A
10 años de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y
Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario
(EPR), ese grupo guerrillero señala que el terrorismo de Estado en
México va en ascenso.
Ello se evidencia con “los múltiples
actos de represión y los cientos de miles de asesinatos, ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas a lo largo y ancho de todo el
país”.
A través de un comunicado, el EPR indica
que a pesar de las múltiples evidencias que confirman que la
detención-desaparición forzada de sus dos milicianos fue perpetrada por
agentes del Estado, el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, Oaxaca, el “crimen
de lesa humanidad” continua impune.
Para el grupo guerrillero, la
desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez no es un hecho aislado: “es
el proceder y práctica de los cuerpos represivos; la cúpula militar,
aparte de ser responsable, es mentirosa y criminal”.
En su comunicación, el EPR indica que,
aunque son cientos de miles las víctimas del terrorismo de Estado, “los
propósitos de tal política criminal no se han consumado: la protesta
popular en la exigencia de la presentación de sus seres queridos no
cesa, resuena por doquier”.
En el caso de los eperristas
desaparecidos, refiere que no sólo son 10 años de impunidad, sino además
de ocultamiento institucional del crimen y de obstrucción de la
justicia, “para evitar que se desenmascare a los responsables de este
crimen de lesa humanidad”.
Para el EPR, “los responsables directos
son Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, jefe supremo de las Fuerzas
Armadas de 2006 a 2012; entonces Ulises Ruiz Ortiz, gobernador de Oaxaca
y jefe de los grupos policiacos y parapoliciacos que operaron bajo su
mandato, así como todos aquellos quienes personificaron la cadena de
mando de las diferentes estructuras policíacas y militares”.
Además, indica que “el actual Ejecutivo
federal es copartícipe de este crimen por continuar la política
dilatoria y burocrática con la que se garantiza impunidad a los
responsables materiales e intelectuales; por seguir instrumentando
medidas dictatoriales que se proponen anular resoluciones de instancias
de procuración de justicia y revictimizar a los familiares de los
desaparecidos, lo cual comprueba una vez más que en México la
desaparición forzada por motivos políticos o sociales es política de
Estado que se aplica de manera transexenal”.
El grupo guerrillero reitera su
exigencia de presentación con vida y en libertad de sus camaradas Cruz
Sánchez y Reyes Amaya; así como juicio y castigo a los responsables
materiales e intelectuales de la detención-desaparición forzada.
“Si la justicia es negada por las
instituciones burguesas, el pueblo y sus organizaciones tienen el
inalienable derecho de procurarla y ejercerla por todos los medios y
formas que él disponga, porque crímenes como estos atentan contra la
humanidad”, refiere el EPR.
Agrega: “No olvidamos ni cejamos en
nuestra exigencia y motivos de lucha, desde la trinchera de la lucha
armada revolucionaria el PDPR-EPR seguiremos [sic] desplegando
iniciativa y fuerzas por la presentación con vida y en libertad de
nuestros camaradas, por todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy,
por las causas populares, la emancipación total de los oprimidos y
explotados para garantizar el futuro de la humanidad con el socialismo”.
Nancy Flores
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