Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Los
magistrados Rafael Morales Solares, Franc Martínez Ruiz y Fredy López
Contreras (de la Sala 2ª. de Apelaciones) merecen una condena pública
por avalar una aberración jurídica, al desfigurar el sentido de una ley
que penaliza la violencia contra las mujeres con tal de congraciarse con
una candidata presidencial Sandra Torres, quien solicitó medidas de
seguridad por sentirse agredida por 6 editores del diario “elPeriódico.”
De igual manera, es muy cuestionada la actitud de aquellos diputados o
candidatos a serlo, quienes al desconocer -como valor y aporte a la
sociedad- la diversidad de las personas por su ideología, identidad
sexual o creencias, pretenden legislar como si estuvieran en la época de
la Inquisición, ya que quieren criminalizar los abortos no voluntarios,
prohibir la educación integral en sexualidad y penalizar la unión de
personas del mismo sexo.
En estos tiempos, cuando son evidentes los adelantos en el área
científica, en la ampliación de derechos y en el diseño de categorías de
análisis, ocurre el temor a que sigan avanzando como corrientes de
pensamiento y acción, los voceros reaccionarios propagan sus ideas sin
importar el nivel de falacias y tergiversaciones que utilizan; si bien
tienen el derecho a defender sus convicciones, ya que existe la libertad
de expresión y de creencias, en lo que se equivocan es pretender
aprobar leyes para debilitar libertades básicas, imponer un orden
“divino” o dictar resoluciones judiciales que violentan el ordenamiento
legal.
Gente reaccionaria -incapaz de distinguir entre la acción pública y
la convicción religiosa individual, entre la ética y el tráfico de
influencias- existe en todas partes del mundo, son los mismos que
décadas atrás se opusieron a que las mujeres ejercieran su derecho al
voto o se reglamentara el divorcio. Pero ahora existe más información y
capacidad crítica de las personas, quienes saben que en cualquier país
donde está despenalizado el aborto, de ninguna manera significa que
todas las mujeres aborten; como tampoco sucede con el reconocimiento del
divorcio.
Cabe mencionar que durante años, feministas guatemaltecas
emprendieron la lucha por lograr una legislación que sancionara el abuso
de poder de hombres contra mujeres, dado que ningún partido político
asumió dicha tarea, como hoy tampoco ningún candidato aporta iniciativas
para ampliar derechos de los conglomerados más vulnerables. Ellas lo
lograron en 2008, con la aprobación de la Ley contra el Femicidio y
otras Formas de Violencia contra las Mujeres, bien harían todos los
administradores de justicia, diputados y candidatos a una curul en
conocer dicho ordenamiento, y así contribuir a garantizar una vida libre
de violencias machistas, con plena libertad de expresión y respeto a la
diversidad de convicciones ideológicas.
Esto último también se relaciona con los derechos de las mujeres,
quienes son las únicas que tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo
(cuidado, protección y disfrute), garantía que toda persona con miradas
humanitarias entiende, sólo los autoritarios lo niegan porque su
mentalidad medieval se sustenta en prohibiciones, descalificaciones,
castigos y culpas como formas de relación que violentan libertades,
multiplican miedos y reproducen la subordinación hacia quienes tienen
poder como hombres, políticos, funcionarios públicos, curas, pastores,
etcétera.
*Periodista mexicana, residente en Guatemala.
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.-
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