Pedro Miguel
Yahora, tras la presentación del
informe sobre Ayotzinapa presentado el domingo por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, medio gobierno está metido en el
afán imposible de conciliar lo asentado en ese documento con las
contradicciones, omisiones y narrativas truculentas de la versión que
el propio peñato ofreció a la opinión pública en su prisa por cerrar el
caso a como diera lugar. Se ordena
incorporarel torpedo a la nave que se hunde, Arely Gómez hace malabares para afirmar que el documento del GIEI
confirmala investigación oficial y el jefe policial Tomás Zerón se aferra a la leyenda de la pira de Cocula, en cuya construcción él mismo tuvo una destacada participación.
Pero las implicaciones del #InformeAyotzinapa van mucho más allá de la demolición de la
verdad históricacuya presentación fue adelantada en noviembre del año pasado para que Enrique Peña tuviera en el ámbito interno un decorado de misión cumplida a fin de irse de viaje a China a resolver negocios fallidos. El documento coloca al régimen ante un problema de difícil solución: no puede rechazarlo ni desmentirlo por el simple hecho de que las observaciones contenidas en él son verdaderas y fundamentadas en documentos oficiales y hechos comprobados, pero tampoco puede aceptar las conclusiones inevitables que se extraen del documento y que obligan a admitir la existencia de cosas mucho más graves que imperfecciones y errores de procedimiento en el proceder de las instancias oficiales.
Del texto del GIEI se desprende, en efecto, que la autoridad
encargada de esclarecer y procurar justicia incurrió, cuando menos, en
omisión, alteración, destrucción y ocultamiento de pruebas y posibles
actos de tortura, a fin de fabricar culpables y/o dar sustento a líneas
de investigación que se caían por sí mismas, como aquel cuento de que
el 26 de septiembre José Luis Abarca ordenó la agresión, el asesinato y
la desaparición de los normalistas para que éstos no irrumpieran en un
acto público de su esposa (http://is.gd/Mguazw); o, peor aún, aquel otro según el cual todo se debió a una confusión de la banda de Guerrero unidos (http://is.gd/yCEil5),
presentado el 27 de enero con un video que recuerda aquella fabricación
salinista (1993) para hacer creer que el cardenal tapatío Juan Jesús
Posadas Ocampo había sido asesinado porque “lo confudieron con El Chapo”.
El documento ha revelado también que la autoridad se abstuvo de
recabar pruebas videográficas de los hechos, que adulteró y luego
descartó la línea de investigación derivada del quinto autobús tomado
por los normalistas, que no recurrió a cateos y escuchas telefónicas
autorizadas, que escondió durante 11 meses ropas y objetos personales
de los desaparecidos, que dio más crédito a los dichos de los presuntos
agresores que a los testimonios de los normalistas sobrevivientes, que
descartó injustificadamente investigar a efectivos militares y de las
policías Federal y estatal y que realizó, en suma, una pesquisa
increíblemente desaseada y que ha porfiado en ello pese a las
innumerables inverosimilitudes y fallas de sentido común señaladas con
insistencia por científicos y organizaciones sociales.
O
sea que, en el curso de la investigación, la autoridad encargada de
procurar justicia ha incurrido ella misma en delitos de diversa
gravedad que deben ser investigados y sancionados, a menos que el grupo
en el poder se haya resignado a mantener en números rojos sus índices
de credibilidad.
No puede dejarse de lado que el propio Peña Nieto ha dado por buenas
en varias ocasiones las mentiras históricas de la PGR de Murillo y que
sobre ellas ha construido discursos exculpatorios (recuérdese que en
los primeros 11 días posteriores a la agresión sostuvo que ésta “no era
su problema), posicionamientos demagógicos como las expresiones de
supuesta empatía para con los familiares de los asesinados y
desaparecidos y exabruptos cínicos, como aquel
ya supérenloformulado en Coyuca de Benítez a principios de diciembre. De esta manera, ha contaminado su presidencia, de por sí tocada por escándalos como la compra de votos en 2012 y las
casas blancas, con una investigación que más parece una trama delictiva con propósitos de encubrimiento que una simple suma de estupideces burocráticas y policiales.
Falta, desde luego, saber a ciencia cierta qué pretende encubrir el
sórdido desempeño de la PGR en el caso de Iguala: si la participación
de elementos militares y policiales en la atrocidad del 26 de
septiembre de 2014, si la madeja de complicidades entre autoridades de
los tres niveles y la delincuencia organizada o si ambas cosas, o algo
más.
Entre el grotesco desfiguro que significaría interrumpir de un
manotazo la labor del GIEI en el país o resignarse a la perspectiva
agónica de que este equipo termine por sacar a la luz lo que falta, el
peñato opta por la salida de ganar tiempo y pretender que su
investigación y el informe de los expertos independientes no sólo no
son mutuamente excluyentes sino que hasta resultan compatibles. Eso
explica los malabares y funambulismos de un régimen que está pasando
por horas y días amargos. No tan amargos, desde luego, como los casi
tres años que la población lleva de padecerlo.
Twitter: @Navegaciones
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