Ayotzinapa: la justicia ausente

Magdalena Gómez

El amplio informe Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, que presentó el pasado domingo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), constituye un espejo de los patrones de la procuración de justicia en nuestro país, en especial en los casos en que hay factores extrajudiciales de interés o simplemente factores reales de poder. Todo ello presente en Ayotzinapa. La colusión de la policía municipal de Iguala con grupos de delincuencia organizada ha sido evidente, así como la pretensión de dejar el conflicto en el ámbito municipal y aplicar una suerte de balcanización, que parece decir fue el municipio no fue el Estado. En contraste con ese reduccionismo cómplice, el informe destaca que todo el trayecto de los normalistas, desde su salida de Chilpancingo hasta las agresiones y su llegada a los hospitales, fue vigilado y monitoreado en tiempo real por la Policía Federal, el 27 batallón de infantería del Ejército, así como por las policías estatal, municipal y ministerial. El eje de sus conclusiones es la estrepitosa caída de la mentira de Murillo, calificada de verdad histórica por el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR). El rigor y profesionalismo ético del GIEI sustenta con peritajes y testimonios recabados la imposibilidad de que los 43 estudiantes desaparecidos hubiesen sido quemados en el basurero de Cocula: no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de incluso un solo cuerpo, concluyó José Torero, reconocido perito peruano que participó de la investigación independiente.

Por otra parte, los testimonios de los presuntos responsables –con los que la PGR sustentó su versión– no coinciden en cuanto a los asesinatos, el lugar en que se cometieron los crímenes, la forma en que se bajó de las camionetas a las víctimas ni cómo se les incineró. Con base en ello y muchas otras evidencias, el GIEI calificó la versión de Murillo de científicamente imposible. Respecto de las muestras óseas supuestamente recabadas en el basurero, que envió la PGR a la Universidad de Innsbruck, Austria, cobra interés la precisión que hicieron en su momento los peritos argentinos, de que no les constaba que las mismas fueron levantadas en el basurero de Cocula.

El ADN de Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos y detectado en dicha universidad, probaría que fue asesinado, pero no las circunstancias ni lugar en que sucedió.

Una nueva línea de investigación anotada por el GIEI puede ser el verdadero origen de lo sucedido la noche del 26 de septiembre pasado: investigar como móvil el posible traslado de estupefacientes en un autobús. Señalan que en la averiguación previa inicial de la PGR se consignaron hechos contra cuatro autobuses, no cinco, como sostenía el expediente de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero. Las evidencias que se intentaba ocultar eran las del quinto autobús de la comitiva estudiantil, uno de la empresa Estrella Roja, con número 1531. “El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque, su duración en el tiempo e incluso el ataque posterior contra el equipo de futbol Los Avispones, al existir un autobús, tomado por los estudiantes, que no había sido detenido”, señala el reporte. El GIEI subraya que la toma del autobús fue circunstancial. Como sabemos, ha sucedido en las acciones que han emprendido los normalistas de Ayotzinapa en otras ocasiones. Además se previene en el informe que no existe ninguna evidencia que vincule a algún normalista con el grupo criminal de Los Rojos. Con ello sale al paso de las versiones que intentaron preparar el escenario para criminalizar a las víctimas.

El mismo domingo, en rueda de prensa en el Centro Prodh, padres de los 43 normalistas desaparecidos, emplazaron al presidente Enrique Peña Nieto para que antes del 10 de septiembre se reúna con ellos, a que el GIEI permanezca en el país de manera indefinida hasta que aparezcan los estudiantes; además, sancionar a Jesús Murillo Karam, la renuncia e investigación de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y de Enrique Galindo Ceballos, titular de la Policía Federal. Pese a que el informe fue recibido por funcionarios del área de derechos humanos de Gobernación, PGR y Relaciones Exteriores, fue indispensable que Peña Nieto ordenara que se tome en cuenta lo señalado por el GIEI. El grupo de expertos recomendó subsanar los múltiples defectos de la investigación oficial sobre Ayotzinapa. Nos preguntamos si es eso posible o hay que reiniciar, y también surge la interrogante sobre los procesos judiciales en curso, y sobre todo nos mantenemos en la ignorancia sobre el destino de los 43 estudiantes desaparecidos pese al excelente trabajo del GIEI.