Así lo hicieron en un pronunciamiento que circula desde el 28 de marzo, dirigido al secretario de Gobernación a nivel federal, Adán Augusto López Hernández; al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz; y al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara.
En este documento, el Grupo se dijo indignado por las declaraciones realizadas el pasado 25 de marzo por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien declaró que “ocho municipios (morelenses) cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), y es probable que en Jiutepec y Huitzilac se retire debido a los resultados”. El funcionario también dijo que, de ser necesario, se declararán más alertas
Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que “Morelos presenta una reducción de 45.7 por ciento en feminicidios, ya que la incidencia de este delito fue de 35 feminicidios de marzo de 2020 a febrero de 2021, mientras que sólo se registraron 19 entre marzo de 2021 y febrero de 2022”.
Huitzilac, sin embargo, no es un municipio con AVGM. “Lo que demuestra no sólo su desconocimiento de los municipios morelenses declarados con AVGM por la propia Secretaría que encabeza (…) sino también el nulo análisis territorial de las violencias feminicidas y su relación con otros delitos”, expresó el Grupo al respecto de las declaraciones de López Hernández.
Sobre las cifras ofrecidas por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien dijo que “Morelos presenta una reducción”, el Grupo expresó que “existen claras deficiencias en la incorporación de una perspectiva de género al momento de determinar y clasificar que una muerte violenta de mujer sea feminicidio”, por lo que se negó a reconocer las cifras oficiales.
El Grupo también observó que, de acuerdo con una revisión hemerográfica y con análisis propios sobre las formas o métodos empleados para el asesinato violento de mujeres y la disposición ulterior de sus cuerpos, para el año 2021 ocurrieron al menos: 96 muertes violentas de mujeres; de ellas, 47 fueron por arma de fuego, ocho por asfixia, ahogamiento y estrangulamiento, cuatro por arma blanca, siete por golpes, 26 se desconoce y cuatro por otros métodos, como pedradas y calcinamiento.
Ante la discordancia en las cifras, el Grupo llamó a recordar que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida se entiende como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
El Grupo precisó que Morelos no ha cumplido cabalmente con todas las medidas que se le mandataron en la AVGM que se declaró para esa entidad desde 2015; además, denunció el grupo, los municipios han sido, en la figura de sus presidencias, “incapaces de cumplir, generar acciones o destinar recursos propios por lo que difícilmente se logrará darles cumplimiento”.
En su pronunciamiento, el Grupo también precisó que para este 2022, la secretaría de Gobierno de Morelos no tuvo la aprobación para recibir recursos de coadyuvancia a las AVGM, además de que persiste una carencia de indicadores para medir el impacto de las acciones realizadas.
En el documento, el Grupo precisó que las cifras de feminicidio, homicidios dolosos y otras formas de muertes violentas en Morelos indican, “de manera innegable”, la ausencia de acciones eficientes y eficaces por parte del poder ejecutivo en su calidad de ente preventivo y responsable de la política pública.
Este Grupo también señaló por su responsabilidad en estas muertes violentas a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio al no catalogar e investigar desde una puntual perspectiva de género, y al Tribunal Superior de Justicia porque las sentencias de los pocos casos judicializados se ralentiza o se minimiza, violentando los derechos a la reparación del daño y el derecho a la verdad, principalmente de las víctimas indirectas: madres, hijas e hijos, puntualizaron.
Por todo ello, el Grupo exhortó al gobierno mexicano a evitar una “narrativa superflua sobre la vida e integridad de las mujeres y más aún sobre la enorme cantidad de mujeres asesinadas de manera violenta en este México Feminicida”.
Asimismo, el Grupo convocó al gobierno de Morelos a generar “acciones urgentes” que consideren la participación y experiencia de las mujeres defensoras y organizaciones de la sociedad civil con experiencia en este tema para generar una hoja de ruta no simulada, pertinente, viable, alcanzable y medible que conduzca a la reducción en el corto plazo de las violencias feminicidas.
Por otro lado, el Grupo exigió a la Fiscalía General del Estado de Morelos y al Tribunal Superior de Justicia garanticen un acceso a la justicia y a la verdad de todos los feminicidios y homicidios dolosos expresados en muertes violentas de las mujeres en Morelos.
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