Guillermo Almeyra
La Jornada
Andrés Manuel López Obrador
llegó al gobierno por una votación tan masiva que hizo imposible el
fraude y no por una concesión de las clases gobernantes que, con elevada
conciencia de clase, cedieron parte del gobierno para conservar el
poder y aceptaron a AMLO sólo
para domar al tigrede la protesta popular. El Presidente tiene por eso una deuda pendiente con los millones de ciudadanos que lo apoyaron, no con los grandes capitalistas que quieren utilizarlo. Este es el primer hecho irrefutable.
Del mismo se desprende que este gobierno no es lo mismo que los
anteriores ni una redición o continuación de ellos, sino una excepción
resultante de una relación de fuerzas irrepetible. Es un gobierno
capitalista, como también fue el de Lázaro Cárdenas del Río, pero con
enorme apoyo popular y surgió en una crisis político-social grave en la
nación y en medio de la crisis económica del capitalismo mundial que
viene desde 2008 y que cambió la relación de fuerzas entre los
diferentes imperialismos, la de éstos con los países dependientes –a los
que algunos ilusos calificaban de emergentes– y también la relación de
fuerzas entre las clases dominantes y las subalternas en todas las
naciones del mundo.
El gobierno de López Obrador es fruto de las esperanzas y las
ilusiones de millones de explotados y, además, de la crisis económica,
política y de dominación del capitalismo a escala mundial. Los grandes
capitalistas que lo aceptaron como mal menor por temor al
tigrepopular desean que pierda su base de apoyo y decepcione a los ilusionados que todavía esperan un cambio social de un hombre que quiere, por el contrario,
humanizar al capitaly la República unida y
amorosa, no el fin de la explotación y de la opresión. Esto también es un hecho insoslayable, tozudo.
Por esa razón la mera oposición a las políticas de AMLO sin proponer
opciones a las mismas y los ataques sectarios al Presidente y a sus
seguidores sólo sirven al gran capital y les granjean a los sectarios el
odio popular. Es aberrante suponer que el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) fue una creación de Carlos Salinas de
Gortari, pero el sólo hecho de decenas de millones puedan creerlo indica
la profundidad de la fosa que las frivolidades y el sectarismo crearon
entre el EZLN y millones de trabajadores que simpatizaban con el
zapatismo.
Los ataques sectarios favorecen además la
solución Huerta, o sea la caída por la derecha de un Presidente con veleidades de equilibrista y, como su modelo Madero, prisionero de un aparato estatal conservador y reaccionario y temeroso ante los descendientes actuales de Zapata y de Villa.
El anticapitalismo no debe sólo rechazar las políticas del gran
capital: debe, sobre todo, hacer propuestas concretas y viables,
superadoras de aquéllas y que armen a los pueblos para su autogobierno
en un sistema de autogestión comunitaria generalizada. Hay que remplazar
al gran proyecto turístico-inmobiliario que acompaña al Tren Maya por
proyectos de desarrollo rural elaborados por las comunidades locales con
el apoyo de expertos universitarios voluntarios, apoyados en la lucha
por un conjunto de leyes de protección ambiental y a la economía
campesina diversificada y por un estudio de los territorios para el
desarrollo de energía eólica o solar y de los suelos para planear una
agricultura que no dañe el ambiente.
También se debe plasmar en proyectos concretos la oposición reiterada
de las comunidades indígenas y organizaciones sociales del Istmo de
Tehuantepec a la destrucción de su tejido social y de sus territorios
para realizar el viejo proyecto de Echeverría-Fox destinado a servir a
los intereses de Estados Unidos, conteniendo allí las migraciones y
reduciendo en tiempos y costos los fletes del comercio entre los dos
océanos.
La elaboración de proyectos alternativos en asambleas democráticas
con expertos invitados y su discusión en reuniones intercomunitarias son
indispensables porque harán escuchar en todo México la voz de los
trabajadores, quitándole así al capital y al gobierno el argumento falaz
de que no hay otras opciones que las que ellos proponen.
Si el candidato López Obrador se comprometió, pese a la inversión ya
realizada, a echar por tierra el proyecto de termoeléctrica en Huexca
que el presidente López Obrador ahora quiere terminar, apoyándose en
argumentos técnicos y financieros ¿quién de los dos era o es sincero? No
hay duda alguna: si la central amenaza la calidad del agua y el
gasoducto es inseguro, no deben funcionar. La inversión ya realizada no
justifica insistir en montar una bomba de tiempo. Por el contrario, los
malos cálculos, la irresponsabilidad, la corrupción de quienes
negociaron con la empresa española deben ser enjuiciados. Incluso si la
oposición de los campesinos y las comunidades fuese errónea, hacer algo
contra su voluntad y llamarles
conservadoresporque, en efecto, quieren conservar su agua y su seguridad expresa soberbia, ignorancia histórica y constituye un grave y peligroso error político.
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