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| Sobre el rechazo del Ministerio de Sanidad ,Politica social e Igualdad de España de la solicitud de OTRAS como sindicato de trabajadoras sexuales. |
Aparte
de la cuestión catalana, pocos temas suscitan debates tan encendidos
como el de la prostitución. La decisión ministerial de rechazar la
inscripción de OTRAS como “sindicato de trabajadoras sexuales” ha
desatado una oleada de airadas reacciones en las filas de una parte
significativa de la izquierda y del feminismo. Así, hemos escuchado
enérgicas protestas, acusando al gobierno del PSOE de coartar el derecho
de asociación, cerrando el paso a la auto-organización de las mujeres y
violando sus derechos de sindicación.
Sintiéndolo mucho por esas voces que se han alzado en nombre de los derechos de las “trabajadoras sexuales”
– voces entre las que se cuentan las de no pocas amigas y compañeras
políticas – debo decir que, en esta controversia, es a mi entender el
gobierno quien se sitúa más a la izquierda, en una posición más acorde
con la defensa de los intereses de las mujeres – empezando por aquellas
que se hallan inmersas en el mundo de la prostitución – y más respetuosa
hacia el sindicalismo de clase.
Hay una gran confusión en el enfoque de la cuestión. El “gol por la escuadra”
no se lo han colado tanto al gobierno como a la opinión pública. Y no
lo ha hecho ningún colectivo de mujeres, sino la poderosa industria del
sexo, interesada en promover un nuevo marco jurídico, más ventajoso para
la expansión de sus negocios, que comporte la legalización de la
prostitución. Eso es lo que realmente está en juego… y es precisamente
lo que queda hábilmente embrollado por la polémica.
Veamos. No toda actividad humana es sindicable.
Nunca ha podido haber un sindicato de esclavos – lo que no quiere decir
que, a lo largo de la historia, los esclavos no se hayan rebelado y
auto-organizado. Pero, cuando lo han hecho, ha sido para abolir su
esclavitud, no para negociar el número de latigazos que se les podían
administrar. La acción sindical requiere una existencia jurídica formal
de igualdad. Y la necesidad de esa acción sindical radica en el hecho de
que, a pesar de dicha igualdad jurídica, se da una desigualdad social
entre los poseedores de los medios de producción y aquellos que sólo
disponen de su fuerza de trabajo. En ese sentido, la tradición
socialista habla de la condición de la clase obrera como de una “esclavitud asalariada”. Pero Marx
distinguía muy bien entre la situación del proletariado industrial y la
de los esclavos de las plantaciones. Tanto es así que la Iª
Internacional apoyó firmemente a Lincoln, que distaba mucho de
ser socialista, en la guerra civil americana. En el largo camino hacia
la emancipación, el movimiento obrero requería la abolición de la
esclavitud para progresar en su organización.
Hoy
asistimos a una intensa batalla ideológica para que aceptemos la
prostitución como un trabajo, como una mera prestación de servicios. La
constitución y el reconocimiento de sindicatos de prostitutas
certificaría, pues, la legitimación de la prostitución como una
actividad profesional más. Pero ése es, al mismo tiempo, el talón de
Aquiles de la argumentación. Porque no puede darse una acción sindical
por debajo de un umbral de reconocimiento de derechos humanos, cuya
ausencia constituye la característica fundamental de la prostitución. La
prostitución se basa en una desigualdad estructural entre hombres y
mujeres; desigualdad que una sociedad democrática no debería admitir. La
prostitución es un privilegio masculino y funciona como un comercio entre hombres:
unos hombres – por medios diversos, combinando violencia, engaño,
opresión racial y explotación de situaciones de pobreza – condicionan a
unas mujeres, las deshumanizan y las ofrecen como mercancía a otros
hombres. Esa es la realidad. Por supuesto, no sólo hay mujeres en
situación de prostitución. También hay hombres, personas transexuales…
Pero los “clientes” son siempre hombres. El consumo femenino de
sexo de pago es irrelevante. La prostitución quizás sea la más genuina
de las instituciones patriarcales.
Los colectivos
que defienden la legalización de la prostitución siempre andan exigiendo
que distingamos entre prostitución forzada, resultado de la trata, y “voluntaria”. Una exigencia exclusivamente dirigida, por cierto, al feminismo abolicionista, nunca a los “clientes”.
Pero la cuestión de la libertad no es pertinente cuando hablamos de
prostitución. Sobre todo si la disociamos del verdadero problema, que es
de la igualdad. Vale la pena recordar que la abolición de la esclavitud
americana no consistió en decir que los negros que quisieran podían
abandonar los campos de algodón de los terratenientes sureños. Lincoln no ahondó en la subjetividad de Kunta Kinte, ni del Tío Tom. Planteó que ningún ciudadano tenía derecho a poseer, comprar o vender a otro ser humano.
En eso consiste la abolición de la esclavitud – y, cabe esperar, de esa
forma persistente de esclavitud que constituye la prostitución: la
supresión de un privilegio. Una supresión jurídica que, aunque no
suponga ni mucho menos la desaparición de aquella relación de opresión,
sí obliga a los poderes públicos a trabajar para su erradicación y
representa, en ese sentido, un progreso inestimable para la humanidad.
Pero,
volvamos al sindicalismo. Lo que está en cuestión no es que las mujeres
inmersas en el mundo de la prostitución se organicen – cosa que no topa
con ningún impedimento jurídico, sino con las condiciones de violencia,
el férreo control de las mafias proxenetas y los estragos físicos y
psicológicos que padecen esas mujeres. En el mejor de los casos,
podríamos imaginar asociaciones de ayuda mutua. Pero en ninguna
circunstancia podría hablarse de sindicatos.
En distintos países existen organizaciones que se presentan como “sindicatos de trabajadoras sexuales”.
En general, esas entidades se caracterizan – dicho de modo suave – por
la escasa presencia de mujeres en sus filas y por el hecho de concentrar
su actividad en una propaganda de los parabienes de la prostitución,
recusando de manera calumniosa del pensamiento abolicionista. No tengo
noticia de que, en parte alguna, dichos “sindicatos” hayan
negociado ningún convenio, contrato laboral o mejora de las condiciones
de trabajo de las mujeres cuyos intereses dicen defender. Y es que,
sencillamente, eso no es posible. ¿Cuáles serían los términos de un
convenio del ramo de la prostitución? ¿En qué consistiría un Estatuto de
la Trabajadora Sexual? Por ejemplo… ¿cuál sería la edad legal para
empezar a ejercer la prostitución? ¿Habría una formación profesional y
contratos de aprendizaje? ¿Cómo se establecerían las tablas salariales?
¿Por el número y la naturaleza de los “servicios”? ¿Tendrían
derecho las mujeres a rehusar clientes o a rechazar determinadas
prácticas? ¿Tendrían, por ejemplo, la obligación de seguir ejerciendo
durante la menstruación o durante el embarazo? ¿Se reconocerían las
enfermedades sexualmente transmisibles como enfermedades profesionales?
Pero, sobre todo, si algo semejante llegase a plasmarse en un papel,
¿alguien cree posible el control, por parte de la Inspección del
Trabajo, de un convenio incluyendo algún límite a la explotación de las
mujeres? Si consideramos la experiencia de Alemania, con una amplia red
de millares de burdeles, la patronal proxeneta puede dormir tranquila.
La legalización no ha supuesto una mejora en la protección de las
mujeres. Al contrario, al fomentar la demanda, se ha incrementado la
trata – procedente sobre todo de Europa del Este – para satisfacerla. Y,
con todo ello, los circuitos ilegales de prostitución.
Bajar
de la nube de los discursos de auto-consumo y aterrizar sobre el arduo
terreno de la articulación práctica de las mejoras materiales – no hay
nada más práctico y concreto que el sindicalismo –, nos lleva a darnos
de bruces con la realidad: un mundo donde la integridad y la dignidad
humanas son pisoteadas, negadas por la propia naturaleza de la relación
que se establece en la prostitución. Lo que hace que no sea sindicable.
Situándonos en un elemental enfoque sindical, una supuesta actividad
profesional que, como es el caso de la prostitución, conlleva los
niveles de mortalidad, drogodependencias y enfermedades que certifican
la OMS y multitud de estudios – incluidos los de países donde,
legalizado, el comercio sexual se expande – debería ser tan proscrita
como antaño lo fue el trabajo infantil en las minas de carbón. Sin
contar con las consecuencias de normalizar la prostitución desde el
punto de vista de los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo.
Por
otra parte, ¿de qué derechos hablan quienes arguyen que habría que
reconocer la prostitución como un trabajo? ¿Hablan acaso de la
regularización administrativa de tantísimas extranjeras pobres que
nutren los contingentes de mujeres prostituidas en los clubs de
carretera y las calles de los polígonos? ¡Nadie lo desea tanto como las
abolicionistas! Porque nada facilitaría tanto la salida de la sordidez
de la prostitución por parte de esas mujeres como disponer de papeles.
¿Hablamos de cobertura social? Nada impide a una mujer que ejerza la
prostitución inscribirse en la seguridad social en régimen de autónoma,
cotizar y acceder a las prestaciones correspondientes. Si eso no ocurre,
no es porque alguna ley lo prohiba, sino porque las mujeres que se
encuentran en situación de prostitución no gozan de la libertad y el
desparpajo de quienes hablan en su nombre como supuestas sindicalistas –
y que empiezan por minimizar el fenómeno de la trata y el control
mafioso como si fuesen algo residual. Las leyes de extranjería, las
violencias de los proxenetas, la ignorancia, las adicciones, la pérdida
de autoestima y de autonomía personal… En una palabra: la propia
realidad destructiva del mundo de la prostitución es lo que aleja a las
mujeres incluso de derechos que, formalmente, ya tienen.
Pero,
aparte de lo dicho, aún nadie ha formulado, ni concebido, un derecho
sindical propiamente dicho susceptible de implementarse en las
relaciones laborales del pretendido “trabajo sexual”. Sólo escuchamos discursos sobre el “empoderamiento”
que hacen las delicias de una izquierda de matriz postmoderna que se ha
socializado muy poco en el mundo del trabajo y de un feminismo sin
arraigo de clase. Sería muy recomendable recuperar la memoria histórica y
la continuidad de movimientos feministas tan ejemplares como el que
representaron en su día las “Mujeres Libres” de la CNT. En
los años treinta y en plena guerra contra el fascismo, no disponían
todavía de las herramientas conceptuales y los descubrimientos que ha
ido forjando el feminismo en décadas ulteriores. Sin embargo, sí
entendieron como nadie la solidaridad con las mujeres prostituidas, a
quienes veían como las hijas más humilladas y oprimidas de la clase
obrera y a quienes había que devolver a un lugar digno de la sociedad. Y
eso, levantándose contra los privilegios y el dominio de los hombres…
empezando por los de la propia CNT. (Ver el magnífico trabajo de Nekane Jurado, “Lucharon contra la hidra del patriarcado: Mujeres Libres”, editado por Eusko Lurra fundazioa).
En
resumen: no es el derecho de asociación lo que está amenazado por el
gobierno, sino el derecho de las mujeres a no ser prostituidas lo que
está en peligro ante el poderío de las industrias del sexo. Unas
industrias que generan enormes beneficios y que quieren seguir
expandiéndose. Y unas industrias que despliegan campañas publicitarias
muy eficaces, con mensajes específicos para seducir a cada colectivo de
las bondades de una prostitución adaptada a sus respectivas ideas. Ante
las feministas, se evoca el derecho al propio cuerpo. A los
anticapitalistas, se les habla de auto-organización. A los
sindicalistas, de derechos laborales. En Alemania hubo hace algún tiempo
una campaña promocional, ofreciendo descuentos a los clientes que
acudiesen al burdel en bicicleta. ¿Quién dijo que la prostitución está
reñida con la ecología? Si hemos de atenernos al revuelo que se ha
formado estos días – e incluso a las dudas aparecidas en las filas de
algún sindicato de clase – hay que reconocer que esas maniobras de
confusión funcionan.
En la prostitución, los únicos
derechos que prevalecen son los de proxenetas y puteros. Para que
triunfen los de las mujeres son necesarios cambios legislativos que nos
saquen del actual limbo jurídico. Pero no en el sentido que querrían los
proxenetas, deseosos de instalarse en el panorama social como
respetables empresarios. Necesitamos con urgencia una legislación
inspirada en el modelo abolicionista feminista nórdico, que despenalice y
proteja a las mujeres y, por el contrario, castigue la compra de
servicios sexuales. Sin demanda, no habría prostitución, ni trata. A no
ser que creamos que la prostitución constituya un derecho del hombre.
Fuentes:
https://acciofeminista26n.files.wordpress.com/2011/10/mostra3-llibre-abolicio_nomc3a9s_lectura.pdf
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