Feminismos.
Por Lorena Umaña Reyes, elfaro, Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2024.
La cultura política salvadoreña -caracterizada por un patriarcado profundamente arraigado-, impone barreras para la participación sustantiva de las mujeres. En una entrevista con una diputada de la legislatura 2018-2021, esta comentó que en la política es necesario tener “ADN de hombre” para sobrevivir. Esta declaración encapsula el sentir de muchas mujeres en cargos públicos: para ser escuchadas, deben adoptar características asociadas con el liderazgo masculino. Este fenómeno, conocido como “masculinización del poder”, obliga a las mujeres a adoptar actitudes y comportamientos que no necesariamente resuenan con su estilo de liderazgo, pero que el sistema patriarcal exige para ser aceptadas.
En El Salvador, las mujeres han ganado visibilidad en la política, pero su presencia sigue siendo mayormente simbólica. Aunque la paridad de género, las leyes de cuotas y las acciones afirmativas han incrementado su participación en la Asamblea Legislativa, el verdadero poder de decisión continúa en manos de unos pocos; y esos pocos, en su mayoría, siguen siendo hombres. Numéricamente las mujeres han incrementado su presencia de apenas dos o tres diputadas en la década de los 50 a contar con 19 legisladoras en el actual periodo 2024-2027, que representan el 31.67% de los escaños. Lo anterior ha sido resultado de décadas de lucha y políticas de inclusión de género. Sin embargo, mayor presencia femenina en la Asamblea no se ha traducido en poder de influencia real, lo que revela un problema estructural en la política salvadoreña.
Aunque más mujeres ocupan puestos visibles, su capacidad para influir en decisiones claves sigue siendo limitada, manteniéndose su rol en el plano simbólico sin un impacto real en las políticas públicas. La politóloga Hanna Pitkin, en su análisis de las cuatro dimensiones de la representación política, distingue entre representación descriptiva —donde las mujeres acceden a cargos— y representación sustantiva, en la que realmente ejercen poder y toman decisiones. Aunque la presencia femenina ha aumentado, el acceso a una representación verdaderamente sustantiva sigue siendo escaso.
La representación simbólica, por su parte, se refiere a cómo un representante “significa” o simboliza a quienes representa; en este caso, lo relevante no es su capacidad de acción directa ni su responsabilidad hacia los representados, sino el significado y los valores que encarna. En contraste, la representación sustantiva implica la capacidad de los representantes para actuar y tomar decisiones que afectan el ámbito público. La presencia de mujeres en cargos políticos, sin embargo, no siempre permite ejercer estas dos dimensiones de la representación política. Aunque el aumento de diputadas en la Asamblea parece un avance en la práctica, su presencia no se traduce automáticamente en cambios estructurales ni en una mayor equidad en la toma de decisiones. Tener más mujeres en cargos políticos no garantiza que estas puedan influir efectivamente en decisiones claves.
La cultura política salvadoreña -caracterizada por un patriarcado profundamente arraigado-, impone barreras para la participación sustantiva de las mujeres. En una entrevista con una diputada de la legislatura 2018-2021, esta comentó que en la política es necesario tener “ADN de hombre” para sobrevivir. Esta declaración encapsula el sentir de muchas mujeres en cargos públicos: para ser escuchadas, deben adoptar características asociadas con el liderazgo masculino. Este fenómeno, conocido como “masculinización del poder”, obliga a las mujeres a adoptar actitudes y comportamientos que no necesariamente resuenan con su estilo de liderazgo, pero que el sistema patriarcal exige para ser aceptadas. La masculinización del poder no solo limita la diversidad de estilos de liderazgo, sino que también refuerza un paradigma de poder diseñado por y para los hombres.
La realidad en la que hoy actúan las legisladoras requiere de un análisis con mayor profundidad, pues debe considerarse el reciente cambio en la estructura de la Asamblea Legislativa. El Decreto No. 755, que redujo el número de diputados en la Asamblea, de 84 a 60, con el argumento de hacer más eficiente el proceso legislativo, ha afectado la diversidad política y agudizado la exclusión de las mujeres. Mientras que las legislaturas de 2018-2021 y 2021-2024 estaban compuestas por 84 curules y reflejaban una mayor pluralidad de partidos, con 26 diputadas en la primera (31%) y 25 en la segunda (29.76%), el periodo 2024-2027 está marcado no solo por una reducción a 60 curules, sino también por un control casi absoluto de la fuerza política en el gobierno. La disminución de curules y la concentración del poder en un solo partido afectan directamente la pluralidad y limitan las oportunidades de representación para mujeres de otras fuerzas políticas.
Actualmente, de las 19 diputadas en la Asamblea, sólo dos pertenecen a partidos distintos a Nuevas Ideas. Este predominio del partido mayoritario ha limitado considerablemente el debate plural y la presentación de iniciativas de otros grupos políticos. Legisladoras de partidos minoritarios, como Cesia Rivas del partido Vamos y Marcela Villatoro del partido ARENA, han expresado públicamente su preocupación ante la falta de espacio para propuestas que no estén alineadas con el partido gobernante. Esta situación evidencia cómo el control casi total de un solo partido reduce no solo la pluralidad política, sino también la capacidad de mujeres de diversos sectores para contribuir a una agenda de igualdad de género.
En el contexto actual, las asambleístas enfrentan una mayor exclusión de los espacios donde se definen las políticas públicas de mayor trascendencia, reforzando un sistema en el que las voces femeninas quedan relegadas. Un ejemplo revelador de este retroceso es la virtual desaparición del Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM): un espacio multipartidario que fue crucial para impulsar legislación en favor de los derechos de las mujeres y que comenzó a perder fuerza a partir de 2021. Durante la legislatura 2018-2021, el GPM había sido un actor clave en la promoción de iniciativas como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Sin embargo, en diciembre de 2021, diputadas de diferentes partidos denunciaron su inactividad y la erosión de un espacio que históricamente había funcionado como foro de diálogo transversal, donde las legisladoras podían construir agendas comunes más allá de las diferencias partidarias.
La desarticulación del GPM coincide con la concentración del poder legislativo en un solo partido. Esto parece indicar que con Nuevas Ideas controlando la mayoría legislativa estos espacios se consideran innecesarios en la agenda oficial. Si bien, de los siete integrantes de la actual junta directiva de la Asamblea Legislativa, tres son mujeres que ocupan los cargos de Primera vicepresidenta, Segunda vicepresidenta y Primera secretaria, habría que preguntarse ¿cuánto de ese poder es sustantivo? El verdadero riesgo es que estas mujeres, a pesar de sus títulos, no tengan un rol protagónico en la toma de decisiones de peso, sino que su presencia sea meramente decorativa, limitada por las dinámicas internas de un partido que sigue replicando estructuras de poder masculinas.
Aunque hay más mujeres en posiciones de poder formal dentro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, en los hechos se han debilitado los espacios institucionales para el avance de la agenda de los derechos de las mujeres. Este patrón se repite en la distribución de poder en las comisiones parlamentarias, donde las mujeres presiden comisiones relacionadas con Niñez e Integración Social, Tecnología, Turismo e Inversión, y Salvadoreños en el Exterior; mientras los hombres continúan dominando comisiones clave para decisiones económicas y políticas, tales como Seguridad Nacional y Justicia, Hacienda, y Agricultura y Medio Ambiente. Además, la distribución actual de las comisiones entre hombres y mujeres refuerza las dinámicas de exclusión femenina en los procesos decisivos de gobierno. Las mujeres en la legislatura siguen relegadas a áreas “blandas,” donde las decisiones tomadas no tienen el mismo peso en las políticas de Estado que en las comisiones “duras,” dominadas por hombres. Esta situación perpetúa un modelo en el que la inclusión femenina en la política se restringe a funciones menos influyentes, limitando así su capacidad de generar cambios significativos.
En este escenario resulta esencial preguntarnos qué significa la representación política de las mujeres en El Salvador. Si bien el aumento en su presencia en la Asamblea parece cumplir con un criterio de equidad, este avance numérico no se traduce en una influencia real ni en acceso a decisiones estratégicas. La configuración actual de la legislatura, en vez de consolidar derechos, expone un retroceso que, lejos de transformar el poder, limita a las mujeres a un papel visible pero subordinado. Mientras el sistema siga operando bajo lógicas patriarcales y de liderazgo autoritario, las mujeres seguirán condenadas a jugar un papel secundario en un tablero político diseñado por y para los hombres. Las medidas afirmativas, aunque indispensables, son solo el inicio; el verdadero desafío radica en desmantelar las barreras estructurales que aún las mantienen en la periferia de las decisiones. Solo cuando las mujeres puedan incidir de manera genuina y sustantiva en el rumbo del país, se podrá hablar de una sociedad verdaderamente democrática en El Salvador.
*Lorena Umaña Reyes es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora-investigadora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembro de la Red de Politólogas – #NoSinMujeres. Puedes escribirle al correo lorena.umana@politicas.unam.mx y en X la encuentras como @loreumar.
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