Antonio Gershenson
La Jornada
Es importante para
la economía nacional el desarrollo de las principales fuentes de
energía. Por lo tanto, es importante el desarrollo de los organismos que
han sido públicos en el petróleo y la electricidad. Su proceso
desnacionalizador y su saqueo por sus propios funcionarios afectan al
país y a su población.
Los aumentos en el precio de la gasolina y otros productos de energía
han causado gran daño a la población, especialmente el de 20 por
ciento, sumado a los otros recientes y menos conocidos. Las crecientes
movilizaciones en todo el país lo han demostrado.
Estos aumentos son secuencia de toda una política desnacionalizadora,
pero también de la creciente corrupción de los funcionarios, que no es
sólo de ellos, sino una parte de una creciente corrupción nacional,
estimulada por ellos mismos.
Esos aumentos, como se preveía, han incrementado muchos otros
precios, incluso en proyectos de primera necesidad, cuando los aumentos
de salario son ridículamente bajos. Hemos visto publicados incrementos a
cantidades importantes de personas, del orden de 3 por ciento y
fracción, por un año.
Los precios se elevaron en 4.7 por ciento anual, sólo en el mes de
enero. Consideran como la gloria un crecimiento de 2 por ciento anual,
que difícilmente se sostiene durante 2017, cuando a lo largo de cuatro
décadas tuvimos 6 por ciento. Y no quieren revelar cuánto es el aumento
de la población, porque se vería que la producción real, por habitante,
es aún más baja, si no es que nula o negativa.
También causa daño a la nación la estrangulación de Petróleos
Mexicanos (Pemex), principal empresa estatal del país. La producción de
gasolina bajó de 437.3 mil barriles diarios en 2013, primer año completo
de este gobierno, a 258.6 mil en diciembre de 2016. Una baja de 41 por
ciento. Lo demás se ha importado básicamente de Estados Unidos, en
dólares cada vez más caros, pero el hecho mismo de esta reducción de tan
importante combustible, en beneficio de unos cuantos, es una traición a
la nación. Claro, se quiere simular patriotismo ante la política del
nuevo gobierno del país del norte.
Y los otros sectores de energía también han subido de precio.
La producción del gas natural no asociado –el gas asociado se extrae
como segundo beneficio del petróleo– bajó de mil 910 millones de pies
cúbicos diarios en 2012 a mil 71 millones en diciembre de 2016. Una
reducción de 44 por ciento.
No es posible que se frene la crisis con la política de entregar paso
a paso a las empresas públicas, y manejar a Pemex en beneficio de las
trasnacionales. Los daños al país y a sus habitantes son demasiado
costosos, las crecientes movilizaciones populares en todo el país lo
demuestran. En algunos casos, empresarios también manifiestan su
desacuerdo con las mencionadas medidas oficiales.
En la actualidad, ninguna industria moderna puede subsistir o
competir sin el suministro de energía. De modo que entre la entrega de
las principales empresas públicas de este sector a empresas privadas,
principalmente trasnacionales, y su permanente reducción, tanto de la
petrolera como la de electricidad, que es constante, afectan a la
economía nacional, y no sólo a la mayoría de la población.
Urge que se impulse a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad
como uno de los pasos de reactivación de la economía, no sólo por las
necesidades directas de gasolina y otros productos, para evitar tantas
importaciones y frenar la caída de empleos. Los funcionarios tienen
terror ante la palabra
crisis, pero ellos mismos la están provocando.
Y tenemos que repetir la expresión de hace casi 40 años, con Lázaro Cárdenas,
la expropiación petrolera.
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