La Jornada
Mauro Jarquín Ramírez
La SEP presentó su estrategia de regreso a clases: una versión 2.0 del programa Aprende en Casa, ahora fortalecido por una estrecha colaboración con Televisa, Tv Azteca, Imagen y Grupo Multimedios. El acuerdo favorece a ambas partes: el gobierno aumenta el alcance de su programa educativo y desactiva el incipiente debate sobre el uso de plataformas digitales con miras al desarrollo de un modelo híbrido, y las televisoras reciben 450 millones de pesos, consolidan su compromiso social empresarial, incrementan el valor de sus acciones de mercado y fortalecen la presencia de sus fundaciones en el campo de la educación pública nacional. Dicha concertación es un
soplo de vidapor parte de la 4T, el cual partió de las posibilidades de acción brindadas por las circunstancias actuales.
El programa se presentó para dar respuesta a un problema concreto: la cobertura de los servicios educativos durante el tiempo en que las clases presenciales no pudieran reactivarse. ¿Podría plantearse una opción distinta de política en un país donde la accesibilidad a Internet es de 50 por ciento de los hogares, mientras la de la televisión es de 90 por ciento? Dada la premura y las condiciones reales, no parece ser muy probable.
No obstante, la polémica decisión provocó críticas tanto de tirios como troyanos, quienes la han señalado de insuficiente, inequitativa, privatizadora, improvisada, etcétera. Sin embargo, el que aparentemente exista un disenso común respecto de la política educativa federal no significa que quienes disienten busquen lo mismo.
En el debate educativo actual podemos ver dos grandes narrativas: por un lado se encuentra la perspectiva liberal-tecnocrática, preocupada particularmente por las evaluaciones de impacto de los programas, la evidencia disponible para la toma de decisiones en los procesos de gobierno y el logro de resultados cuantificables. Debido a su primacía por la eficiencia y resultados, ha apoyado sistemáticamente la incursión al debate educativo de actores privados, corporaciones y filantrocapitalistas, que han puesto por delante una supuesta capacidad para ayudar a mejorar los niveles de rendimiento en las escuelas, ya sea con la elaboración de estándares educativos, el desarrollo de alianzas público-privadas, etcétera. Para esta perspectiva, la respuesta del gobierno es incierta porque, pese a ser una continuidad del programa Aprende en Casa, no cuenta con información clara sobre sus resultados. Es esencialmente un problema de diseño y evaluación.
Por otro, se ubica la tradición democrático-popular, que si bien exige claridad en programas y resultados, pone énfasis en el desarrollo de las políticas a partir de sus efectos respecto de las comunidades educativas, el magisterio y el gobierno educativo. Dado que su análisis de la política pública parte de la escuela, las experiencias cotidianas de la práctica pedagógica constituyen el pilar de sus reflexiones. Esta tendencia ha buscado ampliar el margen de autonomía del trabajo docente, así como la integración de lógicas comunitarias en los planteles. Derivado de ello, persiste una preocupación permanente respecto al carácter público de la educación, tanto en su financiamiento como en sus contenidos y en la toma de decisiones. Para esta tendencia, la concertación entre SEP y televisoras representa un paso más en el camino de la privatización, lo cual genera también implicaciones en el proceso pedagógico. No estamos sólo ante un problema de falta de planeación, sino frente a un reto para la preservación de la escuela pública.
La concertación avanza en la privatización educativa en las transferencias de recursos del sector público al sector privado, la redistribución de responsabilidades entre sector público y privado en la política educativa e incremento del protagonismo de actores privados en el proceso político. Una decisión que puede plantearse como solución necesaria, pero que puede convertirse en un nuevo problema.
Lo anterior es parte de una inercia en que la autoridad educativa federal ha decidido dar respuesta a problemas y necesidades por la vía empresarial, sin mayor participación sustantiva del magisterio en sus deliberaciones. Mientras el titular de la SEP encuentra en el sector privado las ideas y las propuestas para dar forma al sistema educativo, pareciera percibir al magisterio como gran colectivo que históricamente ha trabajado en las aulas –y ahora desde casa– a contracorriente, sin necesidad alguna de reconocimiento real a su trabajo, más allá de un bien armado y repetitivo discurso de unidad.
La cada vez mayor dependencia de la educación pública respecto de la iniciativa privada es producto de una larga hegemonía liberal-tecnocrática en la burocracia educativa nacional. Tengamos cuidado con suscribir cualquier señalamiento hacia la propuesta educativa de la 4T, porque también en el camino de la crítica las derechas buscan perpetuarse.
*Politólogo
Twitter: @MaurroJarquin
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