Miguel Concha
La Jornada
La situación de
crisis que actualmente se vive en nuestro país agudizó el incremento de
los delitos y las violaciones a los derechos humanos. La violencia que
enfrentan las mujeres también aumentó gravemente en los últimos años. El
feminicidio es una de sus expresiones más extremas. Según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016 se cometieron 2 mil
735 homicidios de mujeres en el país, de los cuales sólo 25 por ciento
fue tipificado como feminicidio. Esto refleja que las autoridades de los
tres niveles de gobierno no han adoptado políticas públicas de
prevención y erradicación de la violencia que las mujeres viven día con
día, dejando de lado sus obligaciones de garantizar los derechos de las
mujeres establecidos en instrumentos internacionales de los que México
es parte. A escala federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia contempla la creación de una alerta de
violencia de género (AVG) que obligaría a las entidades y municipios a
establecer medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. Y de
acuerdo con el artículo 22 de esa ley de acceso éstas consisten en un
conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y
erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio
comparado que impida el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Cabe señalar que la violencia contra las mujeres puede ser ejercida
tanto por los individuos como por la propia comunidad. Convocado por la
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los
Derechos para Todas y Todos y el Colegio de Derechos Humanos y Gestión
de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el pasado martes se
llevó a cabo el foro Nadando a contracorriente: contexto y
seguimiento de las alertas de violencia de género desde la sociedad
civil, la academia y el Estado, el cual aportó importantes
elementos para un debate público sumamente necesario e inevitable, dado
el contexto que enfrentamos. Durante el foro se escucharon las
experiencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de
Chiapas, Tabasco, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y el
estado de México, peticionarias de la AVG en sus entidades, o que les
dan seguimiento, ejerciendo así su derecho ciudadano. Las AVG en efecto
han sido resultado del trabajo conjunto de las OSC, de la academia y de
diversas instituciones, las cuales visualizaron la necesidad de
implementar acciones urgentes de protección a la integridad y la vida de
las mujeres, mediante medidas de seguridad, justicia y prevención.
A pesar de que la declaratoria formal se realiza mediante la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la
implementación de la AVG depende de las acciones que realizan las
autoridades en los estados y municipios. Sin embargo, todas las
experiencias del foro coinciden en la falta de voluntad política de las
autoridades, quienes están obligadas a actuar de manera urgente. Las
cifras en la activación de la AVG son un indicador de que la violencia
contra las mujeres no ha disminuido. De acuerdo con datos de la
Secretaría de Gobernación, mientras que entre julio de 2015 y junio de
2016 se emitieron tres AVG, de julio del año pasado al mismo mes de este
año se han decretado sólo ocho, y actualmente hay únicamente 11 alertas
decretadas. Para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia, en los últimos meses se les ha exigido llevar a cabo las
acciones necesarias a 51 municipios de Chiapas, Nuevo León, Veracruz,
Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo. Sin embargo,
hay que decir que frente a esta situación no todo termina con la
activación de las AVG, pues el proceso de implementación y evaluación de
esas medidas son fundamentales para analizar su eficacia.
Además, durante el foro las organizaciones resaltaron que en
sus entidades las autoridades locales no permiten su participación en la
creación y supervisión de las medidas, y se limitan a señalar la falta
de presupuesto para su implementación. Es importante resaltar que, a dos
años de la declaratoria de AVG en el estado de México, han sido
asesinadas al menos 748 mujeres solamente en esa entidad. Las
organizaciones de la sociedad civil encontraron retos relcionados con
compartir información y metodologías que permitan generar procesos de
seguimiento más efectivos para el apoyo a las víctimas. En general se
observa que prevalecen prácticas negativas que no permiten que las
organizaciones peticionarias participen de las mesas de seguimiento. En
este sentido Nira Cárdenas, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento
Institucional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en México, destacó la importancia de generar
información objetiva y estadísticas constantes con alcance municipal,
estatal y nacional. De la misma forma subrayó la necesidad de dejar de
poner el foco central en la capacitación, pues ésta no ha resultado
eficiente.
Se destacó también la necesidad de homologar a nivel nacional la
tipificación penal del feminicidio, así como la de dotar de presupuesto
suficiente, y sobre todo adecuadamente enfocado, a las distintas
instancias involucradas, las cuales deben de operar con criterios de
interculturalidad e inclusión, pues se requieren medidas específicas que
atiendan las particularidades de las mujeres migrantes, las mujeres con
discapacidad y las mujeres indígenas, entre muchas formas de ser mujer
en México. El enfoque interseccional es pues sumamente necesario en
nuestro país.
En suma, se requiere que el Estado demuestre la más amplia voluntad política para combati
r la violencia feminicida que está matando hoy en día a miles de mujeres, y agraviando a la sociedad entera.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario