MÉXICO,
D.F. (Proceso).- La estrategia del gobierno federal para borrar
mediáticamente la violencia y el grado de infiltración de la
delincuencia organizada en los gobiernos municipales, estatales y
federal fue rebasada por los hechos. El drama de la realidad se impuso
sobre el artificio de la virtualidad. A pesar del gasto millonario para
controlar a los medios de comunicación nacionales, e incluso algunos
extranjeros, ha sido imposible ocultar la evidente vulnerabilidad de un
Estado que perdió el monopolio de la violencia legítima frente a los
cárteles del narcotráfico y se vio en la necesidad de integrar a las
autodefensas para combatir el poder mortífero de los criminales, con
todos los riegos que ello implica.
El
detonador de las medidas adoptadas por el gobierno federal para
restaurar la paz y el orden en Michoacán no fue el infierno que durante
años han padecido los michoacanos sino la inquietud expresada por Klaus
Schwab, presidente del Foro de Davos, a raíz de la inseguridad y el
surgimiento de los grupos de autodefensa en México. Ante el temor de
una eventual reducción de la inversión extranjera como consecuencia de
la violencia e inseguridad en el país, el gobierno se vio obligado a
responder con rapidez y firmeza.
El plan para restablecer el
orden en Michoacán dado a conocer por el presidente Enrique Peña Nieto
a su regreso de Davos incluye, además del nombramiento de comisionado
para la Seguridad en Michoacán, un gabinete federal para atender los
problemas del estado y una inversión de 45 mil millones de pesos
destinada a proyectos de educación, economía, salud, desarrollo social
e infraestructura. Según lo informó la secretaría del ramo, al
desarrollo social se destinarán tres mil millones de pesos con el fin
de incorporar a 29 nuevos municipios a la Cruzada contra el Hambre en
los que habitan 776 mil 993 personas en condición de pobreza, lo que
equivale a sólo 10.58 pesos diarios por persona.
La reacción
gubernamental reveló la inexistencia de un diagnóstico certero y una
estrategia de seguridad sólida. La decisión de intervenir con toda la
fuerza del Estado para frenar el caos en Michoacán fue
inexplicablemente tardía, ya que la información acerca de la situación
de violencia, inseguridad y del surgimiento de las autodefensas era
bien conocida desde mucho antes del inicio de la actual administración.
¿Por
qué no se actuó de antes? Quizá porque ello hubiera nublado la imagen
del presidente reformador que aparece en la primera plana de la revista
Time (y en la mayoría de los diarios nacionales) como “el salvador de
México”, y acaso también por la ominosa red de corrupción entre el
narcotráfico y las autoridades de los tres niveles de gobierno que
permanece inmune e impune.
Asimismo, la actitud del gobierno ante
los grupos de autodefensa fue titubeante y contradictoria. El rechazo
inicial del gobierno a los ciudadanos que se armaron para defender la
vida y el patrimonio de sus familias debido a la omisión de las
autoridades para cumplir con la responsabilidad primordial de
garantizarles la seguridad, dio un viraje total. Privilegiando la
urgencia coyuntural frente al rigor jurídico, el 27 de enero, el
comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, informó
que el gobierno federal y los grupos de autodefensa de Tierra Caliente
firmaron un acuerdo para “legalizar” a los ciudadanos armados e
incorporarlos a las fuerzas del Ejército o de las policías municipales
para combatir el narcocrimen.
Los grupos de autodefensa de
Michoacán representan el paradigma de un fenómeno que se extiende a
varias entidades del país. Como lo documentó José Gil Olmos hace un
año, “en el país hay 36 grupos de autodefensa ciudadana en ocho
estados: 20 en Guerrero, cuatro en Michoacán, tres en Morelos, dos en
Oaxaca, dos en Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de México y
uno en Jalisco” (Proceso 1895).
Lo más probable es que esas
cifras hayan aumentado como resultado del agravamiento del clima de
violencia aunado al déficit del Estado en materia de seguridad. “Ese
vacío se llena por otras formas: Por el poder caciquil, el crimen
organizado o los policías comunitarios”, le comentó Erubiel Tirado,
responsable de la cátedra sobre seguridad nacional en la Universidad
Iberoamericana, al reportero de Proceso.
El gobierno ha optado
por integrar a las autodefensas de Michoacán, pero a perseguir y
encarcelar a las autodefensas comunitarias de Guerrero por su presunta
vinculación con grupos guerrilleros. En ambos casos está en riesgo el
monopolio de la violencia legítima del Estado.
La remoción del
doctor José Manuel Mireles como vocero de las autodefensas michoacanas
a raíz de sus declaraciones a El País y a Carmen Aristegui reveló la
decisión del gobierno de controlar el liderazgo de las autodefensas,
así como su negativa a aceptar la crítica. El comisionado Castillo
declaró que Mireles no estaba actualizado respecto de la situación en
Michoacán por haber dicho que la acción gubernamental “era un teatro”.
En
realidad, la declaración del doctor Mireles fue mucho más elaborada y
certera, al haber desenmascarado la enorme corrupción que devasta a
Michoacán, con dos datos insoslayables. En primer lugar, que entre el
15 y el 25 por ciento del presupuesto de la entidad va directamente a
manos del crimen organizado por vía de funcionarios estatales y
municipales coludidos con los narcotraficantes. Y, en segundo lugar,
que mientras no se imponga el estado de derecho en Michoacán, una buena
parte de los 45 mil millones de pesos ofrecidos por el presidente Peña
Nieto servirán para fortalecer las arcas y el poder de lo que el doctor
Mireles llama, con razón, el narcogobierno michoacano.
El doctor
Mireles puso el dedo en la llaga: El narcocrimen ha penetrado hasta la
médula a las instituciones estatales y municipales de Michoacán. ¿Por
qué el gobierno federal se empeña en ocultar el pantano de corrupción
en que se hunde Michoacán y el país todo?
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