La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
recibió las recomendaciones de la oficina en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tienen como
finalidad que el Estado mexicano mejore el Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Durante la reunión, celebrada en Gobernación, el representante
adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, Jesús Peña Palacios, presentó el diagnóstico sobre el
funcionamiento del mecanismo de protección; a nombre del Presidente de
la República, la titular de Gobernación reiteró el compromiso del
gobierno actual para fortalecer dicha salvaguarda:
No vamos a escatimar ningún recurso en la debida protección de quienes defienden y promueven derechos a lo largo del territorio, sostuvo.
Junto al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración,
Alejandro Encinas, Sánchez Cordero señaló que se revisarán a detalle
cada una de las recomendaciones, pero sobre todo se buscará garantizar
la adecuada asignación de recursos económicos, humanos y materiales para
su operación.
Encinas sostuvo que el Estado asume como responsabilidad primigenia
el garantizar a todos los mexicanos el derecho a expresarse libremente
con certidumbre, paz y tranquilidad en el ejercicio de su profesión.
Destacó que el diagnóstico presentado servirá para mejorar el mecanismo,
pero confió en que algún día desaparezca, para que no se tengan que
tomar medidas extraordinarias como hasta ahora.
El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, Aarón Mastache, presentó las cifras actuales
de las personas incorporadas al Mecanismo de Protección. A la fecha,
refirió, existen 948 personas, de las cuales 330 son periodistas y 618
son defensoras de derechos humanos.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis
Raúl González, afirmó que los señalamientos y las descalificaciones
hacia medios de comunicación y periodistas, así como contra defensores y
organizaciones de la sociedad civil provenientes de altos funcionarios
del Estado, contribuyen a generar un ambiente poco propicio para la
libertad de expresión, periodistas y para quienes promueven el respeto a
la legalidad y defienden los derechos fundamentales.
El diagnóstico fue elaborado a solicitud de la Subsecretaría de
Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Encinas, quien
destacó que por primera vez, en casi siete años de existencia del
mecanismo, estuvieron presentes los titulares de la Junta de Gobierno,
integrada por la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la
República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, y el gobernador de Coahuila, en su
carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la
Conferencia Nacional de Gobernadores.
De La Redacción
Periódico La Jornada
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