8/13/2020

Trama Odebrecht

Todos van a ser investigados, advierte
Delitos que se imputan a Lozoya no han prescrito: Gertz Manero
Para que el ex funcionario no pise la cárcel, se debe resarcir el daño, aclara

Los delitos que se le imputan a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no han prescrito, aseguró el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
Durante una videoconferencia que sostuvo con académicos de El Colegio de México, el fiscal general explicó que Lozoya Austin recibe un trato diferente al de la ex jefa del Gobierno capitalino, Rosario Robles Berlanga, porque el primero aceptó los cargos, está cooperando y ofreciendo pruebas, y en cambio ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones en su contra.
A pregunta expresa, el funcionario afirmó: Tenemos la certeza de que no hay prescripción, porque sería un trabajo inútil y además sería ponerse en ridículo salir a defender un tema que sabemos finalmente va a tener un problema de nulidad en el momento en que nosotros lo judicialicemos.
Sin embargo, el funcionario no quiso ahondar sobre la posible prescripción de los delitos que Lozoya Austin le atribuye al ex presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, según dijo, porque yo no les preparo la defensa a los que son mis contrincantes.
Aclaró que van a ser investigados todos los denunciados, siempre y cuando las pruebas aportadas en su contra indiquen la posibilidad real de que han cometido un delito.
En espera de justicia
Durante el encuentro, parte del Seminario sobre violencia y paz, que coordina el académico Sergio Aguayo, el titular de la FGR precisó que sin reparación del daño no hay justicia, y que si Lozoya Austin no logra concretar un convenio para resarcir las pérdidas que causó al erario conforme a la ley, no tendrá acceso al criterio de oportunidad, la única vía jurídica que le permitiría no ser sentenciado a una pena de privación de la libertad.
Para ello, se le han asegurado al ex director de Pemex y a sus familiares todos los bienes que se le han encontrado en México y Europa: El daño que este individuo le causó al Estado mexicano está absolutamente especificado, periciado y sabemos de qué tamaño es, agregó Gertz Manero.
Al responder a una pregunta directa, el titular de la FGR explicó que el tratamiento que ha recibido el ex director de Pemex es diferente al que se le da a Rosario Robles, porque la ex funcionaria sigue alegando inocencia y no ha ofrecido cooperar con las investigaciones del caso.
Es muy sencillo, este individuo (Lozoya Austin) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos; él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país, ¡por favor!
Gertz Manero finalizó con un panorama de la situación del país, donde dijo se cometen 36 millones de delitos al año, de los cuales 99 por ciento quedan impunes, y explicó su hipótesis del porqué: El sistema político mexicano se hizo a partir del final de una revolución armada, para que la justicia y la seguridad fueran un patrimonio del poder, no un derecho de los ciudadanos. Mientas no cambiemos eso, podremos dar las batallas que usted quiera y podremos ganar algunas, pero la guerra la tenemos perdida.
Por ello, aseveró, este asunto va más allá de un caso específico, se trata, sostuvo, de salvar a un país depredado por un sistema que está hecho para delinquir, para saquear y para someter: esta es la oportunidad de ver si realmente estamos frente a un cambio o las estructuras y el sistema finalmente van a prevalecer y nos van a acabar atropellando.

Eduardo Murillo
Periódico La Jornada

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Trama Odebrecht
Los involucrados serán citados y deberán declarar, afirma AMLO
Ante la denuncia promovida por Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), que involucra a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, ratificó su postura de enjuiciarlos sólo previa consulta popular. Sin embargo, acotó: no puedo detener un proceso judicial, no puedo ser cómplice, no me corresponde. Es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía (General de la República, FGR), no voy a encubrir a nadie. Que haga su trabajo la FGR.
Quien presentó la denuncia ante la FGR está obligado a probar los señalamientos, porque si fue un dicho solamente sin pruebas, no tiene ningún valor legal, diría social, moral. Tiene que haber un sustento, pruebas, testigos. Se habla de un video, yo quisiera verlo, como todos los mexicanos; ojalá y se pueda que se dé a conocer. El mandatario se pronunció por transparentar todo lo que se pueda, sin poner en riesgo el debido proceso.
En cualquier caso –dijo durante su conferencia de prensa– los involucrados deberán declarar: Peña Nieto y Calderón, los senadores, el diputado federal y el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray. Van a ser citados probablemente todos los señalados y tendrán que declarar. Eso no significa que sean culpables, pero cuando se presenta una denuncia de estas características, tienen que declarar los acusados.
Reiteró sus acusaciones de narco- Estado en el sexenio de Calderón. Confió en que en su momento le pareció desproporcionada esa consideración de analistas. Anteayer me salió y dije, ¿por qué no? Si el que estaba a cargo de la seguridad al final le servía a una de las bandas. Es como si uno de estos jefes hubiese estado de vicepresidente, porque ese señor detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Calderón y está acusado de recibir sobornos por estar al servicio de una de las bandas del narcotráfico.
Fue más allá en sus remembranzas de los excesos de esa administración, al aludir a la forma como ajustician a (Arturo) Beltrán Leyva, cómo le ponen billetes al cuerpo, dólares. Todo un montaje. ¿Qué es eso? Eso no es normal. Y rubricó con una censura abierta a las casas en Miami del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. ¿Por qué ese estilo de vida? ¿Una gran descomposición? ¿Y cómo estábamos al final todos los mexicanos? En la indefensión.
Al preguntarle sobre el asesinato de Luis Miranda Cardoso, padre del ex secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, sostuvo que si bien corresponde la investigación a la fiscalía del estado de México, existe disposición del gobierno federal de ayudar a conocer lo que sucedió, quiénes fueron los responsables y castigarlos.
En referencia a la denuncia de Lozoya Austin ante la FGR, López Obrador apuntó que respetará la decisiones del fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien calificó de gente seria, responsable y de prestigio que no va a prestarse a una jugarreta. No son ya los tiempos de la Procuraduría General de la República, pues ahora es una institución autónoma.
El Presidente ratificó su coincidencia en otorgar beneficios a Lozoya Austin por la información aportada, pero insistió en que el juicio a ex presidentes se realice previa consulta popular. “A mí lo que más me importa es que moralicemos a México.
–Sí se tiene que seguir un proceso a los ex presidentes, ¿lo avalaría?
–Ya di mi punto de vista, lo sostengo, pero al mismo tiempo no puedo convertirme en encubridor o en cómplice. Doy mi opinión, creo que lo mejor es que se conozca todo, que la gente sepa qué sucedió y decida si se juzga a los ex presidentes, porque, insisto, no es sólo este sexenio pasado y el anterior. No. Fue un periodo de saqueo.

 Periódico La Jornada

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Trama Odebrecht
Escándalo de corrupción que cubrió a mandatarios de AL se acerca a Peña
Podría ser el octavo jefe de Estado en enfrentar la ley
El ex presidente Enrique Peña Nieto podría convertirse en el octavo mandatario latinoamericano en ser imputado penalmente como partícipe o cómplice en la red de corrupción de Odebrecht, el gigante de la industria de la construcción brasileña que por más de una década repartió sobornos, obtuvo licitaciones irregulares, infló artificialmente costos de sus obras y compró votos de partidos políticos de todo signo en al menos 12 países.
Las revelaciones de Marcelo Odebrecht, que negoció con el Departamento de Justicia de Estados Unidos una sentencia de 19 años de cárcel a cambio de ofrecer revelaciones y evidencias sobre cómo funcionó y a quienes benefició su sistema de pagos ilícitos, mancharon a nueve gobiernos de la región.
Estas delaciones premiadas han llevado al banquillo de los acusados a los últimos cuatro presidentes de Perú: Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
Toledo, presidente entre 2001 y 2006, fue sentenciado a 16 años de prisión en el área de San Francisco, California, y en marzo de este año se le concedió prisión domiciliaria por la crisis del Covid-19 (tiene 74 años).
Alan García, líder histórico del aprismo (socialdemocracia) se suicidó en el momento de ser detenido en abril de 2017.
Pedro Pablo Kuscinski, renunció a la presidencia antes de ser destituido por el parlamento y está sujeto a proceso.
Ni el actual presidente Martín Vizcarra ha podido abstraerse de las investigaciones del llamado fiscal Lava Jato (que asume el mismo nombre que su par brasileño). Se indaga sobre sus vínculos con la empresa bahiana Odebrecht durante la década pasada.
En Brasil el ex presidente Michel Temer, artífice del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016, fue detenido el año pasado, acusado de ser líder de una organización criminal. Se le acusa de recibir de Odebrecht 3.6 millones de dólares, apenas uno de los ilícitos de su expediente.
Se encontraba en arraigo domiciliario hasta este miércoles, cuando se informó sorpresivamente que el gobierno de Jair Bolsonaro lo envió a Líbano encabezando una misión humanitaria a ese país.
El reparto
Sólo en Brasil, según el expediente de 2016 de la corte del distrito este de Nueva York, la división secreta de Odebrecht repartió 349 millones de dólares a funcionarios, empresarios y legisladores para obtener contratos irregulares que le redundaron en ganancias de mil 900 millones de dólares.
En El Salvador, el ex presidente Mauricio Funes, investigado por decenas de delitos de enriquecimiento ilícito, algunos relacionados con Odebrecht, está prófugo en Nicaragua bajo la protección de Daniel Ortega.
En Ecuador, el ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, purga una sentencia de seis años. Según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, contribuyó a canalizar 33 millones de dólares en sobornos.
En Panamá, el ex presidente Ricardo Martinelli, que gobernó entre 2009 y 2014, pasó dos años en prisión hasta que el año pasado un juez lo declaró inocente. Pero sus hijos Ricardo y Luis Enrique fueron detenidos en julio de este año en Guatemala, y Estados Unidos pide su extradición para responder por el envío de 28 millones de dólares de Odebrecht al gobierno de su padre.
En Colombia, la sombra de Odebrecht se acercó peligrosamente a los ex presidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Por lo pronto tres gerentes de la campaña electoral de Santos también están sujetos a una investigación penal.
Finalmente, en República Dominicana, en mayo de este año, un operativo apresó a 14 implicados en la trama corrupta de Odebrecht, entre ellos un ex ministro, altos dirigentes de partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, ex legisladores y varios empresarios.
En las investigaciones también han salido a relucir funcionarios de Argentina, Guatemala y Venezuela. Fuera del continente, las prácticas corruptas de este consorcio alcanzaron también a Mozambique y Angola.

Periódico La Jornada

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Trama Odebrecht
Robles no está acusada por daño al erario, dice abogado

Foto
Rosario Robles, a su llegada al
Reclusorio Sur en agosto de 2019.
Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, señaló que es falso que su defendida esté acusada de afectación al erario.
Indicó que contrario a lo dicho por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, la ex funcionaria “enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción, es decir, ejercicio ilícito del servicio público, delito considerado no grave y que tampoco trae aparejado la reparación de un presunto daño.
“El fiscal da a entender que está en prisión por ‘no ser solidaria con el Estado’, dejando en entredicho que está privada de su libertad por no ‘delatar’ a otros funcionarios, cuando en realidad no tiene nada que revelar.
Los dichos del fiscal contravienen el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de los derechos del imputado, que señala en su fracción I que la acusada debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; en su fracción XIV, a no ser expuesta a los medios de comunicación, y en la fracción XV a no ser presentada ante la comunidad como culpable.
Foto Pablo Ramos
Periódico La Jornada
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Trama Odebrecht
Desde 2012 se ignoró el financiamiento paralelo a campaña del tricolor
Días antes de las elecciones presidenciales de 2012 y después de ellas, el PRD y el PAN denunciaron un financiamiento paralelo a la campaña de Enrique Peña Nieto, el cual, a través de las tarjetas Monex, no sólo sirvió para pagar a los integrantes de la estructura territorial del PRI, sino también para comprar votos.
Sin embargo, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) presidido por Leonardo Valdés Zurita, no sancionó al tricolor, pese a que ese partido no pudo comprobar gastos por más de 50 millones de pesos que se distribuyeron por medio de los monederos electrónicos. El voto del consejero y ex procurador general Sergio García Ramírez fue determinante para que el PRI no fuera multado.
La certeza de panistas y perredistas en torno a que el tricolor implementó un financiamiento paralelo para comprar votos y movilizar su estructura electoral, llevó a que el entonces dirigente del blanquiazul, Gustavo Madero, denunciara que Enrique Peña Nieto ganó la Presidencia a billetazos, mientras el perredismo resaltó que al IFE le falto seriedad para investigar el caso.
En el entramado de la operación, Roberto Gil y Ricardo Monreal, coordinadores de las campañas de la panista Josefina Vázquez Mota y el entonces perredista Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, explicaron que varias empresas, como Inizzio, Efra y Alkino, depositaron millonarios recursos en el grupo financiero Monex para ser distribuidos en 140 mil tarjetas prepagadas.
Al principio el PRI negó el usó de esas micas, pero días despúes Jesús Murillo Karam reconoció su utilización.
Se habló de diversos montos depositados, desde 66 millones hasta 700 millones de pesos, con lo cual el tricolor no sólo había rebasado el tope de gasto de campaña fijado en 330 millones, sino también el límite de aportaciones privadas de 30 millones.
El IFE comprobó la existencia de casi 10 mil monederos electrónicos con un fondeo por 70 millones, de los cuales el PRI no logró acreditar el destino de 50 millones. El órgano electoral no aclaró cuál fue el origen del dinero, señalaron diversos actores políticos, como el diputado Roberto López.
Periódico La Jornada

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Trama Odebrecht
El acuerdo benefició a unos cuantos
El Pacto por México, de joya de la corona a piedra en el zapato de Peña Nieto
Las grandes transformaciones ofrecidas no llegaron
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▲ El Pacto por México, firmado en diciembre de 2012 por Enrique Peña Nieto y los actores políticos de entonces.
El flamante presidente Enrique Peña Nieto lo presumía como el primer acuerdo suscrito sin existir una emergencia nacional, y presentó al Pacto por México como la conciliación de las principales fuerzas políticas para impulsar un programa de reformas estructurales inmediatas y, de ese modo, mover al país.
Aunque muy pronto empezaría a fracturarse, el acuerdo firmado por PRI, PAN y PRD tuvo que ir a contracorriente para que la oposición justificara su adhesión al señalar que, por sí solo, ningún hombre puede cambiar al país, y que además muchos de sus planteamientos habían sido incorporados al documento.
Pero a lo largo del sexenio pasado, el pacto nunca superó el estigma de ser un instrumento surgido de un acuerdo cupular y para cuyo aval los dirigentes partidistas no tomaron parecer a sus militantes, y el conjunto de la sociedad mexicana fue marginada.
Desde entonces no pocas voces recelaron sobre las ventajas, favores y prerrogativas que estarían detrás o condicionando ese apoyo a la naciente gestión de Peña Nieto.
Los discursos en la ceremonia, los acompañantes y la intensidad de los aplausos para la oposición (Gustavo Madero, por el PAN, y Jesús Zambrano, por el PRD) dejaban la evidencia de una nueva era en materia de acuerdos políticos en el país.
En suma, el 2 de diciembre de 2012 se suscribió en el Castillo de Chapultepec todo un proyecto económico y político para México.
Las reformas educativa y de telecomunicaciones fueron prioritarias para ser llevadas al Congreso de la Unión y por esa ruta avanzar en la agenda del PRI en su regreso al poder presidencial.
Y dentro de aquella como joya de la corona, las transformaciones del sector energético.
Aunque al término de su mandato el presidente Peña Nieto proclamó que merced al Pacto por México se lograron 11 reformas estructurales, fue precisamente la de energía –como en un principio ocurrió con la educativa– una de las más complejas en su aprobación y la que enfrentó mayores resistencias sociales y políticas, éstas a cargo del –en ese momento– emergente partido Morena.
A mediados de 2013, Andrés Manuel López Obrador aseguraba respecto de los cambios en el artículo 27 constitucional que la intención era entregar la renta petrolera para convertirla en el negocio más grande del mundo y en unas cuantas manos.
Las grandes reformas aprobadas fueron: laboral, de competencia económica, de telecomunicaciones, financiera, hacendaria, político-electoral, educativa, en seguridad social, energética, de transparencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Seis años después, algunas de esas transformaciones han sido revertidas o modificadas y algunos de sus promotores ya están en un mundo opuesto al del triunfalismo y la cumbre política.
En el Pacto por México se estableció también el objetivo de terminar con la pobreza extrema.
Pero a fines de 2018 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrolo Social reportó a más de 9 millones en pobreza extrema, y la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre se convirtió en fuente de corrupción y no logró impedir que la la población con carencias relacionadas a la alimentación subiera casi 13 por ciento entre 2014-2018.

Foto José Antonio López
Periódico La Jornada

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Trama Odebrecht
Si se revela todo lo que hay detrás, podría ser el juicio del siglo en el país
Las acusaciones que Emilio Lozoya ha hecho ante la Fiscalía General de la República, y que implicarían al ex presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no han prescrito, pues suponen una red de complicidades que configuran los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dijo el especialista en derecho penal y militar César Mario Gutiérrez Priego, mientras en la Comisión Permanente del Congreso, legisladores de Morena advirtieron que Peña Nieto puede ser juzgado por traición a la patria, de comprobarse las acusaciones sobre su participación en hechos de corrupción relacionados con Odebrecht.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que con la denuncia de Lozoya se abrió un proceso que se podría considerar el juicio del siglo en México si se revela todo lo que hay detrás.
Aseguró que este es “un asunto emblemático del mayor nivel… Todo esto va a ser impresionante, porque hay muchas personalidades públicas (involucradas).
Senadores y diputados del PAN acusaron al gobierno federal de utilizar con fines electorales las revelaciones del ex funcionario sobre el supuesto involucramiento de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Con ello, recalcó la senadora panista Guadalupe Murguía, se pretende tender una cortina de humo, para no atender la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de Covid-19.
El senador Eduardo Ramírez, de Morena, rechazó que el caso Lozoya sea un distractor del gobierno para no cumplir con su responsabilidad de atender la pandemia por Covid-19.
Javier Hidalgo, diputado morenista, expuso que lo más grave de las acusaciones de Lozoya es que se puede prefigurar el delito de traición a la patria, de comprobarse los dichos del ex director de Pemex, ya que una empresa extranjera, como Odebrecht, financió un proceso electoral en el país.
El diputado Benjamín Robles, del PT, advirtió que Felipe Calderón puede también ser juzgado a partir de las revelaciones.
El especialista Gutiérrez Priego apuntó que en este caso se denuncia a una red de operaciones criminales que, independientemente de si tuvo incidencia en el proceso electoral, manejó recursos de origen ilegal. Aquí la palabra clave es delincuencia organizada, afirmó.

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