Se agrega
que, “si bien, este es un hecho grave no generalizado, hace posible
actuar de forma urgente para prevenir nuevos casos. Para ello es
prioritario atender a las y los alumnos del Colegio, así como al
personal docente frente al impacto de lo ocurrido”.
Asimismo,
señaló la Red, es necesario avanzar con la comunidad estudiantil en la
construcción de entornos seguros y comunidades resilientes y desarrollar
espacios de participación y escucha, donde a través de metodologías
apropiadas con las que niñas, niños y adolescentes puedan reelaborar
positivamente lo que sucede en su entorno.
En este
sentido reiteraron que el operativo “mochila segura” no es una solución
para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar,
enraizados en problemas complejos como la violencia, la ruptura del
tejido social, la impunidad y la inseguridad.
“Por otra
parte, la recomendación No. 21/2015 de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), ha observado que dicho operativo, violenta el derecho a
la intimidad, seguridad jurídica, no discriminación e interés superior”,
se afirmó.
“Desde REDIM
consideramos que este lamentable caso, también es el resultado de la
ausencia de políticas públicas de prevención, atención y contención de
la violencia y nula promoción de la cultura de paz y derechos humanos en
los espacios de convivencia”.
De acuerdo
con datos oficiales desde 2007, se ha presentado un aumento en el total
de muertes de personas de entre 0 y 17 años que se clasifican como
homicidios con arma de fuego, pasando de 266 en el año 2007 a 533 en el
año 2015.
A su vez, se
recordó que en marzo de 2011 el CRC-ONU emitió recomendaciones al
Estado mexicano que permitirían a niñas y niños reelaborar
psicológicamente los delitos que les son cercanos como la violencia
extrema y la creciente presencia del crimen organizado.
Señalando
que el Estado: “Asegure que los recursos sean destinados para consolidar
la reintegración social y medidas físicas y psicosociales de la
recuperación, de acuerdo con el artículo 9, el párrafo 3, del Protocolo
Facultativo, particularmente proporcionando la ayuda interdisciplinaria
para las víctimas”.
Frente a
este contexto, el caso debe ser un llamado de atención al Estado
mexicano para realice una fuerte inversión (no militar, ni policiaca) en
aplicar medidas urgentes de prevención y atención a niñas, niños y
adolescentes en escenarios de crimen organizado donde la violencia
extrema es cotidiana, agrega el pronunciamiento de la Red.
Finalmente,
Redim invitó a los ciudadanos, autoridades y medios de comunicación a
tener un manejo ético del caso, proteger la identidad de las víctimas y
familiares e hicieron un llamado a las autoridades competentes a
investigar y sancionar a quienes hicieron públicos los nombres, imágenes
y el vídeo del ataque para garantizar el derecho a la intimidad de
niñas, niños y adolescentes.
“Las
Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes federal,
estatales y municipales tienen la obligación de atender estas
problemáticas y brindar apoyo a las familias a través de las
instituciones vinculadas a infancia.
Por lo que
llamamos a las autoridades competentes a investigar y sancionar a
quienes hicieron públicos los nombres, imágenes y el vídeo del ataque.
Frente a este lamentable hecho nos solidarizamos con las familias
víctimas y llamamos a las autoridades a realizar las investigaciones
adecuadas, garantizar el acceso a la justicia a las familias, la
reparación del daño y evitar respuestas criminalizantes en contra de las
y los adolescentes”, se puntualizó.
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