Aumentar número de magistradas, el reto
Los magistrados que integran los tribunales electorales deciden aspectos
centrales en materia político-electoral y esa es la razón por la que
las promotoras de los derechos femeninos aseguran que más mujeres en
esos cargos, implicaría más controversias resueltas con perspectiva de
género.
Como ejemplo, en los últimos meses las y los magistrados de los tribunales electorales estatales y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvieron casos donde protegieron los derechos de mujeres electas para ocupar cargos públicos, que fueron víctimas de violencia política de género.
Es por ello que las activistas, académicas y políticas integradas en la Red Mujeres en Plural, no quitan el dedo del renglón, sobre todo cuando en el proceso de selección para elegir a siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF, de 21 candidatos sólo 6 son mujeres.
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
La Sala Superior del TEPJF, como máximo tribunal electoral, ha sentado precedentes para proteger los derechos de las mujeres; desde revocar el registro de candidaturas que no cumplen con la paridad de género (50-50), hasta ordenar la restitución de mujeres electas que fueron obligadas a renunciar a sus cargos por el hecho de ser mujeres.
La magistrada y los magistrados de la Sala Superior han generado precedentes para que otros tribunales electorales hagan lo propio a la hora de conocer casos donde haya presuntas violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres.
En el caso de Chiapas, por ejemplo, la Sala Superior ha emitido dos sentencias relevantes para restituir los derechos de mujeres electas que fueron obligadas a renunciar a sus cargos. La primera fue el 17 de agosto cuando ordenó la restitución de Rosa Pérez Pérez, como alcaldesa del municipio de Chenalhó.
El TEPJF consideró que la alcaldesa electa renunció contra su voluntad, bajo presión y por violencia política y de género, luego de que el pasado 25 de mayo, Pérez Pérez presentó al Congreso una solicitud de licencia a cambio de que los pobladores dejaran en libertad al diputado Eduardo Ramírez Aguilar y al coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Arturo Penagos, a quienes tenían secuestrados.
La segunda sentencia similar la emitió el 1 de septiembre, cuando revocó el decreto del Congreso de Chiapas por el cual se aprobó la renuncia de María Gloria Sánchez Gómez, como presidenta municipal de Oxchuc, quien se vio forzada a firmar el escrito de solicitud de licencia indefinida.
El fallo del Tribunal Electoral ordenó también la restitución de los derechos políticos de las regidoras plurinominales, quienes habían denunciado que no se les tomó protesta, no se les convocó a las sesiones de cabildo y se les retuvieron sus salarios desde el inicio de la gestión municipal.
OAXACA
Ejemplo de la incidencia de esta autoridad electoral son las sentencias en Oaxaca, la primera entidad que incluyó el término de violencia política de género, aunque la definición todavía no aparece en las leyes locales.
Por ejemplo, el 25 de agosto de 2014, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, declaró la invalidez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, al considerar que al no haber integrado el órgano edilicio de manera igualitaria, se violó el principio de igualdad, por lo que ordenó una nueva elección de concejales.
En muchas ocasiones los tribunales electorales estatales resuelven considerando las directrices marcadas en el Protocolo para Atender Violencia Política contra las Mujeres (el cual entró en vigor en marzo de este año) pero en otras ocasiones la Sala Superior, como máxima instancia, debe resolver los casos cuando hay inconformidad por las sentencias.
Así sucedió cuando la Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Xalapa y modificó la resolución que emitió el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), para dejar sin efectos la destitución de Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón Mixe.
El 13 de diciembre del año pasado Agustina y las tres mujeres fueron electas a través del sistema normativo indígena, por medio de una Asamblea Comunitaria, pero un grupo opositor las señaló por supuestas fallas, desvío de recursos, y esparció rumores para demostrar que las mujeres no podían gobernar, lo que derivó en su destitución.
Luego de un largo proceso judicial, por unanimidad, el máximo tribunal electoral del país, dejó sin efectos la Asamblea Comunitaria que se realizó el pasado 28 de abril para destituir a las integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec.
Al resolver el juicio, la Sala Superior señaló que en la Asamblea de destitución, las mujeres no tuvieron derecho de audiencia pues no se les informó del tema a tratar, ni había constancia de que se les permitiera defenderse ni aportar las pruebas a su favor.
Además de estos casos, también pueden promover cambios internos como sucedió con Yolanda Pedroza Reyes, magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, quien fue víctima de violencia política por parte de sus pares magistrados, quienes le aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función.
El 30 de marzo la Sala Superior del TEPJF, determinó dar vista del caso al Senado y a la Contraloría Interna del Tribunal de ese estado para su revisión argumentando violencia, acoso, discriminación e inequidad política, caso que sigue en investigación.
Las mujeres en los tribunales también promueven el desarrollo de estrategias externas, como lo hizo el TEPJF que en 2014 creó una Agenda Indígena para difundir el conocimiento de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y comunidades, y los derechos de la ciudadanía indígena.
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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