Jorge Carrasco Araizaga
Andrés Manuel López Obrador, durante la ceremonia en la que se pronunció como Presidente Legítimo de México, en 2006. Foto: Octavio Gómez
(apro).- En 2006, ante las dudas sobre los resultados de la elección presidencial, la revista Proceso intentó un ejercicio periodístico de transparencia para que la sociedad mexicana pudiera conocer qué pasó más allá de lo dicho por las autoridades electorales que le dieron el triunfo a Felipe Calderón a costa del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de la interferencia del entonces presidente Vicente Fox y de la cúpula empresarial.
La revista pretendió acceder a las boletas electorales para verificar
que, en efecto, voto a voto, Calderón había ganado la presidencia de la
República. Se trató de emular el ejercicio que había hecho en el año
2000 el diario The New York Times cuando el republicano George Bush ganó
la presidencia de Estados Unidos al demócrata Al Gore.
El Times tuvo acceso al material electoral del estado de Florida,
donde se decidió la elección, y confirmó que Gore había obtenido más
votos, pero por el sistema de democracia indirecta de ese país, Bush
junior ganó gracias a los votos de los colegios electorales.
En momentos en que López Obrador se declaraba “presidente legítimo”
de México, la revista, apoyada en la Ley de Acceso a la Información le
pidió las boletas al entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora
Instituto Nacional Electoral, INE).
Ante la negativa, se comenzó un litigio que se amplió cuando el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también
negó el acceso a las boletas. El caso llegó a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y por un solo voto, 6 contra 5, no se pudo
materializar lo que Proceso en todo momento planteó como un ejercicio de acceso a la información y transparencia.
Felipe Calderón acusó al medio de querer provocar un caos y hasta de
poner en riesgo la seguridad nacional. Eso fue lo que su gobierno
argumentó cuando el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en la que Calderón había colocado a uno de los magistrados
electorales que habían calificado su elección.
El organismo interamericano se negó finalmente a tomar el caso y Proceso
lo llevó al Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde los gobiernos
que lo integran tampoco quisieron tomarlo bajo el argumento de que las
autoridades electorales habían hecho bien su trabajo.
Después de siete años, el litigio se cerró en definitiva en 2013, ya
en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Calderón cargó con ese intento de
ejercicio periodístico y de transparencia durante todo su sexenio y que
fue motivo de estudio sobre el acceso a la información y la
transparencia en materia electoral.
La revista pagó las consecuencias de su propósito. En un claro
castigo, “por portarse mal”, según la narrativa de moda, Calderón redujo
prácticamente a cero la publicidad oficial hacia la revista. Pero no se
quedó ahí. Emprendió una peligrosa medida que puso en un riesgo físico a
la revista y sus periodistas.
A la mitad de su sexenio, cuando estaba en pleno la guerra que había
declarado al narcotráfico, su secretario de Seguridad Pública, Genaro
García Luna, el hombre de los montajes, preparó una escenografía en la
que presentó a la revista como parte de la logística con la que operaba
La Familia Michoacana, el grupo de narcotráfico que le infringió
numerosas y graves bajas a la Policía Federal.
Durante dos días, el 29 y el 30 de julio de 2009, hace justo diez
años, presentó a una de las tantas células que dijo desarticular de ese
grupo delictivo. Mostró a sus integrantes junto con armas, aparatos de
radiocomunicación, llaves de autos y otros elementos con los que se
movían, entre ellos ejemplares de Proceso.
La revista se inconformó ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) por considerar que se trataba de un acto intimidatorio,
violatorio de la libertad de prensa. El mensaje implícito para los
enemigos de la Familia Michoacana, era que esta organización delictiva y
en particular uno de sus jefes, Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta, era afecto a la revista.
La Secretaría de la Defensa Nacional replicó esa práctica y en un
operativo en el que detuvo a un grupo que presentó como perteneciente a
Los Zetas, en Veracruz, desplegó también ejemplares de la revista como
parte de lo asegurado.
La CNDH se negó a considerar el acto del gobierno de Calderón como
violatorio a la libertad de expresión y aseguró que lo que hizo García
Luna fue un mero ejercicio de difusión.
Proceso quiso conocer los argumentos de la CNDH para
llegar a esa conclusión. El organismo negó el expediente bajo el
argumento de que el caso estaba bajo investigación por parte del
ministerio público.
De nueva cuenta Proceso emprendió un juicio que
después de varios años resolvió la Suprema Corte de Justicia al anular
una porción de la ley de transparencia respecto al secreto que favorece a
la autoridad ministerial en la investigación de los delitos.
Hace una década, esas batallas le venían bien al llamado presidente
legítimo. Ahora, convertido en presidente constitucional, la revista
pasó a ser un medio que “administra el conflicto, el caos, el
amarillismo”. Algo parecido decía Calderón.
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