Provenientes de 19 pueblos originarios, celebran Congreso en el DF
Mujeres
de más de 19 pueblos originarios exigieron al Estado mexicano una
relación política más igualitaria y horizontal con la población
femenina indígena del país, a fin de superar la violencia, la pobreza,
las faltas de oportunidades, el despojo de tierras, y la discriminación
en la que sobreviven.
La
exigencia fue el primer punto de la declaratoria oficial que realizaron
líderes comunitarias, académicas, funcionarias y en total más de 80
mujeres, todas indígenas, tras participar este 5 y 6 de septiembre en
el Primer Congreso de Mujeres Indígenas que se llevó a cabo en esta
capital, y al que convocaron 10 organizaciones, entre ellas la
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y el Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir.
Las participantes del Congreso son originarias de los pueblos Ayuuk,
Ch’ol, Chatino, Cucapá, Nahua, Hñahñu, Ñuu savi, Maya, Mazahua,
Ñomndaa, Me’phaa, Ocumiche, Ódami, Purhépucha, Ráramuri, Tojolabal,
Tseltal, Wixárika y Zapoteco, que se asientan en 19 entidades del país.
Tras reunirse en mesas de trabajo y escuchar ponencias durante dos
días, las indígenas demandaron a las autoridades federales, estatales,
municipales, a los poderes de la Unión y a los órganos autónomos, que
trabajen de manera coordinada con ellas para la generación de políticas
públicas orientadas a la población indígena del país.
No obstante, también destacaron peticiones específicas como el fin de
la criminalización de la protesta social por medio de la represión, el
encarcelamiento, la militarización y las desapariciones forzadas.
Las mujeres exigieron la liberación inmediata de Nestora Salgado, ex
comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero; la
presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa; y justicia para las y los
presos políticos, así como para las personas defensoras de Derechos
Humanos y periodistas.
Es necesario que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas impulse la
enseñanza de lenguas originarias desde la cosmovisión de los pueblos
originarios, y que el Estado reconozca –con acciones afirmativas– a las
juventudes indígenas, señalaron las mujeres tras analizar el rezago
educativo en el que viven las niñas de sus comunidades, y la falta de
oportunidades de trabajo para las jóvenes.
Las indígenas solicitaron que se revisen los perfiles de las y los
servidores públicos que ocupan cargos en las distintas instancias
encargadas de la población autóctona, para promover que las mujeres de
estos pueblos sean quienes ocupen puestos de decisión.
Y
exigieron que se creen en todos los niveles de gobierno programas y
proyectos de atención a las mujeres indígenas, construidas
conjuntamente con ellas, con enfoque de género e interculturalidad.
Respecto a la reciente reforma constitucional que garantiza la paridad
de género en México, las indígenas refrendaron la necesidad de que se
garantice su inclusión en el Congreso de la Unión y los congresos
locales.
También reclamaron que se cancelen todos los megaproyectos en
territorios indígenas, pues –afirmaron– derivan en violaciones a los
derechos colectivos de los pueblos, y repercuten en daños específicos
para las mujeres de las comunidades.
Por ejemplo, solicitaron el cese de la construcción de la presa de las
Cruces en el estado de Nayarit, ya que atenta contra el territorio,
considerado como sagrado, de los pueblos Wirárika, Nayare y otros.
El punto 11 de la declaratoria estipula la necesidad de revisar los
lineamientos para la concesión y asignación de presupuesto para los
medios de comunicación comunitarios e indígenas, a fin de que no se
incumplan los parámetros internacionales en la materia.
Expresaron la necesidad de que se brinde atención sexual y reproductiva
a las indígenas, así como que se investiguen y sancionen a los
responsables de feminicidio en las comunidades.
Destaca que las activistas observaron que las cifras sobre violencia
contra las mujeres, y en especial la feminicida, no están desagregadas
por el origen étnico de las víctimas.
Las mujeres advirtieron la necesidad de que se asigne presupuesto para
impulsar su participación política, y pidieron visibilizar las
condiciones de las mujeres afromexicanas a través del reconocimiento de
derechos y la ejecución de programas específicos para ellas.
Las indígenas consideraron necesario revisar la legislación agraria en
términos de igualdad, se reconozca el derecho a la alimentación,
especialmente en el caso de las comunidades indígenas con mayor
marginación, y que se prohíba el maíz transgénico.
Recordaron al Estado mexicano sus responsabilidades internacionales,
por ejemplo, que el 5 de septiembre se declare el Día Internacional de
la Mujer Indígena, y que se ratifique el Convenio 189 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre empleo digno para las
trabajadoras del hogar.
También demandaron que cumpla el Convenio 169 de la OIT, sobre el
derecho a la consulta indígena, y que se realicen las gestiones
necesarias para que Vicki Tauli Corpuz, relatora para los Derechos de
los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, visite México.
Las
indígenas –que portaron trajes típicos– se cuestionaron las
responsabilidades que tienen como líderes en sus comunidades, pero
enfatizaron en la necesidad de reflexionar sobre los esfuerzos que
implica para ellas romper con los roles tradicionales de género al
interior de sus hogares y el desgaste que eso significa en sus luchas.
En conjunto, las mujeres analizaron qué tanto han avanzado desde que
empezaron a organizarse y cómo se materializa esa incidencia.
Martha Sánchez Néstor, secretaria de Asuntos Indígenas en Guerrero y
una luchadora de los derechos de los pueblos originarios con amplia
trayectoria, dijo a Cimacnoticias que durante su posición en la función
pública se percató de la falta de una estrategia gubernamental para
garantizar los derechos de la población indígena.
Por ejemplo, los centros de salud o de justicia requieren de más número
de intérpretes de lenguas originarias que garanticen una atención
adecuada a las mujeres.
La funcionaria observó que Guerrero y en general el país enfrenta
muchos desafíos para garantizar que las indígenas que están emigrando
en busca de trabajo, como las jornaleras, gocen del respeto a sus
Derechos Humanos en cualquier lugar en el que decidan vivir.
CIMACFoto: César Martínez López, Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Cimacnoticias | México, DF.-
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