Jesús Cantú
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- El mensaje presidencial con motivo del tercer informe
de gobierno estuvo lleno de lugares comunes; datos irrelevantes,
sesgados o cuestionables; propuestas contradictorias, o al menos
confusas, y promesas reiteradas. Además, careció absolutamente de
autocrítica, por lo cual dejó sin respuesta los cuestionamientos y
demandas de la ciudadanía, medios de comunicación y expertos nacionales
e internacionales. En suma, no contribuyó a superar el clima de
incertidumbre, desconfianza y negatividad que flota en el ambiente.
El mismo miércoles 2, fecha señalada por la Presidencia para
pronunciar el mensaje anual, The New York Times publicó en su edición
impresa (y reprodujo en su portal en internet) un texto titulado: El
pesimismo invade México al tiempo que las promesas económicas se quedan
cortas. Recoge los argumentos de medianos empresarios y expertos del
sector financiero nacional e internacional que precisan las
limitaciones del modelo económico: bajos salarios; debilidad del
mercado interno; persistencia de la inseguridad, la impunidad y la
corrupción, y ausencia de liderazgo político.
Mientras tanto, la calificadora Moody’s inauguró ese mismo día su
XXVI Conferencia Anual, en la que Mauro Leos, analista principal de la
firma, dejó claro que México no mejorará su calificación crediticia en
tanto no resuelva los problemas de corrupción y falta de fortaleza
institucional. Con antelación, diversas organizaciones de derechos
humanos destacaron la severa crisis de derechos humanos por la que
atraviesa México, particularmente al condenar la actuación de las
autoridades frente a las matanzas de Tlatlaya, Iguala (los 43
normalistas de Ayotzinapa), Apatzingán, Ecuandureo y Calera, por
mencionar las más destacadas.
El domingo previo (Proceso 2026) se publicó la investigación del
semanario bajacaliforniano Zeta donde muestra cómo en los primeros 32
meses del gobierno de Enrique Peña Nieto se acumulan 57 mil 410
homicidios dolosos en el país, cifra que supera los ocurridos en el
mismo periodo del sexenio de Felipe Calderón.
Ninguno de estos temas se abordó convincentemente en el mensaje
presidencial; algunos fueron totalmente ignorados (como la crisis de
derechos humanos), y otros, aproximados con cifras hábilmente
seleccionadas para acomodarlas al discurso, como en el caso de la
economía informal, donde el presidente señaló que la tasa de
informalidad laboral “ha bajado 1.6 puntos porcentuales en lo que va de
la administración”, pero omitiendo señalar que al 30 de junio de este
año el empleo informal creció 2.5% con respecto a la misma fecha de
2014.
En el informe, como en los promocionales del mismo, el mandatario
mantiene la promesa de que la inversión y los empleos vendrán, pero,
como señala el periódico estadunidense, “esa historia empieza a
debilitarse”, especialmente cuando el crecimiento económico en lo que
va del sexenio está por debajo del promedio de 2.3% anual que ha
prevalecido durante las dos últimas décadas, y cuando apenas el 20 de
agosto la Secretaría de Hacienda redujo su estimación de crecimiento
del PIB para este año a un rango de entre 2.0 y 2.7%, que en su punto
más bajo es prácticamente la mitad del 3.9% estimado inicialmente.
Todo parece indicar que, en el mejor de los casos, las llamadas
reformas estructurales “generaron estabilidad, pero no han producido
crecimiento”, concluye Joydeep Mukherji, director de Standard &
Poor’s, al NYT.
El mandatario y su equipo no logran reencauzar a su gobierno ni
refrescar su discurso. Y las matanzas, los escándalos de corrupción y
conflictos de interés, así como los cambios en el entorno
internacional, que se hicieron manifiestos particularmente en los
últimos 12 meses, ya sepultaron sus promesas de campaña y la idea del
mexican moment, que tan bien le funcionó en el exterior en los primeros
meses de su mandato.
Nuevamente, como ocurrió en noviembre de 2014, al estallar la crisis
por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el escándalo
de la Casa Blanca, el jefe del Ejecutivo pretende superar el momento
con promesas. En aquel entonces anunció la implementación de 10 medidas
para combatir la inseguridad y la corrupción; ahora termina su mensaje
reciclando o reiterando las promesas de campaña o de gobierno, para
intentar por enésima ocasión superar la crisis de credibilidad y
confianza que cada día se agudiza más.
Nuevamente empieza su decálogo con la promesa de impulsar más
reformas legislativas, sin percatarse de que para recuperar la
confianza de inversionistas y consumidores, como señala Mukherji, “se
requiere liderazgo político y un conjunto de competencias muy
diferentes a las requeridas para lograr la aprobación de reformas
legales”.
Y dentro de las medidas aparecen las contradicciones o, al menos,
confusiones, pues el presidente ofrece no recurrir al aumento de
impuestos y de la deuda para compensar la pérdida de ingresos,
provocada, entre otras razones, por la caída de los precios del
petróleo; pero más adelante informa que se emitirán diversos
instrumentos financieros para obtener recursos adicionales, como el
Bono para Infraestructura Educativa y Fibra, que, más allá de dónde se
contabilicen, son una forma de endeudamiento cuando no se asocian a
proyectos productivos que generen sus propios recursos para pagar el
capital y los intereses, lo cual ya es evidente que sucederá en el caso
del mejoramiento de las escuelas.
Estas vías, como ya sucedió con las llamadas Asociaciones Público
Privadas, en realidad pueden convertirse en una nueva forma de
endeudarse sin afectar los indicadores financieros, pero sí vulnerar la
estabilidad económica del gobierno, del mismo modo que lo han hecho en
varias de las administraciones estatales y municipales.
Así, el mensaje presidencial, en lugar de contribuir a recuperar la
confianza y generar certidumbre, suscita más dudas e interrogantes y
mantiene la lógica impuesta, incluso desde antes del inicio del
sexenio, de ignorar la realidad y eliminar absolutamente la
autocrítica.
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