Por Ivet González
Águeda
Celina Vidal, en su vivienda en Guanabacoa, un municipio de la
periferia de la capital de Cuba, con el nieto, al que ella y su hijo
tienen al cuidado cuatro días a la semana, gracias al dictamen de una
jueza de familia. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS
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La jubilada Águeda Celina Vidal sube la calle maltrecha y empinada
rumbo a su casa, en el municipio de Guanabacoa, en la periferia de la
capital cubana. Viene sudorosa, cargada de bolsas y llevando de la mano a
un niño, que salta y ríe a pesar del abrasante sol tropical.
Es uno de los cuatro días de la semana en que el pequeño Neymar Luis
García, de dos años, está al cuidado de su familia paterna, en especial
de ella, la abuela. “Este acuerdo familiar lo logramos gracias a la
jueza Sonia (Rodríguez)”, contó Vidal a IPS, sentada en una silla en su
humilde casa a medio construir.
Rodríguez es una de los 150 jueces que hoy imparten justicia familiar
en tribunales civiles con procedimientos más actuales y humanizados,
gracias a una jurisdicción especial que comenzó en 2008 como experimento
en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa y el de Placetas, en la
provincia central de Villa Clara.
Ahora los jueces de familia escuchan a las partes, incluso a niños y
niñas, disponen cuando es necesario de un equipo multidisciplinario y
voluntario de docentes, psicólogos, médicos, entre otros, y toman
medidas cautelares para proteger a personas, en especial a menores de
edad.
Estos nuevos juzgados fueron multiplicándose por el territorio de
este país insular caribeño y hoy atienden todos los casos de familia a
nivel municipal y provincial que presenta la población de 11,2 millones
de habitantes.
Especialistas señalan que la experiencia, ampliada y perfeccionada en
2012 y 2013, es un ejemplo de la urgencia de seguir adecuando el
derecho familiar cubano a la tendencia mundial.
“Ya hizo un año que se logró el acuerdo sobre el niño. La familia ha
logrado mantener buenas relaciones”, dijo Vidal, una fornida mujer de 65
años que trabajó en el sector de la construcción, sobre el proceso
legal que afrontaron los padres del pequeño Neymar por su guarda y
cuidado luego de la separación.
“Tuvimos tremendo apoyo del tribunal de la familia”, aseguró la
jubilada. Aunque el término utilizado por la mujer es inexacto porque en
el sistema judicial cubano aún la rama familiar se supedita a la civil.
Solo existen secciones en los tribunales civiles, en los municipios, y
salas de familia, en las provincias.
Por la habitación, Neymar pedalea sobre un automóvil de plástico
hasta que cambia el juego por sentarse sobre las piernas de su abuela,
que lo recibe con caricias y besos.
“Yo conocía que el tribunal de Guanabacoa había tenido éxito, por eso
en 2015 fui con mi hijo a buscar información y empezar todos los
trámites para el caso”, recordó Vidal.
“Investigaron a las dos familias, hubo encuentros con el grupo
multidisciplinario… hasta yo fui escuchada. La jueza habló mucho con la
madre del niño”, recordó la abuela.
La
jueza Sonia Rodríguez, en su despacho en el Tribunal Municipal Popular
de Guanabacoa, en la periferia de La Habana. Ella es uno de los 150
jueces que imparten justicia para la familia dentro de los tribunales
civiles de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS
“Determinaron que la madre mantuviera la patria potestad, pero mi
hijo obtuvo la responsabilidad sobre la educación, formación y atención
médica del niño. También decidieron que Neymar pase cuatro días aquí y
tres con la mamá, así que yo lo cuido mientras mi hijo trabaja”, dijo.
Acuerdos como el logrado por la familia de Neymar gracias a la
mediación de estos juzgados eran impensables en Cuba antes de esta
experiencia, que se apresta a cumplir 10 años y espera por leyes
pendientes para seguir mejorando la impartición de justicia a las
familias cubanas.
“Desde las primeras comparecencias veíamos la diferencia: estábamos
tratando de lograr acuerdos y con cada acuerdo se estaba salvando una
familia”, recordó Sonia Rodríguez, que acumula 24 años de labor como
jueza. “Antes era un proceso frío, escrito, en el que hablábamos solo
con los abogados sin verles el rostro a las personas”, comparó.
Protegida con una bolsa de plástico, una toga negra cuelga de una
percha en la oficina de esta jurista, de 47 años, en el tribunal de
Guanabacoa. “Al principio ni usábamos toga en estos casos como
experimento, pero ahora sí hacemos las comparecencias con la vestimenta
tradicional de los jueces”, detalló.
El pasado año, los 150 jueces de familia atendieron 38.229 casos, de
los cuales 26.799, más de 60 por ciento, fueron divorcios, según el
Tribunal Supremo Popular (TSP).
Las nuevas prerrogativas se suelen usar en “los procesos de
determinación de guarda y cuidado de menores, los requerimientos que
varían ese régimen de guarda y cuidado, la comunicación del padre o la
madre que no vive con el niño… también en muchas demandas de pensión de
alimentos”, explicó Rodríguez.
En 2016 se registraron también 3.913 demandas de alimentos; 1.698 de
guarda, cuidado y régimen de comunicación; 208 de impugnación de
reconocimiento de hijos, 482 filiaciones, 42 reconocimientos de
paternidad, 464 liquidaciones de bienes comunes matrimoniales, 49 de
adopción, 747 tutelas y 1.878 matrimonios formalizados.
“Me siento satisfecha con lo logrado”, aseguró Rodríguez, pero consideró que falta aún por avanzar en derecho de familia.
Carlos
Manuel Díaz, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo
del Tribunal Supremo Popular, en su sede en la Habana Vieja, en Cuba.
Desde esa instancia avanza la aplicación de una nueva justicia de
familia en el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS
“En Cuba existe un Código de Familia (vigente desde 1976), que
lamentablemente no se ha podido actualizar, y no existe una Ley de
Procedimiento Familiar, solo una Ley de Procedimiento Civil,
Administrativo, Laboral y Económico (1977 y que modifica en 2006)”,
especificó.
Hablar de la esperada aprobación legislativa del anteproyecto de
nuevo Código de Familia provoca inconformidades y escepticismo entre
juristas, otros cientistas sociales y activistas por la no violencia de
género y el respeto a los derechos de lesbianas, gays, bi, trans e
intersexuales.
La causa del descontento se debe a la demora porque los primeros
intentos de actualizar esa ley datan de hace 20 años. Fuentes oficiales
aseguraron en 2014 que el análisis de esta propuesta era una prioridad
legislativa. Pero nada ha sucedido en las últimas sesiones del
parlamento, que realizará la próxima el 14 de julio.
Juristas consultados por IPS enumeraron lagunas legales: el
enfrentamiento adecuado a la violencia de género e intrafamiliar, la
tutela de personas con incapacidad, el reconocimiento de las familias
compuestas (con hijos propios y/o de parejas anteriores), monoparentales
o homoparentales, y la identidad de personas transgénero.
También falta por reconocer al menos la unión legal entre personas
del mismo sexo, proteger mejor el pago de pensiones alimenticias a
menores de edad en el cambiante escenario económico cubano y el derecho
de abuelos a solicitar la guarda, cuidado y comunicación con sus nietos,
entre otros.
“La familia es una de las parcelas del Derecho que mejor se están
defendiendo hoy en Cuba gracias a esta manera de hacer justicia más
contextualizada”, sostuvo a IPS en su despacho Carlos Manuel Díaz,
presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del TSP, con
sede en La Habana Vieja.
“Es cierto que fuera mucho mejor si tuviéramos un Código de Familia
actualizado, con todas las herramientas sustantivas que se usan en el
mundo”, apuntó Díaz, de 58 años y 35 de carrera profesional.
A su juicio, la experiencia “validó en la práctica judicial las
herramientas necesarias para modificar la ley de procedimiento en Cuba,
que permitieron lograr acuerdos entre las partes en más de 70 por ciento
de los casos y solucionarlos en los tribunales municipales”.
Además demuestran la importancia del trabajo conjunto del TSP con las
no gubernamentales Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Federación
de Mujeres Cubanas, al punto que esta última organización femenina es la
encargada de organizar a los grupos multidisciplinarios y sus sedes se
prefieren para la escucha de menores.
Editado por Estrella Gutiérrez
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