denunciaron que la negligencia de los Estados para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia pega aún más en su labor como activistas.

Liliana Tojo, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), sostuvo que las agresiones en contra de las defensoras de DH tienen una dimensión específica por el tipo de actividad que ellas realizan y su condición de género.

La ineficiencia de los Estados –dijo– para proteger y atender a  las mujeres que enfrentan violencia de género se trasladó a las abogadas, “pues ahora en muchos casos son ellas las que hacen frente a los vacíos en la materia”.

Consideró que visibilizar las agresiones y tipos de violencia que viven las defensoras “proyecta la condición de violencia y vulnerabilidad que enfrentan todas las mujeres del continente, pese a la supuesta protección de la Convención de Belém do Pará”.

En la audiencia celebrada en Washington se presentaron los datos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, según los cuales de 2010 a 2012 fueron asesinadas 38 mujeres activistas.

Tan sólo en 2012 se documentaron 400 agresiones en Guatemala, El Salvador y Honduras, de las cuales el 40 por ciento presentaron algún componente de género.

En primer lugar de agresiones recibidas están las defensoras de los recursos naturales (37.9 por ciento de casos), y seguidas por aquellas que combaten la violencia de género (14.7 por ciento). Quienes defienden la libertad de expresión y el acceso a la información registran el 11.4 por ciento del total de agresiones.

Dentro de las principales agresiones están las amenazas, advertencias y ultimátum, en las que se incluyen insultos machistas. También se han lanzado campañas de desprestigio que cuestionan la moralidad o sexualidad de las defensoras, y en algunos casos hay amenazas de violación sexual.

Marusia López, coordinadora regional para Mesoamérica de Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), sostuvo que a la ausencia de los Estados para prevenir, resolver y proteger a las mujeres que salvaguardan los DH se agrega la falta de acceso a la justicia.

Por ello destacó que dentro de los mecanismos de protección para personas defensoras que existen a nivel continental, urge la inclusión de la perspectiva de género, es decir que tanto los análisis de riesgo como las medidas de protección deben pasar por esta óptica, pues “ellas hacen su labor en un contexto en el que las mujeres siguen siendo señaladas y su participación política es puesta en duda”.

Finalmente, las activistas llamaron a la CIDH a elaborar un informe específico sobre la situación de las defensoras de DH en la región, para visibilizar así las metas pendientes de Belém do Pará, ya que esta convención no ha garantizado a las mujeres de la región, incluidas las defensoras, una vida libre de violencia.

Un diagnóstico de la violencia hacia las mujeres en América Latina

Sandra Chaher 

Sólo un tercio de 32 países de América latina y el Caribe cuenta con un plan nacional específico para abordar la violencia contra las mujeres y se percibe un aumento en la magnitud, gravedad y ensañamiento de las expresiones violentas. Estas son algunas de las conclusiones el informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, que publicaron en noviembre del 2013 ONU Mujeres y PNUD y que da cuenta del estado de situación del tema en la región.

Por Mariana Fernández Camacho

COMUNICAR IGUALDAD- Pasaron diecinueve años desde la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como Convención de Belém do Pará) y trece desde que las personas que dirigen el mundo se comprometieron a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Sin embargo, al momento sólo un tercio de 32 países de América latina y el Caribe cuenta con un plan nacional específico para abordar la violencia contra las mujeres y se percibe un aumento en la magnitud, gravedad y ensañamiento de las expresiones violentas. Así lo confirmó el informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, que a fines de noviembre del 2013 publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en colaboración con ONU Mujeres.

Se trata del mapeo, sistematización y análisis de la respuesta institucional en la región a un problema social que traspasa fronteras, culturas y estratos sociales y económicos y que las mujeres vivimos diariamente en las calles, en las escuelas, en nuestros trabajos y, cada vez más, en nuestros propios hogares.

“Creemos que los avances en los últimos años han sido relevantes pero insuficientes. La mayoría de los países (78%) tienen un plan o política que aborda esta violencia, aunque solamente en un tercio de ellos se trata de planes específicos. La consecuencia es que se difumina el problema y la respuesta del Estado. Queda como un eje más, a veces marginal de la acción pública. Por eso consideramos que la magnitud del tema requiere de los Estados un mejor abordaje institucional, más holístico e integral”, explica Neus Bernabeu, especialista del Área Práctica de Género en el PNUD.

A paso firme

El informe hace hincapié en la institucionalización de nuevas y mejores prácticas, más inclusivas y participativas, que impactan en el diseño y desarrollo de las políticas y/o planes nacionales de igualdad de género y luchan contra la violencia hacia las mujeres. Varios datos confirman estos logros. Por ejemplo: el 87% de las leyes nacionales analizadas tipifican la trata, el tráfico de personas y la prostitución forzada; el  97% de los países aprobaron leyes contra la violencia doméstica; los 32 países (es decir, el 100% de la muestra) implementaron campañas de prevención, sensibilización, promoción, divulgación y/o fomento de actitudes, valores y prácticas de respeto a los derechos humanos y a una vida libre de violencia contra las mujeres; en todos se penaliza la violencia sexual y física, y se crearon espacios de atención médica, psicológica, emocional y económica a mujeres víctimas.

Suenan esperanzadoras también las responsabilidades y funciones compartidas entre el Estado y la sociedad civil que comienzan a notarse, al igual que las estrategias de articulación interjurisdiccional. Para Bernabeu, la tendencia es positiva: “En la mayoría de los países observamos diferentes grados de descentralización/desconcentración que traen ventajas para la implementación de los planes contra la violencia. Se puede mencionar que abren oportunidades de participación con actores sociales e instituciones del territorio, generan sistemas de réplicas y se fortalece la institucionalidad local”.

El único país que parece no hacerse eco de los nuevos aires es San Vicente y las Granadinas, y en Barbados y en Surinam la violencia figura dentro de otra política general. Ivonne Urriola, del equipo regional de género del PNUD, da cuenta de esta particularidad caribeña: “Erradicar la violencia contra las mujeres es un tema que va ganando relevancia en toda la región, pero este análisis nos muestra que algunos de los problemas reincidentes son más profundos en los países del Caribe anglófono. Un ejemplo es la debilidad de los sistemas de información: hay menos datos disponibles y de peor calidad, y eso dificulta los análisis sobre el tema y el poder orientar adecuadamente la respuesta del Estado para eliminarlo”.

De cal y de arena

Según el informe, en el contexto regional actual la mayoría de los países están realizando importantes esfuerzos para la elaboración de nuevas políticas que aborden la violencia contra las mujeres. Incluso, en algunos estados de la región, estos avances permitieron procesos más amplios

de reforma y modernización del Estado, plantearon redefiniciones en la relación con la sociedad civil, y abrieron nuevos debates, demandas y agendas. Sin embargo, todavía persisten nudos críticos que afectan la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y planes contra las violencias.

Entre otros, se enumera la escasa voluntad y de apoyos políticos de las instituciones gubernamentales rectoras de las políticas públicas; una insuficiente asignación de recursos financieros; cambios frecuentes en las gestiones y altas tasas de rotación de los equipos encargados de las políticas; y sistemas débiles de información: solo el 62,5% de los países estudiados avanzaron en la creación de mecanismos confiables para medir la violencia contra las mujeres.

A esta altura del campeonato, para Urriola resulta inconcebible andar a tientas: “Este es un tema gravísimo en la región, pues sin buena información es difícil poder hacer buenos análisis y llevar adelante políticas que atajen este problema. Seguimos usando datos generales o antiguos, proyecciones que nos plantean panoramas preocupantes, porque no contamos con buenos datos en la mayoría de los países, continuos, comparables, que aborden las diferentes aristas del problema. Es inaudito que, después de tantos años y con tantas capacidades generadas en otros ámbitos estadísticos e institucionales, sigamos en muchos países en el tema de la violencia contra las mujeres en el mismo punto: sin saber, sin analizar, sin comprender, y por lo tanto, haciendo sin tener un diagnóstico real del problema”.

Resalta también el aumento en la gravedad y el ensañamiento de la violencia contra las mujeres, pese a que el compromiso incansable de diversas organizaciones logró que el tema saliera de los márgenes para entrar en la agenda pública de varios países de la región. Es que la magnitud del problema se va complejizando y se entrecruza con nuevas expresiones de violencia de género, tales como el crimen organizado, el narcotráfico, el acecho por internet y los fenómenos migratorios entre otros nuevos blancos de ataque. Para colmo, el análisis regional confirma que sólo 11 países incluyen al ámbito público dentro de la protección de sus Estados, mientras en la mayoría persisten legislaciones ocupadas únicamente del ámbito familiar, intrafamiliar o doméstico.

Otra de las deudas de las políticas y planes nacionales analizados tiene que ver con que todas formulan objetivos y estrategias para abordar los ejes de prevención y atención, pero los porcentajes de acción bajan notoriamente cuando se trata de sancionar (58%) y de reparar (40%) la violencia. Queda en evidencia que todavía faltan medidas encaminadas al empoderamiento económico, la reintegración social, el acceso a una vivienda y a un empleo estables, y el fortalecimiento de las capacidades y de la fuerza emocional de aquellas que padecen violencia para tomar decisiones autónomas.

¿Si se estimula la denuncia pero luego no existen los instrumentos para proteger y reparar los derechos vulnerados y los daños morales se cae en una revictimización de las mujeres? Así responde Bernabeu: “Es cierto que la respuesta estatal se concentra sobre todo en los primeros ejes del abordaje (prevención y atención) y más recientemente en sanción y reparación. Por eso uno de los tres pilares de la Campaña del secretario general es precisamente decir ALTO A LA IMPUNIDAD, y eso pasa porque las mujeres que sufren violencia puedan acceder a la justicia, por sancionar a los victimarios y por establecer programas de reparación. Solo de esa manera podremos decir que una sociedad tiene tolerancia cero a la violencia contra las mujeres”.

Ambientes favorables

Para desatar los nudos encontrados, PNUD y ONU Mujeres finalizan la publicación con una descripción de las condiciones institucionales que permitirían crear ambientes favorables para la implementación de planes o políticas que hagan frente a la violencia contra las mujeres. Una suerte de recomendaciones para la acción.

Identificar las oportunidades para incluir esta lucha en las agendas políticas aparece como clave, sobre todo durante la gestión de gobiernos progresistas o mientras se dan procesos de reforma o modernización de los Estados. En ese marco, un punto de partida posible es crear un mapa de actores con quienes abrir canales de diálogo y crear redes y alianzas que posibiliten el trabajo colaborativo. Sin embargo, se hace referencia también a la importancia de que los planes nacionales no queden a merced de vaivenes políticos.

La falta de partidas presupuestarias suficientes debe, necesariamente, constituir otra de las preocupaciones para las autoridades nacionales de los países de la región; y los ejercicios de costeo de la violencia es una de las herramientas de incidencia conveniente para tener mayor claridad de los recursos a utilizar. Asimismo, se menciona fortalecer enfoques integrales en los planes y políticas, y robustecer a las instituciones gubernamentales rectoras. Tampoco queda afuera el foco sobre las capacidades de los cuadros políticos y operadores técnicos de la administración pública en pos de una implementación más eficaz y eficiente de los planes nacionales integrales.

Las políticas públicas surgen para dar respuestas a problemas o a situaciones que demandan atención, y sus contenidos orientan y fijan el rumbo de la acción pública para lograr las respuestas y soluciones satisfactorias para la sociedad. En 2012, dos de cada tres mujeres fueron asesinadas en Centroamérica por el hecho de ser mujeres, y entre el 17% y el 53% de las concubinas o casadas de doce países latinoamericanos denunciaron haber sido violentadas sexual o físicamente por su compañero. Los números no aflojan. Sigamos gritando basta. De nuestro ruido depende.

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