“En algunas comunidades es tradición el contrato matrimonial
hecho por los papás y frecuentemente es a iniciativa del papá del joven,
con el fin de fortalecer los lazos entre las familias y la unidad
comunitaria”.
El
sacerdote se dirige a una comunidad indígena a media hora de distancia
de San Andrés Larrainzar, va a oficiar un servicio religioso; este es el
segundo viaje que lleva a cabo en ese sábado lluvioso, su contacto
frecuente desde hace casi 50 años con los pueblos indios de Los Altos de
Chiapas, le hace un gran conocedor de los usos y costumbres de la
región.
En su narración explica que en los matrimonios arreglados
en las zonas indígenas, rara vez la opinión de las niñas es tomada en
cuenta y por lo general son los padres quienes hacen los acuerdos. Si
acaso se le llega a preguntar a la muchacha, ella por lo general acepta
“por compromiso familiar o por su cultura, pues no tiene opción para
decir que no”.
Alguna vez le llegaron a contar, pero dice que no
le consta, que a veces el papá del niño o de la niña propone que éstos
vivan juntos desde pequeños “para que se vayan entendiendo mientras
crecen y después se formalice el matrimonio”.
“Ahora,
afortunadamente eso es cada vez menos, ya hay mucha comunicación entre
los jóvenes, salen de su comunidad, salen de su medio”.
Cuenta el
sacerdote que en muchos casos, las jovencitas llegan a tener problemas
psicológicos, “se trastornan, se desequilibran, tienen, como dicen en
las comunidades indígenas, “mal espíritu”, “como si el demonio llegara a
poseer a estas jovencitas”, pero ese trastorno es resultado del choque
cultural ocasionado cuando ellas son sacadas de su entorno familiar y
pasan al control de los suegros.
“Cuando me mandan a llamar para
que les haga oración porque tienen ‘mal espíritu’, yo les digo -comenta
el sacerdote-, permítanle que vaya a su casa a pasar el fin de semana, o
que la lleve el esposo y déjenla unos dos o tres días y eso resuelve el
problema”.
María Teresa Olvera Caballero, del Consorcio de
Organizaciones por la Vida y la Libertad de las Mujeres y las Niñas, una
organización que trabaja principalmente en la región indígena de los
Altos de Chiapas, asegura que desde la costumbre, tener hijas y criarlas
“ha sido considerado como una inversión a largo plazo, en la medida que
recibirán dinero, trabajo o regalos cuando sean pedidas en matrimonio”.
Olvera
Caballero expuso el caso en Nueva York, en marzo pasado en el marco
del evento paralelo en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer (CSW 60) de Oxfam y del proyecto de Debida Diligencia.
“El matrimonio prematuro es una ganancia financiera para las familias de esta región, marcada por la marginación extrema.
“Hace
décadas -y aún ahora-, algunas jóvenes eran dadas en matrimonio muy
pequeñas y el novio iba a trabajar de manera gratuita como parte de la
concertación matrimonial durante uno o dos años con la familia de la
esposa. En los últimos años esto ha cambiado y esa inversión se paga
actualmente con dinero en efectivo”, aseguró.
Enamoradas
Como es costumbre en los lugares calurosos del estado de Chiapas, en la
colonia San Antonio, municipio de Chiapa de Corzo, la familia de Ana
Yerli Marroquín González se sienta afuera de la casa para disfrutar el
fresco de la noche.
Ana Yerli, quien tiene 16 años, está sentada
en una mecedora y vestida con bermudas y camiseta holgada, no oculta sus
siete meses de embarazo. Parado junto a ella está su primer hijo,
Héctor Yahir.
Cuenta Ana Yerli que durante su primer embarazo se
vio muy grave, pues se le subieron las plaquetas, ella dice que no se
preocupó porque no sabía lo que eso significaba, pero aun así, con este
segundo bebe en camino, ha tenido más cuidados.
A sus 37 años, Gabriela, la madre de Ana, ya es abuela. Ella también se casó joven, a los 18.
“Nosotros
como padres -explica Gabriela-, lo que queríamos era lo mejor para
nuestras dos hijas, pero la juventud hoy en día está muy desatada y muy
pequeñas agarran obligaciones”.
Ana Yerli conoció a su esposo,
Israel Molina cuando él tenía 21 y ella apenas cursaba la primaria.
Israel cree que las reformas al Código Civil, las cuales prohíben el
matrimonio antes de los 18 años, son una buena medida para evitar que
los muchachos y las muchachas “agarren compromiso a corta edad” porque
luego se arrepienten, pero ni él ni Ana dicen haberse arrepentido.
Los
papás de Ana habrían querido para sus hijas una vida mejor que la de
ellos “trabajamos muy duro para que no les faltara nada, para que no
se quedaran como nosotros, como macetas, en el corredor”.
Hay
quienes consideran que el matrimonio prematuro de las jóvenes se debió a
que les dieron demasiada libertad, pero Guadalupe asegura que ellos
decidieron educarlas así “para que vieran lo que en realidad es la
vida”.
Según datos del Registro Civil del estado de Chiapas, en 20
de los 122 municipios de la entidad se concentra la mayor presencia de
matrimonios de menores, entre esos municipios se encuentra la capital
del estado Tuxtla Gutiérrez y las ciudades más importantes de la
entidad, Tapachula, Comitán Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y
Chiapa de Corzo.
Los datos de esa institución indican que, por cada cien matrimonios en la entidad, 15 corresponden a menores de edad.
María
de la Luz y Rosa Margarita son hermanas y también son vecinas. Radican
en la colonia San Antonio en el municipio de Chiapa de Corzo. Ambas son
menores de edad, María tiene 16 años y Rosa 14.
Ambas se escaparon
con sus novios porque “estaban muy enamoradas”, además ya no querían
estudiar; María terminó la primaria y Rosa cursó hasta el cuarto grado.
Ellas
aseguran que son felices y que siempre quisieron tener una familia. Sus
maridos no les pegan, pero de cualquier modo, si algún día ellas tienen
hijas, les aconsejarán que no cometan el mismo error, porque la vida
en pareja implica muchas responsabilidades.
Las dos viven en la casa de sus suegros, sus maridos trabajan en un rancho, “en la vaquería”, dicen ellas.
La
realidad de los matrimonios infantiles en el estado de Chiapas varía de
región a región, la situación no es la misma en las zonas urbanas que
en las rurales o indígenas. Un común denominador parecen ser las
condiciones de pobreza y marginación, la falta de oportunidades,
información, educación, opciones de desarrollo.
Hay quienes
aseguran que la prohibición del matrimonio infantil no impedirá que los y
las niñas, los y las adolescentes opten por la vida en pareja a
temprana edad.
“La prohibición de matrimonios de menores de edad
por sí sola no va a resolver el problema, la legislación es tan solo una
herramienta para proteger, particularmente a las niñas y a las
adolescentes pues al casarse se colocan en una situación de mayor
vulnerabilidad”, asegura Jennifer Haza, directora de Melel Xojobal A.C.,
organización civil de San Cristóbal de las Casas.
Señala que
junto con la legislación, se requiere implementar un sistema integral de
protección a la infancia, con la articulación de todas las
instituciones y con la participación activa de la sociedad civil.
Porque,
asegura, los matrimonios infantiles son una práctica que violenta los
derechos de las niñas colocándolas en una situación de desventaja, con
factores de discriminación y desigualdad de género, donde niñas y
adolescentes no son consideradas en la toma de decisiones, no tienen
condiciones para negociar, para proponer, para decidir sobre sus
proyectos de vida sino que están supeditadas a las prácticas
patriarcales de las comunidades.
Los usos y costumbres vs la ley
En
las oficinas centrales en la capital del estado de Chiapas, unos 20
oficiales del Registro Civil de la zona centro acuden a su reunión
mensual, en la cual, como es usual, hacen entrega de la información
sobre matrimonios, decesos y nacimientos en su municipio.
En esta
ocasión, las y los funcionarios han recibido una circular fechada el 3
de mayo de 2016, la cual les instruye a que en lo sucesivo “se
abstengan de realizar matrimonios que involucren minoría de edad de uno o
ambos contrayentes”.
“No está por demás prevenirles que ni con
dispensa de edad podrá celebrarse dicho acto, evitando en todo momento
ser omisos de esta recomendación”, indica el documento firmado por la
directora, Flor de María Coello Trejo, quien no ha dejado de hacer
público su escepticismo sobre las reformas al Código Civil y al Código
de Procedimientos Civiles. En dichas reformas, mediante el decreto No.
231 publicado en el Periódico Oficial tomo III de fecha 6 de abril de
2016, en su numeral 145, se establece que solamente las personas mayores
de 18 años podrán celebrar el contrato de matrimonio, sin excepciones.
“En
Chiapas tenemos muchas zonas de usos y costumbres y hemos tenido muchos
problemas, nos han insultado porque dicen que no tenemos que prohibir
que se casen”, asegura la funcionaria al ser entrevistada.
Coello
Trejo considera que antes de establecer una prohibición, debieron
consultar a los funcionarios y funcionarias, a la población, a los
distintos actores y actoras sociales, hacer un estudio tanto en zonas
rurales como urbanas para poder tener un diagnóstico real de la
situación en la entidad.
Al recibir la circular, las y los
oficiales del Registro Civil expresan su confusión. No están seguros si
podrán llevar a cabo los matrimonios agendados con antelación, tampoco
saben si la dispensa de ley otorgada antes de la reforma pierde validez.
Pero las indicaciones son muy claras y vuelven a leer el documento que
acaban de recibir: “No está por demás prevenirles que ni con dispensa de
edad podrá celebrarse dicho acto, evitando en todo momento ser omisos
de esta recomendación”.
Yuseth Molina Melchor, oficial de la
colonia Galecio Narcía, municipio de Chiapa de Corzo, cuenta que una
niña de 13 años y un joven de 26, tenían la boda agendada desde el mes
de marzo pero estaban a la espera de la dispensa del juez, “los papás
estaban muy enojados porque ya habían preparado todo y no se les
autorizó la boda porque la contrayente era menor de edad”.
Hay
casos en los que el matrimonio es el recurso para la “reparación del
daño”, es decir, cuando las niñas ya están embarazadas lo que los padres
quieren es que el muchacho se haga responsable.
La directora del
Registro Civil se pregunta quién protege a los recién nacidos, si las
reformas al Código Civil tuvieron lugar para velar por los derechos de
las niñas, niños y adolescentes; ella considera que aún faltan reformas
al Código Penal.
La oficial del municipio de Jiquipilas, María Ofelia Salazar Ovando,
asegura que “hay una desbandada de huidas”, es decir, que las parejas
están escapando a vivir juntas, “los estamos haciendo irresponsables”,
dice.
El debate gira entonces en torno a la prohibición, Dalila
Hipólito Carrillo, oficial del Registro Civil del municipio de
Cintalapa, cree que cuando en un país algo se prohíbe es cuando más se
hace y considera que la educación, la concientización, la
sensibilización a los niños y niñas, a los padres y madres, a los
maestros y maestras, a los líderes comunitarios es más importante que
restringir los derechos desde una perspectiva jurídica.
Las
reformas al Código Civil fueron la respuesta al llamado que hizo el
Senado de la República a 25 congresos estatales, entre ellos al de
Chiapas, y en palabras del presidente de la mesa directiva del Congreso
de esta entidad, Eduardo Ramírez Aguilar, se trata de una medida
“atinada” que protege y promueve los derechos de las niñas, niños y
adolescentes. “Lo que se pretende con esta acción es coadyuvar para que
las oportunidades de desarrollo de las y los adolescentes no se vean
truncadas como consecuencia de un matrimonio temprano”.
Fotos: SEMMéxico.
