Jesús Cantú
Las prioridades de Peña. Cartón: Rocha
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Los cambios en el gabinete presidencial tienen el
objetivo principal de ampliar las opciones de aspirantes a la
Presidencia de la República en 2018, de modo que hoy no sólo son los
integrantes de partidos de oposición o los no partidistas quienes están
en la carrera sucesoria, sino que el mismo presidente Enrique Peña
Nieto colocó en el arrancadero a por lo menos dos nuevos eventuales
precandidatos o candidatos.
Los malos resultados del gobierno federal, particularmente en las
materias de seguridad y economía (agravada la primera por las matanzas
de Tlatlaya y Ayotzinapa, así como por la fuga del El Chapo Guzmán; y
la segunda, por la incapacidad para impulsar el crecimiento económico y
frenar la devaluación del peso) obligaron al jefe del Ejecutivo a
posicionar en otras áreas nuevas opciones.
Contra lo que dijo el presidente, la decisión no tiene como fin
“hacer frente a las nuevas circunstancias y desafíos que tenemos como
país”, ya que los mayores problemas son la inseguridad y la situación
de la economía, y el único cambio que se dio al respecto fue el del
Comisionado Nacional de Seguridad, pero manteniendo en su puesto a su
jefe directo, el secretario de Gobernación.
Con el propósito de ampliar su número de opciones, el presidente
suma a los dos que tenía desde el inicio del sexenio –Miguel Ángel
Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Luis Videgaray, secretario
de Hacienda y Crédito Público–, a José Antonio Meade, quien llega a la
Secretaría de Desarrollo Social, y a Aurelio Nuño, colocado en
Educación.
Aun cuando por lo pronto no parecen estar en esa carrera, bien
pueden ser opciones Claudia Ruiz Massieu, cuya presencia en la SRE
únicamente se explicaría bajo la idea de que el presidente quiere tener
la opción de una mujer, y José Calzada Rovirosa, quien a pesar de que
perdió las elecciones en su estado, sale con una buena evaluación de su
gestión como gobernador de Querétaro.
Desde el inicio del sexenio se especulaba que la presencia de Emilio
Chuayffet en Educación tenía como fin principal enfrentar a Elba Esther
Gordillo y sacar adelante la reforma educativa, por lo que una vez que
cumpliera dichas encomiendas dejaría su lugar a un personaje más
cercano a Peña Nieto. Su estancia se prolongó más de lo esperado
seguramente porque el presidente no quería exponer a uno de sus más
cercanos colaboradores al desgaste de enfrentar las resistencias
iniciales a la implementación de la reforma, como sucedió con la CNTE.
Mas una vez que culminó esa etapa, y ante la crisis de salud que
enfrentó en días pasados quien fuera titular de la SEP, llegó el
momento de abrirle paso a uno de los protegidos del jefe del Ejecutivo
para que implemente lo que el mismo Nuño, todavía como jefe de la
Oficina de la Presidencia, denominó la segunda etapa de la reforma
educativa, que estará dirigida a contenidos. Más allá de esta segunda
etapa, Nuño todavía deberá enfrentar importantes retos de lo que sería,
en su propio lenguaje, la primera etapa, aunque en cualquier caso ya no
será tan desgastante como los primeros meses y, desde luego, le asegura
una mayor exposición pública, indispensable para lograr posicionarse en
condiciones de aspirar a la Presidencia.
Mientras tanto, José Antonio Meade llega a la secretaría ideal
(Desarrollo Social) para el posicionamiento público y la construcción
de redes y relaciones de gran utilidad durante una campaña electoral. Y
en este caso hay que añadir su paso previo por las secretarías de
Energía (enero-septiembre 2011), Hacienda y Crédito Público (septiembre
2011-noviembre 2012), en el gobierno de Felipe Calderón; y de
Relaciones Exteriores (diciembre 2012-agosto 2015), ya en el sexenio de
Peña Nieto, con lo cual acumuló una importante experiencia en sólo
cuatro años y medio. Su designación al frente de la Sedesol lo
convierte automáticamente en aspirante a la sucesión de 2018, por las
oportunidades que la dependencia brinda a sus titulares.
En este caso los cambios en el gabinete son en buena medida
consecuencia de la falta de resultados tangibles del actual gobierno,
pero no incluyen a las áreas más críticas en estos momentos. Para
mantener a los responsables de las mismas, el presidente recurre a esta
alternativa, que paradójicamente lo debilita políticamente, pues el
inicio del proceso de sucesión en automático marca también el principio
de la pérdida de poder del jefe del Ejecutivo, que por lo demás ya está
en marcha desde hace meses.
Desde luego, a estos cuatro contendientes por la candidatura
tricolor hay que agregar a Manlio Fabio Beltrones, flamante presidente
del CEN del PRI que, aun cuando forma parte de otra generación y grupo
político, está en la carrera tomando en cuenta que su permanencia
depende en buena medida de los resultados que obtenga en las elecciones
del próximo año (Proceso 2023).
Los cambios en el gabinete difícilmente mejorarán el desempeño del
actual gobierno y refuerzan la pérdida de poder de Peña Nieto, por lo
cual acentuarán su debilidad política, pero le permiten incrementar sus
posibilidades de designar a un sucesor de su confianza, pues llegará a
dicho momento con más opciones, y, algunas de ellas, menos desgastadas
ante la opinión pública.
El gobierno todavía no arriba a la mitad de su mandato, y en lo que
falta para los comicios de 2018 pueden producirse muchos eventos que
modifiquen totalmente las condiciones imperantes. No obstante, los
principales actores políticos (incluido desde luego el propio
presidente Enrique Peña Nieto) están más preocupados por la sucesión
que por atender la crítica situación actual.
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