OPINIÓN
Por: María Sarai Fabián Villa*
Imagen
cortesía de la Coalición por la Salud de las Mujeres
XX Aniversario
de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas.
Biblioteca de México,
agosto 2007
La
presencia política de las mujeres indígenas cobró fuerza después del
levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); la
participación de la comandanta Ramona, durante la conformación del
Consejo Nacional Indígena (CNI) en el Zócalo de la Ciudad de México en
octubre de 1996, pasará a la historia como el día que, con voz femenina,
los pueblos y comunidades indígenas, exigieron al Estado mexicano el
cumplimiento de todos sus derechos.
22 años han pasado ya. La incorporación de las mujeres indígenas a la
vida política, poco a poco se hace efectiva, pues la experiencia las ha
llevado a comprender que sólo por medio de su participación lograrán
incidir en las resolución de las problemáticas que les oprimen por ser
mujeres y ser indígenas.
La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ante
las Naciones Unidas (ONU), Victoria Tauli Corpuz, en su última visita a
México, en 2017, señaló la grave situación en que se encuentran los
pueblos indígenas mexicanos.
El informe final de la Relatora recogió cien casos de violación a
Derechos Humanos, entre los cuales se destacan, los temas de territorio,
justicia, salud, discriminación, agua, alimentación, consulta y
consentimiento, acceso a la información, vida, integridad y seguridad,
violencia y sistemas normativos.
Como parte de las recomendaciones al Estado mexicano, Tauli demanda
apegarse al marco de derechos internacionales y nacionales que amparan y
protegen el derecho de las mujeres y los pueblos indígenas a la libre
determinación y que se consagra en el artículo segundo constitucional.
Además, destaca las políticas implementadas por el actual gobierno,
las cuales dieron cabida a megaproyectos (extractivos, energéticos,
turísticos, inmobiliarios, etc.) que atentan y aniquilan los recursos
naturales que existen en los territorios; también, destaca la
criminalización de la defensa que realizan los pueblos y las mujeres
indígenas por preservar sus lugares sagrados.
La población indígena femenina, sobrepasa los 6 millones. Según el
Banco Interamericano de Desarrollo, en el país persiste una brecha
significativa entre la población indígena y la no indígena en cuanto al
acceso al derecho de la educación. Especialmente las mujeres indígenas
son quienes presentan los niveles más altos de analfabetismo y baja
escolaridad.
El acceso a la educación posibilita a las mujeres el conocer sus
derechos y ejercer estos en lo relacionado con su salud reproductiva.
Por ejemplo, las mujeres indígenas que no tienen ningún grado aprobado
en el sistema educativo nacional, tienen en promedio 3.8 hijos nacidos
vivos; en comparación con aquellas que han aprobado al menos un grado en
educación media superior registrando el promedio más bajo: 0.8 hijos
nacidos vivos.
Para 2015, el promedio de hijas e hijos en las mujeres indígenas de
entre, 15 y 49 años era de 2.0, mientras que el promedio a nivel
nacional era de 1.7. Respecto al promedio de hijos disminuye conforme
aumenta el nivel de escolaridad de la mujer.
La violencia es uno de los problemas que más se ha recrudecido con
consecuencias graves que afectan a las mujeres indígenas. La Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (Endireh), estima que 59 por ciento de las mujeres indígenas
ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Para la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, (Conami) de
acuerdo con la agenda presentada al futuro coordinador del Instituto de
Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, en el marco del 5 de septiembre, Día
Internacional de Mujeres Indígenas, es indispensable:
- Reconocimiento a las mujeres indígenas como sujetas de derecho.
- Garantizar su participación política en todos los ámbitos y espacios de toma de decisiones y alto a la violencia política contra las mujeres. Incluir a personas indígenas, en consulta pública, en las figuras de representación como los Consejos Consultivos de las instituciones federales.
- Realizar acciones de reconocimiento y valor al aporte de las mujeres indígenas, con la participación activa de las mismas, que entre otras, incluya el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer Indígena y la creación del Premio Nacional de las Mujeres Indígenas Defensoras.
- Generar datos desagregados por sexo y condición étnica que indiquen la desigualdad para dar soluciones pertinentes.
- La creación de un programa nacional con presupuesto etiquetado y progresivo que incentive la participación de mujeres indígenas en todos los espacios.
- Fortalecer, promover y garantizar los derechos lingüísticos en los espacios públicos y en todos los servicios que brinda el Estado, a través de la formación, capacitación y pago digno a mujeres intérpretes y traductoras.
- Garantizar servicios de salud con calidad y calidez, libres de discriminación con perspectiva intercultural y de género en todos los niveles de atención.
- Potenciar el modelo de las Casas de la Mujer Indígena, como una política pública exitosa en la relación con las mujeres indígenas, a través del incremento progresivo de sus presupuestos.
- Garantizar los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva intercultural y de género, especialmente en la aplicación de la Norma 046 a las mujeres indígenas.
- Transversalizar la perspectiva intercultural y de género en todas las Instituciones del Estado.
El contexto post electoral ha mostrado que la paridad se está
alcanzando dentro del poder legislativo y en la designación de los
gabinetes de gobierno. Lo único cierto es que la representación de las
mujeres indígenas en los espacios políticos no alcanza para construir la
masa crítica necesaria y la brecha de desigualdad de la participación
efectiva de las mujeres indígenas, en comparación con las no-indígenas,
esto aún siguen siendo un reto.
A pesar de los discursos benevolentes de los nuevos gobernantes y las
esperanzas de cambio a favor de los derechos de las minorías, las
mujeres indígenas organizadas requieren movilizarse y profundizar su
interlocución y acciones de incidencia política, con el apoyo de
múltiples asociaciones aliadas, sólo así el camino que han trazado podrá
ser alcanzado.
*Integrante de Kinal Antzetik Distrito Federal A. C. Kinal Antzetik
Distrito Federal A. C., es parte de la Coalición por la Salud de las
Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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