Mostrando las entradas con la etiqueta Jorge Carrasco. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Jorge Carrasco. Mostrar todas las entradas

10/18/2019

La millonaria mudanza del TSJCDMX







La Torre Patriotismo, ubicado en el número 230 de esa avenida a donde se mudará el TSJCDMX. Foto: sitio web Edificios de México 



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) ha decidido gastar más dinero de los contribuyentes. Pronto se va a mudar a un nuevo edificio por que el que va a pagar cerca de mil millones de pesos de renta en los próximos cinco años.

Jueces, magistrados y personal del Tribunal tendrán su nueva sede en la Torre Patriotismo, un edificio recién levantado en el número 230 de esa avenida, en la colonia San Pedro de Los Pinos.

El beneficiado de la mudanza será el Grupo Constructor Rouz, que garantizó ya la utilización de su inmueble hasta el 2024.

Tras el sismo de 2017, el TSJCDMX había arrendado dos inmuebles para desalojar edificios que ocupaba y quedaron dañados. La gestión del entonces presidente Álvaro Augusto Pérez rentó los edificios de Calzada de la Viga 1174, en la colonia El Triunfo, en la alcaldía de Iztapalapa, y el de Avenida Juárez 104, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. 

La administración de su sucesor, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, ha decidido acabar de forma anticipada esos contratos para ocupar la Torre Patriotismo, que tiene 23 pisos, área comercial y 8 niveles subterráneos para casi 900 vehículos.

El cambio incrementará en 60 por ciento lo que el Tribunal paga al año por arrendar aquellos inmuebles. Si ahora la renta no llega a los nueve millones de pesos, con la torre será de 14 millones 500 mil pesos al mes. En cinco años, el pago será de 870 millones. 

El TSJCDMX argumenta que se trata de un buen precio porque según un dictamen de avalúo, la renta máxima de la torre es de 19 millones 400 mil pesos al mes. El costo del arendamiento incluirá la adecuación de los espacios a lo que pida el Tribunal, el equipo y mobiliario de oficina y el mantenimiento durante un año. 

El organismo que preside el magistrado Guerra Álvarez habrá de pagar una penalización por terminar de manera anticipada los contratos de arrendamiento, así como los costos de la mudanza. 

El traslado fue autorizado el 21 de mayo pasado por el pleno del Consejo de la Judicatura de la CDMX, que preside el propio Guerra Álvarez, como parte del Proyecto de Reordenamiento Inmobiliario, propuesto por el Oficial Mayor del Tribunal, Sergio Fontes Granados. 

Exdirector jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Xochimilco, Fontes Granados fue acusado, a principios de año, por empleados del tribunal de supuestos actos de corrupción y abuso de autoridad ante la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. 

Como parte de la justificación del cambio de edificio, las autoridades del TSJCDMX argumentan que se trata de una “reubicación estratégica” de sus órganos jurisdiccionales y de administración, incluidos los necesarios para los juicios orales. También mencionan la falta de infraestructura e inseguridad en el caso del edificio de Iztapalapa. 

Hace menos de un mes, el 23 de septiembre, la secretaria general del Consejo de la Judicatura local, Zaira Liliana Jiménez, informó de los planes de cambio a la Dirección General y a la Dirección General Jurídica del Tribunal. 

Les comunicó que la mudanza se hará cuando sea aprobada por la propia Dirección General Jurídica, la Contraloría y la Dirección de Protección Civil del Consejo de la Judictaura. 

Los detalles del cambio están contenidos en esa comunicación interna a la que tuvo acceso la asociación civil México Justo, a través de la plataforma que tiene para recibir denuncias anónimas. 

La asociación, que busca la transparencia del Poder Judicial en el país y es presidida por Juan Carlos Pérez Góngora, considera que los recursos se deberían dedicar a mejorar la labor del TSJCDMX, sobre todo después de que en la evalución del año pasado del World Justice Project sobre el estado de derecho en México, quedó como uno de los organismos jurisdiccionales menos eficientes del país. 

10/10/2019

La “seguridad nacional” de la 4T






El presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado por los titulares de SEDENA, Creencia Sandoval y de SEMAR José Rafael Ojeda en Santa Lucía. Foto: Eduardo Miranda 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En plena guerra de Vietnam, el presidente Richard Nixon intentó en 1971 que la Suprema Corte de Estados Unidos declarara como asunto de seguridad nacional los llamados Papeles del Pentágono y detuviera su difusión por parte del New York Times y el Washington Post.

Nixon aseguraba que se trataba de un asunto de seguridad nacional. La Corte le pidió pruebas del daño que se causaría a la integridad de Estados Unidos si se daban a conocer las condiciones que habían llevado a ese país a una guerra que estaba perdiendo.

Nixon no pudo probar ninguna afectación y la Corte hizo prevalecer la Primera Enmienda de la Constitución a favor de la libertad de expresión.

En un voto concurrente, el magistrado Potter Stewart estableció que en asuntos que se pretenden de seguridad nacional por parte del Poder Ejecutivo deben operar los contrapesos. 

Aunque en ese caso se trataba de un asunto relacionado con la libertad de expresión, el criterio de los contrapesos al Ejecutivo y la demostración del daño a la seguridad nacional se ha expresado en distintos instrumentos internacionales, como Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, adoptado por Naciones Unidas en 1996.

No basta que El Ejecutivo y las Fuerzas Armadas aleguen que un tema es de seguridad para que lo sea. En México, el Ejército y la Marina se han destacado por clasificar como seguridad nacional asuntos que no lo merecen y que han tenido que combatirse en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en el Poder Judicial. 

El renunciado ministro Eduardo Medina Mora, por cierto, cuando fue director del reemplazado Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pretendía que la información de seguridad nacional se reservara durante 30 años. Argumentaba que en otros países lo hacían hasta cien años. La ley de Seguridad Nacional estableció 12 años. 

El problema es la discrecionalidad de las autoridades para considerar un asunto como de seguridad nacional. Para la Sedena, por ejemplo, el contrato de la ampliación de su estacionamiento es un asunto de esa índole. Los mexicanos, por tanto, no tienen derecho en ese periodo a saber cuánto y cómo se gastó su dinero en ese estacionamiento. 

El argumento de “seguridad nacional” fue que el secretario de la Defensa pasa por ahí y por lo tanto no se puede difundir información sobre la obra. Eso ocurrió en el sexenio pasado. 

Ahora, el gobierno de la 4T dice que todas las instalaciones militares serán clasificadas como estratégicas para la seguridad nacional. Bajo ese “argumento de peso”, todos los espacios, incluidos, los estacionamientos serán asunto de seguridad nacional. Desde luego, el aeropuerto que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que se construya en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. 

El Ejecutivo ya logró que el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México revocara la suspensión de uno de los amparos que han impedido el inicio de la construcción de esa terminal. 

Sin que se conozcan aun los criterios del juez para tomar una decisión judicial por “causas de seguridad nacional” se espera que las otras suspensiones judiciales en contra del aeropuerto también sean revocadas. 

El caso inevitablemente llegará en revisión a la Suprema Corte. Minada como está por la renuncia de Medina Mora como ministro y bajo una creciente influencia del Poder Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación difícilmente podrá convertirse en ese contrapeso del gobierno en asuntos donde se invoca al fantasma de la seguridad nacional, que así visto significa todo y nada a la vez. 

Si el presidente y sus colaboradores en verdad estuvieran preocupados por la seguridad nacional, estarían concentrados en proteger no solo su componente militar, sino también en generar las condiciones de gobernabilidad democrática y reasumir el control que se ha perdido en amplios territorios del país, entre otros verdaderos apremios. 

9/04/2019

La justicia de la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Benjamín Flores

El presidente Andrés Manuel López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Benjamín Flores
 (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere una justicia a modo de la llamada 4T. De sobra son conocidas sus confrontaciones con el Poder Judicial de la Federación (PJF), desde hace más de una década, cuando en el gobierno de Vicente Fox le aplicaron la máxima juarista de “a los enemigos, justicia” y fue despojado del fuero constitucional por desacato de una resolución judicial.
Desde entonces, su inquina hacia los jueces ha sido más que notoria y se ha servido de los excesos e históricas deficiencias de la aplicación de la justicia en el país para descalificar al PJF que en los últimos 25 años, con altibajos, se ha reivindicado como el tercer Poder del Estado y no el poder de tercera que fue durante el régimen del PRI del siglo pasado.
Indefendibles son los altos ingresos y prerrogativas de la cúpula judicial, el nepotismo, el influyentismo, la opacidad y otros graves problemas de la justicia en México. Pero no es con jueces a modo, leales a un régimen, como se puedan superar. Al contrario.
Todavía López Obrador no asumía el Ejecutio Federal cuando su operador en el Senado, Ricardo Monreal advirtió que para el régimen de la llamada 4T se necesita “una sacudida” al PJF.
La LXIV Legislatura, que comenzó en septiembre del año pasado, ha registrado desde entonces una veintena de iniciativas, encabezadas por el propio Monreal, para reformar al sistema judicial en el país, no solo en lo que toca al PJF, sino también a los poderes judiciales estatales.
Impulsadas por el gobernante Morena, las propuestas parten del propósito de acabar con aquellos males tan acusados.
Lo que está en juego es el necesario equilibrio de Poderes del Estado mexicano para no retornar a lo que fue el poder judicial en el régimen autoritario priista.
El gobierno de López Obrador lleva prisa y en las próximas semanas podría presentar su propia agenda de reformas al sistema judicial del país para ser aprobadas en el actual periodo ordinario del Congreso.
A diferencia de lo ocurrido en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando aprovechó el receso judicial de diciembre de 1994 para desaparecer durante 15 días al Poder Judicial que venía del priismo y lo organizó a su diseño actual -lo que fue interpretado como un golpe de Estado técnico-, López Obrador ha optado por la búsqueda de aliados en el PJF para su reforma; además de su mayoría legislativa.
Su principal aliado es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el minstro Arturo Zaldívar, quien en enero pasado fue electo cabeza del PJF con el apoyo del nuevo régimen.
La lógica de su elección fue quitarle la rectoría a la llamada “familia judicial”; es decir, a los hombres y mujeres de carrera judicial que habían dominado en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el poderoso órgano de control de los jueces y magistrados federales.
Lo que pueda pasar con el PJF y poderes judiciales de las entidades bajo la 4T podría ser resultado de decisiones tomadas no por quienes son los de carrera judicial, sino por los llamados externos al Poder Judicial y los actores políticos dominantes del momento.
Nadie duda de la necesidad de reformar al sistema judicial. Es necesario, por ejemplo, establecer de forma técnica los ingresos de los jueces y magistrados, y no meramente por decisión presidencial. El principio constitucional de que en México nadie debe ganar más que el presidente debe ser aplicado con criterios técnicos establecidos por el Congreso.
El presupuesto, las formas de gobierno y la administración también deben estar garantizados en cualquier reforma si lo que se busca es la autonomía e independencia del Poder Judicial.
La designación de los ministros de la Suprema Corte y de los integrantes del CJF, la estructura y funcionamiento de la propia Corte y del Consejo de la Judicatura, la paridad de género, la transparencia, la carerra judicial y la designación de jueces son, entre otros, temas cruciales para una reforma de la justicia en México.
La administración y aplicación de la justicia definen a un país y su calidad democrática.
Durante el cuarto de siglo pasado pasado, México ha gastado mucho tiempo y dinero en reivindicar a ese tercer Poder. Lo que haga o deje de hacer la 4T tendrá repercusiones para la justicia en México más allá de su gobierno. Ahí la oportunidad, pero también el peligro.

8/01/2019

Los costos de administrar el caos

Jorge Carrasco Araizaga 

Andrés Manuel López Obrador, durante la ceremonia en la que se pronunció como Presidente Legítimo de México, en 2006. Foto: Octavio Gómez
(apro).- En 2006, ante las dudas sobre los resultados de la elección presidencial, la revista Proceso intentó un ejercicio periodístico de transparencia para que la sociedad mexicana pudiera conocer qué pasó más allá de lo dicho por las autoridades electorales que le dieron el triunfo a Felipe Calderón a costa del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de la interferencia del entonces presidente Vicente Fox y de la cúpula empresarial.
La revista pretendió acceder a las boletas electorales para verificar que, en efecto, voto a voto, Calderón había ganado la presidencia de la República. Se trató de emular el ejercicio que había hecho en el año 2000 el diario The New York Times cuando el republicano George Bush ganó la presidencia de Estados Unidos al demócrata Al Gore.
El Times tuvo acceso al material electoral del estado de Florida, donde se decidió la elección, y confirmó que Gore había obtenido más votos, pero por el sistema de democracia indirecta de ese país, Bush junior ganó gracias a los votos de los colegios electorales.
En momentos en que López Obrador se declaraba “presidente legítimo” de México, la revista, apoyada en la Ley de Acceso a la Información le pidió las boletas al entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora Instituto Nacional Electoral, INE).
Ante la negativa, se comenzó un litigio que se amplió cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también negó el acceso a las boletas. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por un solo voto, 6 contra 5, no se pudo materializar lo que Proceso en todo momento planteó como un ejercicio de acceso a la información y transparencia.
Felipe Calderón acusó al medio de querer provocar un caos y hasta de poner en riesgo la seguridad nacional. Eso fue lo que su gobierno argumentó cuando el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que Calderón había colocado a uno de los magistrados electorales que habían calificado su elección.
El organismo interamericano se negó finalmente a tomar el caso y Proceso lo llevó al Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde los gobiernos que lo integran tampoco quisieron tomarlo bajo el argumento de que las autoridades electorales habían hecho bien su trabajo.
Después de siete años, el litigio se cerró en definitiva en 2013, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Calderón cargó con ese intento de ejercicio periodístico y de transparencia durante todo su sexenio y que fue motivo de estudio sobre el acceso a la información y la transparencia en materia electoral.
La revista pagó las consecuencias de su propósito. En un claro castigo, “por portarse mal”, según la narrativa de moda, Calderón redujo prácticamente a cero la publicidad oficial hacia la revista. Pero no se quedó ahí. Emprendió una peligrosa medida que puso en un riesgo físico a la revista y sus periodistas.
A la mitad de su sexenio, cuando estaba en pleno la guerra que había declarado al narcotráfico, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el hombre de los montajes, preparó una escenografía en la que presentó a la revista como parte de la logística con la que operaba La Familia Michoacana, el grupo de narcotráfico que le infringió numerosas y graves bajas a la Policía Federal.
Durante dos días, el 29 y el 30 de julio de 2009, hace justo diez años, presentó a una de las tantas células que dijo desarticular de ese grupo delictivo. Mostró a sus integrantes junto con armas, aparatos de radiocomunicación, llaves de autos y otros elementos con los que se movían, entre ellos ejemplares de Proceso.
La revista se inconformó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que se trataba de un acto intimidatorio, violatorio de la libertad de prensa. El mensaje implícito para los enemigos de la Familia Michoacana, era que esta organización delictiva y en particular uno de sus jefes, Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta, era afecto a la revista.
La Secretaría de la Defensa Nacional replicó esa práctica y en un operativo en el que detuvo a un grupo que presentó como perteneciente a Los Zetas, en Veracruz, desplegó también ejemplares de la revista como parte de lo asegurado.
La CNDH se negó a considerar el acto del gobierno de Calderón como violatorio a la libertad de expresión y aseguró que lo que hizo García Luna fue un mero ejercicio de difusión.
Proceso quiso conocer los argumentos de la CNDH para llegar a esa conclusión. El organismo negó el expediente bajo el argumento de que el caso estaba bajo investigación por parte del ministerio público.
De nueva cuenta Proceso emprendió un juicio que después de varios años resolvió la Suprema Corte de Justicia al anular una porción de la ley de transparencia respecto al secreto que favorece a la autoridad ministerial en la investigación de los delitos.
Hace una década, esas batallas le venían bien al llamado presidente legítimo. Ahora, convertido en presidente constitucional, la revista pasó a ser un medio que “administra el conflicto, el caos, el amarillismo”. Algo parecido decía Calderón.

7/17/2019

Collado, la coartada contra Peña Nieto y la “mafia del poder”

Es un caso de grandes implicaciones que según lo señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) en la orden de aprehensión contra Collado puede alcanzar al expresidente Enrique Peña Nieto.
Aunque el también expresidente Carlos Salinas es mencionado, la denuncia pone el acento en Peña Nieto no sólo como accionista de la financiera Caja Libertad, sino como el beneficiado con entregas de dinero en efectivo, “en cajas” que eran transportadas en camionetas de traslado de valores.
Si la persecución penal quedara limitada al abogado Collado no tendría sentido que el caso lo haya presentado ante la justicia federal la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia de la FGR.
A Gordillo la persiguió el propio Peña Nieto en represalia por su franca oposición a la reforma educativa y de paso para cobrarle su colaboración con los gobiernos del PAN y su operación política contra el PRI.
La acusó de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. Ninguno de los cargos prosperó y al final del gobierno de Peña Nieto, ya con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial fue exonerada y quedó en libertad hace casi un año, el 8 de agosto de 2018.
Las mismas acusaciones fueron las que se enderezaron en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien ahora protagoniza, de nueva cuenta, uno más de los escándalos del gobierno de Peña Nieto al asegurar que su entrega fue pactada.
La entonces Procuraduría General de la República, antecedente de la FGR, no pudo comprobar las acusaciones contra Gordillo, además de que fue responsabilizada por haber obtenido información financiera de la exjefa sindical sin autorización judicial.
La FGR ahora acusa a Collado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y al igual que lo hiciera la PGR con Gordillo, en muy poco tiempo, apenas unas cuantas semanas, el ministerio público federal procesó la acusación.
El único denunciante en este caso, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, se presentó ante la FGR el 9 de junio cuando se abrió la carpeta de investigación. Bustamante fue ampliando su declaración y la FGR le pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que revisara la denuncia.
En menos de una semana, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, defenestrado como fiscal electoral en el gobierno de Peña Nieto en medio del escándalo Odebrecht, avaló la acusación y el día 6 de julio el juez de control en el Reclusorio Norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea, firmó la orden de aprehensión. Se cumplió el martes 9.
Así de expedito fue también el proceso para detener a Gordillo. Pero el objetivo era sólo ella. Ni siquiera otros dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Esta vez, la acción inmediata es en contra de quien puede ser considerado como una síntesis de la “mafia del poder” en la caracterización hecha por López Obrador.
Juan Collado es el personaje que desde el salinato ha estado vinculado a los priistas y panistas con los que durante décadas se enfrentó el ahora presidente. Por eso en la orden de aprehensión se menciona expresamente a Carlos Salinas y, de paso, al exsenador panista y abogado, Diego Fernández de Cevallos.
Pero las acusaciones son más explícitas en contra de Peña Nieto, sobre quien también se puede tender un cerco judicial en el caso de su primer director de Pemex, Emilio Lozoya, por el dispendio en la petrolera en la compra de la chatarra que era Agronitrogenados.
Ya embarcada en la acusación y el escándalo mediático, a la FGR no le queda más que demostrar que el expresidente Peña, sobre quien por años se ha proyectado la sombra de la corrupción, participaba en las supuestas estructuras de triangulación internacional de recursos ilegales a través de Caja Libertad.
De hacerlo, México asistiría por primera vez a una acción penal en contra de un expresidente por delincuencia organizada, con lo que López Obrador estaría actuando en los hechos en contra de “la mafia del poder” que tanto denostó y le daría a los mexicanos lo que tanto han querido: la cabeza de un rey del viejo régimen.
Y sus bonos volverían a subir dentro y fuera del país cuando su presidencia cada vez los necesita más.

6/20/2019

El Poder Judicial ante el régimen de López Obrador

Si su apuesta fue que al votar por el favorito del lopezobradorismo para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) estaría protegido de su propia historia, quedó claro que calculó mal y ahora está sometido a una investigación gubernamental por sus millonarias cuentas bancarias.
El pleno de ministros sabe que, en general, no es bien visto por el presidente López Obrador y seguramente más de uno ya habrá puesto sus barbas a remojar. El próximo podría ser el ministro Luis María Aguilar Morales, cuya gestión como presidente de la Corte y del CJF, ese poderoso y oscuro órgano de gobierno judicial, está bajo escrutinio. Aguilar Morales, no sería el único.
La duda es si se trata de ejercicios de transparencia propios de un régimen democrático o una manera de ablandar a quienes desde el máximo tribunal del país y de los juzgados y tribunales federales tendrán que resolver juicios en asuntos que son vitales para el régimen.Los inmediatos, pero no los únicos, son los proyectos de infraestructura: el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México; el tren maya, en cinco estados del sur y sureste del país, y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
El presidente y sus controvertidas propuestas acabarán en tribunales. Hay una estrategia legal en marcha para oponerse y, en última instancia, detener esos proyectos. Ya por intereses políticos o económicos y de franca oposición, el colectivo #NoMasDerroches ha emprendido un largo camino que, por lo menos, dilatará los deseos presidenciales.
Al margen de lo que su gobierno haga o pueda hacer para actuar en contra de quienes promovieron los juicios de amparo, López Obrador ya anticipó en el caso Medina Mora que está dispuesto a apretar a los jueces, a cuya estigmatización de corruptos y privilegiados ha contribuido de manera decisiva, con más y menores razones.
El presidente tiene ahora la mayoría legislativa para reformar al Poder Judicial, como amagó desde un inicio el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.
Cualquier reforma al PJF tendría que ser con la consideración de jueces, magistrados y sociedad, no al gusto del régimen, como la extraviada idea de crear una sala anticorrupción en la Corte, como lo propuso Monreal.
El presidente de la Corte salió al paso al rechazar, esa propuesta. Cierto que no se trata de entrar en una confrontación de poderes, pero tampoco de la simulación para terminar siendo obsequiosos.
La manera en que el máximo tribunal resolvió los juicios constitucionales por la Ley de Remuneraciones, para que nadie gane más que el presidente, fue en el tradicional estilo salomónico de la Corte: un poco para las dos partes. Y en ese caso, el ministro Zaldívar abogó claramente y, desde el inicio, a favor del oficialismo y evitar lo que habría sido una derrota política, la primera, del lopezobradorismo.
En la llamada Cuarta Transformación, el Poder Judicial se enfrenta al reto de consolidarse como tercer poder o regresar a lo que fue durante el régimen del PRI: un poder de tercera al gusto del Ejecutivo.

6/13/2019

México va a pagar la política migratoria de Trump Por Jorge Carrasco Ar

(apro).- Solo era cuestión de tiempo para que México se alineara a la política migratoria de Estados Unidos. La paradoja es que le tocó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador dar el paso ante el chantaje de Donald Trump.
Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña pavimentaron el camino.
Desde que Estados Unidos hizo de la migración un asunto de seguridad nacional, luego de los ataques de Al Qaeda a Nueva York y Washington, las presiones de Estados Unidos para para que México controle a los migrantes que quieren entrar a Estados Unidos no han cesado.
Al tiempo que buscaba la regularización de mexicanos en Estados Unidos, Fox puso en marcha el Plan Sur, que no fue otra cosa que el establecimiento de estaciones migratorias en el sur del país para controlar a los extranjeros en su camino para ingresar de forma ilegal a ese país.
Así fue como el Instituto Nacional de Migración (INM) abrió y amplió sus estaciones en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Ya como programa de gobierno se llegaron a 52 unidades migratorias en todo el país, pero concentradas en la frontera con Guatemala.
Calderón también trató el fenómeno de la migración como un asunto de seguridad nacional, colocándolo en el mismo nivel que el combate al narcotráfico. Vinculada la migración a la “guerra a las drogas”, el segundo gobierno panista obtuvo recursos en forma de equipo y ayuda técnica con el Plan Mérida.
Con todo y el enfoque represivo, en el gobierno de Calderón quedaron registradas tres matanzas de migrantes: en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011; y en Cadereyta, Nuevo León, donde en 2012 se encontraron 49 torsos de personas que querían ir a Estados Unidos.
En 2014, el gobierno de Peña Nieto echó a andar su Programa Frontera Sur, cuyo propósito fue la detención y deportación de los migrantes. Tan solo para 2015, ese programa contó con 102 millones de pesos.
El programa respondió a las presiones de Estados Unidos hacia México debido al incremento en el número de detenciones de menores no acompañados por parte de la Patrulla Fronteriza.
Las concesiones de México fueron creciendo a través de la entrega de información de los migrantes a Estados Unidos a través del INM. Washington intentó, incluso, tener la información migratoria concentrada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Hoy, Estados Unidos cuenta con las bases de datos migratorias de México.
Al final de su gobierno, ya con Trump encima y su obsesión por el muro en la frontera México-Estados Unidos, Peña Nieto pretendió crear un cuerpo de Policía Fronteriza dentro de la Policía Federal. No le alcanzó el tiempo.
Era más que previsible que el gobierno de López Obrador iba a enfrentar más que presiones por parte de Trump en su insistencia de cerrar la frontera. Fue claro que su gabinete de seguridad nacional no se ocupó del tema -o si lo hizo no se notó- y Trump tomó de nueva cuenta al país como rehén de su xenofobia con miras a su reelección presidencial en 2020.
Recurrió al chantaje del comercio y de la penetración de la delincuencia organizada en la estructura del Estado mexicano. Con una dependencia casi total del mercado estadunidense -ocho de cada diez productos que México vende y compra en el mundo es con Estados Unidos- y una innegable presencia de la delincuencia en el poder formal del país, Trump vinculó el tema comercial al migratorio, lo que hasta ahora Estados Unidos no había hecho.
Con la mera posibilidad de imponer aranceles, logró que el gobierno de López Obrador diera pasos más grandes que sus antecesores para hacer el trabajo sucio a los Estados Unidos.
Sin nada a cambio más que la promesa de no imponer aranceles por el momento, el gobierno de la Cuarta Transformación aceptó que se abran a lo largo de la frontera más puntos de deportación de centroamericanos hacia México, para que Estados Unidos ya no gaste en concentrarlos como ahora en solo tres puntos.
Ya en México, se hará cargo de darles techo, alimentación, salud, educación y hasta empleo, en lo que Estados Unidos responde su petición de asilo, lo cual puede durar años.
El gobierno estadunidense ha advertido que podría deportar a miles de centroamericanos que ahora piden asilo. El secretario de Relaciones Exteriores refirió el martes que tan solo entre abril y mayo entraron a Estados Unidos 600 mil centroamericanos. Además, de los 10 mil que están en México en espera.
En los próximos días, México empezará a recibir a una parte de ellos. No se sabe cuál será la cifra que Trump considere “aceptable” para demostrar que la propuesta funciona. Si en 45 días no le gusta el resultado, entonces el Congreso tendrá que hacer reformas para hacer de México un “tercer país seguro” para los centroamericanos, tal y como quiere Trump.
Por lo pronto, México acordó cerrar la pinza de contención. Desplegará, de inicio, seis mil elementos de la Guardia Nacional, el 10% de su fuerza, además de agentes del INM. Ese despliegue complementará a las tropas del Ejército de Estados Unidos que el gobierno de Guatemala aceptó ya en su frontera con México.
Todo, a cambio de promesas, como la de evaluar el plan de desarrollo propuesto por López Obrador para Centroamérica.
En 2016, cuando Turquía aceptó hacerse cargo de los migrantes que huían de la guerra en Siria, la Unión Europea financió un programa de 600 millones de euros para asistir a los refugiados. Aquí, México va a hacer el trabajo sucio y lo va a pagar. Para eso también está la mayoría de Morena en el Congreso.
@jorgecarrascoa

5/30/2019

Herencia envenenada

Se trata de un caso heredado de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y tiene que ver con la persecución de los delitos y la administración y aplicación de la justicia en México.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, está en espera de la resolución que en los próximos días tome la Quinta Sala del TSJCDMX sobre el encarcelamiento del empresario George Khoury Layon. Los gobiernos panistas fracasaron en tres ocasiones en su intención de procesarlo por delincuencia organizada.
Absuelto en esos tres intentos, que lo mantuvieron en prisión durante casi cuatro años de la década pasada, fue acusado entonces del homicidio de un empresario y detenido al día siguiente de su tercera exculpación.
La nueva acusación, pese a ser del fuero común, lo tiene preso desde 2009. Actualmente está recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
En abril de 2018, la ONU pidió al gobierno de Enrique Peña responder por lo que tipificó como una detención arbitraria, luego de evaluar los argumentos jurídicos del acusado y del Estado mexicano.
En su opinión, el Grupo de Trabajo se pronunció por la liberación de Khoury Layon, debido a que, además de haber sido acusado del mismo delito en distintas ocasiones, fue sometido a tortura durante su segunda detención.
En el gobierno de Calderón, sus aprehensiones estuvieron a cargo de la Policía Federal, que dependía entonces del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Durante el gobierno de Fox, García Luna fue director de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI), responsable de las detenciones en la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso del homicidio, fue detenido por la Procuraduría local cuando el entonces jefe de gobierno de la capital era Marcelo Ebrard, ahora titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Otra de las violaciones que encontró el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fue la tortura de otra persona para implicar a Khoury en un caso de relevancia: la desaparición de Hugo Alberto Wallace. Esa tortura fue corroborada bajo el Protocolo de Estambul.
Peña Nieto se fue sin responderle a la ONU y ahora la carga es para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como interlocutora de la ONU, la SRE trasladó las observaciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la capital, la FGR y el Consejo de la Judicatura Federal.
Cada una de ellas tendrá que pronunciarse. El TSJCDMX está por emitir su fallo a través del magistrado Salvador Ávalos Sandoval, titular de la Quinta Sala. Pero Naciones Unidas no sólo pide la liberación del acusado, sino indemnizarlo y otras formas de reparación del daño.
También exige que se investigue y procese penalmente a los responsables de la tortura, así como una investigación independiente de los implicados en la detención arbitraria. De lo que haga, el gobierno de López Obrador tendrá que informarle a la ONU, aunque ésta ha hecho su propio seguimiento del caso.

5/23/2019

Germán Martínez, peleas y división en el gabinete presidencial

“Las peleas entre ellos ya eran a gritos”, dice a Apro un cercano a Martínez Cázares. El motivo fue la retención de recursos por parte de Hacienda, en acatamiento de la decisión presidencial de reducir gastos y concentrar todas las compras del sector público.
En su carta de renuncia, presentada la mañana de miércoles al Consejo Técnico del IMSS, el órgano de gobierno del Instituto, aludió a Urzúa y a Raquel Buenrostro, su todo poderosa Oficial Mayor que concentra las compras del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
“Algunos funcionarios de la secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS”, aplicando criterios “neoliberales” de ahorro y más ahorro, dijo en su carta, cuando deberían más bien buscar mayores recursos para el Instituto y terminar con la corrupción que representa la simulación de la declaración de las cuotas subestimadas que se pagan al Instituto.
“Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano”, dijo de “los funcionarios de Hacienda”, a los que acusó también de querer nombrar en todo el país a una suerte de “delegados administrativos estatales” y de esa manera anular a los delegados aprobados por el Consejo Técnico.
Si bien se refirió a “algunos funcionarios de Hacienda”, en el fondo se trata de un severo cuestionamiento al afán de recortar, centralizar y controlar los recursos públicos por parte del gobierno de López Obrador, quien terminó tomando partido por Urzúa.
La disputa con Hacienda, que se expresa en escasez de medicamentos para los derechohabientes del IMSS en todo el país, con el riesgo para la salud de miles de personas, representa la primera baja en el gabinete de López Obrador, a medio año de su gobierno.
Una pregunta obligada es si en ese afán el gobierno de la 4T ha considerado que pudiera provocar la muerte de personas, con la eventualidad de que sea demandado.
La decisión de controlar los recursos desde Hacienda también se aplicó para la impresión de los libros de texto gratuito del próximo ciclo escolar, luego de que el nuevo compadre del presidente, Miguel Rincón, se quedara con la subasta para vender el papel al gobierno. Se revocó la compra a causa de ese nuevo compadrazgo y el riesgo es que el próximo ciclo escolar inicie sin libros de texto.
La de Germán Martínez no es la única disputa conocida hasta ahora. Apenas hace dos semanas se insistió en la supuesta renuncia del jefe de Oficina de la Presidencia, el empresario Alfonso Romo Garza, por conflictos también con la secretaría de Hacienda. Romo y el propio presidente desmintieron la versión.
El gobierno de López Obrador tenía apenas unas cuantas semanas cuando se insistió en la renuncia de la secretaria de Gobernación, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, por sus alegadas confrontaciones con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Como los cargos de elección popular son irrenunciables, Germán Martínez tendrá que regresar a su escaño en el Senado, que ahora ocupa su suplente, Pedro Haces Barba, uno de los dirigentes sindicales de la 4T con su Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

5/15/2019

El humo se metió en la Suprema Corte



(apro).- El humo que cubre a la ciudad de México desde el fin de semana, por los incendios forestales en el valle, alcanzó el lunes al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Una autentica cortina de humo cubrió el debate sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para esconder la violación a la Constitución en la que incurrió la mayoría oficialista en el Congreso, con tal de sacar adelante el ordenamiento que da gusto al presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de que en los poderes del Estado nadie gane más de los 108 mil pesos que él determinó.
La línea la trazó el presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldivar. Contrario a lo que había sido costumbre durante décadas en los debates del pleno, cuando el presidente fijaba su postura hasta el final de las discusiones, esta vez Zaldívar rompió con lo que dijo era una “regla autoimpuesta”, y no una norma; y antes de cualquier discusión de fondo propuso prácticamente darle la razón al oficialismo.
El argumento es muy simple: como la muy impugnada Ley de Remuneraciones de los empleados públicos ya se reformó en 15 de sus 17 artículos y se añadió uno artículo bis, pues ya no hay nada que discutir, y propone por tanto que el caso se archive. Fin de la discusión.
Así de simple y sencillo se encamina el máximo tribunal del país a “resolver” un asunto que a fines del año pasado generó una gran tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con el Poder Judicial, precisamente por temas de interpretación constitucional y que puso a prueba el equilibrio de Poderes.
Era otra composición en la Corte y Zaldívar no era presidente. La ley, aprobada en noviembre, fue impugnada por disintas vías y diversos actores: amparos de jueces y magistrados, acciones de inconstitucionalidad de la minoría en el Senado y controversias constitucionales de entes autónomos.
La aplicación de la ley fue suspendida por el ministro Alberto Pérez Dayán para el ejercicio presupuestal de este año, en espera de la discusión de fondo. La Consejería Jurídica de la Presidencia y del Senado impugnaron esa decision.
Como ponente de los juicios constitucionales, Pérez Dayán consideró que los cambios a la ley, publicados en abril pasado, no son suficientes. Persiste el tema de fondo: la violación constitucional cometida por el Congreso al aprobar la cuestionada ley.
Lo que hizo el Senado fue “revivir a un muerto” cuando retomó una iniciativa de ley de 2011 que no fue dictaminada en su momento y, por tanto, ya era un asunto concluido, en definitiva, según lo previsto en la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso, los reglamentos para el Gobierno Interior del Congreso y los reglamentos de las cámaras de diputados y de senadores.
El presidente de la Corte no lo ve así y propone avalar la ley tal y como está, en un marcado contraste con el criterio que hizo prevalecer en el caso Florence Cassez, cuando estableció que el montaje de su detención por parte del gobierno de Felipe Calderón tuvo un “efecto corruptor” en todo el proceso. Ese argumento le valió la libertad a Cassez.
No fue ninguna sorpresa que al agumento del presidente de la Corte para avalar la ley de remuneraciones se sumara la ministra Yasmin Esquivel Mossa, propuesta por López Obrador a pesar de las críticas por su historia de conflicto de interés.
A la línea de Zaldívar también se sumó la ministra Norma Piña, entusiasta promotora de la candidatura del ahora presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Sólo falta un voto, de siete más pendientes, para avalar la ley en los términos en que quiso el presidente de la República.


5/08/2019

Odebrecht, la Estafa Maestra y el riesgo Elba Esther

La misma lógica fue la que emprendió el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), antecedente de la FGR, Jesús Murillo Karam, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, en los inicios de 2013, cuando detuvo y procesó a la maestra Elba Esther Gordillo.
Ya sabemos en lo que acabó: un gran fracaso del ministerio público porque no pudo acreditar la acusación por delincuencia organizada. Al final de ese sexenio, la justicia federal ordenó la liberación de la dirigente sindical, que ahora viene por sus fueros, y recién ha ordenado la recuperación de sus bienes incautados.
En el informe que presentó el lunes a la prensa sobre sus primeros cien días en la FGR, el fiscal dijo que para el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en México tuvo reponer la investigación con información reciente porque la PGR prácticamente no hizo nada durante el gobierno de Peña Nieto.
La inacción del gobierno anterior se explica fácilmente porque uno de los principales señalados es el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya. Los exejecutivos de la constructora que están bajo proceso penal en Brasil, han declarado que le entregaron 10 millones de dólares cuando era el encargado de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto.
La pregunta inevitable es si ese dinero o una parte fue a parar a la campaña presidencial del expresidente mexicano, como ocurrió en otros países latinoamericanos. Otra pregunta es si Odebrecht pagó sobornos desde que desembarcó en México, durante el gobierno de Felipe Calderón.
A diferencia de América Latina, donde los expresidentes y altos funcionarios implicados en la corrupción de Odebrecht han sido procesados, detenidos, encarcelados y algunos hasta han perdido a vida, en México el caso ha sido un homenaje a la impunidad.

Gertz Manero dijo que con la nueva información recabada, en dos meses el caso se presentará ante la justicia bajo la premisa de una maquinación delictiva.
Lo mismo hará con la Estafa Maestra porque el posible daño de cinco mil 875 millones de pesos, “no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y asilados unos de otros”, como lo delineó la desaparecida PGR.

Para el fiscal, “debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público”, en un delito que calificó “de Estado”.
Una investigación de ese tipo implica que se explique toda la estructura y forma de operar de quienes desviaron los recursos públicos desde las secretarias de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, además de universidades públicas.
Pero en ambos casos, la figura de delincuencia organizada parece forzada. De acuerdo con el catálogo de delitos previstos en la Ley de Delincuencia Organizada, Odebrecht y la Estafa Maestra no encuadran, tal y como pasó con Elba Esther Gordillo, por más que hayan sido acciones concertadas para delinquir.
Se trata de corrupción y colusión de funcionarios público con particulares. La acusación por delincuencia organizada no pasa de ser espectacular. Con el patrocinio de abogados curtidos en estas acusaciones, los responsables pueden terminar ganando, dejando con un palmo de narices a sus acusadores y a la sociedad.

4/16/2019

Una larga batalla entre policías y militares



 (apro).- Hace 20 años, el gobierno de Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva (PFP), un cuerpo formalmente civil pero integrado por efectivos del Ejército y de la Marina.
Su primer comisionado fue un civil: Omar Fayad, ahora gobernador de Hidalgo. Como para entonces la experiencia de Fayad en la materia era solo su paso por la comisión de seguridad en la Cámara de Diputados, no duró más que unos meses ante su falta de mando y ascendencia entre los militares. Lo reemplazó el almirante de Marina, Wilfrido Robledo Madrid.
La actuación más conocida de la PFP fue en febrero del 2000, cuando tomó Ciudad Universitaria para poner fin a diez meses de huelga. Fue una operación planeada por los mandos de la PFP en la Secretaría de Gobernación, que entonces estaba a cargo del tema de seguridad. Vestidos de policías federales, los militares salieron de madrugada del campo militar de San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, Estado de México, para hacerse del control de la UNAM y detener a los líderes huelguistas.
Cuando llegó Vicente Fox a la Presidencia, el mando de la PFP volvió a ser civil: Alejandro Gertz Manero. Además de ser el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el ahora también primer fiscal General de la República asumió directamente el mando policial, después de una intensa confrontación con el almirante Robledo.
La PFP era aún un cuerpo militarizado, con más de cinco mil efectivos. La SSP mantenía sus convenios de préstamo con el Ejército y la Marina. A la salida de Gertz, otro almirante ocupó por unos meses la comandancia de la PFP, José Luis Figueroa.
Después volvió el mando civil. Ardelio Vargas Fosado, quien entonces era jefe de Estado Mayor quedó como comisionado encargado. Fueron los hombres a cargo de quien después sería el director del Instituto Nacional de Migración (INM), los que protagonizaron, en 2006, al final del gobierno de Fox, la represión contra los pobladores de San Miguel Atenco opuestos a la construcción del aeropuerto en Texcoco.
Felipe Calderón inició su gobierno con una PFP militarizada y desprestigiada. En su declaración de “guerra a las drogas”, les quitó a los militares los uniformes de policías civiles y los mandó a la confrontación directa con los narcotraficantes. Tarea a la que se sumaron otros 40 mil soldados y marinos.
El titular de la SSP, Genaro García Luna, rebautizó al cuerpo policial y la dejó solo como Policía Federal (PF). Sacó a los militares para crear un cuerpo civil. En 2009, Calderón volvió a poner de uniforme de policía a militares para la ocupación de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en su objetivo de desaparecerla.
Calderón le dio a García Luna cuanto quiso para la PF: dinero, infraestructura, equipo y hombres. De cinco mil pasó a más de 35 mil efectivos al final de su sexenio.
El conflicto entre civiles y militares se mantuvo en medio de acusaciones mutuas de colaboración con la delincuencia organizada. Ambos llevaban parte de razón.
El gobierno de Peña Nieto desapreció la SSP, regresó las funciones de seguridad a la Secretaría de Gobernación e intentó transformar la PF en una Gendarmería Nacional.
La Gendarmería naufragó entre la incapacidad del entonces comisionado de la PF, Manuel Mondragón, y los conflictos entre el Ejército y la Marina con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio -ahora senador- por el control del nuevo cuerpo.
Ni Calderón ni Peña pudieron en 12 años lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador en unos cuantos meses: reformar la Constitución para darles a las Fuerzas Armadas el marco legal de su participación en tareas seguridad pública.
Más aún, les entregó de plano esa función y les creó la Guardia Nacional en la que los militares serán los mandos operativos y tendrán como subordinados a más de 20 mil efectivos civiles de la Policía Federal.
Aunque López Obrador insistió en que la PF no servía, la Guardia Nacional se organizará sobre la base de ésta. Todas sus instalaciones, equipos y activos estarán a disposición de los jefes militares. Por lo menos, hasta el fin de este sexenio, cuando por mandato constitucional se revise si la Guardia Nacional se mantiene con el control y composición militar o soldados y marinos regresan a sus cuarteles.
Entonces, se podría abrir una nueva disputa entre civiles y militares. Dependerá de los resultados que entreguen los mandos castrenses de la Guardia Nacional.
Dos décadas de una batalla burocrática en la que los grandes ganadores han sido la corrupción y la delincuencia organizada, con su gran cauda de violencia.


2/28/2019

Bola de mandos

Lo más lógico es que el mando real, el operativo, quede en manos de militares, quienes serán su principal componente.
Formalmente los batallones de la Policía Militar y los de la Policía Naval, así como los agrupamientos de la Policía Federal y los nuevos reclutas que serán adiestrados por el Ejército, estarán bajo mando civil, el del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Alfonso Durazo.
Pero si algo han demostrado los 12 años de combate a la delincuencia organizada es que los militares no están dispuestos a quedar bajo las órdenes de los civiles.
Ese fue el motivo por el que no pudo crearse la Gendarmería Nacional en el sexenio pasado, y uno de los que originó la confrontación entre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el jefe del Ejército, el general ahora retirado Guillermo Galván, durante el gobierno de Felipe Calderón.
Es impensable que el mando operativo de las tropas quede en un civil. Pero también es seguro que los efectivos castrenses seguirán respondiendo al Ejército y a la Marina.
Sobre todo, porque en la SSyPC el control quedó fragmentado en los distintos grupos en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó el tema de seguridad.
El secretario Alfonso Durazo quedó en medio de esos grupos. Lo que se perfilaba como una secretaría poderosa, acabó en una institución atomizada.
La sombra más pesada que tiene Durazo es la del general retirado Audomaro Martínez, el militar que acompañó a López Obrador en sus incursiones presidenciales desde 2006, y que ahora está a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Pero, sobre todo, este militar de Caballería es a quien el general de la misma arma, Luis Crescencio Sandoval, le debe mucho por haber llegado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Es decir, el flujo de información será directo entre los militares del CNI y la Sedena, sin que pase necesariamente por las manos del titular de la SSyPC.
El contrapeso que podrían tener los generales es el del secretario general del CNI, José Ángel Ávila, una pieza no de Durazo, sino del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
En el caso de los efectivos de la Policía Federal, que no son pocos entre los miles de efectivos de lo que fueron las divisiones de Fuerzas Federales y Fuerza Regional, el control lo tiene el viejo policía Arturo Jiménez Martínez, hombre cercano al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Jiménez, conocido como “Apolo”, fue el último jefe de la Policía Federal de Caminos hasta que ésta se integró a la Policía Federal Preventiva (PFP), en el gobierno de Ernesto Zedillo, y luego fue la Policía Federal en el de Calderón.
Jiménez y Gertz Manero trabajaron juntos cuando el ahora fiscal fue el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Además del CNI, el otro gran insumo de información para la Gendarmería Nacional tendría que ser la Plataforma México, pero ésta quedó en manos de otro operador de Marcelo Ebrard, Jesús Valencia, el exdelegado de Iztapalapa cuya gestión (2012-2015) quedó marcada por usar camionetas de contratistas de la ahora alcaldía.
Celebrada por la unanimidad con que fue aprobada en el Senado, la Guardia Nacional podría convertirse en la disputa perfecta en el gobierno del gobierno de López Obrador. A menos, claro, que el presidente imponga a los militares sólo para que transite su gobierno. Lo que siga, le tocará a su sucesor, según lo aprobado hasta ahora.

2/20/2019

El sexenio del Ejército

Los jefes militares de entonces perdieron y como presidente electo descabezó a los mandos del Ejército. Con la designación del general de división Luis Cresencio Sandoval González en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acabó con aquellos que acompañaron al general, ahora retirado, Salvador Cienfuegos, en la secretaría y en la pugna.
No fue un asunto de antigüedad en el servicio, sino de su pertenencia a los gobiernos del PRI y el PAN. Varios de esos jefes militares aún están activos, pero excluidos del poder que el presidente está construyendo con el Ejército.
Con la Marina, el presidente no pudo ir en contra de la tradición de designar al de mayor antigüedad y ascendencia, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Pero la marginó, y así como al grupo de generales que rechazó su candidatura, lo tiene fuera de los planes políticos y económicos que tiene con los nuevos mandos del Ejército.
Lejos de crear un balance en las Fuerzas Armadas, ha fortalecido a la Sedena con las nuevas tareas y cuantiosos recursos que le ha garantizado, como la construcción y administración del nuevo aeropuerto internacional que se hará en la base aérea del Ejército en Santa Lucía, en el estado de México.
También le ha garantizado millonarios ingresos con la venta de terrenos propiedad de la nación, ocupados por Sedena, además de otras ganancias con la subasta de naves aéreas del desaparecido Estado Mayor Presidencial en beneficio de su Guardia Nacional.
Divisivo, el nuevo cuerpo armado acabará controvertido en instancias internacionales, pero en lo que se resuelve la impugnación, operará sin mayor contrapeso durante buena parte del gobierno de López Obrador, después de soslayar la crítica de expertos y académicos en una simulación de parlamento abierto.
La idea de un Estado Mayor Conjunto está tan lejos como en los años del régimen del PRI, fundado hace un siglo, precisamente, por el Ejército. La Marina solo está considerada en los planes de la Guardia Nacional con la incorporación de la Policía Naval. Pero en ese esquema, los marinos estarán bajo el mando del Ejército.
Las capacidades de la Marina fortalecidas durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña parecen no entrar en los planes del gobierno, toda vez que el presidente ha anunciado que la captura de jefes del narcotráfico no será su estrategia.
Las principales capturas o asesinatos de capos en los dos sexenios pasados, como la doble detención de Joaquín El Chapo Guzmán, estuvieron al mando de la Marina. Aunque la segunda y definitiva la concretó la Policía Federal en una persecución iniciada por los infantes de Marina, en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016.
Ese protagonismo de la Marina también devino en que esa fuerza cometiera graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada de docenas de personas en Tamaulipas, documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Marina no actuó sola. Lo hizo de la mano del gobierno de Estados Unidos. Desde la administración Obama, Washington optó por trabajar y fortalecer a esa fuerza en su estrategia de guerra al narcotráfico debido a la desconfianza hacia el Ejército, originada por los conocidos casos del involucramiento de jefes del Ejército con el narcotráfico.
Ese enlace de Marina con Washington quedó en duda desde que López Obrador se opuso a la adquisición de misiles por parte de la Armada, aprobada por el Departamento de Estado hace un año.
La conformación del nuevo grupo castrense en torno a López Obrador ha cambiado los escenarios construidos en las prospectivas militares. El futuro, por lo menos en este sexenio, es gobernar junto con el presidente.

2/13/2019

Energía y corrupción en México

Bartlett tiene la oportunidad de emprender una acción que sea más que ideológica: la revisión del primer proyecto de generación de electricidad de la reforma energética.
Se trata de un conflicto que tiene la empresa mexicana Codisa Corp Energy con las empresas europeas Enel Green Power México y Prodiel México por las alegadas prácticas ilegales de las transnacionales para incrementar sus ganancias.
La controversia tiene que ver con la construcción del parque solar más grande en el continente americano, y el segundo más grande del mundo, en el municipio de Viesca, en Coahuila. Fue el primer proyecto en operación de la primera subasta eléctrica tras la reforma energética del gobierno de Enrique Peña.
La italiana Enel Green Power México ganó en 2016 una subasta lanzada por la CFE para la instalación de 2.3 millones de paneles solares con el propósito de generar 1.7 gigawatts al año. De acuerdo con la información institucional, abastecerá a un millón 300 mil casas y será cuatro veces más barata de producir que con carbón o diésel.
Es el proyecto más grande la firma italiana en el mundo, para el que dispone de dos mil 400 hectáreas, y le permitirá la venta de energía a la CFE durante 15 años.
Para construir el campo fotovoltaico, la firma italiana contrató a Prodiel México, sucursal de Prodiel, empresa cuyas oficinas centrales están en Sevilla, España. Para el proyecto, los españoles crearon la empresa Novamper Construcción México. Ésta, a su vez, subcontrató a Codisa.
Conocida como Villanueva, la gigantesca planta solar se inauguró en marzo del año pasado en medio de una controversia con la firma mexicana por falta de pago, originada por la negativa de Codisa a reportar un incremento mayor de sus costos.
Desde septiembre 2017, Codisa reclama judicialmente el pago de 10 millones de dólares por trabajos que hizo para la construcción de la planta y que le fueron retenidos por su negativa al alegado fraude. Las empresas europeas han negado la acusación.
La demanda de la empresa nacional está archivada en los escritorios de la CFE y de la Fiscalía de la Ciudad de México luego de que la fiscalía de Coahuila quedara rebasada.
El caso escaló e involucra ya a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración.
Señalar los conflictos de interés de funcionarios convertidos en ejecutivos de empresas energéticas extranjeras con operaciones en México, así como el incumplimiento de mega contratos con la CFE, deja muy buenos dividendos políticos y apoyo ante un sector de la opinión pública.
Si el gobierno federal se queda en la estridencia, poco se habrá ganado en lo que presenta como parte de su lucha contra la corrupción.