Uno de los
principales intereses de las clases dominantes locales y extranjeras
reside en la riqueza energética de México. Históricamente, los recursos
naturales han representado enormes reservorios de valorización para
beneficio de las economías centrales a las que se enquista la oligarquía
local promoviendo sus intereses de clase y con ello la des-acumulación
nacional.
Hacia ello se abocó principalmente el “Pacto por
México” liderado por la Reforma Energética de 2013-2014, la cual
pretendió integrar a México en el proyecto energético de “Norteamérica”
(Estados Unidos, Canadá, México), bajo la falsas promesas de
crecimiento, inversión, empleo.
Desde la Reforma Energética,
los Megaproyectos vinculados a la explotación de hidrocarburos, gas,
fracking, termoeléctricas, gasoductos, etc., fortalecieron su papel en
el actual modo de reproducción del capital. El Estado y la oligarquía
dominante desmantelaron la industria energética, profundizaron la
dependencia energética, agravaron los problemas de seguridad nacional y
agudizaron la crisis socio-ambiental. Para los bancos de inversión
transnacionales, bancos comerciales, empresas petroleras, inversionistas
de Bolsa, y grandes empresas privadas, locales y extranjeras, la
industria energética y la multiplicación de megaproyectos atados a ella,
representan un núcleo vital en el proceso de acumulación y reproducción
del capital. Se encuadra así el marco de una disputa energética e
industrial de cuyos impactos alcanzan el curso de las próximas décadas
del siglo XXI.
Uno de los principales argumentos en contra de
la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), primero en campaña
y hoy en gobierno, ha sido sobre el proyecto energético. Recuérdese la
visita de 20 fondos de inversión y su entrevista con los candidatos
presidenciables a finales de abril de 2018, en los que se pedía a los
entonces candidatos la “implementación acelerada de las Reformas” del
gobierno de Enrique Peña Nieto. En el momento actual, Pemex y los
recursos emanados de los hidrocarburos se colocan como el epicentro de
la disputa entre el gobierno presidido por AMLO y las clases dominantes.
Si algo mostró las experiencias del progresismo
latinoamericano fue que la oligarquía de la región y el imperialismo
nunca compartieron el llamado reformismo “de baja intensidad” que
caracterizó a los modelos neodesarrollistas (Brasil, Argentina, Uruguay,
Ecuador). Con los golpes “de nuevo tipo” y las estrategias de “cambio
de régimen”, establecieron su ofensiva.
En esta medida, se entiende que si bien la izquierda progresista no se plasmó con proyectos antagonistas
a las clases dominantes, sí evidenciaron contradicciones y fuertes
tensiones que no deben de soslayarse, pues éstas determinan gran parte
de los procesos políticos y el establecimiento de los “proyectos de
nación” que le han seguido. El Golpe contra los gobiernos del Partido de
los Trabajadores en Brasil, el cual ha llevado a la contraofensiva de
extrema derecha de Jair Bolsonaro y la reestructuración económica hegemonizada por el capital financiero, es clara muestra de ello.
En lo que sigue, reflexionamos sobre la disputa en el campo de la
industria energética que involucra al programa neodesarrollista que
encarna el nuevo gobierno mexicano y la ofensiva de las clases
dominantes locales-trasnacionales defensoras del neoliberalismo a
ultranza. Cabe a los movimientos populares y emancipatorios profundizar
en el debate y la construcción de alternativas a estas cuestiones
medulares.
1. Neodesarrollismo subordinado
Como hemos señalado en otras ocasiones, no es correcto caracterizar el
modelo económico del gobierno mexicano como uno puramente “neoliberal”,
amalgamándolo de modo indistinto al proyecto de la oligarquía
hegemónica. Del mismo modo, no puede aceptarse su caracterización en su
sentido “posneoliberal”, dando por sentado las declaraciones
oficialistas de “defunción neoliberal”. Los matices a este respecto son
muy importantes.
Los rasgos del “modelo de desarrollo” actual
no pueden interpretarse en un sentido dicotómico (es blanco o es negro),
aunque muchas veces la mera retórica presidencial “antineoliberal”
quiera contribuir ideológicamente a ello.
El modelo actual
encierra elementos híbridos. Mientras defiende una pretendida mejor
distribución de riqueza, el papel del “motor social”, y fortalecimiento
del “bienestar social”, aprieta las tijeras al gasto social, acentúa la
política de austeridad, y acata la política económica neoliberal y los
mandatos del capital financiero. A ello le hemos denominado bienestarismo neoliberal o neodesarrollismo subordinado (a la hegemonía financiera). [1]
Se trata en este sentido de un modelo compuesto por elementos
contradictorios, y que conviven de un modo complejo y desigual, dadas
las relaciones de fuerza existentes.
Sin cuestionar las
políticas económicas del capital financiero (monetaria, fiscal), y
rechazando una reforma hacendaria, el gobierno de la autodenominada
Cuarta Transformación decidió recurrir al combate a la corrupción y a la
política de austeridad (las “nuevas políticas económicas”, AMLO dixit)
para financiar los programas de “bienestar”, “desarrollo” y metas
fiscales. En este sentido, las políticas del nuevo desarrollismo están
subordinadas al marco incólume neoliberal: disciplina fiscal
(renuncia al gasto deficitario y del apalancamiento económico);
autonomía del Banco de México; política de estabilización y metas
inflacionarias; elevadas tasas de interés y sacrificio del crecimiento
económico.
A ello es necesario añadir otra serie de compromisos
contraídos por el depositario del poder Ejecutivo con la oligarquía
financiera: el “control del tamaño de la deuda”, metas de “superávit
primario” (transferencias de recursos al pago de la deuda), las enormes
transferencias de riqueza por concepto del Costo Financiero (pago
de intereses de la deuda, amortizaciones, comisiones). En suma, lo que
tenemos es la aceptación de los compromisos con las bases del régimen de
acumulación financiera que erosionan y subordinan los caminos hacia un
Estado social de Bienestar.
A más de tres décadas de políticas
económicas neoliberales que arrojaron estancamiento económico, el nuevo
gobierno no cuestiona sus dictados de “estabilidad financiera”,
“prudencia fiscal”, “responsabilidad de las finanzas públicas”.
Paradójicamente, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
exfuncionario del Banco Mundial, el día de su ratificación ante la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (16/7/2019), llamó a
estas políticas precisamente como “premisas” y “prerrequisitos
inamovibles” para lograr el crecimiento. ¿Acaso no quedó claro el firme
fracaso neoliberal?
Convergencia neodesarrollista
Si los capitales mandatan “prudencia fiscal” (“déficit cero”),
políticas de estabilización, elevadas tasas de interés y el Estado
renuncia a una reforma hacendaria progresiva que le dote de las
condiciones necesarias para una efectiva redistribución, se camina a su
postración. Subordinado y fiscalmente desinflado, el Estado cede los
espacios de inversión y valorización a las clases propietarias. El Jefe
de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien coordina el Consejo de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento,
ha señalado que el papel que corresponde a los empresarios bajo un
modelo “determinado a no incurrir en déficit fiscal” es el de “motor de
la economía”. [2]
Un Estado subordinado a la política
económica neoliberal fiscal, monetaria y hacendaria, agrava su debilidad
y dependencia respecto al capital local e internacional. El resultado
es lo que el mismo AMLO ha señalado: el Estado “no puede solo”, requiere
de la inversión privada nacional y extranjera. Y a partir de aquí el
gobierno actual reproduce la continuidad de la narrativa neoliberal que
rinde culto a las inversiones. La rápida ratificación/subordinación del
gobierno mexicano y del Senado respecto al TLCAN 2.0 con el nuevo
acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) respondió
explícitamente a ello: fue “ un aporte significativo [que] transmite
confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros” (AMLO),
particularmente la estadounidense, que hegemoniza el financiamiento de
la reproducción de la industria maquiladora de exportación.
A esta asociación Estado y gran capital le denominamos convergencia neodesarrollista
que abreva del viejo mito del “desarrollo” que aspira a una
“transformación” “de la mano” con los agentes empresariales, sin
contemplar al menos dos elementos centrales: la complejidad actual de la
dialéctica entre dependencia/imperialismo y la naturaleza contemporánea
de la crisis estructural y civilizatoria del capitalismo mundial.
Al interior del gobierno de la cuarta transformación, existen piezas
que fungen como verdaderos “contrapesos”, y en esa medida trabajan en la
línea de la continuidad, ello sin mencionar los organismos e
instituciones pretendidamente “autónomas”, que fungen en realidad como
la superestructura esencialmente política de los intereses
promovidos por el neoliberalismo (por ejemplo, Banco de México, Comisión
Nacional de Hidrocarburos CNH, Comisión Reguladora de Energía CRE,
etc.).
Uno de los principales “contrapesos” es el mismo
empresario Alfonso Romo, muy próximo a los núcleos empresariales del
norte del país, dependientes de la economía estadounidense. Romo ha
llamado a “convertir el bloque comercial norteamericano [Estados Unidos,
Canadá, México] en uno de los más fuertes del mundo” para competir
frente a China.
Con creciente influencia en el gobierno, Romo
tiene a su cargo la mayor relación con cámaras patronales y empresarios
locales y extranjeros. En tanto pieza central de los cambios sin
ruptura, no sorprendería ver a Romo escalar otras posiciones en el
gabinete presidencial. En la inauguración de la Reunión Nacional de
Consejeros Regionales del banco BBVA, expresó a directivos y consejeros
del grupo: “Pemex, en nuestra opinión, y es un debate al interior (del
gabinete), no puede solo, tenemos un rezago de muchos años, por eso es
que necesitamos de inversión privada [...] [3] , y agregó: “El susto de los aranceles y la baja de la calificación de la deuda soberana es una gran oportunidad [sic]
para que el sector privado tenga la fuerza y nos ayude a convencer de
que en el sector energético si no hay participación, el país no tiene
los recursos para la magnitud de lo que necesita"(Expansión, 11/6/2019, Op. cit.)
No obstante estos “contrapesos” y otras posiciones
anti-transformadoras, hemos señalado al neodesarrollismo subordinado
como un pluriclasismo de coexistencia compleja, contradictoria y desigual.
Contradicciones, tensiones y disputas
Es sintomático que en el mismo día (13/06/2019) del Convenio para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente [4] firmado
entre gobierno y principales organismos empresariales –en el marco del
cual el gobierno se compromete ante el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) a promover certidumbre, confianza y Estado de Derecho
para las inversiones (lo que incluyó el compromiso con contratos de
inversión en petróleo, gas y electricidad), mientras que empresarios
anunciaron inversiones para este año–, la Comisión Nacional de Hidrocarburos dio a conocer la cancelación de los contratos farmouts (“alianzas estratégicas” entre sector público y privado) para la exploración y producción de petróleo [5] .
En este sentido, AMLO busca moverse dentro de ciertos márgenes de
maniobra. Y Pemex, la defensa de la soberanía energética, es claro
ejemplo de ello. De ahí que el actual gobierno se coloca en
fuerte tensión con inversionistas, petroleras, bancos de inversión,
bancos comerciales, agencias calificadoras internacionales, empresarios,
etc., los cuales buscan la continuidad de la Reforma energética, el desmantelamiento de la industria energética, la privatización y apropiación de la renta petroeléctrica, sin reparar en la reproducción de la dependencia y el subdesarrollo que no hacen sino acentuar la profunda crisis social.
En lo últimos cinco gobiernos sexenales, Pemex, la compañía con mayores
ingresos totales en México, realizó una contribución a la hacienda
pública de poco más de 28 billones de pesos [6] (1.5 billones de
dólares), de lo que se comprende la furia de los intereses privados en
su desmantelamiento, destrucción y apropiación de sus actividades.
2. Las ruinas de Pemex
El Plan de Negocios de Pemex, presentado por Octavio Romero Oropeza
(16/7/2019), director general de Pemex, sintetiza los problemas
estructurales de la paraestatal. Fundamentalmente identifica los
problemas en: 1) el derrumbe de la producción; 2) su elevada carga
fiscal a la empresa; 3) el disparo de su deuda; 4) la caída de la
inversión. Cuatro elementos que se inscriben en el legado de la política
entreguista de los gobiernos anteriores asociados como “régimen
cliente” del imperialismo.
En 2003-2004 la producción de
petróleo en Pemex era de 3.4 millones de barriles diarios (mbd). En 2013
cae a 2.5 mbd, y en enero de 2019 cae a un millón 625 mil barriles
diarios. De igual modo, los procesos de refinación de PEMEX cayeron a
mínimos históricos. Pasaron de una producción diaria de un millón 224
mil barriles diarios a 507 mbd de 2013 a 2019.
Con la reducción de la inversión en refinerías en el gobierno anterior, la dependencia energética se
agravó. La importación de combustibles pasó de 600 mil a 1 millón de
barriles diarios, lo cual se reflejó en los precios. El litro de
gasolina magna se disparó 81% en el sexenio anterior (de 10.79 a 19.62
pesos).
Con el programa de fortalecimiento de las seis
refinerías, más la creación de la nueva refinería de Dos Bocas en el
estado de Tabasco, cuya inversión es de alrededor de 150 mil millones de
pesos (mmp), equivalentes a 8 mil millones de dólares (mmd), la cual
iniciará a operar a partir de 2022 y tendrá capacidad para procesar 340
mil barriles de petróleo diarios, se busca atacar la dependencia de
combustibles. El plan de Pemex pretende que para 2023, de cada 10 litros
de gasolina que se consuman en México, 7 litros sean producidos por
Pemex, es decir, el 70% del consumo interno. Ello modificaría la
predominante condición importadora actual, en la que Pemex participa con
una producción de menos del 30% de la gasolina que se consume en el
país, cuyo resto es de importación.
Por otro lado, la deuda de
la paraestatal se elevó de un billón 59 mil millones de pesos a 2
billones 123 mil millones de pesos (equivalentes a 106 mil millones de
dólares). Se trata de un endeudamiento de poco más del 100% registrado
en el sexenio anterior. ¿Por qué no someter a investigación y revisión
las condiciones y repercusiones de dicho endeudamiento?
Al
generar la petrolera estatal ingresos anuales de alrededor de 2 billones
de pesos en los últimos años, se entiende que con una asfixia fiscal
en impuestos y derechos de aproximadamente un billón de pesos (300mmd),
que sumados con el pago de intereses de la deuda, Pemex incurre año con
año en un déficit financiero (45mmp en 2013; 176mmp en 2015; 62mmp en
2018). Sin ingresos y con un balance financiero deficitario, se
deterioró la inversión, la producción y con ello, la balanza comercial
petrolera.
El legado neoliberal arrojó un Pemex en ruinas, esto
es, con la empresa en “punto de venta”. A este respecto, el 18 de marzo
de este año, en el marco del aniversario 81 de la expropiación
petrolera, AMLO señaló: “Fue como un milagro, porque ya cuando estaban a
punto de consumar la destrucción de la industria petrolera y de acabar
con la economía nacional, tocó la campana, sonó la alarma el 1 de julio
del año pasado, y el pueblo decidió por un cambio verdadero […] Hemos
hecho el compromiso de que vamos a rescatar de nuevo a la industria
petrolera nacional. No les dio tiempo de llevarse todo, porque
entregaron contratos, pero sólo comprometen el 20 por ciento de todo el
potencial petrolero, sólo el 20 por ciento, 80 por ciento sigue estando
bajo dominio de la nación y así continuará”.
El Plan de recuperación
El Plan de recuperación de la estatal busca revertir la
desindustrialización y desmantelamiento de PEMEX y con ello, enfrentar
la acentuada dependencia energética del país. Básicamente, la estrategia
contempla un periodo de transición 2020-2022, en el que se establece el
apoyo del Estado en la disminución de la carga tributaria de la
empresa, una mayor capitalización que incida en mayor inversión y
producción, el fortalecimiento de las refinerías y la inversión de la
nueva refinería en Don Bocas. El plan busca que la empresa genere
mayores recursos, consolide la recuperación de la producción y pueda así
contribuir al desarrollo del país.
En este periodo conjunto,
El Plan de Negocios estima una disminución de la carga tributaria de
alrededor de 128 mil millones de pesos (mmp) en el bienio 2020-2021, que
serían sumados a los 30mmp de estímulo fiscal de este año 2019. Aunado a
ello, el Plan establece inyecciones de capital por parte del Estado
para Pemex por 66 mmp (2020), 38 mmp (2021) y 37 mmp (2022). En suma, un
total de recursos públicos de 299 mil millones de pesos transferidos a
la empresa estatal en este periodo. A ello habría que contabilizar las
inversiones de Pemex financiadas con recursos propios, que son del orden
de 221mmp (2020), 250mmp (2021) y 332mmp (2022).
Como Pemex
indicara semanas atrás, la nueva estrategia concentrará los trabajos de
exploración y producción en aguas someras y en tierra. Según el director
de la petrolera, con los menores costos que involucran en estas áreas,
ello permitirá duplicar las actividades de exploración con los mismos
recursos, así como profundizar los trabajos en reservas probables y
posibles.
Como el gobierno se subordina al mandato de la
“prudencia fiscal” neoliberal, y aunado a la vulnerabilidad del sector
externo que acentúa su dependencia financiera con el exterior, es
importante señalar que el Estado consiente y promueve la participación
de capital privado en el sector -si bien bajo un esquema que no es
bien recibido por los propios inversionistas, los Contratos de Servicios
Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE)-, con una inversión
programada de 108mmp, de los cuales se programan en 14 mil millones de
pesos (año 2020), 40mmp (en 2021 y en 2022) y 14mmp (2023).
En
general, según el nuevo Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, así se
elevará la producción, logrando estabilizarla, y con ello acrecentará
los recursos, podrá revertir su balance financiero deficitario, podrá
hacer frente al problema de endeudamiento, y mejorará su contribución al
fisco, a partir del año 2021-2022.
A la pregunta sobre qué
esperaría de las calificadoras de crédito internacionales sobre este
Plan de Negocios, AMLO respondió: “No sabemos, porque no han actuado con
profesionalismo. No vieron nada, se quedaron callados cuando estaban
saqueando a Pemex y calificaban a la empresa muy bien, no había ningún
problema. Apenas llegamos, empiezan a bajarnos la calificación. Aumenta
al doble la deuda, se cae la producción y le dan una mejor calificación a
Pemex. Ahora que la estamos rescatando de ese desastre nos bajan la
calificación”.
3. La ofensiva del gran capital y las amenazas de las calificadoras de crédito
En otras ocasiones hemos hecho alusión sobre la militarización económica
que despliega el capital financiero internacional a través de las
calificadoras de crédito, las cuales presionan y amenazan con una
desestabilización y “caos económico” para disciplinar la política
económica del gobierno dentro de la arquitectura hegemónica de
acumulación financiera y en sus intereses fijados en los hidrocarburos.
Fieles al unipolarismo imperialista de Trump, que como se evidenció a
principios de junio, se mueven a la par del gobierno estadounidense
(amenaza de aranceles y degradación de la calificación), promueven el
“terrorismo económico” a base de extorsiones y amenazas con una especie
de “sanciones” de excepción y de castigo (la baja en la
calificación con impactos en la elevación de la deuda, caída de
inversiones, fugas de capital, devaluación) en contra de la sociedad,
cuyo verdadero significado ha sido definido como crímenes de lesa humanidad. ¡Es la economía criminal del capitalismo mundial!
A esta política de “terrorismo económico” imperialista, se adscribe la lumpenburguesía mexicana, enquistada en modus
de “cliente” a los intereses imperiales. Claudio X. González Laporte,
una de las principales personificaciones de la burguesía dependiente
mexicana, sostiene su amparo en los organismos internacionales,
calificadoras e instituciones vigilantes de la estabilidad
macroeconómica, cuando señala nada menos que: “un contrapeso importante
[al nuevo gobierno] van a ser los mercados, el tipo de cambio y la
inversión” (El Universal, 20/08/2018).
Como un bloque
monolítico, se han manifestado en los primeros días de la presentación
del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos: Citigroup, Moddy’s, BBVA,
Coparmex, Standard & Poor's, la minúscula oposición partidista del
PRI y del PAN, distintos analistas financieros, entre otros. ¿Qué es lo
que cuestionan? Veamos.
El primero en manifestarse fue el grupo
estadounidense Citigroup, a través de su informe intitulado: “¿Pemex:
Es todo lo que tienes?”. En dicho informe señala que el Plan “no cumplió
las expectativas”, por lo que será “cuestión de tiempo” para que
Moody’s degrade la nota crediticia de la empresa, dejándola “sin grado
de inversión”. Así también, señaló que la estrategia producirá
“presiones a las finanzas públicas” comprometiendo la meta fiscal del
superávit primario de 1% del PIB (equivalente a 249mmp). Y se manifestó
por el carácter “insuficiente” del financiamiento estatal a Pemex de
alrededor de 7 mil 400 millones de dólares en tres años (141mmp), que
según Citi, la inversión que Pemex requiere es de 10 mil millones a 15
mil millones de dólares anuales, para lo cual exige los farmouts.
La calificadora internacional Moody’s, que a principios de junio
degradó –junto con la calificadora Fitch– la nota crediticia de Pemex y
del país, se manifestó en el mismo sentido de Citi, y subrayó que la
inyección de recursos del gobierno de AMLO a la empresa son
insuficientes para aumentar la producción, e igualmente para sustituir
las reservas probadas, una medida que permite indicar la capacidad de
pago de una empresa petrolera. En este sentido, muestra su interés por
la continuidad de la Reforma energética y la exploración y producción
por parte de capitales privados. Así también, dicha calificadora señaló
que no descarta una nueva baja de la calificación de Pemex, lo que
podría ocurrir este año si la empresa no se apega a lo programado.
Émula de los organismos internacionales, la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) declaró el carácter “insuficiente” del
financiamiento a Pemex, objetó que se “deje fuera a la iniciativa
privada”, se manifestó por el “alto riesgo” que el Plan de Pemex
traslada a las finanzas públicas, y advirtió de la probable degradación
de la nota por las calificadoras de crédito.
Para el banco
BBVA, el Plan de negocios debería de acompañarse de cambios en la
política de recaudación que ayuden a estabilizar los ingresos del
gobierno y así no se comprometan las metas fiscales (superávit
primario). De este modo, podría disminuirse el riesgo en la degradación
crediticia “en el corto y mediano plazo” del país, lo que no impediría
una reducción a la calificación de Pemex. Asimismo, se manifestó por la
poca probabilidad de incrementar la producción, para lo cual reclamó la
“reactivación” del esquema de negocios, los farmouts.
Standard & Poor's ha expuesto que bajo el apoyo del gobierno a la
empresa petrolera “retoma un rol casi monopólico en el segmento de
exploración y producción”, no obstante que dicha estrategia de negocios
encierra una fuerte “exposición a riesgos”. Al mismo tiempo cuestionó
que el esquema de los Contratos de Servicios Integrales de Exploración y
Extracción (CSIEE) “no serán suficientes para capturar todas las
ventajas que puede traer la participación del sector privado”.
Consecuentes con los intereses del “Pacto por México” y la Reforma
energética, las posturas del PRI y del PAN, son las mismas del capital
internacional y de la oligarquía subordinada. Para la senadora Vanessa
Rubio (PRI), “lo más importante del plan era conseguir inversión privada
vía farmouts o cualquier otra opción y, por otro lado, sanear
las finanzas de Pemex”. Para Marko Cortés, dirigente del PAN, con el
plan de rescate de Pemex es inminente la degradación crediticia de la
empresa y la del país, ya que “sólo genera mayor incertidumbre en la
empresa y en breve se encarecerán sus pasivos y el costo financiero que
paga México por su deuda”.
Otro aspecto de la postura unívoca
de estos agentes se presenta con el fuerte rechazo a la construcción de
la nueva refinería y al hecho de que el gobierno destine alrededor de
150 mil millones de pesos a este proyecto. Al menos tres elementos
explican su rechazo a ultranza por parte del conjunto de estos agentes:
1) los intereses de petroleras estadounidenses (aliadas al trumpismo)
que viven de la importación del combustible desde México [7] , y
por ende, la acentuación de la dependencia energética que agudiza los
problemas de seguridad nacional y la debilidad de las capacidades de
negociación del país; 2) los “riesgos” para las metas fiscales y en
general para la “estabilidad” de las finanzas públicas, que vigila el
capital financiero en el marco del prevalecimiento del régimen de
acumulación financiera y la transferencia de riqueza; 3) el interés del
gran capital respecto a incrementar la inversión en la exploración y
producción mediante asociaciones entre Estado y capitales privados.
No olvidemos que fueron las fracciones financieras y petroleras las
principales “promotoras” de la Reforma energética en el gobierno
anterior –por ejemplo, BlackRock–, pues son los grandes bancos de
inversión, entre otros, quienes sustentan los proyectos de
infraestructura energética, de inversión y especulación [8].
Así también, muy recientemente, los diarios internacionales Financial Times (FT) y The Wall Street Journal,
como extensiones de la vigilancia “calificadora” sobre los ingresos
presupuestales y la “estabilidad macroeconómica”, en verdad, del orden
de reproducción de la acumulación financiera, se han manifestado en
contra del gobierno a raíz de la renuncia del ex secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa, “la voz más fuerte de la prudencia fiscal” (FT). El primero ha señalado que AMLO “debe aceptar la realidad económica”, y el segundo ha indicado que detrás de la polémica carta de renuncia de Carlos Urzúa “hay aún más razones para entrar en pánico”.
En resumen,
el conjunto de estas posiciones hegemonizadas por el imperialismo
financiero, pretenden imponer la continuidad de la Reforma energética,
excluir a Pemex de la exploración y producción, revertir el plan de
recuperación de la paraestatal bajo amenaza de la calificación
crediticia (de Pemex y del país), disciplinar las finanzas públicas y
con ello hacer prevalecer el flujo de recursos hacia los acreedores
financieros, obligar al Estado a abrir la participación privada (bajo el
particular modelo de negocios denominado farmouts) en la renta
petrolera, socavar la soberanía energética, terminar con el
desmantelamiento de la industria petroeléctrica (exploración,
producción, refinación, petroquímica [9], generación eléctrica [10] y explotación del gas [11]),
y sus efectos en la deteriorada estructura industrial, en suma, someter
a México en un papel de dependencia abyecta en la redefinición
contemporánea de la división internacional del trabajo cuya esencia
reside en la reproducción de las relaciones de explotación
internacionales.
4. Los intereses de las fuerzas populares
Si bien la lucha antiimperialista y por la defensa de la soberanía y
autodeterminación de los pueblos es fundamental en nuestras sociedades
dependientes, las clases trabajadoras y populares no pueden renunciar al
cuestionamiento del gobierno actual para que éste construya nuevos
caminos sobre la base de los derechos sociales, colectivos,
sustantivamente democráticos y dotados de futuro.
La fuerza que
alberga la cuarta transformación reside en el histórico fracaso
neoliberal. Si ésta termina edificando sobre estructuras heredadas,
extenderá los espacios y capacidades a las clases dominantes aislándose
de los pueblos y de los trabajadores. Fue lo que precisamente
experimentó el progresismo en Brasil y Argentina, cuando sus gobiernos
se debilitaron ante el distanciamiento que tomaron las fuerzas populares
respecto de éstos, y más recientemente ha vuelto a presentarse en
Grecia con las traiciones de Tsipras que llevaron a la derrota de Syriza
apenas unos días atrás.
Mediante el Plan de Pemex, pretende
crearse en el conjunto del sexenio, alrededor de 284 mil 500 empleos. No
obstante, Pemex planea evitar el incremento de gastos en “servicios
personales”, por lo que tratará de conservar su plantilla laboral que es
de 121 mil trabajadores (22 mil de confianza y 99 mil sindicalizados).
Para ello, pretende dejar a las empresas privadas contratistas, la
responsabilidad de asignar salarios y “prestaciones” a los nuevos
trabajadores, lo que sin duda deberá llevar a la organización del mundo
del trabajo y a profundizar el debate sobre la lucha contra la
precarización e informalidad laboral, que de acuerdo con las propias
prácticas empresariales de “racionalización de costos” y de austeridad
implementadas en las propias funciones del Estado, a todas luces no es
de atención central en el Plan Nacional de Desarrollo.
Por otro
lado, para los trabajadores y clases populares en general no puede
aceptarse el marco de la hegemonía financiera neoliberal, los
“prerrequisitos inamovibles” que ha señalado el nuevo secretario de
Hacienda Arturo Herrera –ya advirtió de metas fiscales (¡la dictadura
del ajuste!) para los próximos años, lo que indica una austeridad
permanente– como premisas del “nuevo” modelo económico de desarrollo.
¿Puede haber pacto social sólido con un Estado sin recursos?
El
rescate de Pemex y la defensa de la soberanía energética no pueden
sustentarse en la política fiscal, monetaria y de austeridad neoliberal
que reproducen el dominio y la transferencia de riqueza pública a manos
privadas, y que someten a la secretaría de Hacienda a la disciplina
financiera del oligopolio calificador y organismos internacionales.
En este sentido, se hace necesario el impulso de una reforma tributaria progresiva que recaude impuestos a quienes más tienen
así como se cuestionen las metas de superávit primario, de proscripción
del gasto deficitario, las elevadas tasas de interés, y se impugne el
corrupto y antipopular legado neoliberal del endeudamiento interno y
externo que a partir de 2019 estará demandando un costo financiero anual
de alrededor del 20% del presupuesto público federal, esto es, 1 billón
de pesos (50mmd). [12]
Mientras ello no ocurra, los
recursos públicos transferidos a Pemex –en un cuadro de desaceleración
económica y por ende, de un deterioro de los ingresos– serán sustentados
en ajustes, recortes y austeridad del gasto social, que además de
profundizar el estancamiento económico, incrementará los despidos de
trabajadores al servicio del Estado –que ha superado su sentido original
orientado exclusivamente a la burocracia dorada–, así como acentuará el
deterioro de los servicios públicos esenciales para la mayoría de la
sociedad (agua, vivienda, salud, educación, cultura, ciencia, medio
ambiente, deporte, seguridad, etc.).
Sin renunciar al mandato
de Justicia y a que se devuelvan los recursos públicos sustraídos, el
“combate a la corrupción”, además de no poder aceptarse como “política
económica” que financie el “desarrollo”, opaca la subordinación del
gobierno a las políticas económicas que promueve el neoliberalismo y
sacrifican a la sociedad.
Ahora bien, en el gobierno de la
cuarta transformación –si bien de manera distinta a las condiciones de
dominación de los gobiernos anteriores– se presentan las mismas
tendencias reaccionarias que amenazan los derechos sociales y colectivos
de miles de comunidades. El patrimonio territorial es amenazado de
subsumirse bajo las relaciones tanáticas conformadas en el eje
capital-territorio-
En la actualidad, el país experimenta más de 400
conflictos de materia ambiental con decenas de organizaciones sociales y
defensores del medio ambiente atropellados por los instrumentos
represivos del Estado. Fundamentalmente, la disputa por la defensa del
medio ambiente y el territorio de cientos de comunidades reposa en una
creciente forma de acumulación del capital basada en la producción destructiva.
Esta forma de acumulación centrada en megaproyectos de muerte
construidos sobre la base del saqueo de minerales, explotación de
hidrocarburos, explotación y privatización del gas, construcción de
termoeléctricas, gasoductos, etc., asociada al patrón de reproducción
del capitalismo dependiente mexicano (maquilador, superexplotativo,
monopolista) pone en entredicho las condiciones de existencia de miles
de comunidades y de la sociedad en general.
Los megaproyectos
impulsados directamente por el gobierno de la cuarta transformación han
estado permanentemente en el centro del interés del gran capital
local/extranjero, más no así de las comunidades. Han sido abanderados e
impulsados por las propias oligarquías y gobiernos anteriores (Zonas
Económicas Especiales, Corredor Transístmico, parques maquiladores en el
sureste, termoeléctricas, gasoductos, proyectos de infraestructura
energética con Centroamérica, etc.). A ello se añade el rechazo de AMLO a
trastocar uno de los pilares legados por el salinismo, como la Ley
Minera de 1992, y con ello, su postura conservadora enfrentada a la
demanda de miles de comunidades de revertir las más de 26 mil
concesiones mineras (alrededor de un cuarto del territorio nacional)
imperantes en el país.
Por último, para los trabajadores y
pueblos en general no queda claro el papel que deberá representar Pemex
en el vital y trascendente proceso de transición energética que
demanda el colapso climático, la crisis socio-ambiental de alcance
global y su exigencia de reemplazar los combustibles fósiles por
energías limpias.
Del mismo modo, nada se dice respecto a cómo
superar la apuesta de este proceso basado en el rentismo extractivista
de modo tal que pueda incidirse en un salto hacia una nueva política
industrial y el establecimiento de complejos procesos de
diversificación-
Estos elementos sobre la reestructuración industrial se vuelven
nodales, cuando con el T-MEC y el giro histórico de la política
migratoria, vemos redoblarse las apuestas en el libre comercio, y con
ello, en la reproducción ampliada de un aparato productivo subordinado a
la dependencia exportadora, prístino proyecto de una
lumpenburguesía que afirma sus condiciones de existencia a partir de la
superexplotación del trabajo, y en consecuencia, de una esfera
productiva divorciada de las necesidades y demandas de quienes trabajan.
En el marco de las contradicciones que necesariamente
componen a los gobiernos construidos sobre la base de conciliación de
clases, las fuerzas populares y de clase deberán estar atentas sobre la
estrategia y horizontes de sus luchas en el corto, mediano y largo plazo
(y su relación indisoluble), es decir, en la necesaria construcción
económica y política de proyectos alternativos.
Notas:
[1] Ver nuestro trabajo anterior: “Hegemonía financiera y neodesarrollismo subordinado en México”, 9/7/2019, https://www.lahaine.org/mundo.
[2]
Por ejemplo, nos dice Alfonso Romo: "Yo les pido [a los empresarios]
que se suban al balcón, vean desde arriba qué les molesta y qué no, qué
es de percepción y qué no. Los únicos que pueden a cambiar el ánimo del
país son los empresarios" (Expansión, 11/6/2019). https://expansion.mx/empresas/
[3] Ver, https://www.elsoldemexico.com.
[4] Ver, https://www.cce.org.mx/
[5] Ver, https://www.elfinanciero.com.
[6] Ver, https://www.jornada.com.mx/
[7]
En días recientes la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes
ha abierto una investigación sobre “acciones de cabildeo ilegal” (nexos
con el trumpismo) de la petrolera estadounidense Marathon Petroleum
(primera importadora de gasolina en México y con fuertes inversiones en
el país) con funcionarios del gobierno de Trump, por ejemplo, con el
propio secretario de Energía, Rick Perry (ex gobernador de Texas). Ver, https://www.lapoliticaonline.
[8]
Entre 2015-2017 BlackRock logró “el control directo e indirecto de
cinco proyectos de infraestructura energética, incluidos dos gasoductos
considerados de seguridad nacional, y seis bloques de exploración
petrolera”. En el mismo sentido puede hablarse de los intereses de
Citibanamex, y otros grupos financieros y petroleros respecto a los
intereses e inversiones que depositan en la riqueza energética. Ver, “El
control energético de BlackRock”, https://conoceblackrock.
[9]
En los últimos diez años cayó la producción de petroquímica en un 58%.
De un millón 120 mil toneladas en enero de 2010 producidas, se pasó a
sólo 461 mil 998 toneladas en enero de 2019. Con ello, se incrementó el
volumen de importaciones en un 245%, al pasar de 24 mil 885 toneladas a
85 mil 969 toneladas en el mismo periodo (Reforma, 14/03/2019).
Cabe señalar que con la privatización, desmantelamiento y abandono de
las plantas de la industria petroquímica se encuentra en una grave
crisis. En este marco, el gobierno de AMLO dio a conocer que se
investiga la compra de plantas “chatarra” realizadas por el gobierno de
Enrique Peña Nieto (2012-2018), y que anteriormente habían sido
privatizadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Más
que Huelga decir que se investigan todas plantas petroquímicas
privatizadas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que fueron
adquiridas en el sexenio pasado, incluida la de Pajaritos,
De
agosto de 2017 a agosto de 2018, el valor de las importaciones de
petroquímicos de Pemex aumentó 18.6 por ciento, mientras que la
producción cayó 19 por ciento, en el mismo período.
[10]
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, al día
de hoy genera alrededor del 50 por ciento de la generación de
electricidad que se consume en México, restando para las empresas
privadas (locales y extranjeras) el otro 50 por ciento.
[11]
México es uno de los primeros diez países que cuenta con las mayores
reservas de gas, esto es, cuenta con reservas en autoconsumo para los
próximos 200 años. No obstante, es dependiente de este hidrocarburo al
importar el 85% de su consumo desde Estados Unidos. En 2018, alrededor
de un tercio de estas importaciones fueron realizadas por empresas
distintas a Pemex y CFE. Ver, https://www.excelsior.com.mx/
[12]
En contraste al gobierno que no cuestiona el costo financiero de la
deuda, la oligarquía financiera pone el grito en el cielo (“alto riesgo
para las finanzas públicas”) por la transferencia de los ingresos
presupuestarios a Pemex de alrededor de 269mmp para el bienio 2020-2021.
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