El ministro presidente Arturo Zaldívar. Foto: Octavio Gómez
(apro).- El humo que cubre a la ciudad de México
desde el fin de semana, por los incendios forestales en el valle,
alcanzó el lunes al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).
Una autentica cortina de humo cubrió el debate sobre la Ley Federal
de Remuneraciones de los Servidores Públicos para esconder la violación a
la Constitución en la que incurrió la mayoría oficialista en el
Congreso, con tal de sacar adelante el ordenamiento que da gusto al
presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de que en los poderes del
Estado nadie gane más de los 108 mil pesos que él determinó.
La línea la trazó el presidente de la SCJN, el ministro Arturo
Zaldivar. Contrario a lo que había sido costumbre durante décadas en los
debates del pleno, cuando el presidente fijaba su postura hasta el
final de las discusiones, esta vez Zaldívar rompió con lo que dijo era
una “regla autoimpuesta”, y no una norma; y antes de cualquier discusión
de fondo propuso prácticamente darle la razón al oficialismo.
El argumento es muy simple: como la muy impugnada Ley de
Remuneraciones de los empleados públicos ya se reformó en 15 de sus 17
artículos y se añadió uno artículo bis, pues ya no hay nada que
discutir, y propone por tanto que el caso se archive. Fin de la
discusión.
Así de simple y sencillo se encamina el máximo tribunal del país a
“resolver” un asunto que a fines del año pasado generó una gran tensión
entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con el Poder Judicial,
precisamente por temas de interpretación constitucional y que puso a
prueba el equilibrio de Poderes.
Era otra composición en la Corte y Zaldívar no era presidente. La
ley, aprobada en noviembre, fue impugnada por disintas vías y diversos
actores: amparos de jueces y magistrados, acciones de
inconstitucionalidad de la minoría en el Senado y controversias
constitucionales de entes autónomos.
La aplicación de la ley fue suspendida por el ministro Alberto Pérez
Dayán para el ejercicio presupuestal de este año, en espera de la
discusión de fondo. La Consejería Jurídica de la Presidencia y del
Senado impugnaron esa decision.
Como ponente de los juicios constitucionales, Pérez Dayán consideró
que los cambios a la ley, publicados en abril pasado, no son
suficientes. Persiste el tema de fondo: la violación constitucional
cometida por el Congreso al aprobar la cuestionada ley.
Lo que hizo el Senado fue “revivir a un muerto” cuando retomó una
iniciativa de ley de 2011 que no fue dictaminada en su momento y, por
tanto, ya era un asunto concluido, en definitiva, según lo previsto en
la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso, los reglamentos para el
Gobierno Interior del Congreso y los reglamentos de las cámaras de
diputados y de senadores.
El presidente de la Corte no lo ve así y propone avalar la ley tal y
como está, en un marcado contraste con el criterio que hizo prevalecer
en el caso Florence Cassez, cuando estableció que el montaje de su
detención por parte del gobierno de Felipe Calderón tuvo un “efecto
corruptor” en todo el proceso. Ese argumento le valió la libertad a
Cassez.
No fue ninguna sorpresa que al agumento del presidente de la Corte
para avalar la ley de remuneraciones se sumara la ministra Yasmin
Esquivel Mossa, propuesta por López Obrador a pesar de las críticas por
su historia de conflicto de interés.
A la línea de Zaldívar también se sumó la ministra Norma Piña,
entusiasta promotora de la candidatura del ahora presidente de la Corte y
del Consejo de la Judicatura Federal. Sólo falta un voto, de siete más
pendientes, para avalar la ley en los términos en que quiso el
presidente de la República.
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