By Zósimo Camacho @zosimo_contra
De manera real, el dinero que México anualmente gasta en seguridad se ha duplicado desde el inicio de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Hoy se erogan 264 mil millones de pesos, mientras la violencia se mantiene incontrolable y se multiplican las violaciones a los derechos humanos
México cada vez gasta más en “seguridad”. En 10 años de supuesta
“guerra” contra el narcotráfico, el presupuesto de las dependencias
encargadas de la seguridad se duplicó en términos reales. De 130 mil
millones de pesos en 2006, pasó a 264 mil millones de pesos en 2016. La
Policía Federal, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial Federal son los
organismos más beneficiados.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República –elaborado por los investigadores Carlos Galindo, Alejandra
Huerta y Susana Ramírez– revela que algunas dependencias incrementaron
exponencialmente el monto de los recursos que ejercen.
Y como se señala en la investigación –titulada Panorama del gasto federal en seguridad, 2006-2016. Temas estratégicos 47–
se trata de incrementos reales: “es decir, descontando la inflación de
cada año para que los montos homologados reflejen el cambio de poder
adquisitivo del dinero durante el periodo de análisis”. Así, todos los
montos están calculados en pesos constantes de 2016.
En el estudio se demuestra que el gasto en seguridad pasó de
representar en 2006 el 0.8 por ciento del producto interno bruto (PIB)
al 1.4 por ciento del mismo indicador en 2016.
Los gastos en seguridad por 264 mil millones de pesos anuales son
superiores en más del ciento por ciento a los que se erogan para la
salud de la población (por 124 mil millones de pesos) y en desarrollo
social (por 106 mil millones de pesos).
La Policía Federal cuadruplicó su presupuesto, mientras la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) lo
duplicaron y el Poder Judicial lo incrementó en 1.6 veces. Incluso el
Sistema Penal Penitenciario aumentó sus erogaciones anuales en 13.6
veces.
En contraste, otras dependencias de la esfera de la seguridad
mantuvieron los mismos niveles de gasto en términos reales. Se trata de
instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la
propia Procuraduría General de la República (PGR). Destaca el nulo
crecimiento presupuestal de la PGR cuando “es, teóricamente, la
institución encargada de dirigir la recopilación y sistematización de
evidencia (para exponerla en juicios imparciales, adversariales y
públicos) en torno a la comisión de delitos especialmente lesivos para
la sociedad”, se asienta en el documento.
Y es que para los autores del estudio “las marcadas asimetrías en el
crecimiento del gasto en seguridad [entre las distintas dependencias],
apuntalan la percepción de que las administraciones recientes han
dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a una estrategia de ‘combate
frontal’, en oposición al mejoramiento sustantivo de las capacidades y
recopilación sistemática de evidencia delictiva”.
La investigación revela que la PGR no gasta nada en inteligencia; y
“más significativo o simbólico, los recursos de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP [Secretaría de Hacienda y Crédito
Público], encargada de prevenir y detectar delitos tales como el lavado de dinero, tampoco son considerados como parte de las inteligencia para la seguridad nacional”.
De hecho, en 10 años, la Unidad de la SHCP encargada de combatir el lavado de dinero sólo ha ejercido de manera acumulada 1 mil 500 millones de pesos.
Las más beneficiadas
En 2006 la Policía Federal contaba con alrededor de 9 mil millones de
pesos. Diez años después está gastando 31 mil 409 millones. Por su
parte, la Semar pasó de erogar 15 mil millones de pesos a 32 mil
millones en 2016. Mientras, los montos de la Sedena son de 41 mil
millones (para 2006) y de 74 mil millones (en 2016).
Con respecto del incremento de recursos (económicos y humanos) en la
Policía Federal, el estudio cuestiona la incapacidad de la institución
para hacerse cargo de la seguridad pública.
“Es de llamar la atención que 10 años después de iniciada una clara
estrategia de fortalecimiento de la Policía Federal, el foco de debate
político y mediático siga concentrado en la participación de las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad pública.”
El monto destinado a las cárceles también se ha incrementado
exponencialmente. Para el rubro Reclusión y Readaptación Social de la
Comisión Nacional de Seguridad, en 2016 se destinaron 28 mil millones de
pesos. Mientras, para el mismo rubro –a cargo de la entonces Secretaría
de Seguridad Pública– en 2006 apenas se llegaba a los 3 mil millones.
Por ello, señala el documento, resulta difícil explicar las carencias en las cárceles, reclusorios y penales mexicanos.
“El notable aumento en los gastos en proyectos de infraestructura y
en la administración del Sistema Penitenciario Federal es de llamar la
atención, toda vez que otros indicadores relacionados con la situación
de los penales federales no han mostrado mejoras significativas.”
El estudio cita a la CNDH, que ha identificado siete centros
federales con sobrepoblación (uno de ellos con sobrepoblación crítica y
dos con riesgo alto). Además, que de un total de 19 en 17 hay
insuficiencia de personal; en 14 se incurre en la carencia de
actividades laborales, y 12 padecen la ausencia de actividades
educativas.
Para el doctor en ciencias penales y política criminal Martín Gabriel
Barrón Cruz, el discurso que señala que el país es cada vez más
inseguro es el mismo que justifica el incremento de recursos para la
función de seguridad.
Autor de, entre otros libros, Gobernar con el miedo. Análisis del narcotráfico 2006-2012,
Barrón Cruz señala que se trata de “un discurso perverso”. En efecto,
todo indica que 2017 rebasará la estadística de 27 mil homicidios
dolosos de 2011, hasta ahora el año más violento. La realidad es que sí
hay más homicidios pero el dato se manipula para justificar mayores
recursos, como si la cantidad de dinero por sí sola fuera a proveer de
mayor seguridad a las personas.
“Los seres humanos no somos un número. Con números no se deberían
tomar las decisiones de política pública. Y no porque los números no
sean importantes. Lo son pero si a la par tenemos investigaciones de
corte cualitativo.”
De acuerdo con el investigador del Instituto Nacional de Ciencias
Penales, el discurso sólo busca que se le asignen más recursos a
determinadas dependencias sin que se justifique plenamente cómo se
utilizan.
Como ejemplo, el analista señala el gasto de 1 mil millones de pesos
que se destinaron a una “capacitación deficiente” –por mal planeada y
peor ejecutada– de los policías en el tema de sistema penal acusatorio.
“Es un problema, y sólo es un ejemplo, de que se gasta el dinero y los
resultados son deficientes”.
Y es que, a decir de Barrón Cruz “no se trata sólo de ver en qué se
gastó, porque eso nos lo pueden decir: ‘nos lo gastamos en armas, en
patrullas, en equipo, etcétera’; pero dime en qué te lo gastaste en
capacitación y cuáles son los resultados cualitativos de todo ese gasto
en el tema de seguridad”.
Inconsistencias
El estudio señala que, en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se hace referencia a sólo una de las esferas de la
seguridad: la seguridad pública.
“El único concepto definido a nivel constitucional es el de seguridad
pública”, señala el documento. Agrega que en un nivel normativo
inferior se incluye ya a la seguridad nacional: se cuenta con una Ley de
Seguridad Nacional (que no reglamenta artículo constitucional alguno, a
diferencia de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
que reglamenta el Artículo 21 de la Carta Magna mexicana).
Aunque en el papel las diferencias son claras entre una y otra, la
actual estrategia de combate al narcotráfico hace converger e, incluso,
confundir y mezclar los dos ámbitos. “La investigación y persecución de
delitos enmarcados por el régimen especial contra la delincuencia
organizada pueden considerarse tanto actividades de seguridad pública
como de seguridad nacional”.
Según el estudio, desde el punto de vista estructural, son cinco las
instituciones clave de la seguridad en México: la Presidencia de la
República, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Sedena, la Semar y
la PGR. Pero no sólo se debe ver a la seguridad desde el ámbito de la
prevención y el combate a los delitos. También se debe tener en cuenta
el de la sanción de los delitos y la salvaguarda de los derechos de las
personas. Por ello, en este rubro son también importantes el Poder
Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
El documento consigna que desde 2006, cuando se inauguró la actual
estrategia de combate al tráfico de estupefacientes y se incrementaron
de manera sostenida los presupuestos destinados a las instituciones de
seguridad, los crímenes se incrementaron.
“Posterior al inicio de esta política, se registró en México un
aumento drástico de homicidios (a partir de 2007), el cual ha
representado un periodo de agravamiento de situaciones de violencia en
el país, de tal manera que no puede afirmarse con certeza que esta
política haya logrado, efectivamente, una mejora sustantiva en las
condiciones de vida de la población.”
Para Martín Gabriel Barrón Cruz el problema de la seguridad en México
no se resolverá con más dinero, como ya se ha visto en estos 10 años.
“Los propios libros lo señalan: no necesitamos más policías; necesitamos
policías más inteligentes, más eficientes”.
Para el especialista en temas de seguridad, las propias autoridades
saben que la actual política no arrojará los resultados que dicen buscar
con montos más abultados. Saben que el problema no está ahí, “pero lo
que les interesa es seguir incrementando los recursos para estas
instituciones”. Así que el discurso del miedo va a seguir para
justificar mayores cantidades de dinero púbico a la seguridad.
El doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y especialista en América Latina por la Universidad de
Pittsburgh Guillermo Garduño Valero coincide en que no será con mayores
recursos como se mejorará la seguridad de México, en especial, la
seguridad nacional. Se trata de un fenómeno más complejo que sólo puede
resolverse integralmente.
El experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas señala: “Si no
existen condiciones de gobernabilidad y de gobernancia; si se tiene
déficit de legalidad y legitimidad; si hay carencia de un proyecto
nacional; y al mismo tiempo no hay bases que proyecten a la nación del
presente al futuro, estamos indudablemente en presencia de problemas que
están afectando al ámbito de la seguridad nacional”.
Así, de acuerdo con el autor de El Ejército Mexicano, organización y estrategia,
entre otros libros, la seguridad –particularmente la seguridad
nacional– no se garantizará con mayores recursos sino con la definición,
antes, “de un proyecto de nación fundamentado en el consenso ciudadano;
que cuente con legitimidad y ejerza la legalidad desde el ámbito de las
instituciones; que tenga la capacidad de gestión para generar
condiciones de gobernabilidad y gobernanza; y que cuente con capacidad
de dirección del país para plantearse la posibilidad de un futuro hacia
el cual la nación pueda ir”.
Sin embargo, lo que hoy padece el país son condiciones contrarias. No
habrá dinero que pueda proveer ni de seguridad pública ni de seguridad
nacional. El país se seguirá desmoronando por muchos recursos que se
destinen a las Fuerzas Armadas, la Policía federal y demás dependencias
encargadas de preservar la tranquilidad de los mexicanos. En su
diagnóstico, Guillermo Garduño señala:
“No hay un proyecto nacional. Lo anterior porque hay un conflicto de
intereses entre fuerzas que atan al presente al país y le impiden
desarrollarse hacia una visión de futuro. No hay condiciones de
gobernabilidad y, menos, de gobernanza; por lo tanto no hay elementos en
los que cuales pueda sustentarse la gestión adecuada ni, mucho menos,
puede haber un tipo de dirección hacia objetivos y metas. La ilegalidad
se plantea sencillamente como vida cotidiana y la corrupción se
enseñorea. En consecuencia de todo ello, sólo hay desperdicio de
recursos y se acude a la violencia como si fuera la forma única de
sustentar las instituciones.”
Para el investigador, bajo esta misma lógica los gastos se seguirán
multiplicando; y “esos gastos se van a la basura. Se está invirtiendo en
instituciones altamente corrompidas, lo que nos está llevado al caos”.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD]
Contralínea 550 / del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2017
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