Jesús Cantú
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- La nueva estructura institucional electoral fue una
demanda de la oposición (principalmente el PAN, secundado por el PRD),
en la cual finalmente el PRI impuso sus condiciones y aseguró el
control de los denominados organismos públicos locales (OPL), aunque
ahora será a través del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
La petición original de la oposición era la
desaparición de los organismos electorales estatales y la creación de
una única estructura nacional; lo cual desde luego se enfrentó a la
oposición del tricolor y, particularmente de los gobernadores surgidos
de sus filas, que no estaban dispuestos a perder el control de los
mismos.
La alternativa fue ceder la designación de los
integrantes de los órganos de gobierno de estos organismos al Consejo
General del INE y centralizar una serie de atribuciones, pero abrir la
puerta para delegarlas a los OPL, con lo cual se concreta el peor de
los escenarios: se mantienen las dos estructuras; se elevarán los
costos de la organización electoral, pues obligan al INE a crear una
nueva unidad y burocracia; y los gobernadores priistas lograrán su
objetivo de mantener el control.
La simulación se consuma con la
aprobación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, que precisa la distribución de funciones y define el
procedimiento para la designación del consejero presidente y los seis
consejeros electorales de los OPL; en dichas normas el PRI aseguró la
captura de los organismos electorales estatales, lo cual les permitirá
no únicamente mantenerla en los estados donde son gobierno sino incluso
extenderla al resto de las entidades.
La disposición fundamental
para ello está en el inciso h del artículo 101, al establecer que se
requiere como mínimo el voto aprobatorio de ocho de los 11 integrantes
del Consejo General del INE, con lo cual el tricolor tiene en sus manos
la decisión, ya que le bastará instruir a los cuatro consejeros que
logró colocar (Proceso 1953) para vetar a cualquiera de los candidatos
propuestos por la Comisión de Vinculación. Es obvio que este poder de
veto fortalecerá su capacidad negociadora y la utilizarán para asegurar
una integración favorable de los consejos estatales.
Todo indica
que el remedio será peor que la enfermedad; la oposición impulsó la
reforma porque los órganos de gobierno de los organismos estatales
estaban capturados por los gobernadores, particularmente en los estados
donde el PRI tiene hegemonía de más de 80 años, pero la legislación
resultante les asegura mantener y extender ese control.
La
oposición se deslumbró porque los consejos locales y distritales del
extinto Instituto Federal Electoral mostraban una composición más
equilibrada que los consejos de los órganos estatales, pero no pudo
notar que las condiciones eran distintas: primero, los gobernadores se
preocupaban por capturar a los órganos que incidían directamente en la
gobernabilidad de su entidad, es decir, los estatales; y segundo, la
integración de los consejos del órgano federal estaban influidos
fundamentalmente por las dirigencias partidistas.
Seguramente se
mantendrá dicha realidad: los gobernadores no se meterán en la
designación de los consejos locales y distritales del INE; pero
mantendrán su interés en los consejos de los OPL y, por ende,
presionarán a los representantes de los partidos para que su
composición les asegure el control. Y en los estados donde el PRI no es
gobierno, será la dirigencia nacional priista la que se preocupará por
lograr dicha integración y se asegurará (como ya lo hizo en la
integración del Consejo General del INE) de contar con los votos
necesarios para mantener el dominio.
Además de que las nuevas
disposiciones generarán condiciones de competencia más desventajosas
para la oposición, también pueden provocar más conflictos
poselectorales y desconfianza ciudadana en la autoridad, pues en el
pasado las disputas en las elecciones estatales se percibían totalmente
desvinculadas de los resultados electorales federales; pero ahora será
exactamente al contrario, pues la percepción es que existe una sola
estructura electoral que organiza las elecciones federales y estatales,
por lo cual será difícil desvincularlas.
El riesgo se agudizará
en las elecciones presidenciales, pues en 2018 se elegirán en el mismo
día, al menos al jefe de Gobierno del Distrito Federal y los
gobernadores de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán,
entidades complicadas y que ya tuvieron, al menos, una alternancia en
el Ejecutivo. La combinación de resultados electorales muy cerrados en
la contienda presidencial con conflictos postelectorales en las
entidades federativas puede ser fatal para la legitimidad del próximo
presidente.
Por lo pronto, el Consejo General del INE tiene hasta
el próximo 30 de septiembre para designar a los consejeros presidentes
y consejeros electorales de las 17 entidades que celebrarán elecciones
el siguiente 7 de junio. Los tiempos permiten establecer periodos
cómodos para cumplir con cada una de las etapas del procedimiento:
emisión de la convocatoria, periodo de inscripción, revisión de
requisitos, integración de las listas de 35 candidatos para cada uno
los consejos y desde luego, la designación de los 17 consejeros
presidentes y los 102 consejeros electorales.
El primer forcejeo
por el control de los OPL se dará en los siguientes días, en la
integración de la Comisión de Vinculación con dichos organismos, que
según señala expresamente el párrafo 5 del artículo 42 se integrará por
cuatro consejeros electorales “designados por mayoría de cuando menos
ocho votos del Consejo General, por un periodo de tres años y la
presidencia será rotatoria en forma anual entre sus integrantes.” Esta
primera integración será fundamental, pues será la responsable de
integrar los consejos de los 32 OPL y desde luego, de darle seguimiento
a las tareas de los mismos durante el próximo proceso electoral.
La
integración y presidencia de dicha Comisión permitirá vislumbrar el
peso que ejercerá el PRI en este Consejo General y, más allá de los
procedimientos formales, la designación de los primeros 17 consejos
estatales será fundamental para definir si la reforma fue un avance o
un retroceso en la pretendida construcción de la democracia electoral.
Hasta el momento, los textos de la reforma constitucional y las nuevas
disposiciones secundarias, así como la integración del Consejo General
del INE arrojan un saldo negativo.
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