8/27/2016

Programa Tiempo de Mujeres en CFRU la radio universitaria de Guelph sabado 27 agosto 2016

TIEMPO DE MUJERES

Desde cfru 93.3 fm la Radio de la Universidad de Guelph

en Ontario, Canadá

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MUJERES POR LA DEMOCRACIA

Bienvenida al programa de hoy

con Hilda Venegas

Noticias de Género en la Red

Reporte CIMAC

Itzel González integrante de la Red Mesa de Mujeres de ciudad Juárez

seguimos con material del Foro Social Mundial en el encuentro de Mujeres de África a América las mujeres luchan por sus derechos, con la participación de Itzel González integrante de la Red Mesa de Mujeres de ciudad Juárez, que amablemente nos comparte el compañero Ivan Velasco de Radio Center Ville en Montreal, una conferencia magistral que tuvo enorme participación y que es importante recordar

-Perú da histórico paso contra violencia hacia las mujeres-

Y no podíamos dejar pasar la gran marcha llevada a cabo en Perú en días pasados, en dónde una sentencia que dejo impune el abuso y la violencia contra una chica llevo a las calles a miles de personas en todo el país para decir basta de violencia contra las mujeres, la organización lleva de nuevo a las mujeres a recordarle a sus gobernantes que tenemos derechos que deben respetar y trabajar con políticas públicas que aseguren la vida e integridad de las mujeres

- En la Suprema Corte de México, marihuana sí pero aborto no-

Y en estos casos de violencia institucional, aquella violencia que dan las Instituciones que no cumplen con proteger los derechos de las mujeres tenemos que el aborto un derecho a la reproducción en muchos países es criminalizado en otro poniendo a las mujeres pobres tras las rejas, y hay violencia institucional cuando la justicia no es equitativa, ni justa, en este caso en México existen leyes de avanzada como el matrimonio igualitario o el uso de la marihuana pero no así el aborto

- el burkini y el derrumbe de europa -

Y para terminar no podíamos dejar pasar lo sucedido en Francia por el burkini de una mujer en la playa de ese país, el abuso policial, el patriarcado, la violación al laicismo

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“Soy objeto de una ley que criminaliza”

Fuente original : http://www.piedepagina.mx/soy-objeto-de-una-ley-que-criminaliza.php

Esta es una historia de terror. Patricia sufrió un aborto espontáneo provocado por una mala medicación en el IMSS. Pero en lugar de recibir ayuda fue sometida a una tortura por quienes debían ayudarla. Un caso más de muchos que se desconocen y que son consecuencia de legislaciones antiaborto promovidas por la Iglesia y grupos conservadores anti derechos de las mujeres mexicanas

Patricia cuenta su historia desde un lugar donde no pensó estar jamás. La cuenta valiente, como afirmando en cada palabra: "Esta soy". Para que su historia "no le pase a otra más".

Patricia tiene 21 años y hace uno que vive en León. En este lugar, la ciudad más grande del estado más católico del país, comenzó su vida después de verse a dejar Veracruz, donde fue acusada de aborto.

Su historia es conocida: en diciembre del 2014 llegó a un hospital del IMSS por un dolor abdominal, en el puerto de Veracruz. El médico le dijo que tenía gastritis y le dio un tratamiento de dos meses. En marzo del 2015, Patricia tuvo un retraso en su periodo y descubrió que estaba embarazada. Ella tomó una de las cuatro dosis de medicina para realizar un aborto, pero no concluyó el tratamiento. Al día siguiente despertó con un fuerte dolor abdominal y sangrado. De nuevo volvió al IMSS -servicio al que accedía por parte de la Universidad Veracruzana- y el mismo médico que dos meses antes le diagnosticó gastritis, la acusó de aborto. Desde el hospital llamaron al Ministerio Público, que secundó la acusación. A la autoridad judicial no le importó el mal diagnóstico médico que le hicieron en diciembre, cuando le recetaron pastillas contra la gastritis que podrían incluso ser abortivas. No le importó la posibilidad de que el aborto de Patricia fuera espontáneo, pues no terminó la dosis para el aborto voluntario. Ella fue obligada a enterrar al feto, al que las autoridades médicas no realizaron necropsia.

Pero la historia que ella quiere contar es la que ha podido reconstruir desde esos días, no la que le hicieron creer las autoridades.

"Lejos de atender mi salud, llegué con dolores y sangrado, comenzaron a culparme. Me querían hacer sentir la peor mujer del mundo. Nadie en la vida tiene derecho a juzgarte, a criticarte sin saber por lo que has pasado. Me mandaron al Ministerio Público, yo ni sabía nada de leyes. ¿Dónde está la responsabilidad de las autoridades médicas que realizaron un mal diagnóstico y pusieron en riesgo mi salud? Yo no soy una víctima, soy objeto de una ley que criminaliza mis decisiones".

La organización Las Libres tomó la defensa jurídica de su caso y la amparó contra una posible detención.

“Yo no sabía que lo podía superar, en la escuela la gente me preguntaba si aborté o no. Me sentía todo el tiempo acusada, cuestionada… me señalaban todo el tiempo y yo sentía que no debía llorar, que debía aguantar y mantenerme fuerte porque me hacían creer que todo había sido mi culpa”.

Patricia dejó Veracruz y se fue a vivir a León, con apoyo de Las Libres, mientras el juicio de amparo contra su detención se resolvía.

“Me cambié de ciudad sin avisar, sin despedirme de nadie. Esa parte fue muy dolorosa, dejar a mis verdaderas amigas atrás, dejar lo que había comenzado en la Universidad, pero también fue un alivio, empezar desde cero, sin estigmas”.

En Guanajuato, Patricia retomó sus estudios en administración de empresas en una universidad de la ciudad, comenzó a trabajar en un negocio local y a relatar -para que no le vuelva a ocurrir a otra joven- la historia que ella quiere, no la de culpa y crimen que le quisieron imponer las autoridades.

Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.

“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx".

El burkini y el derrumbe de Europa

Santiago Alba Rico

ctxt.es

Veo una imagen estremecedora: cuatro hombretones de pie y con pistolas obligan a una mujer desvalida a quitarse la ropa en un lugar público. No es una violación. Es el laicismo en armas liberando a una musulmana de sus cadenas en una playa de Niza ante la mirada indiferente de algunas virtuosas republicanas en bikini. Ahora la policía francesa vigila las playas, como la saudí las plazas, para hacer respetar la hisba, el precepto religioso que obliga a “rechazar el mal e imponer el bien”. La Francia republicana se ha coranizado, se guía por su propia sharia o ley religiosa y persigue de manera implacable cualquier atisbo de “islamización”, especialmente en las mujeres, a las que siempre es más fácil y placentero quitar y poner la ropa.

Hemos perdido todo el verano en un falso debate abstracto sobre la relación entre la libertad de las mujeres y el número de prendas que deben cubrir o descubrir su cuerpo. No es que no sea importante desde un punto de vista político y filosófico averiguar cuándo y en qué condiciones hay verdadera voluntad; cuándo y en qué condiciones una mujer se quita o se pone la ropa porque quiere y no cediendo a presiones más o menos explícitas de pautas conductuales dictadas por o en favor de los hombres. El mercado “libera” y la religión reprime y, si no puede desdeñarse la diferencia, tampoco puede negarse que tanto el mercado como la religión son parasitados por el patriarcado, victorioso en ambos casos. Así las cosas, y en un contexto en el que el colonialismo externo e interno siguen cruzándose con otras relaciones de poder (y proyectos de liberación), lo más fácil, y lo más estéril y hasta peligroso, es encerrarse en la defensa o en la condena de una forma concreta de patriarcado (el mercado versus la religión), como si fueran opuestos y además reflejaran, cada uno de ellos frente al otro, una mayor voluntad o libertad individual.

La cuestión es netamente política y democrática; y creo que también desde el feminismo conviene tratarla así. La cuestión es, en definitiva, que en una democracia se da por supuesta la libertad individual de las decisiones públicas. Durante siglos -de Kant a la república española- la izquierda cuestionó, por ejemplo, el derecho femenino al voto con la muy fundada justificación de que, en una relación de dependencia, la opción política de las mujeres había de coincidir sin duda con la de sus maridos. En un país como España, en el que la mayoría vota libremente a un partido imputado por corrupción que ha rebañado hasta el hueso, además, los derechos económicos y sociales, aceptamos en cualquier caso la validez de todos los votos: son las servidumbres de esa convención que llamamos Estado democrático y de Derecho, cuya funcionalidad y realidad misma se asocian a --valga la expresión-- “un velo de ignorancia” que no siempre favorece a la izquierda. Otro tanto es aplicable a la indumentaria.

Desde un punto de vista institucional, en una democracia no debe importarnos --y debemos imponernos esta indiferencia-- por qué una mujer se pone o se quita la ropa; tanto si detrás está el mercado y su “libertinaje” patriarcal como si quien empuja es la religión y su patriarcado represivo, allí donde no hay violencia explícita debemos aceptar el velo y el desvelo (por citar a Jamil Azahawi, un poeta ilustrado iraquí, muerto en los años treinta, que escribió un poema con ese título) como expresiones igualmente libres de la voluntad individual. En una dictadura teocrática como Arabia Saudí, habrá que apoyar a cualquier mujer que quiera quitarse el velo; en una dictadura laica, como lo era la de Ben Alí en Túnez, había que apoyar más bien a cualquier mujer que quisiera ponérselo. En una democracia en Estado de Derecho, como se supone que es Francia, el principio laico, en cambio, es transparente: nadie --y menos la policía-- puede obligar a una mujer a ponerse o quitarse la ropa. Tanto el bikini como el burkini son expresiones inalienables de la libertad republicana.

Poco podemos hacer para liberar a las mujeres de Arabia Saudí, salvo cuestionar una y otra vez los lazos ignominiosos de nuestros gobiernos con sus dictaduras “amigas”. Pero sí podemos defender el principio de la laicidad republicana en nuestros países europeos, donde está siendo amenazada por la religión. No me refiero al islam sino a la islamofobia, una ideología que, en el caso de Francia, se ha apoderado de las instituciones, los partidos políticos, la clase intelectual y los medios de comunicación. Lo he explicado otras veces, citando además al padre del liberalismo galo, Benjamin Constant, quien dejó muy claro en 1815 que “el que prohíbe en nombre de la razón la religión es tan tiránico y merece tanto desprecio como el que prohíbe en nombre de Dios la razón”: lo que es “religioso”, dice, es la persecución misma.

El laicismo es un principio jurídico, no antropológico o doctrinal, y consiste muy sencillamente en que el Estado, si quiere ser de verdad democrático y republicano, debe garantizar al mismo tiempo estas dos libertades: debe garantizar la libertad de culto de todos sus ciudadanos y debe garantizar que ningún credo o comunidad (religiosa o lobbista) se apodere de las instituciones. Cuando el laicismo se convierte en el instrumento de persecución, represión y criminalización de una minoría nacional, y ello hasta el punto de justificar la suspensión de derechos ciudadanos elementales, el laicismo deviene una religión más, en este caso la religión del poder, como lo es el islam wahabita en Arabia Saudí, y por lo tanto, como sostiene Constant, se transforma en la matriz de una nueva tiranía. Las víctimas de esa tiranía son hoy los musulmanes y sobre todo las mujeres. A esa derecha que sólo se vuelve feminista frente al “islam” o a esa izquierda islamofóbica y oligosémica incapaz de imaginarse al otro semejante a uno mismo, hay que recordarles que, según el European Network Against Racism, el 90% de las agresiones islamofóbicas en Holanda, el 81% en Francia y el 54% en Inglaterra tienen como víctimas a mujeres musulmanas. En España, según el informe del European Islamophobia Report, en 2015 se multiplicaron por cuatro las agresiones islamofóbicas (de 49 a 278) y el 21% fueron acciones contra el uso del velo. Una tiranía es una tiranía. Se empieza con la minoría musulmana y con las mujeres veladas. Pero allí donde se ha renunciado al laicismo republicano y al Estado de Derecho en favor de una ideología religiosa, aunque se pretenda anti-religiosa --o porque se pretende anti-religiosa--, todos los ciudadanos estamos en peligro.

El “libertinaje” mercantil y la democracia republicana tienen, al parecer, un límite: el burkini, un invento australiano que, según Aheda Zanetti, propietaria de la marca, es una pingüe fuente de beneficios comerciales. Ojalá nuestros Estados fueran realmente laicos y republicanos y reprimieran otros lobbies y otros negocios: el TTIP, por ejemplo, o la venta de armas a Arabia Saudí o las puertas giratorias. La prohibición del burkini no es sólo un atentado contra el libre mercado en sus expresiones más inocentes: es un atentado ideológico contra las instituciones laicas republicanas que garantizan el derecho común de las sociedades democráticas. Sin duda la izquierda y el feminismo tendrán que discutir mucho sobre la relación entre voluntad, libertad y sociedad, así como sobre la transversalidad del patriarcado, parásito o esqueleto de todas las relaciones de poder, en un imaginario global cortado por relaciones neocoloniales (tanto externas e imperialistas como internas y de clase). Pero entre tanto quedémonos con la fotografía de Niza y sus amenazas.

Cuatro hombretones con pistolas obligan a desnudarse en público a una mujer sentada y desarmada. No es una violación. Sí es una violación. No se trata de la república en armas de la Marsellesa sino de la inquisición religiosa, en versión oficial y uniformada, en el país de la Revolución francesa; y del patriarcado armado, aceptado o aplaudido, en el país de Simone de Beauvoir. Francia, como Arabia Saudí, como el Estado Islámico, impone normas indumentarias a sus mujeres. Los gobiernos europeos se están radicalizando muy deprisa, y ello al precio de perseguir, criminalizar y “judaízar” a sus minorías nacionales, de alimentar al mismo tiempo el terrorismo y la islamofobia dentro y fuera de Europa, de erosionar sus instituciones laicas y republicanas y de renunciar a sus sedicentes valores fundacionales. La prohibición del burkini es apenas un síntoma del derrumbe de Europa. El burkini no amenaza a la democracia; su prohibición sí. Es por eso que todos deberíamos tomarnos muy en serio la fotografía de la playa de Niza. “La mer, la mer toujours recommencée”, escribía el poeta Paul Valery. El laicismo está muriendo y el fascismo, como el mar, recomenzando. No bastará con quitarse o ponerse el velo. Si no defendemos la democracia, nadie estará a salvo.

Fuente original: http://ctxt.es/es/20160824/Firmas/8011/burkini-Niza-libertad-islamofobia-feminismo.htm

Ley de la violencia contra la mujer cumple 10 años como referencia en Brasil

Rute Pina

ALAI Agencia Latinoamericana de Información

La legislación estableció marcos para políticas públicas contra la violencia doméstica, pero pocas han sido efectivizadas.

Referencia en el ámbito internacional, la Ley 11.340/2006, popularmente conocida como Ley Maria da Penha, cumplió diez años el domingo (7). Según los datos brindados por DataSenado, la legislación tiene un gran éxito en lo referido a la esfera del debate público: más del 98% de las brasileñas afirmaron conocer el texto de la ley.

Además de tipificar como crimen la violencia doméstica y domiciliaria, la legislación creó juzgados especializados, una red de apoyo y amparo a las mujeres y prevé medidas de protección para garantizar la integridad física y psíquica de las mujeres.

“Ella abarca la previsión en la implementación de políticas para prevenir la violencia doméstica y familiar contra la mujeres, el soporte, la construcción de un red de apoyo y amparo a mujeres en situación de violencia, el tratamiento jurisdiccional diferenciado para los casos de violencia y la reeducación y reinserción del agresor cuando es necesario”, explicó la abogada feminista Fernanda Martins, vicepresidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) en el municipio de São Carlos, interior del estado de São Paulo.

Jurídicamente los avances fueron muchos: “Antes de la entrada en vigor de la Ley María da Penha, no existía posibilidad de conceder medidas de protección a la mujer en situación de violencia. Tampoco existía la posibilidad de que el agresor vaya preso infraganti o de decretar la prisión preventiva. Y eso hace la diferencia”, dijo la abogada.

Para Keli de Oliveira Rodrigues, coordinadora del Centro de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia (CDCM) “Casa Viviane dos Santos”, en la ciudad de São Paulo, la ley es uno de los principales instrumentos de diálogo con mujeres en situación de vulnerabilidad. La Casa Viviane fue inaugurada en el 2004, dos años antes de la legislación, y era uno de los centros de referencia en la región. La ley, explica Keli, fue fundamental para el enfrentamiento cotidiano de la violencia doméstica en Brasil.

Ella afirma que prácticamente todos los centros de atención orientan a las mujeres con base en el texto. “La sociedad, en general, conoce la Ley Maria da Penha, pero las personas no llegaron a conocerla con profundidad. Conseguimos, entonces, profundizar este conocimiento y ellas pasan a tener noción de qué significa una medida preventiva. Eso queda más claro para ellas”, afirmó.

Fallas

Los especialistas consultados por Brasil de Fato son unánimes en la evaluación: pasada una década, la ley aún no ha sido completamente implementada y aún posee serios problemas de ejecución y estructuras en los que se requiere avanzar, como la ampliación en el número de casas de protección a la mujer, la expansión de las estaciones de policías y juzgados especializados, y una mejor capacidad de la red de asistencia.

De acuerdo con el “Mapa de la Violencia 2015: Homicidios de Mujeres de Brasil”, en el periodo anterior al año que la Ley Maria da Penha fue sancionada, entre 1980 y 2006, el crecimiento del número de homicidios fue de 7,6% al año. Con la vigencia de la ley, el crecimiento del número de esos homicidios cayó para el 2,6% al año. El crecimiento, sin embargo, aún se mantuvo. Apenas en cinco estados fueron registrados caídas en las tasas: Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo y Rio de Janeiro.

Responsable de la investigación, el sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cree que el tenor de la ley es muy avanzado – como muchas otras en Brasil, especialmente la Ley del Estatuto de Niños y Adolescentes y el Estatuto del Anciano. Sin embargo, las estadísticas muestran que todavía ella está en un estado incipiente de implementación, a pesar de completar una década.

“Lo que está atrasado es su realidad. Las comisarías de la mujer, la capacitación de las personas que van a tratar con casos de violencia, los procesos en la propia justicia… Todo eso aún no está como debería en este momento. Y marca que hay un retorno, digamos, a la expansión de la violencia contra las muertes y de los homicidios, que es lo que los datos están indicando”, afirmó el sociólogo.

Aunque, según el Mapa de la Violencia, los feminicidios cayeron un 3,7 % entre mujeres blancas, entre las mujeres negras ocurrió lo opuesto, la tasa aumentó un 35% durante el mismo periodo. En 2013, de cada 5 mujeres asesinadas, tres eran negras.

Los números revelan, para el sociólogo, que el problema está en la estructura. “Si victimiza selectivamente. Además, las blancas, muchas veces, son mejor atendidas, mientras las negras son dejadas de lado. Hay toda una estructura de segregación y selectividad de la violencia. Las tasas de violencia contra blancas tienden a bajar mientras que la violencia contra negras tienden a aumentar, lo que aumenta también la brecha de protección que existe entre blancos y negros en la propia Justicia”, criticó el sociólogo.

La Ley Maria da Penha dispone de estudios, investigaciones y estadísticas realizadas con la perspectiva de género y raza. Pero, según Fernanda, en cuanto a la cuestión de clase no existen datos oficiales elaborados por el gobierno. “La violencia contra la mujer tiene color y clase. Negar eso es intentar tapar el sol con los dedos. Es preciso un enorme avance en esta cuestión. La discusión y cobranza en relación a políticas de combate a la violencia y protección orientadas específicamente a mujeres negras y/o periféricas es urgente, afirmó Fernanda.

Otra fragilidad, apunta Keli, es la red de asistencia. “Aún faltan espacios en los centros de acogimiento, existe una precarización de este servicio. Creo que también hay maneras erradas de acoger a las mujeres en situación de violencia doméstica”, afirmó. Según ella, la exigencia del Boletín de Ocurrencia (B.O.), que no está previsto en la ley, es realizada por los equipamientos para que las mujeres acceden a estos espacios.

La red de apoyo debe amparar cualquier mujer que procure sus servicios y eso no debe estar condicionado al registro del B.O, explica la abogada Fernanda Martins. “Es en esa parte que la aplicación de la Ley es extremamente fallida”, dijo. Ella pondera que también se debe atender según las especificidades de cada mujer en situación de violencia, que en muchos casos dependen de la renta del agresor. “Y ella sabe que el Estado es omiso y casi nunca va a ayudarla. Es esa amplitud en la atención que la ley prevé y es mal ejecutada.”, afirmó.

La abogada indicó que encontrar una solución para el caso, que va desde la punición, puede ser más efectiva, en algunos casos. El direccionamiento del agresor hacia el tratamiento psicológico y psiquiátrico en casos de alcoholismo, por ejemplo, tendría más impacto en la vida de una mujer que la prisión del agresor.

La Ley Maria da Penha puede ser alterada debido a un Proyecto de Ley en tramitación en el Congreso Nacional. En caso de que la propuesta, inicialmente elaborada por el diputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES), sea aprobada, los delegados podrán expedir medidas de protección de urgencia. Hoy, esta responsabilidad cabe exclusivamente al Poder Judicial.

La justificación del PL es que las medidas deben ser tramitadas con mayor rapidez para evitar nuevas agresiones y tornar más ágil el envío del pedido para apreciación del juez. El punto, sin embargo, viene siendo cuestionado. Feministas creen que la acción puede generar un efecto contrario.

La coordinadora de Casa Viviane se posiciona contra el cambio, según ella, por causa de los problemas que las comisarías enfrentan. “Ellas ya tienen dificultades para atender a las mujeres, inclusive para hacer un simple Boletín de Ocurrencia. Existe selectividad de las autoridades policiales y eso dificulta el acceso de las mujeres pobres y periféricas, por ejemplo”, dijo.

Ella afirma que el artículo es un retroceso en una ley pensada colaborativamente. “La Ley Maria da Penha fue construida por muchas manos y es fruto del movimiento feminista, entonces ella está muy bien elaborada. Lo que falta es cambiar culturalmente la sociedad. La Ley por sí sola no basta. Los cambios que están siendo propuestos sin escuchar a la sociedad en general pueden, inclusive, ser equivocadas”, sentenció la coordinadora.

Traducción: María Julia Giménez.

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/179410

¿Todas las “Lindas” son “Tontas”?

Semiótica de cierta inteligencia monstruosa en la ética y en la lógica del mercado.

Fernando Buen Abad Domínguez

Rebelión/Universidad de la Filosofía

Mascaradas de la “belleza” burguesa. Por si fuese poca la avalancha represora que la ideología de la clase dominante descargó, históricamente, contra las mujeres, llegó el capitalismo con su creatividad y rápidamente las convirtió en masa explotada con carácter decorativo y estigma de “cabeza hueca”. La burguesía tardó siglos en confiar el voto político a las mujeres, por ejemplo. “En el comportamiento hacia la mujer, botín y esclava de la voluptuosidad común, se manifiesta la infinita degradación en que el hombre existe para sí mismo… Del carácter de esta relación se desprende en qué medida el hombre ha llegado a ser y se concibe como ser genérico, como ser humano: la relación entre hombre y mujer es la más natural de las relaciones entre uno y otro ser humano”. Marx

Convertidas en seres superfluos, serviles y dóciles las mujeres del ideal burgués debieron asumir, además, un mandato mercantil útil para reforzar el consumismo. Se las habilitó culturalmente para hacer las compras de las cosas menores. Jamás lo “caro”, jamás los “electrodomésticos” de “alta gama”, jamás las cosas que el hombre compra. Los publicistas saben bastante de esas trastadas ideológicas. Esa “capacidad” de compra establece el grado de éxito que las mujeres deben conquistar en el torneo burgués del éxito social, la aceptación y la admiración de otras mujeres. Especialmente. Para la burguesía la mujer (que se vuelve, también, propiedad privada) depende -su ontología- de la cantidad de dinero que el marido le da para gastar en las cosas “del día a día” y en la ropa que se pone para decorar bien a su personaje. Les llaman “señoras”.

Pero hay un reducto ideológico (de falsa conciencia) en el que se producen y reproducen las patologías más humillantes del capitalismo. Es un reducto histriónico en el que las mujeres se ven obligadas a ser “tontas” rentables. Eso se ve en la “tele”, en los “diarios”… en todos los medios y en todos los horarios. Es el reino del individualismo y de la egolatría de mercado que busca en las mujeres “lindas” a su presa predilecta porque, según reza la moral mercenaria de la publicidad, “lo lindo vende”. A eso se debe la profusión histérica de estereotipos que la burguesía impone a las mujeres para derrotarlas en una prisión ideológicainvisible alambrada con anti-valores de mercado y conductas convenencieras para poner a salvo las instituciones de la familia, las iglesia y el estado burgués. El fetichismo de la belleza femenina y su valor de mercado. Vestidas o desnudas.

Se trata de un reducto ideológico en el que se amasan convicciones y conductas que, por colmo, cuentan con la complicidad de algunas mujeres y muchos hombres. Las más colonizadas tienen tendencia a hacerse famosas en la farándula mediática burguesa. Con o sin éxito, en las artes de exhibicionismo de las “lindas” los principios de mercado predominan, más allá de lo imaginable, en el centro mismo de la vida diaria. Incluso en el cuarto de baño donde recalan cientos de los productos “indispensables” para dar mantenimiento al modelo de “belleza” ordenado por los “medios”. Pero se trata de una “tontería” impostada que envuelve una gran astucia mercenaria y una moral de vendedor que, para venderse a sí mismo, cuenta con muchos clichés y muy poco tiempo. La “lindura” de mercado dura poco por que la velocidad del consumismo es una maquina productora de desechos humanos a destajo.

Las “lindas” “tontas” son ese cliché que ha tenido éxitos mercantiles resonantes. Dicen algunos que es una forma del “sex appeal” que condimenta magníficamente la imposición de los valores burgueses y todas esas aplicaciones, decadentes y humillantes, que uno mira por las calles en la apariencia más cruel que la realidad impone. Hay personas que transitan su vida entera sin percatarse del rol impuesto por una sistema económico enfermo, también, de “mercancías humanas”. Desde su mascarada, aquellas mujeres que juegan (con su voluntad o sin ella) el papel de “tontas” “lindas” van midiendo con una vara burguesa la cantidad y la calidad de sus victorias seductoras más rentables. Suele haber detrás de la apariencia de “tontas”, inteligencias mercenarias muy brillantes agazapadas entre los pliegues efímeros de su “lindura”. Garantizadas las reglas del negocio, algunas se contentan con la “fama”, otras aspiran a ser “divas” bajo el supuesto de que se puede ser “bella”, “tonta” y además “madura”. “Vieja”, es un término que la burguesía usa casi exclusivamente para las mujeres proletarias.

Por todo eso es que las luchas de género (que son realmente de clase) en el mundo revisten, con grados diversos, un carácter revolucionario fundamental. Especialmente esas luchas, no exclusivas de mujeres, en las que se demuele sistemática y profundamente la ideología de la clase dominante y todas sus trampas opresoras. Por más sutiles o seductorasque se presenten. A pesar de eso no contamos aun con una corriente crítica internacionalista capaz de generar repudios contundentes contra el modelo de humillación con que la burguesía somete a no pocos millones de mujeres. En todo el mundo y en pleno siglo XXI. Es necesario ser concientes, sensibles, solidarios y proactivos en las luchas emancipadoras que no son sólo de “género” porque son fundamentalmente de clase. Es necesario el desarrollo de una praxis revolucionaria que deplore y combata todo modelo de opresión por más “lindo” que parezca y siempre abrazando -con fuerzas amorosas y fuerzas científicas- a toda víctima. Aunque lo “lindo” y lo “tonto” haga creer a esas víctmas intocables, reverenciables o superiores.

Una larga lista de luchas, luchadoras y luchadores sociales enriquece la perspectiva revolucionaria que nos acerca a un mundo liberado, por fin, del capitalismo y de toda la parafernalia grotesca que nos ha impuesto, también, con sus mercancías humanas y sus mercancías ideológicas. En esa larga lista de frentes para la lucha se desarrolla, de manera desigual y combinada, un repertorio de crítica que se impulsa científicamente porque aprendió a no ser víctima de los chantajes morales, éticos o estéticos que la ideología burguesa despliega, fundamentalmente, para inmovilizarnos y dominarnos. Un buen día los pueblos dejarán de ser vulnerables a la guerra psicológica que usa “lo lindo” y lo “tonto”(entre miles de subterfugios) como estrategias de ablandamiento, como trampas para generar solidaridades que, tarde o temprano, operarán en contra de las víctimas. Nada más anti-cristiano, por cierto. Un día aprenderemos a dejar de ser usados por la lógica del mercado aunque se presente en “paños menores”, con gestos sugerentes o con “hermosa” “tontería” impostada, de esa que tanta chatarra ha ayudado a vender en mundo ahogado con mercancías que buscan millones de compradores compulsivos.

Dr. Fernando Buen Abad Domínguez

Universidad de la Filosofía

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@FBuenAbad

En la Suprema Corte de México, marihuana sí pero aborto no

Por Daniela Rea Una pancarta en una protesta en México en demanda de que se sentencie a favor del derecho de las mujeres al aborto. Crédito: Mónica González/Pie de Página

Una pancarta en una protesta en México en demanda de que se sentencie a favor del derecho de las mujeres al aborto. Crédito: Mónica González/Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO, 16 ago 2016 (IPS) - Los últimos años, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha asumido posturas de avanzada, en respaldar los derechos de las minorías.

Por ejemplo, respaldó el matrimonio igualitario, al declarar inconstitucional las legislaciones de los estados de Puebla y Chihuahua que decían que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer; y el derecho de las personas homosexuales a adoptar, al invalidar legislación del estado de Campeche que les negaba este derecho.

La SCJN incluso emitió un fallo histórico al declarar inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de la marihuana y reconocer el derecho de las personas al consumo recreativo de esa planta.

Sin embargo, el tema del aborto, que ha llegado en seis ocasiones a la SCJN, no ha sido aceptado para su análisis de fondo. ¿Y cuál es el fondo? El derecho de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo.

Verónica Cruz Sánchez, abogada de Las Libres, quien junto con la Clínica de Interés Jurídico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), ha llevado el proceso judicial de varios casos, dos de ellos ante la Corte, considera que no es casual que ante el máximo tribunal no se logre empujar el análisis de fondo del aborto.

“Es impresionante cómo el tema de aborto que es un derecho fundamental de las mujeres para decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra sexualidad, nuestra vida reproductiva, pero sobre todo nuestro proyecto de vida, que eso pase por una decisión consciente. El Estado solo tendría que ponernos todos los recursos, la educación, métodos anticonceptivos para que elijamos si queremos o no, cuándo cuántos hijos, como lo establece el artículo cuarto constitucional”, aduce.

“Sin embargo en la vida real el aborto es el tema que pone en evidencia la discriminación generalizada del Estado contra las mujeres”, considera.

Los Casos

A partir del año 2007, cuando el aborto se despenalizó en Ciudad de México, también conocida como Distrito Federal (DF), la SCJN ha recibido seis solicitudes para responder en torno a él.

En el primero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) interpusieron en el 2008 una acción de inconstitucionalidad contra la reforma del DF, argumentando entre varias cosas, el derecho a la paternidad y descendencia del hombre y su igualdad ante la mujer, la cual, según esas instituciones, se rompía cuando la mujer podía elegir por su propia cuenta el aborto.

La Corte resolvió sobre procedimiento, respaldó la reforma en el DF porque cada estado tiene derecho a generar su propia legislación, pero no se pronunció sobre el derecho de la mujer al aborto. En consecuencia de esta decisión, 17 estados del país le tomaron la palabra a la Corte e impulsaron reformas en sus constituciones locales, pero para el sentido contrario: proteger la vida desde la concepción.

El segundo caso fue en respuesta a esas legislaciones locales prohibitivas del aborto. En el año 2009, 12 diputados del Congreso de San Luis Potosí y la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra las reformas de sus estados que negaban el derecho al aborto. La Corte votó a favor, pero no con la mayoría suficiente, por lo que las peticiones se desestimaron y así la discusión a fondo sobre el derecho a abortar.

El tercer caso fue el amparo que interpuso la joven Patricia Martínez, de 20 años, quien fue acusada de aborto por el gobierno de Veracruz. El caso llegó a la Corte en 2013 acompañada de distintas organizaciones de derechos humanos, quienes intentaron protegerla del auto de formal prisión. También argumentaron que la penalidad del aborto es inconstitucional. Antes de que pudiera discutirse, la joven desistió del amparo.

Luego vino el amparo de Adriana Manzanares, una mujer indígena de Guerrero que cumplía una condena de 22 años de prisión acusada de aborto. Las Libres y la Clínica de Interés Jurídico del CIDE, la representaron. En el 2014 la primera sala votó por la liberación inmediata al considerar que se violó su derecho al debido proceso porque fue juzgada sin tener pruebas válidas en su contra y sin traductor, pese a no hablar español. Pero los ministros no hablaron del aborto como tal.

Luego llegó el amparo que puso Margarita Pino Salazar, quien pidió en Ciudad de México Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado practicarle un aborto porque su salud estaba en riesgo. La institución se negó argumentando que se rige bajo leyes federales y en el código penal federal está penalizado. El amparo fue elaborado con apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), se analizó el 29 de junio del 2016 y los ministros de la Primera Sala votaron contra el proyecto, por lo que se repondrá el proceso en los próximos meses.

Y finalmente, como sexto caso, está el de Patricia, en espera de ser analizado en la Corte. En el 2015 la joven fue acusada de abortar en Veracruz. De nuevo, Las Libres y la Clínica de Interés Jurídico del CIDE llevaron a cabo su defensa a través de un amparo que pide la inconstitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Penal de Veracruz, que tipifican al aborto como delito.

Rebeca Ramos Duarte, investigadora jurídica del Gire considera que la SCJN no ha entrado a analizar el fondo del asunto en el tema de aborto, aun cuando esto es posible en las acciones de inconstitucionalidad y en los amparos. Sin embargo, reconoce que en algunas resoluciones sí ha tratado los derechos de las mujeres.

“Si bien es cierto que no hay una sentencia tal cual que reconozca nuestros derechos, en la mayoría de las resoluciones sí ha hablado de los derechos de las mujeres y que tiene derecho a recibir estos derechos.

En el caso concreto de la CNDH y PGR, dijo que una regulación como la de la Ciudad de México, es acorde a la Constitución. Pero sí es importante, que en casos de amparo, donde está analizando la afectación a una mujer en concreto, la Corte tendría que tener una postura más contundente y acorde con las obligaciones a los derechos humanos, sí se debería pronunciar en el fondo procurando los derechos humanos de las mujeres.

Verónica Cruz Sánchez, de Las Libres, no ve casualidad que la Corte no entre al fondo del tema.

“Mi explicación es que el hecho de que otros derechos avancen tiene que ver con los derechos de los hombres, por eso tiene un avance mucho más rápido. Cuando se trata de hacer efectivo los derechos fundamentales de las mujeres, no pasan”, aduce.

“Cuando se trata de aborto, las mujeres estamos encargadas de la reproducción no solo biológica, sino que esa nos lleva a la reproducción social, es decir seguimos siendo útiles para el trabajo no pagado del cuidado y crianza de los hijos y el trabajo doméstico y del cuidado a los otros. Por eso, considero, hay tanta resistencia a debatir de fondo nuestro derecho al cuerpo, al proyecto de vida”, afirma.

La activista consideró que la Corte, con los casos que tienen aún vigencia y están en su jurisdicción, como los de Margarita Pino y Patricia, debe poner orden en los problemas sociales que no se han podido resolver.

“Debe poner orden jurídico, no es posible que cada estado esté resolviendo el tema del aborto como le dé la gana. Debe darnos certeza jurídica y decir que en este país el estándar más alto en derechos humanos es el que marca la legislación del DF, que despenaliza al aborto”, señala.

Este artículo fue originalmente publicado en Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . PS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

Revisado por Estrella Gutiérrez

Inquebrantables derechos políticos

Zona de reflexión
Por: Lucía Lagunes Huerta*

En más de una ocasión hemos hablado en este espacio de lo difícil que es aún para las mujeres poder participar en la vida política de nuestro país.

Y recientemente hemos empezado a testificar cómo la violencia política que se ejerce contra ellas en ocasiones llega a extremos verdaderamente inaceptables para cualquier nación que se llame medianamente democrática.

Es inaceptable y violatoria de todas las leyes que nos rigen, que una mujer electa por la ciudadanía sea impedida a ejercer su mandato, por una turba machista prepotente que, usando la violencia, pretende pasar por la voluntad ciudadana.

Me refiero al caso de la alcaldesa del municipio de Chenalhó, en Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien ganó con una mayoría incuestionable su cargo, y que se salvó de ser quemada viva por esta turba machista.

Los machos-misóginos de su comunidad decidieron que podrían pasar por encima de todo e imponer a quien ellos quisieran, que era otro macho como ellos.

Pero las cosas no son así de fáciles. Las mujeres políticas de Chiapas, integradas en la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), tras enterarse de estas barbaridades violentas e ilegales, cobijaron y protegieron a la alcaldesa electa y, junto a ella, iniciaron con las autoridades electorales un proceso para que la voluntad de la ciudadanía de Chenalhó y el derecho de la presidenta municipal fueran respetados.

Tres meses costó restituirle los derechos políticos a Rosa Pérez Pérez, para poder gobernar su municipio Chenalhó que la había elegido. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró inaceptable la violencia política ejercida contra esta presidenta municipal y, el pasado 18 de agosto, votó a su favor para que ocupara el lugar que la ciudadanía decidió otorgarle al votar por ella.

GARANTÍAS

Sin duda, la turba de machos que la violentaron siguen ahí, en su municipio, por ello el Tribunal Electoral pidió al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que garantice las condiciones de seguridad para que ejerzan sus funciones en tranquilidad la presidenta municipal y el cabildo.

Y para que no se le olvide al gobernador chiapaneco el pedido del tribunal, la Repare llamó al gobierno, este fin de semana, a actuar para poner en práctica las medidas necesarias que garanticen la vida e integridad de la presidenta municipal y su cabildo.

El ser mujer no puede ser, en ningún caso, el argumento para impedir que las mujeres gocen plenamente sus derechos políticos y cualquier otro derecho.

El camino de la paridad esta llenó de obstáculos machistas y misóginos que buscan impedir que la ciudadanía y la democracia paritaria avancen, como lo impidieron en el siglo XIX.

La diferencia hoy no son sólo dos siglos transitados en la historia, sino una mayor organización femenina y conciencia social del derecho de las mujeres a participar en todos los aspectos de la vida política, económica, social, cultural, deportiva, etcétera.

Jamás puede ser aceptado, por ningún motivo, el argumento de que por ser mujer se le impida ocupar un cargo. Esperamos que, como en el caso de Chenalhó, los derechos políticos de las mujeres se salvaguarden y en la próxima elección de personas para ocupar un cargo de magistrada en la Sala Superior del Tribunal Electoral la presencia de las mujeres se incremente al menos en cuatro cargos, de los siete que se elegirán próximamente.

No hay democracia posible y duradera si las mujeres no cuentan con todas las garantías para ejercer sus derechos.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28

Rosa Pérez Pérez, alcaldesa del municipio de Chenalhó, en Chiapas | Especial

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Perú da histórico paso contra violencia hacia las mujeres

Por Aramís Castro

Un grupo de manifestantes con cruces negras, simbolizando las víctimas de feminicidio en Perú y otros países latinoamericanos, pasan por una calle del centro de Lima, durante la multitudinaria marcha celebrada el 13 de agosto bajo la consigna “Ni Una Menos”. Crédito: Noemí Melgarejo/IPS

LIMA, 15 ago 2016 (IPS) - Con una multitudinaria marcha, bajo la consigna “Ni Una Menos”, la sociedad peruana se pronunció contra la violencia hacia las mujeres, en lo que representa una toma de conciencia colectiva en el tercer país en agresiones sexuales del mundo.

La manifestación en Lima el sábado 13, a la que acompañaron protestas en una decena de otras ciudades del país, surgió como rechazo a sentencias judiciales que han escandalizado por ser muy benignas con los agresores en casos de feminicidios, maltrato de varones contra sus parejas o exparejas y agresiones sexuales.

El caso que detonó la protesta fue el de Arlette Contreras, golpeada brutalmente en julio de 2015 por su entonces pareja en un hotel de la sureña ciudad de Ayacucho, Adriano Pozo, en una agresión registrada por las cámaras de un hotel.

"Queremos justicia, queremos que esos hombres agresores, esos hombres violadores y asesinos vayan a la cárcel. Queremos que el Estado nos dé seguridad a nosotras, las víctimas": Arlette Contreras.

Pese a ello, a Pozo, hijo de una autoridad política de la zona, se le sentenció a solo un año de prisión suspendida, por los cargos de feminicidio en grado de tentativa y violación, por los atenuantes de estar ebrio y actuar por celos. Un tribunal superior ratificó el fallo el mes pasado, en lo que el fiscal del caso calificó como “indignante”.

“Queremos justicia, queremos que esos hombres agresores, esos hombres violadores y asesinos vayan a la cárcel. Queremos que el Estado nos dé seguridad a nosotras, las víctimas”, comentó Contreras a IPS durante la marcha, cuyo recorrido encabezaron víctimas y familiares y que terminó ante el Palacio de Justicia.

Cifras de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos indican que Perú es el segundo país de América Latina en asesinatos de mujeres por razón de género, además del tercero del mundo en violaciones, con la particularidad de que 42 por ciento de esas agresiones son en sus hogares y 90 por ciento de las denuncias quedan impunes.

“Basta ya”, “Fuera violadores”, “Poder Judicial, vergüenza nacional”, “Tocan a una, tocan a todas”, fueron algunas de las consignas más coreadas durante la marcha, en que participaron unas 100.000 personas según los organizadores de una protesta surgida desde las redes sociales y sin banderas partidistas, aunque el presidente Pedro Pablo Kuczynski y miembros de su gobierno concurrieron a la movilización.

Entre los participantes hubo familias completas, incluidos padres, niñas y niños, y sobresalieron los de parientes de víctimas de feminicidios, que portaban carteles con las fotos de las mujeres muertas o la de los agresores con sus nombres.

“A mi hija la mató un hombre pero solo le dieron seis meses (de prisión) preventiva”, denunció Isabel Laines, quien llevaba un cártel con la imagen de su hija, y contó a IPS que viajó más de cuatro horas en bus desde el sureño departamento de Ica, para unirse a la movilización en Lima.

En la marcha también estuvieron presentes familiares y víctimas de esterilizaciones forzadas del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) en la década de los 90. Una comisión investigadora del parlamento calculó en 2002 que más de 346.000 mujeres fueron esterilizadas entre 1993 y 2000 contra su voluntad.

A comienzos de este mes, el Ministerio Público (fiscalía) archivó una denuncia contra el expresidente Fujimori y funcionarios del Ministerio de Salud de su gobierno por este caso, en otra criticada acción contra la obtención de justicia y reparación por estas miles de víctimas.

Las redes sociales fueron el espacio desde el que surgió la reacción ciudadana y que permitieron a las víctimas contar sus historias y conectarse con otras en su misma situación, bajo etiquetas como #YoNoMeCallo, además de la común #NiUnaMenos.

“Después de ver el video de Arlette (Contreras) y la indignación al ver que su agresor era liberado, un grupo nos organizamos en Facebook y empezamos a hacer un pequeño chat, una pequeña reunión”, contó a IPS una de las organizadoras de la marcha y del colectivo Ni Una Menos, Natalia Iguíñiz.

Tan solo en el primer semestre de este año, se registraron en el país 54 casos de feminicidio y 118 intentos, según estadísticas del Ministerio de la Mujer.

Las cifras también indican que todos los días se cometen 16 violaciones en el país.

Perú da histórico paso contra violencia hacia las mujeres

El presidente Pedro Pablo Kuczynski durante su participación en parte del recorrido de la marcha contra la violencia hacia las mujeres en Perú, donde solo en el primer semestre de 2016 hubo 54 feminicidios y 118 intentos frustrados en el país. Crédito: Presidencia de Perú

Esas mismas estadísticas indican que entre 2009 y 2015 fueron muertas 795 mujeres por razones de género, 60 por ciento de ellas de entre 18 y 34 años.

El fenómeno se da en una sociedad hasta ahora permisiva con la violencia de género, según denuncian organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y muestran las encuestas.

Un sondeo realizado por la encuestadora Ipsos en Lima antes de la marcha, mostró que 41 por ciento de las mujeres entrevistadas cree que Perú es “nada seguro” para ellas y 74 por ciento considera que vive en una sociedad machista.

En tanto, 53 por ciento de todos los entrevistados cree, por ejemplo, que si una mujer se pone minifalda, es culpable de que se la acose en los espacios públicos, y 76 por ciento disculpa que la mujer sea golpeada por el hombre si descubre una infidelidad.

8/27/2016

Fuente original : http://www.piedepagina.mx/soy-objeto-de-una-ley-que-criminaliza.php

@FBuenAbad

Por Aramís Castro

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