Napoleón Gómez Urrutia
El resultado de las elecciones
del primero de julio y la victoria de Andrés Manuel López Obrador
abrieron el camino para una nueva etapa en las relaciones de trabajo en
México y en América del Norte.
Hoy la clase obrera mexicana sufre los efectos de décadas de
subdesarrollo, producto de los efectos combinados del corporativismo en
la política laboral y el neoliberalismo en la política económica.
Hace 24 años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre
México, Canadá y Estados Unidos durante el último año del gobierno de
Carlos Salinas de Gortari, se prometió la apertura de una nueva etapa en
las relaciones comerciales, económicas y políticas entre los tres
países, el inicio de la transformación hacia el desarrollo y el primer
mundo para los mexicanos, además de que la desigualdad y la brecha en
materia de salarios se cerraría mediante la justicia y la creación de
nuevas oportunidades para la gran mayoría de la población.
En ese momento, el nivel de los ingresos de los trabajadores en
México era de los más altos en América Latina. Hoy, dos décadas y media
después, los salarios en nuestro país son los más bajos del continente
incluyendo a los de Haití, Honduras y El Salvador, que incluso están más
elevados que los nuestros. Según Inegi, el promedio de los salarios en
Latinoamérica es hoy de 347 dólares al mes, mientras que en todo el
territorio nacional es de 141 dólares mensuales, donde los obreros de
países como Panamá tienen un ingreso promedio de 744 dólares al mes.
¿Qué ha sucedido a lo largo de estos casi 25 años desde la firma del
tratado comercial en 1994? Por un lado, las y los trabajadores en las
industrias vinculadas a las cadenas globales de suministro (automotriz,
metalúrgica, electrónica, agricultura, minería y petróleo) han obtenido a
lo largo de este periodo ingresos muy bajos en relación al valor de sus
productos y a los salarios en otros países.
La política económica y laboral de fomentar la competitividad y la
flexibilidad de las empresas con base en salarios de miseria, ha sido
totalmente equivocada al promover la explotación de la mano de obra
sustentada en convenios de protección patronal que se firman a espaldas
de los trabajadores y en la supresión de los derechos, de la libertad
sindical y de la contratación colectiva, que hubieran permitido la
defensa y la reivindicación de la clase trabajadora.
Hoy, a manera de ejemplo, en la nueva planta de Goodyear en San Luis
Potosí, el tope salarial, es decir, el más elevado, es de 280 pesos
diarios. En sus fábricas en Estados Unidos, esta empresa paga por la
misma jornada 23 dólares la hora, que equivale a 3 mil 500 pesos por
día. Con unas pocas excepciones honorables, a estos trabajadores
mexicanos les han impuesto sindicatos de protección, contratados por las
corporaciones y seudo líderes a su servicio, sin ningún derecho a votar
sobre sus contratos colectivos ni sobre sus dirigentes sindicales, a
los cuales en muchos casos ni los conocen.
Peor aún, las empresas multinacionales han utilizado estas formas de
subcontratación para debilitar los derechos y las condiciones de
trabajo, especialmente en materia de seguridad, salud e higiene en los
centros de producción. Por otro lado, una gran parte de la fuerza
laboral trabaja en la informalidad, sin seguro social y sin que se
respeten sus derechos humanos, muchos inclusive ganando el salario
mínimo de 88.36 pesos al día o quizás apenas un poco más, lo cual está
muy por debajo de la línea de bienestar social determinada por el
Coneval.
En México hoy en día existen cerca de nueve millones de trabajadores
que ganan el salario mínimo e incluso algunos por debajo de ese nivel.
Por ello, es de enorme importancia corregir el atraso salarial no sólo
de los mínimos, sino de los salarios integrales y contractuales para
convertirlos y elevarlos a los niveles justos y dignos que permitan
mejorar la condición económica por medio de un mayor consumo para
estimular la demanda y ampliar la inversión, el empleo y el mercado
interno. Es decir, romper el círculo vicioso del estancamiento, la
desigualdad y la pobreza, para transformarlo en un impulso virtuoso de
la economía y el bienestar social.
El del salario mínimo es un debate de gran importancia, pero para los
grandes empresarios mexicanos y sus socios multinacionales no es el
tema fundamental. Para ellos, el aspecto toral es cómo limitar los
derechos colectivos de la clase obrera, en tanto que para los
trabajadores es defender su derecho a formar sus propios sindicatos, de
negociar colectivamente con sus patrones y de recurrir a la huelga, de
ser necesario, para lograr sus demandas, todos ellos garantizados por el
derecho internacional y por nuestra Constitución, pero en la práctica
suprimidos.
Finalmente, en la actualidad hay tres procesos indispensables que
podrían servir para revertir las injusticias de estos últimos 25 años y
mejorar la vida y la condición humana de la clase obrera: uno, incluir
el capítulo de los derechos laborales y ambientales en la actualización o
renegociación del TLC, o Acuerdo Trilateral; dos, efectuar una reforma
profunda a la legislación laboral, y tercero, aplicar el Convenio 98 de
la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el derecho a la
libertad de sindicación y la contratación colectiva, recientemente
ratificado en forma unánime por el Senado de la República, el cual un
grupo de intereses empresariales y corporativos trató de evitar, sin
lograr su oscuro propósito.
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