Contribuyen a la igualdad sustantiva, dicen expertas
Las
integrantes del Consejo Social y Consultivo del Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres) aseguraron que el gobierno federal comete un
error al retener los 86 millones de pesos destinados a financiar a
organizaciones civiles defensoras de los Derechos Humanos de las
mujeres, por medio del fondo Proequidad.
El pasado 7 de mayo se realizó la primera mesa de trabajo entre
consejeras, el Inmujeres y la Secretaría de Gobernación para revisar
cómo se destinarían estos recursos que permanecen retenidos debido a que
el 14 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió la
“Circular número 1” donde prohibió transferir recursos a agrupaciones
civiles.
Sin embargo, en la reunión no hubo ninguna repuesta, así lo dijeron,
en un comunicado, las 32 expertas que fungen como consejeras en los
órganos auxiliares de consulta del Inmujeres, quienes además señalaron
que el encuentro sólo fue de carácter informativo y se presentaron
argumentos erróneos como considerar que las organizaciones de la
sociedad civil son intermediarias.
Las consejeras explicaron que las Bases de Operación del programa
describen que las organizaciones no son intermediarias, sino
beneficiarias directas del Proequidad, por ello advirtieron que
cualquier propuesta por redireccionar estos recursos no puede llamarse
“Proequidad”, sería desaparecer este fondo.
Consultada por Cimacnoticias, la defensora Alba Adriana Jiménez
Patlán, quien es consejera social del Inmujeres y participó en la
reunión, consideró que tampoco se puede decir que las organizaciones de
mujeres sean corruptas porque estos recursos se entregan por medio de
una convocatoria pública y son auditados
Al respecto las consejeras dijeron en su pronunciamiento que están
unidas en la defensa del Proequidad, un fondo creado y operado durante
casi dos décadas para el fortalecimiento de la sociedad civil que
trabajan en la defensa y vigencia de los Derechos Humanos de las mujeres
a fin de contribuir a acortar las brechas de desigualdad de género que
persisten en todos los ámbitos.
Las consejeras recordaron que durante la Junta de Gobierno del
Inmujeres, que se realizó el pasado 18 de febrero, se votó a favor de
ejercer el recurso del Proequidad, aprobado en diciembre de 2018 por la
Cámara de Diputados dentro del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año 2019 y que representa el 0.002 por ciento del
presupuesto total.
Ante el retraso en el ejercicio de los recursos, cuya convocatoria
debió ser publicada en marzo, las consejeras explicaron que este
programa está sustentando legalmente en las leyes nacionales y en
acuerdos internacionales firmados por México, además de las
Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW), dirigidas al Estado Mexicano en 2018.
En ese sentido, advirtieron que modificar el Proequidad en cualquiera
de sus términos provocaría que el Instituto incurriera en la ilegalidad
porque de acuerdo a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, uno
de sus mandatos es la promoción de la participación de las
organizaciones civiles y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
reconoce la facultad de que los organismos manejen y eroguen sus
programas y recursos propios.
Para las expertas ninguna circular puede estar por encima de lo que
establece la Ley y aunque reiteramos su disposición al diálogo también
llamaron al Senadores y a la Cámara de Diputados a que se sumen a la
defensa de estos recursos.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México
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