Nadie acude con creadores de patrimonio cultural indígena para saber qué necesitan
Ante el plagio de diseños creados por esas
comunidades persisten desconocimiento y suposiciones, sostiene
antropóloga
Plantean en un foro consultarlos para averiguar qué
piensan de que otros reproduzcan y utilicen sus obras
▲ De izquierda a derecha, Emiliano Francisco Dorantes, Sergio Mayer,
Víctor Cata, Luis Arturo Díaz Rivera y Aldo Guagnelli ayer, en el Museo
Memoria y Tolerancia, durante la jornada inaugural del Foro Protección
del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la
República Mexicana.
Frente al plagio de diseños creados por integrantes de
comunidades y pueblos indígenas, se responde con demandas, iniciativas
de ley o se pide a las empresas que subsanen de forma económica el daño.
Esas acciones se basan en el ‘‘desconocimiento’’ y ‘‘suposiciones’’,
pues no se sabe quiénes se dedican a esas actividades y de qué manera,
no se acude a los lugares de origen a preguntar a los artesanos qué
quieren o qué necesitan para averiguar qué piensan de que otra persona
reproduzca sus bordados y los venda, sostuvo la antropóloga Diana Macho
Morales.
‘‘Se basan en el desconocimiento del sistema económico. Todos hacen
suposiciones por reportes de periódicos pero quién ha dicho: ‘yo fui a
Tenango, a Nanthe o al Aguacate’. Existe el derecho a la consulta”,
explicó a La Jornada en el Foro Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana.
Macho Morales añadió que se ha considerado a las bordadoras Rebeca
López Patricio y Faustina José Modesto y el dibujante Adalberto Flores
Gómez, quien interpuso una denuncia contra la firma Nestlé, de entre 17
mil personas que habitan en Tenango de Doria, Hidalgo, compuesto por 57
poblaciones, donde ‘‘los textiles bordados llamados ‘tenangos’ son uno
de sus marcadores identitarios”.
En ese foro se analiza la recomendación general 35 de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fundamentada en que algunas
empresas ‘‘han despojado a pueblos y comunidades indígenas” de su
patrimonio cultural inmaterial. Las actividades se realizan en dos
jornadas (ayer y hoy) en el Museo Memoria y Tolerancia, con la
coordinación de Chimalli Centro de Estudios y Derechos Culturales.
Con la participación de Sergio Mayer, presidente de la Comisión de
Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, y el lingüista e
historiador zapoteco Víctor Cata, en representación de Natalia Toledo,
titular de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la
Lectura de la Secretaría de Cultura federal, exponentes de diversas
expresiones culturales, funcionarios y especialistas abordan el tema
desde distintas perspectivas.
Proteger, no regular
El etnohistoriador Aldo Guagnelli Núñez, de Chimalli,
informó a este diario que se tienen ‘‘registros de que se trata de una
violación sistemática a los derechos culturales de los pueblos
indígenas”, lo que impulsa a que diferentes organizaciones se aboquen al
tema. Se trata de cómo los pueblos indígenas ‘‘pueden expresar su
diversidad cultural a través de diferentes manifestaciones, pero también
de qué pueden esperar del Estado mexicano, que es el encargado de
garantizar esos ejercicios; no de que les diga qué hacer, sino que
brinde las posibilidades para hacerlo.
‘‘Es un proceso, es otro de los puntos que estamos registrando, que
necesita ser incluyente. No puede hacerse sin los afectados. Pero
también se construye desde la colectividad, que es otra clave: lo que se
debe proteger son los derechos colectivos, no sólo los individuales,
como los derechos de autor o la propiedad intelectual.”
Guagnelli sintetizó: ‘‘Los derechos culturales son de espectro más
amplio, más complejo. Tiene que ver con todo el sistema de pensamiento
indígena que no se ha podido plasmar en la legislación, de cómo ellos
pudieran tener la pretensión de que se les reconozca y se les proteja,
no que se les regule”.
En el primer día de trabajos Emilio Francisco Dorantes y Luis Arturo
Díaz Rivera, representantes de dos organizaciones de volado-res de
Papantla, Veracruz, y Cuetzalan, Puebla, expresaron los problemas que
enfrenta ese ritualprecolombino.
Como respuesta, el diputado federal Sergio Mayer hizo un llamado al
Poder Ejecutivo para ‘‘modificar y armonizar nuevas políticas públicas,
ya que tenemos una deuda histórica con nuestras comunidades indígenas
que nos han dado el legado de la herbolaria, los diseños textiles y la
gastronomía, que tienen que ser cuidadas y respetadas”.
Se comprometió a que ‘‘México termine de firmar el Tratado de Pekín,
para proteger patentes, marcas y derechos de autor”, y que en
situaciones como la de la firma Carolina Herrera ocurrida recientemente,
‘‘en vez de asumir demandas legales”, que los diseñadores puedan buscar
a los creadores, reconocerles su autoría, pagar los derechos
correspondientes y que los empleen en la producción de los textiles.
Mayer refirió que hace un par de semanas la Cámara de Diputados
rechazó un proyecto de reformas a los artículos 157, 158 y 160 de la Ley
Federal del Derecho de Autor porque ‘‘no era del todo claro el respeto a
los derechos de los pueblos indígenas”.
Deuda pendiente
Más tarde Víctor Cata leyó un texto enviado por Natalia
Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural, con las acciones que ha
emprendido para la protección del patrimonio cultural como derecho
colectivo, ‘‘una deuda pendiente”.
Se han visitado comunidades que han sufrido apropiación de sus
diseños como Tenango de Doria, Hidalgo; Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y
Contla, Tlaxcala.
Adelantó que se organizan exposiciones que involucran a esos grupos y
arte plagiado. La Secretaría de Cultura trabaja con la de Economía para
impulsar el desarrollo productivo de las artesanas de las comunidades
afectadas.
Foto José Antonio López
Reyes Martínez Torrijos
Periódico La Jornada
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