Madres de normalistas exigen castigo a ex titular de PGR
“Nosotros,
los padres y las madres, teníamos la razón, siempre la tuvimos: que
nuestros hijos no estaban quemados”, dijo Blanca Luz Nava Velez, mamá
del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, como reacción al
informe final que presentó ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertas
y Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Tras el informe que presentó ayer el GIEI, y que echó abajo la versión
oficial del gobierno sobre la desaparición forzada de los 43
normalistas en Iguala, Guerrero, las familias de Ayotzinapa se
agruparon en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
en esta capital, y exigieron casi a gritos que Enrique Peña Nieto les
ofrezca “de su propia boca” una audiencia antes de este jueves 10 de
septiembre.
“Su
verdad histórica se convirtió en una mentira histórica”, le reclamaron
al titular del Ejecutivo federal las madres y padres de los normalistas
desaparecidos hace casi un año, y cuestionaron por qué habrían de
confiar nuevamente en las autoridades si ya fueron capaces de mentirles.
Las familias –que preguntaron “¿Por qué Murillo (ex procurador general
de la República) nos mintió?”, y aseguraron que saben que el gobierno
les tenderá nuevas versiones falsas– solicitaron que se extienda por
tiempo indefinido la presencia del GIEI en México, que se investigue
penalmente a Jesús Murillo Karam, y que la investigación sobre el
llamado caso Iguala se restaure en su totalidad, como también recomendó
el grupo de expertos al cierre de su informe.
Cinco horas antes de esa declaración, el GIEI –representado por cinco
especialistas en Derechos Humanos (DH) que trabajaron en México durante
seis meses para investigar la desaparición forzada, tortura y asesinato
de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero– dio en la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sus primeras
conclusiones sobre el caso.
Frente a las familias, los representantes del Estado y los medios de
comunicación, el GIEI mostró diferentes evidencias que refutaron la
versión concluyente que la Procuraduría General de la República (PGR)
presentó el pasado 27 de enero, para asegurar que los estudiantes
habrían sido entregados por la policía municipal y uno de sus
compañeros al grupo criminal “Guerreros Unidos”, quemados en el
basurero de Cocula, y sus restos (convertidos en cenizas) arrojados al
Río San Juan.
Esa versión todavía aparece en el portal de la Presidencia bajo el
título “Ayotzinapa: investigación sin precedente”, que muestra un
“reporte final” de 63 hojas con un cúmulo de supuestos peritajes,
fotografías y fríos testimonios de los inculpados. Dicho reporte está
acompañado de un “mensaje de optimismo” de Peña Nieto.
Las y los expertos –quienes investigaron el caso del 2 de marzo al 2 de
septiembre de 2015– explicaron que según el peritaje que solicitaron a
José Torero, peruano experto en seguridad y manejos de fuego, para
realizar la incineración que describió el entonces procurador Murillo
Karam habrían sido necesarios 30 mil 100 kilogramos de madera, 13 mil
330 kilogramos de neumáticos, y 13 mil 330 kilogramos de diésel, con
una duración mínima de 60 horas.
En contraste, los “horrorosos” testimonios de los inculpados
–contradictorios entre sí, según el GIEI– que presentó la PGR como
evidencia, decían que se utilizaron de 10 a 15 neumáticos y que los
cuerpos se habrían quemado en menos de 12 horas, además de que la
madera que se encontró en el lugar era “limitada” y no era gruesa como
se requiere.
Otros
elementos, como la integridad de los troncos de los árboles cuya madera
debió afectarse gravemente, la irradiación de calor que impediría que
los presuntos inculpados regresaran a la zona a dejar más combustible y
la altura del humo que debieron ver las y los habitantes de Cocula,
derrumbaron la “verdad histórica” de Murillo Karam y “desestiman las
declaraciones (de los inculpados) por ser científicamente imposibles”,
demuestran “déficit en las investigaciones”, y se concluye que “los
muchachos no fueron incinerados en el basurero”, sentenció el Grupo.
Se trató de un “montaje” que amerita la destitución de funcionarios,
aseguró Carlos Facio, periodista uruguayo experto en crímenes de Estado
que presenció el informe. La escritora Elena Poniatowska y Perseo
Quiroz, presidente de Amnistía Internacional-México, también estuvieron
en el evento.
El GIEI también develó que los militares del 27 Batallón de Infantería
de Iguala, así como la Policía Federal, tuvo conocimiento desde los
primeros minutos de que los estudiantes salieron de Ayotzinapa para
“botear” (pedir dinero) y tomar camiones, así como de los ataques horas
después en contra de ellos, pero que ninguno de los agentes del Estado
hizo algo por proteger la vida de los normalistas.
Por el contrario, las y los expertos revelaron que los estudiantes
fueron perseguidos, hostigados y agredidos en diferentes momentos y
lugares en la noche por la policía municipal de Iguala, la de Cocula,
la ministerial, la estatal y la federal.
Y precisaron que ningún estudiante estaba armado ni tenía la intención
inicial de ir al centro de Iguala (como trascendió al principio en
medios de comunicación), sino que uno de los conductores de los
autobuses que “tomaron” para poder venir a la Ciudad de México a la
marcha del 2 de octubre les pidió ir con él a la central de autobuses,
para supuestamente dejar a las y los pasajeros que iban a bordo.
También se informó que el chofer encerró a un grupo de estudiantes en
el autobús y que ellos pidieron la ayuda de sus compañeros pero que la
policía municipal pretendió impedir que los estudiantes salieran de la
terminal camionera con los autobuses, y los agredieron con armas de
fuego mientras ellos se defendieron con piedras y un extintor.
Más omisiones salieron a la luz: no fueron cuatro sino cinco los
camiones en los que viajaron los normalistas al salir de la central
(este último cuyo paradero es incierto); que el C4 –que recoge los
reportes de seguridad– conocía y seguía los hechos, pero dejó de
reportar durante una hora a la mitad de la noche, justo en el momento
en que presuntos encapuchados “rafaguearon” a los estudiantes que en
ese momento improvisaban una conferencia de prensa para informar del
ataque.
El estudiante Julio César Mondragón, que logró escapar de la agresión
de los encapuchados, fue encontrado después sin vida y con signos de
tortura.
La
PGR omitió parte de esta información a la sociedad, pero destaca que
hubo otros “elementos vitales” que los expedientes de la Procuraduría
no habían considerado, por ejemplo la existencia de un video tomado
desde el Palacio de Justicia de Iguala en el que se ve uno de los
ataques (y que después fue destruido), o que un grupo de 10 estudiantes
tuvo que pasar la noche refugiados en la casa de una mujer que les dio
asilo.
El grupo de expertos reveló que los estudiantes no tenían la intención
de sabotear el evento de María de la Luz Pineda, esposa del entonces
presidente municipal, Luis Abarca, y que no encontraron evidencia
alguna de que fueran del grupo delincuencial “Los Rojos” o que tuvieran
intenciones criminales.
A fin de dibujar el verdadero motivo por el que los estudiantes fueron
víctimas de un ataque tan violento, el GIEI presumió la hipótesis de
que la fuerza policial que se desplegó esa noche –bajo órdenes
coordinadas por un hombre atlético desde una casa blanca con puerta
negra y que fueron operadas por un hombre de bigote blanco amarillento,
ambos sin identificar– era impedir la toma del quinto autobús, el cual
podría estar vinculado con tráfico de drogas.
Las y los expertos sostienen que la Agencia Antidrogas de Estados
Unidos (DEA) actualmente desarrolla una investigación en Iguala, por el
uso de autobuses de diferentes líneas para el tráfico de
estupefacientes, y que este delito estaría vinculado con el grupo
criminal “Guerreros Unidos”.
Si bien el GIEI solicitó a las autoridades una fotografía del quinto
camión (que primero ocultó la PGR y luego dijo que lo abandonaron los
estudiantes porque no funcionaba), se investigó pericialmente y se
determinó que la imagen que aportó la autoridad no coincide con la del
camión que muestran los videos de la noche del 26 de septiembre de
2014, que la central camionera entregó a las y los expertos.
El grupo de expertos recomendó unificar la investigación en un solo
expediente y considerar otras violaciones a DH, cumplir diligencias
pendientes, investigar responsabilidades por parte de funcionarios, y
mantener abiertos los procesos de búsqueda.
El
informe lo recibió, entre vituperios, Roberto Campa, subsecretario de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); y en
representación de las familias subieron cuatro madres de los
normalistas desaparecidos, María Elena, Cristina, Hilda y Joaquina,
quienes abrazaron al grupo de expertos y gritaron “¡Ni perdón ni
olvido!”.
REACCIONES
A las 3:30 de la tarde de ayer, la titular de la PGR, Arely Gómez,
brindó una rueda de prensa para asegurar que tomará en cuenta las
recomendaciones del GIEI, que se aceptó que las y los expertos
prolonguen su estancia, que ordenaría nuevos peritajes y que delegará
la investigación a la Subsecretaría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO).
No obstante, la procuradora –quien no permitió preguntas de la prensa–
omitió agregar si investigará a Murillo Karam y a los otros servidores
públicos que informaron la supuesta “verdad histórica”.
La única pregunta que quedó abierta al final de esta jornada fue la que
hicieron las madres y los padres a micrófono abierto: “Si no los
quemaron… ¿dónde están nuestros hijos?”.
El GIEI reconoció que no tiene indicios o certeza alguna del paradero
de los jóvenes, de quienes lo último que se supo fue que fueron
detenidos por policías municipales de Iguala, Guerrero.
CIMACFoto: César Martínez López, Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa ,Cimacnoticias | México, DF.-
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