Desde el medio día de este miércoles, diversas colectivas y compañeras de las víctimas se dieron cita en los juzgados del Reclusorio Oriente donde montaron un espacio de acompañamiento para realizar artivismo y exigir justicia para las víctimas pero tras enterarse de la resolución decidieron convocar a la resistencia.
En primera instancia, anunciaron que apelarían por vía legal esta resolución del juez Salazar Silva y dijeron que seguirán denunciando por vía política esta injusticia. Defensoras como Olympia Coral, quien estuvo presente acuerpando a las víctimas señaló que en breve darán a conocer las movilizaciones que llevarán a cabo.
Hay que recordar que fue el 6 de octubre del 2023 Diego N, en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue descubierto luego que en un salón de clases, alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital, detectaron que su compañero tenía en su poder una tableta en la que había 20 mil videos y 166 mil imágenes reales y manipuladas de mujeres de 17 a 25 años con el objetivo de comercializarlas; esta práctica llevaba en operación desde el año 2016 en medio de un pacto patriarcal por más de siete años.
Es importante señalar que el espacio digital, es un entorno habitual para las juventudes, pero lo que diríamos desde la lectura feminista, es que ese espacio digital no es un espacio neutro, en términos de relaciones de género.
Tal y como sucede en términos generales en cualquier relación social, el espacio digital está permeado de estereotipos, sexismo y desigualdades de género sostenidas por el sistema patriarcal y ante la urgencia de erradicar las violencias, esto es un renglón pendiente con las jóvenes en el país.
En América Latina existe una carencia casi total de políticas públicas para prevenir y erradicar la ciberviolencia y el ciberacoso contra mujeres y niñas. Además, no se cuenta con instancias especializadas para la atención de casos, ni con presupuestos adecuados para combatirla, pese a que este tipo de violencia se ha incrementado sostenidamente en la región.
María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe (marzo 2024)
En México, 9 millones de mujeres mayores de 12 años han sufrido acoso cibernético, las adolescentes y jóvenes son las más expuestas a las insinuaciones y propuestas sexuales, con un 36 por ciento, mientras que otros delitos como el abuso (obligarnos a ver cosas de índole sexual) o el doxeo (divulgación de información personal como fotografías, videos sin el consentimiento de la dueña de la información, también incluye intervenir una computadora sin permiso) también muestran incrementos. Sin embargo, sólo el 11 de las víctimas de la violencia digital denuncian estos hechos ante el ministerio público; lo anterior, de acuerdo a datos compilados por Cimacnoticias en el 2023.
En los últimos años mujeres, niñas y adolescentes han sido víctimas de estas acciones. Y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 36.4 por ciento de las mujeres de entre 20 y 29 años de edad que utilizaron internet en 2019 fueron víctimas de ciberacoso en los últimos doce meses, frente al 27.2 por ciento de los hombres.
Además, se estima que 70 por ciento de las víctimas son adolescentes y mujeres, por lo que las afecta de forma desproporcionada por su propio género.
Lo digital es político: organización y resistencias de mujeres universitarias ante la violencia digital, fue la presentación del tema, realizada en el marco del ciclo de conferencias «Los feminismos en México y Latinoamérica», que durante el mes de marzo se han llevado a cabo en el Museo de la Mujer.
La audiencia de este 4 de diciembre del 2024 fue en los juzgados ubicados del Reclusorio Oriente y las víctimas, así como feministas quienes se dieron cita para acuerparlas, esperaban una sentencia de 12 años, no obstante, han quedado en un vacío de justicia.
El hombre fue señalado de comercializar imágenes de sus compañeras, y se denunció que presuntamente vendía las fotografías en grupos a otros alumnos y personas de la comunidad estudiantil, pero también en plataformas externas. Por estos hechos Diego N fue puesto a disposición de las autoridades y se le imputó el delito de violación a la intimidad sexual.
Las mujeres estudiantes que se identificaron como víctimas de Diego N iniciaron el proceso legal en su contra; pero esto no fue sido sencillo, porque han señalado que la institución educativa «las revictimiza y que las abandonó en un inicio», pues no fue sino hasta que su historia se difundió en redes sociales cuando recibieron el acompañamiento de Olimpia Coral Melo -impulsora de la Ley Olimpia- cuando directivos del IPN tomaron cartas en el asunto.
El pacto patriarcal de la violencia digital al interior del IPN
El 16 de octubre del 2023, alumnas del IPN, comenzaron una manifestación a las afueras de la Escuela Superior de Comercio y Administración para dar a conocer el pacto patriarcal entre autoridades estudiantiles.
De esta forma revelaron que la violencia que denunciaron ha prevalecido al interior de la institución desde 2016, pues a ellas se acercaron otras jóvenes quienes aseguraron que estudiantes “les pidieron que entraran al negocio para exponer fotografías íntimas en prostitución digital o consiguieran fotos de otras alumnas para editarlas”.
“Existen pruebas de conversaciones entre alumnos que compraban y ofertaban estos contenidos, por lo que señalamos que Diego N no actuó solo; dentro de nuestros salones, en los pasillos, hay una organización patriarcal de hombres que comercializan estas fotografías, le ponen precio a nuestros cuerpos y nos ven como objetos sexuales”, acusó una de las víctimas.
Lo anterior confirma lo que revelaba el Informe de violencia digital. Un estudio de los perfiles de agresores y sobrevivientes de violencia sexual digital, realizado por el Frente Nacional para la Sororidad, el cual documentó de enero de 2020 a diciembre de 2021, mil 705 casos de violencia digital en México, de los cuales 95.3 por ciento fueron perpetrados contra mujeres, siendo las estudiantes universitarias y las empleadas privadas las principales agredidas.
Sumado a lo anterior las víctimas usaron este espacio para denunciar públicamente a plataformas de desarrollo de Inteligencia Artificial por no tener las medidas necesarias “ante un algoritmo patriarcal que beneficia y sistematiza la explotación sexual digital de nuestros cuerpos”.
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