Pachuca, México, mayo (SEMlac).- Dos décadas después de que
32 países del hemisferio americano signaron la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, hay avances y un enorme pendiente: que realmente las
mujeres sean libres y que sus derechos humanos sean respetados.
 En palabras de Carmen Moreno Toscano, secretaria ejecutiva de la
Comisión Interamericana de Mujeres, es "la práctica cultural que
concibe a las mujeres como objeto, que sigue pensándonos como entes que
pueden emplearse para cualquier fin: lo que abre la puerta al abuso y
el asesinato". Hoy el feminicidio está tipificado en México, pero las
cifras son dolorosas.
En el estado de Hidalgo, a 90 kilómetros de la capital de México, se
realizó el Foro Hemisférico Belém do Pará +20. Durante dos días y en
más de 100 intervenciones de panelistas, se escucharon análisis y
relatos de acciones, programas y legislaciones. Peo se escuchó también,
una y otra vez, una palabra ensordecedora: resistencia.
Resistencia en la sociedad, los jueces, policías, en el magisterio,
el personal de salud, el aula, los medios de comunicación, entre
líderes y gobernantes, financieros y legisladores. Resistencia para dar
a las mujeres un lugar digno y humano.
Belén do Pará, en 1994, fue una piedra de toque para reconocer la
violencia contra las mujeres y comprometer a los gobiernos a prevenir,
sancionar y erradicar todo acto de violencia y humillación contra las
mujeres, una lacra que asesina, en palabras de la costarricense Rebeca
Grynspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB).
Grynspan enfatizó que, en este lapso, aparecieron claramente otras
formas asociadas a esa violencia, como la trata con fines de
explotación sexual, los asesinatos y la tortura.
Además, diría la exfuncionaria del Consejo Económico para América
Latina y el Caribe (Cepal), se pierde productividad, hasta dos por
ciento del producto interno bruto en el continente.
Tras reconocer a la Convención como una herramienta fundamental y
aplaudir avances significativos --nuevas legislaciones, planes,
programas, modelos de atención--, Grynspan dijo que es necesario dar
centralidad al empoderamiento de las mujeres, poner en el centro de
nuestras naciones y de la democracia, la libertad de las mujeres.
Veinte años después "estamos en el principio. Reconozcamos de nuevo que es inadmisible la persistencia de este flagelo".
Al final del foro, en una declaración general, las representaciones
de los países signantes de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) ratificaron la Convención y, mirando al futuro, pusieron al
centro dos tareas para cumplir con la prevención --el más escaso de los
avances--: educación y transformación de los medios de comunicación.
Dos puntas de una solución.
El Foro Hemisférico Belém do Pará +20 fue organizado por el gobierno
local mexicano de Hidalgo y la Comisión Interamericana de Mujeres.
José Miguel Inzulza, secretario general de la OEA, recordó a los
gobiernos su obligación de cumplir con todas las partes de la
Convención y dijo que la desigualdad entre hombres y mujeres; la
violencia, que va de la humillación verbal al asesinato, hacen
aparentemente inalcanzable la democracia. "Una democracia solo para la
mitad de la población no es democracia", enfatizó.
Beatriz Ramírez Abella, vicepresidenta de la Comisión Interamericana
de Mujeres, planteó uno de los asuntos menos analizados en estas dos
décadas: el acoso y la humillación sistemática contra las mujeres en
todas sus actividades, no considerado delito grave y cuya dimensión
está horadando en la salud mental de millones de americanas.
Una violencia escondida que produce miedo y está legitimando, día a día, la discriminación y exclusión de las mujeres, agregó.
Durante el foro se hizo un recuento de acciones y programas
desplegados en cada país y frente de acción, particularmente en el
proceso jurídico.
En solo 16 países hay leyes de igualdad y contra la violencia; una
creciente denuncia de las afectadas, fiscalías especializadas, planes
nacionales, consejos, cientos y miles de personas han recibido
información y capacitación, se ha convocado a la reflexión; se han
hecho estudios y diagnósticos, encuestas y campañas.
Sin embargo, se reconoce que la prevención no es exitosa y la
persistencia del flagelo y la impunidad conspiran sistemáticamente
contra esas acciones y las políticas públicas.
La Declaración de Pachuca, signada por delegadas titulares y
alternas ante la Comisión Interamericana de la Mujer, compromete a
adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, especialmente para actuar con debida
diligencia, trabajar por modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, contrarrestar prejuicios y costumbres.
Ratificaron los acuerdos de la 58 sesión de la Comisión de las
Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, así
como el compromiso de invertir recursos para transversalizar la
perspectiva de género y trabajar profundamente en la prevención de la
violencia, empezando por la escuela, los medios de comunicación y las
agencias publicitarias.
También, vigilar que los gobiernos concluyan cambios legislativos
para que los medios de comunicación se conviertan en aliados y no en
promotores de la violencia y la discriminación femenina.
Firmaron cuatro compromisos específicos: fortalecer el enfoque en la
prevención, como una respuesta integral; luchar contra la cultura de la
impunidad y la utilización de estereotipos discriminatorios, coordinar
las instancias de los gobiernos para asegurar que las acciones cuenten
con apoyo político a todos los niveles. Especialmente, contar con
recursos financieros y humanos para obtener resultados en el corto,
mediano y largo plazos.
La declaración final incluyó la demanda de que los gobiernos rindan
cuentas sobre sus acciones y las aceleren, se cumpla y armonice la
legislación y se propicie en todos los campos la igualdad sustantiva
entre hombres y mujeres.
El encuentro permitió, además, el intercambio de personas, agencias
oficiales y funcionariado de 25 entidades de las 32 de la nación
mexicana y 14 países representados.
También la presentación de lo que ahí se llamó programas piloto, que
dan cuenta de acciones exitosas, pero en poblaciones reducidas,
específicas y limitadas.
Por ejemplo: en México existe un millón 500.000 personas del
profesorado de la educación básica a la profesional y no ha sido
posible más que capacitar a algunos miles, menos del 25 por ciento.
Situaciones similares ocurren en Chile, El Salvador y Honduras.
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