Detecta la SFP gasto total de lo asignado: $20.5 mil millones
Software caro e inoperante y pago millonario a titulares,son algunas de las anomalías
En el ejercicio fiscal 2018, directivos de la extinta
Policía Federal (PF) incurrieron en una serie de irregularidades que
ocasionaron daño al erario por sobrecosto en la compra de equipo
tecnológico para un programa de seguridad nacional, mismo que resultó
inoperable, así como por la entrega de cheques millonarios a
funcionarios de la corporación sin que se justificara.
En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) verificó la adquisición de bienes y servicios de parte
de la PF por 2 mil 53 millones de pesos, equivalente a 53.2 por ciento
del presupuesto total ejercido en tres partidas presupuestales, cuyos
principales resultados corresponden a la 33701, que es por gastos de
seguridad pública nacional.
Hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la
República (FGR) investiga presuntas irregularidades por desvíos
millonarios en la extinta corporación, que ascenderían a unos 2 mil
millones de pesos, y entre los acusados se encuentran los ex titulares
de la PF, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, quienes entre
otras cosas se habrían otorgado cheques nominativos a su favor por sumas
millonarias.
En la auditoría, el órgano fiscalizador encontró un contrato por el
que se pagaron 499 millones 998 mil pesos a un proveedor para la
adquisición de un sistema de cómputo, respecto al cual no se efectuó un
estudio de mercado que justificara el precio ofrecido por el proveedor
ni que se garantizaran las mejores condiciones para el Estado, además de
que su valor se determinó en 20 millones de pesos, de acuerdo con
investigaciones realizadas en el mercado de software.
En otro contrato, por 172 millones 166 mil pesos, el vendedor no
cumplió con la entrega correcta de tres equipos adquiridos: uno era
inoperable y los otros dos carecían de los componentes necesarios para
funcionar.
Respecto de estos dos contratos no se verificó la legalidad de los documentos presentados por proveedores para cerciorarse de la procedencia de los bienes y programas adquiridos, pues se decía que la tecnología venía del extranjero, pero no se comprobaron las gestiones que permitieran su ingreso al país, pagos por su adquisición ni para el uso de licencias, enfatizó la ASF.
Otra incosistencia hallada en la auditoría fue que, en 2018, la PF
ejerció recursos por 42 millones 700 mil pesos que se entregaron con
cheques a funcionarios de la corporación.
En las actas circunstanciadas no se señalaron las razones que hicieron imposible la obtención de los documentos soporte ni se anexaron a ellas informes de resultados de las operaciones o investigaciones realizadas, lo cual era requisito para justificar su ejercicio, indicó la ASF.
También se usaron 801 millones 877 mil pesos para patrullaje y
vigilancia sin que hubiera evidencia documental de la prestación de ese
servicio; en otro convenio con una empresa, se pagaron 59 millones 374
mil pesos para la capacitación a 991 agentes, pero no hay listas de
asistencia que acreditaran la capacitación.
La actual administración analiza si es procedente
denunciar a funcionarios de la dependencia por no cumplir con las reglas
de operación
Gustavo Castillo García
Entre 2006 y 2018 en la Policía Federal (PF) se ejercieron más de 20
mil millones de pesos correspondientes a la partida 33701,
correspondiente a gastos de seguridad pública nacional; de ellos, la
Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó que durante los gobiernos
de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto los responsables de
la corporación utilizaron la totalidad del dinero asignado, pero no
cumplieron con las reglas de operación y documentalmente no acreditaron
el destino del dinero.
Por ahora, en el gobierno federal se analiza si es procedente
denunciar a funcionarios de ambas administraciones, como Genaro García
Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal
entre 2006 y 2012, además de diversos mandos de la Policía Federal y de
otras instituciones que estaban encargadas de supervisar el destino de
los recursos, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de
seguridad.
En el ámbito del Poder Ejecutivo, indicaron las fuentes consultadas,
hay quienes opinan que ya prescribieron los delitos del sexenio
calderonista, pero también existen voces que consideran lo contrario por
estimar que se trataron de ilícitos continuados de una administración a
otra y que tuvieron un impacto grave para el desarrollo de las labores
de seguridad en el país.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se asignaron para gastos en la
Policía Federal, como parte del rubro 33701, alrededor de 7 mil
millones de pesos, mientras en el de Peña Nieto fueron 13 mil 500
millones de pesos.
Los funcionarios entrevistados –quienes hablaron con la condición de
permanecer en el anonimato– indicaron que a partir de la denuncia
presentada en febrero de 2019 por la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC) y las revisiones llevadas a cabo por la
Auditoría Superior de la Federación a diversos ejercicios
presupuestales, se descubrió que la partida 33701 fue ejercida de manera
discrecional y sin que se dejaran los respaldos documentales que
motivaron las operaciones.
Las fuentes refirieron que los titulares de las dependencias como la Policía Federal, de la SSPC, no pueden revisar de motu proprio la información documental relacionada con el gasto ejercido ni la comprobación del destino que se dio a los recursos.
Por eso, indicaron que Alfonso Durazo Montaño, titular de la SSPC,
tenía que haber presentado una denuncia ante la SFP para que se revisara
lo concerniente al contrato con la empresa israelí Rafael Advanced
Defense Systems, la cual había vendido en alrededor de 2 mil 400
millones de pesos el sistema de inteligencia conocido como Rafael.
Lo anterior debió ser la consecuencia de que dicha compañía
presentara una demanda por incumplimiento de contrato –que hasta la
fecha sigue en litigio– en el cual se exige que las autoridades cubran
lo estipulado en el documento firmado en 2015, cuando Martínez Zamora
era secretaria general de la Policía Federal.
De esta revisión han surgido las irregularidades en los recursos que
deben ser analizados para posibles sanciones a funcionarios y ex
servidores por medio de las denuncias presentadas ante la Fiscalía
Anticorrupción y la Seido, que judicializaron el expediente del que
ahora se solicitaron y se obtuvieron 19 órdenes de aprehensión en contra
de ex empleados de la PF.
De la Redacción
Periódico La Jornada
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