Municipales y militares agreden y amenazan a vocero de San Quintín; entran de manera ilegal a su hogar

    

Por: Cecilia Balderas

(24 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Miguel Martínez, uno de los voceros de la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y Municipal por la Justicia Social del movimiento de trabajadores jornaleros de San Quintín, denunció que elementos de la policía municipal y del Ejército mexicano ingresaron a su domicilio de manera irregular -pues en ningún momento mostraron alguna orden que los facultara para ello- además de que lo golpearon, amenazaron y retuvieron sin motivo alguno.

El vocero agredido narró que ya se encontraba acostado y se disponía a dormir cuando escuchó que apedreaban su domicilio, “sonaba como si quisieran tumbar la casa. Pensé que me iba a matar. Sentía los piedrazos duros. No me hablaron, ni siquiera me dijeron que saliera de la casa, queremos hablar con usted o algo. Simplemente nos agredieron”.

Contó que tuvo miedo de que fueran a asesinarlo a él y a su esposa. Ante el desconocimiento de quién realizaba la agresión, salió de su hogar para tratar de defenderse, con un inservible rifle calibre 22 en la mano. Cuando pisó el umbral de la puerta, los uniformados se identificaron como policías judiciales, municipales y del Ejército e inmediatamente lo desarmaron.

“Se brincaron hacia adentro de mi casa y me agarraron. Me tumbaron en el piso, me pusieron el pie en la cabeza. Me esposaron y se sacaron por arriba de la puerta de mi casa hacia la calle. Ahí me tuvieron, amenazándome, interrogándome. Les preguntaba de qué se me acusaba, qué había hecho y me decían que me callara, pero tanto insistí, que me dijeron que se me acusaba de vender drogas, armas, de tener un armamento y la jodida”, recordó el trabajador agrícola, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.

Ya sometido, Martínez fue llevado a un terreno contiguo al suyo desde donde pudo ver cómo los uniformados ingresaron a su casa, revisaron y revolvieron todas sus pertenencias, sin ningún tipo de permiso de los propietarios u orden judicial.

Horas después, cuando los elementos terminaron de buscar, hasta debajo de la cama, el supuesto arsenal y drogas que tenía en su propiedad, sin encontrar nada, le quitaron las esposas y lo soltaron.

“No sé con qué intensión llegaron, tal vez la de fabricarme algún delito, porque me querían culpar de cosas de las que yo no sé ni qué onda. Me estuvieron amenazando, me dijeron que tenía que echarme la culpa de quién sabe qué cosas…Mi esposa se espantó mucho, uno de los policías casi le pega cuando ella le preguntó por qué se habían metido, cuando ella les dijo que era un delito haber ingresado sin orden de cateo”, narró el trabajador.

Sin embargo, Miguel Martínez atribuye esta agresión al trabajo político que el movimiento de jornaleros de San Quintín ha realizado en aras de visibilizar las violaciones a los derechos humanos y laborales que persisten entre los trabajadores agrícolas de Baja California.

“Esto lo leo como un acto de intimidación. Yo no tengo enemigos, a nadie le hago daño. Soy una persona común y corriente. Creo que ese es el coraje que nos tienen, es una represalia porque luchamos porque se respeten nuestros derechos como trabajadores del campo. Nunca se había visto que alguien se movilizara por nuestros derechos hasta hoy que nosotros nos hemos unido y pudimos gritarle al gobierno y a los empresarios, que ya era bastante la explotación vil, manteniéndonos trabajando hasta 10 horas por ganar 130 pesos, además de que nos maltrataban y amenazaban”, dijo el vocero.

Denuncia ante la Segob   

Gloria Gracida, otra de las voceras de la Alianza de Organizaciones, informó a Revolución TRESPUNTOCERO, que la denuncia sobre la agresión de Martínez fue puesta sobre la mesa durante la reunión que representantes de los jornaleros de San Quintín sostuvieron con Enrique Miranda, subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Los líderes del movimiento solicitaron a Miranda que el gobierno federal proteja la integridad física del resto de los voceros.

En la misma, la Alianza responsabilizó a la policía municipal, al Ejército y al gobierno federal, de la seguridad de Miguel Martínez y de la de su familia, por considerar que la agresión de que fueron objeto, es parte de una serie de represalias emprendidas desde la autoridad, mismas que prevén continúen y no descartan que en los próximos días sean acusados de algún tipo de delito, como parte de una estrategia para desestimar el trabajo político y de organización que ha realizado entre los trabajadores agrícolas en Baja California.

En mayo pasado se registró una agresión similar en contra de Lucila Hernández García, exvocera de la Alianza, a quien también le apedrearon la casa a altas horas de la madrugada, dejando varios vidrios rotos, a pesar de que su familia –compuesta por su esposo y sus tres hijos- se encontraba al interior del domicilio. Afortunadamente no se registraron heridos.

Los voceros del movimiento exigieron que se cumplan los acuerdos establecidos entre sus representados y las autoridades del estado, las federales y los dueños de los ranchos donde trabajan los jornaleros, pues hasta la fecha no les han incrementado, en el porcentaje acordado, los salarios.

El movimiento exige también que se reconozca que los trabajadores tienen derecho a todas las prestaciones de ley y que estas se les brinden de forma separada; es decir, que se le retire el adjetivo de “integrado” a sus salarios, pues bajo este argumento es que en lugar de incrementar sus percepciones, estas se han estancado y en algunos casos hasta reducido. También exigen que el pago mínimo a los trabajadores sea de 165 pesos y no 130 como proponen las autoridades.

“Ya no queremos más reuniones ni promesas. Queremos el cumplimiento de los acuerdos. Hoy es la fecha límite que damos a los empresarios para que se respeten los acuerdos pues de no ser así, tomaremos otras medidas”, advirtió Gracida.

La activista informó que el comité de base del movimiento continúa los trabajos en la Unión Americana para informar sobre el boicot en contra de las marcas Los Pinos y Driscoll, sobre todo en las grandes cadenas de autoservicio para que dejen de comercializarlas y entre la ciudadanía en general para que no las compre ni las consuma.