Bernardo Barranco V.
El cardenal Norberto
Rivera declarando ante la Procuraduría General de la República (PGR),
es un hecho inédito en la historia moderna de nuestro país. Gracias a
los ex sacerdotes demandantes Alberto Athié y José Barba, así como a las
cerca de 40 mil firmas en change.org
que exigieron que el cardenal aclare los casos que él mismo reveló de
15 sacerdotes abusadores sexuales de menores. Con toda razón, la
activista neoleonesa Cristina Sada Salinas en sus portales expresó:
Por primer vez en la historia de México un cardenal tiene que declarar ante la PGR, al tiempo que se le abre una carpeta de investigación por su presunto encubrimiento de sacerdotes pederastas. Como ha trascendido en la prensa, el pasado 2 de junio los ex sacerdotes Athié Gallo y Barba interpusieron una demanda penal al cardenal Norberto Rivera Carrera ante la PGR por encubrir a 15 de sus párrocos que presuntamente abusaron sexualmente de menores de edad. Como sabemos en el desayuno navideño de 2016 el propio cardenal reveló que tuvo conocimiento pleno de presuntos hechos ilícitos perpetrados por sacerdotes adscritos a la arquidiócesis a su cargo. Y en ese mismo desayuno, el cardenal reveló que abrió expedientes eclesiásticos de investigación, documentación que envió al Vaticano. Sin embargo, al parecer, no hizo en paralelo ninguna acción para notificar a las autoridades mexicanas. Ese es el meollo de la demanda. El cardenal solamente denunció el caso ante las autoridades eclesiásticas en Roma, pero no lo hizo ante las autoridades civiles mexicanas, por lo que presuntamente encubrió a sus sacerdotes pederastas. Es de lamentar, que la comparecencia del cardenal se hizo sin la presencia de los demandantes por lo que se presume opacidad y trato privilegiado al prelado. Como muestra el hecho de que el religioso recibió el beneficio de comparecer desde sus oficinas arzobispales por su edad y en calidad de persona sujeta a investigación y no como imputado, como lo declaró su abogado Armando Martínez. El caso se desenvuelve bajo la sospecha y dudas de la impunidad que el cardenal Rivera ha gozado con soberbia en su vida episcopal pese a numerosas denuncias. Es decir, el cardenal ha hecho imperar el llamado
fuero religiosoo intocabilidad de los altos prelados, como regla no escrita en la cultura política mexicana.
Los tiempos cambian. Si el cardenal George Pell, el número tres del
Vaticano, abandonó su cargo para enfrentar penalmente las acusaciones de
pederastia en Australia, su país natal, ¿por qué no esperar que el
cardenal Rivera en México comparezca ante las autoridades mexicanas para
aclarar los delitos incurridos por sus sacerdotes y los casos
documentados que envió a Roma? Las leyes seculares mexicanas y la
sociedad tienen derecho a saber los nombres de los sacerdotes
inculpados, conocer el número de víctimas y calibrar la magnitud del
daño ¿Dónde están ahora? Saber el procedimiento que se tuvo tanto con
las víctimas como con sus familiares, ¿Qué tipo de arreglos o
negociaciones procedieron con los familiares? ¿El enfoque y la atención a
las víctimas ha sido el adecuado? Como sociedad tenemos el derecho de
conocer el nombre de los pederastas y estar al tanto si están en la
cárcel y si fueron juzgados por las autoridades mexicanas. No basta que
el Vaticano tenga conocimiento o si han sido procesados por la sagrada
congregación para la doctrina de la fe. Los curas bajo la jurisdicción
de Rivera han cometido graves delitos y requieren ser procesados por la
justicia mexicana.
El cardenal Rivera tiene un historial muy delicado por
encubrimiento de sacerdotes pederastas. Pesa sobre él, la sombra de
Nicolás Aguilar desde que era obispo en Tehuacán. Pero su decidida
protección al retorcido Marcial Maciel es uno de los mayores reproches
que pesan sobre el cardenal. Rivera no se ha retractado de la inflexible
y empecinada defensa que hizo de Maciel y de sus legionarios. Lo
justificaba con bizarras teorías conspirativas, enemigos de la Iglesia,
agentes anticatólicos que acechaban. Siempre descalificaba a los
oponentes, los adjetivaba y colocaba bajo la sospecha, en cambio, pocas
veces se preocupó por las víctimas. Arremetía y estigmatizaba como
enemigos vengativos que de manera oportunista querían dañar a la
Iglesia. Así han tratado a Alberto Athié, como un enemigo resentido que
busca revancha. Un enemigo externo rencoroso que busca deteriorar la
imagen de la Iglesia e influir para que el papa Francisco acepte pronto
la dimisión del cardenal. Sin embargo, todos conocemos el compromiso de
Athié, quien con valentía ha luchado por los derechos humanos y en
especial ha denunciado los abusos sexuales a menores cometidos por el
clero católico. Alberto ha recibido diferentes reconocimientos; en
diciembre de 2016, el Senado aprobó su nombramiento como miembro del
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Como nadie, conoce las entrañas del arzobispado y a los principales
actores eclesiásticos y ha sido un referente contra la pederastia y
encubrimientos religiosos. Busca, así lo ha dec
larado
a los medios: que la indagatoria penal que interpuso sea efectuada con
total eficacia, legalidad, transparencia y genuino anhelo de concretar
los valores supremos de la verdad, la justicia y las reparaciones
integrales a las víctimas. Que el Ministerio Público exija al cardenal
Rivera que aporte los expedientes relativos a los procedimientos
eclesiásticos a los que hizo mención en su declaración pública. Y que
los responsables, cómplices y encubridores sean llevados ante la
justicia. Athié y los ciudadanos que lo apoyan buscan la verdad y la
justicia para las víctimas, no resarcimientos contra el cardenal en este
momento de declive de su mandato.
En el libro Norberto Rivera el pastor del poder, Alberto Athié sentencia en el encabezado de su ensayo:
El día que se sepa todo sobre el cardenal Rivera, el caso Maciel se quedará corto, revelaciones del entonces nuncio Giuseppe Bertello –hoy miembro importante de la curia reformadora de Francisco– al padre Antonio Roqueñí. El ciclo de Norberto Rivera ha concluido, es el momento de evaluar críticamente la propuesta de un modelo de Iglesia clericalista y anacrónica. Dicho de otra manera, la fecha de caducidad ha expirado desde hace muchos años.
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