Jorge Carrasco Araizaga
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| El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO,
DF (apro).- Cuauhtémoc Blanco es la anécdota en una larga crisis de
seguridad en Morelos. Su primera decisión como presidente municipal de
Cuernavaca, la de rechazar el mando policial único, más que una afrenta
al gobernador Graco Ramírez, es un desafío para el gobierno de Enrique
Peña Nieto.
El reto apunta directamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responsable no sólo de la gobernabilidad en el país, sino de la seguridad interior. En esa doble función, una vez más, el funcionario está ausente.
Por más que el gobernador perredista diga que la decisión del mando único es sólo suya, la desaparición de las policiales municipales en aras de una sola estatal es una propuesta que viene desde el sexenio pasado, cuando el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pretendió el control policial del país.
Ante las ambiciones del exjefe policial, la idea quedó archivada hasta que la retomó Peña Nieto, rebasado también su gobierno por la violencia.
En medio de la crisis por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en diciembre de 2014 el presidente envío al Senado una propuesta de reforma para desaparecer las policías municipales y crear 32 policías estatales. En su proyecto, los gobernadores y la Federación tendrán que hacerse cargo de la seguridad en todos los territorios municipales.
Al igual que sus antecesores, Osorio ha sido incapaz de concretar la reforma, que enfrenta obstáculos constitucionales, salvables con operación política como en tantos otras modificaciones que han ido contra el planteamiento original del texto constitucional.
Sin que haya dejado en claro sus motivaciones, Cuauhtémoc Blanco entró en un juego del que más que una derrota personal puede contribuir a la pérdida institucional que se vive en México.
Graco Ramírez ha dicho que detrás del munícipe está la delincuencia organizada. Una acusación muy grave que obliga al gobierno federal a dejar de ser espectador y al gobernador a presentar las pruebas.
No sólo la procuradora Arely Gómez tendrá que emprender averiguaciones ministeriales y Osorio Chong asumir su obligación de garantizar la gobernabilidad en Morelos, parte de uno de los ejes delictivos más importantes del país.
De no hacerlo, estaremos ante una omisión más del gobierno federal y otra oportunidad perdida para desmantelar las estructuras delictivas que se han amalgamado con la autoridad.
Si la acusación de Graco Ramírez es falsa, entonces el gobernador tendrá que enfrentar, desde la propia capital del estado, a los grupos de interés que están detrás de Cuauhtémoc Blanco.
Por lo pronto, Graco Ramírez entró también ya en una ruta que conoce de sobra, pero en sentido inverso. En 1998, encabezó las movilizaciones que desestabilizaron y provocaron la caída del gobierno de Jorge Carrillo Olea. Su estandarte fue la inseguridad en el estado. Ironía de la larga crisis de seguridad en México.
En la disputa, los únicos que ganan son los grupos delictivos. Lo mejor para ellos es que Morelos vuelva a ser la residencia o refugio que fue para narcotraficantes hasta los años noventa, contemplados por el gobierno federal y sus funcionarios encargados del orden interior. De lograrlo, se habrá dado un paso más hacia la “pax mafiosa”.
@jorgecarrascoa
El reto apunta directamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responsable no sólo de la gobernabilidad en el país, sino de la seguridad interior. En esa doble función, una vez más, el funcionario está ausente.
Por más que el gobernador perredista diga que la decisión del mando único es sólo suya, la desaparición de las policiales municipales en aras de una sola estatal es una propuesta que viene desde el sexenio pasado, cuando el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pretendió el control policial del país.
Ante las ambiciones del exjefe policial, la idea quedó archivada hasta que la retomó Peña Nieto, rebasado también su gobierno por la violencia.
En medio de la crisis por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en diciembre de 2014 el presidente envío al Senado una propuesta de reforma para desaparecer las policías municipales y crear 32 policías estatales. En su proyecto, los gobernadores y la Federación tendrán que hacerse cargo de la seguridad en todos los territorios municipales.
Al igual que sus antecesores, Osorio ha sido incapaz de concretar la reforma, que enfrenta obstáculos constitucionales, salvables con operación política como en tantos otras modificaciones que han ido contra el planteamiento original del texto constitucional.
Sin que haya dejado en claro sus motivaciones, Cuauhtémoc Blanco entró en un juego del que más que una derrota personal puede contribuir a la pérdida institucional que se vive en México.
Graco Ramírez ha dicho que detrás del munícipe está la delincuencia organizada. Una acusación muy grave que obliga al gobierno federal a dejar de ser espectador y al gobernador a presentar las pruebas.
No sólo la procuradora Arely Gómez tendrá que emprender averiguaciones ministeriales y Osorio Chong asumir su obligación de garantizar la gobernabilidad en Morelos, parte de uno de los ejes delictivos más importantes del país.
De no hacerlo, estaremos ante una omisión más del gobierno federal y otra oportunidad perdida para desmantelar las estructuras delictivas que se han amalgamado con la autoridad.
Si la acusación de Graco Ramírez es falsa, entonces el gobernador tendrá que enfrentar, desde la propia capital del estado, a los grupos de interés que están detrás de Cuauhtémoc Blanco.
Por lo pronto, Graco Ramírez entró también ya en una ruta que conoce de sobra, pero en sentido inverso. En 1998, encabezó las movilizaciones que desestabilizaron y provocaron la caída del gobierno de Jorge Carrillo Olea. Su estandarte fue la inseguridad en el estado. Ironía de la larga crisis de seguridad en México.
En la disputa, los únicos que ganan son los grupos delictivos. Lo mejor para ellos es que Morelos vuelva a ser la residencia o refugio que fue para narcotraficantes hasta los años noventa, contemplados por el gobierno federal y sus funcionarios encargados del orden interior. De lograrlo, se habrá dado un paso más hacia la “pax mafiosa”.
@jorgecarrascoa
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