Peña y Trump en Los Pinos. Foto: Octavio Gómez
Ante el desorden que domina en la Casa Blanca por las veleidades de
Donald Trump, entre las que tiene marginado a su secretario de Estado,
México está a expensas de un mitómano compulsivo que ha encontrado
terreno fértil en la docilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La transcripción que reveló el jueves 3 el diario The Washington Post
sobre la plática que ambos tuvieron el 27 de enero pasado, cuando Trump
apenas llevaba una semana en la Casa Blanca, muestra sin ambages el
talante del poderoso millonario hacia México y la defensa retórica por
parte de presidente mexicano.
En su momento sólo se conoció que Trump estaba dispuesto a enviar tropas para enfrentar a los bad hombres de los cárteles de la droga en México.
En realidad, fue más que explícito: “Escucha, le dijo a Peña, yo sé
cómo son estos hombres. Nuestros militares los van a noquear como nunca
lo pensaste. Vamos a trabajar para ayudarte a noquearlos porque tu país
no quiere eso”.
Se refirió a los “hombres duros” de la delincuencia organizada y, de
frente, le dijo a su interlocutor: “Tenemos la voluntad de ayudarte con
esa gran liga… Ellos tienen que ser noqueados y ustedes no han hecho un
buen trabajo”.
Así fijó el ánimo de su gobierno frente a la Iniciativa Mérida, que
durante una década había marcado la colaboración antinarco entre los dos
países.
Centrada en la asistencia técnica y económica para sostener la
estrategia de descabezamiento de los cárteles, esa estrategia fue
contraproducente para la violencia en México, pero de gran beneficio
para Estados Unidos, pues logró una presencia sin precedentes para
operar en este país.
Lo que Trump y sus hombres cercanos favorecen es una política de
mayor participación de los militares mexicanos en el combate al narco,
tal y como ocurrió con el Plan Colombia, antecedente de la Iniciativa
Mérida.
El principal responsable de esa tarea fue el general John Kelly, como
jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos y quien ahora, como
militar retirado del Cuerpo de Marines, es el jefe de gabinete de
Trump.
Promotor de una mayor intervención armada en contra de los cárteles
mexicanos, Kelly fue al inicio del gobierno de Trump secretario de
Seguridad Interior, desde donde estaba operando la construcción del muro
en la frontera común.
Trump tiene a otros dos militares en puestos clave que tocan la
relación con México. Su asesor en Seguridad Nacional, el general también
de la Marina HR McMaster, cuya oficina también tiene al narcotráfico
como parte de las amenazas para la seguridad estadunidense.
La misma visión comparte el Pentágono, en donde Trump puso al general
James Mattis. Otro militar retirado del Cuerpo de Marines. Conocido con
el sobrenombre de “perro rabioso”, participó en operaciones armadas en
Medio Oriente, el norte de África y Asia Central, incluidas la Guerra
del Golfo, la invasión a Iraq y la guerra en Afganistán.
Al mismo tiempo, Trump mantiene congelado al secretario de Estado,
Rex Tillerson, quien debe conducir la política exterior de su país y a
quien reporta la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta
Jacobson.
Tillerson debía venir a México en junio pasado, pero en medio de las
disputas en la Casa Blanca, canceló su viaje; no obstante ser uno de los
países donde Estados Unidos tiene mayor personal en el mundo.
Una red de agencias opera la relación del día a día con México, pero
ante el desorden en la Casa Blanca, expresada en renuncias y despidos de
primer nivel, vale la pena preguntarse cómo Trump y sus marines
pretenden operar en su frontera sur.
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Llegó a este espacio información en el sentido de que la abogada
Marina Aguirre Villanueva, del Instituto de Defensoría del Estado,
conocida por demostrar las fallas y abusos del ministerio público local
en el nuevo sistema de justicia penal, fue agredida la mañana del lunes
desde un vehículo en marcha cuando conducía sobre el libramiento que va
al Centro de Readaptación Social, conocido como Mil Cumbres.
Le arrojaron botes de cervezas cerrados para hacerle perder el
control sobre esa vía rápida. Un presunto atentado que ahora está en
manos de la Procuraduría estatal a la que pertenece el Instituto de
Defensoría; lo mismo que el ministerio público.
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